LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Doger, la ingeniería financiera

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La versión que ayer publicó Enrique Núñez en el periódico Intolerancia sobre compras ficticias en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero no es descabellada.

De hecho, en este espacio espacio se publicaron –a comienzos y mediados del 2007– al menos tres columnas sobre el tema, con nombres, números de cuentas y detalles de estas operaciones fraudulentas, que bien podrían tipificarse bajo el delito de lavado de dinero.

Dos fueron los mecanismos utilizados por los operadores financieros del ayuntamiento dogerista para llevar a cabo estas transas.

Uno fue a través de empresas fantasma y personas físicas con actividad empresarial, aparentemente legales en términos fiscales e inscritas en el padrón de proveedores del ayuntamiento, a las cuales se les hicieron compras fraccionadas por cantidades millonarias durante el 2005 y 2006, por concepto de obra pública, fumigación, limpieza y pintura, suministro y acarreo de tierra y materiales de construcción, venta de consumibles y equipo de cómputo, así como cursos de capacitación.

Dichas empresas estaban vinculadas a un despacho externo, una especie de broker fiscal en la persona de Marcela Herrera, que operaba en estrecha coordinación con el ex tesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, el ex coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan y Arnoldo Ruiz Arreola, mejor conocido como “El Ate”.

Un segundo mecanismo, diseñado por los cerebros financieros del dogerismo, Alberto Ventosa y Jorge Ruiz, tenía como ruta distintas cuentas bancarias en Santander Serfín y otras instituciones bancarias.

Unas cuentas eran utilizadas para recibir las comisiones que constructores y proveedores debían pagar a cambio de la asignación de contratos u otros favores, y otras para lavar ese dinero sucio, producto de la corrupción.

Ejemplos de estas maniobras es la empresa Prestadora de Servicios Independiente o Generales SA de CV, encargada de lavar el dinero de los autos “chatarra” donados por el ayuntamiento de Puebla a la Fundación Cáritas.

Si la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el contralor del ayuntamiento Mauro Uzcanga Villalobos y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana, quisieran hallar en serio pruebas de la corrupción no tendrían más que pedir los estados bancarios a nombre de Omar Vázquez Flores, Abel Aguilar Pérez y Lauro Monterrosas Rivera, y cruzarlos con los de Alberto Ventosa Coghlan y algunos de sus socios como Arnoldo Ruiz.

Entre esas cuentas irregulares de los años 2005 y 2006 figuran las siguientes: la 11000196571, de la Sucursal 0112 de Las Ánimas, del Banco Santander Serfín, a nombre de Omar Vázquez Flores; la 4033621343, de la Sucursal 0221 de Loreto, a nombre de Abel Aguilar Pérez, y la cuenta a nombre de Alberto Ventosa, en la Sucursal 113 de Santander Serfín de Plaza Dorada.

Pero como no lo van a hacer, ahí se las dejo como evidencia de que la corrupción en la administración pública seguirá, mientras haya funcionarios dispuestos a encubrirla. ¿O no?

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El viernes se despidió del personal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, Anahí Romero Alonso, quien en los próximos días reaparecerá como funcionaria adscrita a la Comisión Nacional Indigenista.

Como encargado de despacho quedó el subdelegado de la Sedesol.

Anahí Romero deja la delegación por presiones políticas de sus mandos superiores y de funcionarios del gobierno del estado con quienes tuvo varios encontronazos, por el control de los programas sociales y el manejo de los fondos federales; el destino y los cambios de usos de suelo en la Reserva Territorial Atixcáyotl.

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Ayer recibí por correo electrónico y por escrito una carta aclaratoria del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, de la que mañana me ocuparé.

Lo único que hoy le puedo adelantar es que el tema se pondrá bueno.

Aquí su réplica:

Estimado Rodolfo:
 
Me es particularmente grato saludarlo y solicitarle aclarar tres aspectos respecto a sus últimas columnas:
 
1.- El doctor Roberto Morales Flores, secretario de Salud no es compadre del señor Dionisio Rodríguez como insiste en publicar. Si opina lo contrario lo invito a comprobarlo.
 
2.- El doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa. En reiteradas ocasiones lo ha manifestado. Le recuerdo que en los Servicios de Salud existe la Dirección de Operación e Infraestructura  que junto con el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas se encargan de comprar y adjudicar las obras. El secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho ni lo hará.
 
