PAN, PRD y Convergencia podrían ganar controversia
Mario Montero, de Gobernación, ya valora ese escenario

En el transcurso de los próximos días, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) podría emitir un fallo que sólo precipitará los tiempos de la sucesión gubernamental en Puebla, lo que dejará fuera de la carrera priísta a figuras como la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la BUAP Enrique Agüera Ibáñez —aunque este último ya estaba más afuera que adentro— sino que además metería a los principales partidos y actores políticos en un torbellino electoral.

El viernes por la noche, el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, se mostraba preocupado por lo que se avecina: un resolutivo adverso al gobernador Mario Marín Torres y a la mayoría priísta en el Congreso del estado, que desatendieron la reforma constitucional federal en materia electoral.

En concreto, en el punto relativo a la fecha en que deben celebrarse los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión y lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, en lo concerniente al inciso a) de la fracción IV del reformado artículo 116 constitucional, “las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda”, año que en el caso de Puebla corresponde al 2010.

Este aspecto de la reforma se quiso ignorar en Puebla, a partir de alargar el proceso local electoral de noviembre de 2007 hasta agosto de 2008, so pretexto de las elecciones extraordinarias en el municipio de Felipe Ángeles.

Mediante esta argucia, la mayoría priísta en la LVII Legislatura local se negó a modificar el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad, y en particular el artículo 19 que fija como fecha de las elecciones el segundo domingo de noviembre.

Como ya es sabido, PAN, PRD y Convergencia se fueron a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, juicio que está por resolverse en el transcurso de los siguientes días.

Si el fallo, como se prevé, es contrario al gobernador y al Congreso del estado, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro meses, para celebrarse el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre.

Este escenario no sólo alteraría el calendario electoral, sino que precipitaría los tiempos de la sucesión gubernamental, pues ahora los partidos tendrían que tener listos —o cuando menos perfilados— a  sus candidatos a la gubernatura en febrero o marzo del año entrante, y no en mayo o junio, como tradicionalmente ocurría.

Dicha circunstancia eliminaría por default a Blanca Alcalá Ruiz, pues la presidenta municipal tendría que dejar el ayuntamiento de Puebla —olvidándose de su compromiso ante notario público de concluir su gestión de tres años— casi a la par de rendir su segundo informe de labores.

Otro que también quedaría descartado es Enrique Agüera Ibáñez, pues no podría buscar la reelección en la rectoría de la BUAP, para luego renunciar cuatro o cinco meses después a fin de estar en condiciones de contender por la gubernatura de Puebla como candidato del PRI.

El secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, sería el más favorecido, no sólo por el posicionamiento electoral y mediático que hoy tiene, sino por la campaña paralela que a la par de los candidatos a diputados federales viene realizando a lo largo y ancho del territorio poblano.

El fallo de la SCJN adelantando cuatro meses los comicios locales del próximo año también beneficiaría al senador Rafael Moreno Valle Rosas, en el caso del PAN, debido a que hoy por hoy es el aspirante a la gubernatura mejor rankeado, en términos de conocimiento y potencial electoral.

Otro aspecto no menos importante en un escenario de sucesión gubernamental adelantada son las elecciones federales previstas para dentro de 35 días, por los resultados que podrían arrojar y la interpretación que éstos tendrían en la carrera por Casa Puebla.

Y es que si el PRI pierde ocho o más distritos, sus probabilidades de ganar la gubernatura, y la mayoría de las presidencias municipales y diputaciones al Congreso del estado se irían a la baja, y las del PAN a la alza, sobre todo es un escenario donde el candidato del tricolor fuera Javier López Zavala y el del blanquiazul, Rafael Moreno Valle.

Así las cosas, habrá que estar muy pendientes del fallo de la Suprema Corte y de lo que ocurra en las elecciones del 5 de julio, pues una y otra circunstancia marcarán el derrotero de la lucha por Casa Puebla.

EN CORTO
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MMT y la mayoría priísta ignoran la Reforma Constitucional
Promueven a hijo de Piña Olaya para una diputación federal

Un tema que hasta ahora no queda claro para nadie es si en Puebla se adelantarán o no las elecciones para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, del año 2010.

De acuerdo con la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión —y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007—, los comicios locales del 2010 tendrían que adelantarse cuatro de meses, para llevarse a cabo en julio y no en noviembre.