3.- Respecto a los cambios de funcionarios que se han realizado en la Secretaría de Salud no son responsabilidad del doctor Morales Flores, son por indicaciones del Ejecutivo del Estado, con el propósito de hacer más eficiente y eficaz el trabajo en esta dependencia.
 
Por consiguiente las preguntas que usted hace en su columna como el por qué el Gobernador mantiene como titular de la dependencia a Roberto Morales Flores cuando es de sobra conocida la desconfianza que le tiene, permítame decirle, con el debido respeto, insisto, que son suposiciones personales con el propósito de lastimar la imagen y trayectoria del doctor Roberto Morales Flores. No le han podido comprobar hasta este momento que esté involucrado en actos de corrupción, por eso sigue en su puesto hasta que el Ejecutivo del Estado lo determine.
 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta aclaratoria, en el mismo espacio en que ha publicado sus columnas, le agradezco de antemano la atención.

Atentamente
 
El Jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social
Lic. Fortino Morales Pacheco.

Salud, mafia de proveedores

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Ayer le comentaba que se recibió en mi oficina un sobre color manila, de parte de una persona de entre 35 y 40 años que no quiso identificarse, con información interesante sobre proveedores y funcionarios de la Secretaría de Salud involucrados en pingües negocios.

En las 10 hojas tamaño carta contenidas dentro del sobre se describen de manera cronológica algunos cambios y nombramientos al seno de la Secretaría de Salud, y el rol que han jugado algunos proveedores con esos funcionarios, ya sea en su ascenso o en su caída.

A grosso modo, el informe se centra en tres funcionarios, que en distintos momentos, fueron designados como contrapeso del secretario Roberto Morales Flores. Ellos son Marco Antonio Rivera Martínez, quien fue separado de la Dirección de Operación e Infraestructura; Alejandro del Castillo Ávila, quien por unos cuantos meses fue nombrado coordinador de Administración y Finanzas; y Leopoldo Eusa Dobbie, quien actualmente despacha como director de Operación e Infraestructura.

Y en tres proveedores que, todavía hoy, siguen haciendo millonarios negocios con la venta y renta de equipo médico, hospitalario y de oficina, con contratos y pólizas de servicios de mantenimiento y con suministro de todo tipo de bienes a la Secretaría de Salud: Rafael Zabalza Veraza, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo Gómez.

El documento dedica especial atención en el último de los proveedores y su intrincada red de corrupción, tejida en más de un sexenio y que involucra, según esta denuncia anónima, a una docena de funcionarios de la Secretaría, entre los que figuran el secretario, jefes de departamento, almacenistas y recepcionistas.

Además se acompaña de un mensaje a este reportero y de una presunta carta enviada en enero de 2006 a Fortino Morales Pacheco, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, en la que se advierte sobre la existencia de un video que registra una conversación de negocios entre Genaro Castillo y el entonces diputado local Fernando Morales Martínez.

El anónimo, cuya información aún corroboro con funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Salud, es rico en detalles sobre los padrinos políticos de los proveedores y su modus operandi.

Según estas mismas fuentes, Rafael Zabalza se mete al año entre 250 y 300 millones de pesos por la venta y renta de equipos médicos y hospitalarios por conducto de distintas empresas en las que no siempre aparece como socio, pues se vale de diferentes prestanombres.

Lo curioso es que las empresas de Zabalza únicamente le trabajan al sector salud en Puebla.

Lo mismo sucede con el compadre de Roberto Morales, Dionisio Rodríguez, que opera a través de dos compañías: D R Sagitario y Comercializadora Sevilla, y con Genaro Castillo que tiene operando a más de diez empresas como proveedoras de la Secretaría de Salud, que lo mismo arreglan un refrigerador o dan mantenimiento a computadoras y aparatos de oficina, que surten de equipo e instrumental médico a las clínicas y hospitales de las jurisdicciones sanitarias.

Conservadoramente, Dionisio Rodríguez y Genaro Castillo se embolsan cada año, sólo como proveedores del sector salud, no menos de 50 millones de pesos, descontando por supuesto lo que salpican hacia arriba, hacia abajo y a los lados.

Pronto le tendré más información.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

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