En términos del artículo 116 constitucional fracción IV inciso a), las elecciones de gobernadores, de los integrantes de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos deben efectuarse mediante sufragio universal, libre y secreto, el primer domingo de julio del año que corresponda.

Sin embargo, localmente se ha dicho que por las elecciones extraordinarias celebradas en el municipio de Felipe Ángeles, Puebla quedará al margen de esa reforma, de suerte que la renovación de sus autoridades en la gubernatura, los 217 ayuntamientos y el Poder Legislativo, se efectuará en la fecha prevista por el artículo 19 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es decir, el segundo domingo de noviembre.

Un detalle que confirma la hipótesis de que las autoridades estatales —entiéndase el gobernador Mario Marín Torres y la mayoría priísta en la LVII Legislatura— no quieren que los comicios locales del 2010 se adelanten de noviembre a julio, es la omisión del Congreso del estado para adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El Congreso del estado tenía un año, a partir del día siguiente que se publicó el decreto de la Reforma Constitucional, lo cual ocurrió el 13 de noviembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar su legislación electoral a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión.

De más está decir que ello no sólo no ocurrió, sino que a estas alturas ni siquiera existe en la LVII Legislatura local una iniciativa de reforma encaminada a ese propósito.

La razón no es difícil de deducir. Es lógica: Mario Marín no quiere, ni está dispuesto a entregar el poder antes de tiempo.

En las reglas no escritas del sistema político mexicano el poder de un gobernante —llámese presidente de la República o gobernador— comienza a menguar con el inicio del último año del periodo sexenal o después del quinto informe de gobierno, y llega su nivel más bajo cuando se conoce el nombre de quien lo sustituirá.

En la cultura política priísta esta regla es inexorable.

Si en Puebla la Reforma Constitucional en materia electoral se aplicara, el nombre del candidato del PRI a suceder a Mario Marín en la gubernatura del estado se sabría no hasta mediados del 2010, sino a principios de ese año.

Y es que todas las fechas y plazos del proceso electoral tendrían que adelantarse si las elecciones locales se llevaran a cabo el primer domingo de julio.

Los partidos tendrían que registrar candidatos al cargo de gobernador ya no en la última semana de agosto de 2010, sino a finales de abril o principios de mayo.

Lo anterior significa, considerando los procesos internos y las precampañas de cada partido, que los precandidatos estarían en plena actividad por ahí de febrero, y que el nombre del elegido del PRI se conocería a más tardar en abril o mayo del 2010, cuando a Mario Marín aún le restan ocho meses de su periodo sexenal.

¿Usted creee que Mario Marín está dispuesto a que con la Reforma Constiucional su sexenio se acorte y se acote, con todo y que él concluiría su sexenio hasta el 31 de enero del 2011?

Ahora entiende por qué los priístas y en especial el Ejecutivo estatal no quieren adecuar el Código Electoral vigente a la Reforma Constitucional federal en materia electoral.

El problema para el gobernador y los diputados locales del PRI, es que otros destacados priístas como el diputado federal Alberto Amador Leal, creen que detrás de esa negativa hay una intención de desacato y de violentar lo que en el Congreso de la Unión se aprobó.

Y si no me cree, lo invito a que escuche la entrevista que hace unas semanas concedió Alberto Amador a los directivos del periódico Puebla Sin Fronteras.

AUDIO 1

AUDIO 2

AUDIO 3

EN CORTO

Este sábado el hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya, Juan Pablo Piña Kurczyn, se reunió a desayunar con un grupo de jóvenes y simpatizantes del PRI, algunos de ellos egresados de la Escuela Libre de Derecho, para anunciar su intención de buscar la diputación federal por el noveno distrito con cabecera en el municipio de Puebla.

La reunión convocada por el menor de los vástagos de Mariano Piña y su esposa Patricia Kurczyn tuvo lugar en Las Acamayas del boulevard Hermanos Serdán, restaurante propiedad de Alejandro Pasos y de los favoritos del ex gobernador.

Juan Pablo Piña tiene como rival en ese distrito al empresario Julián Haddad Férez, ex director del Instituto Poblano del Deporte en el sexenio piñaolayista.

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Otro aspirante priísta a diputado federal que el sábado organizó una gran comilona en su rancho Ciénega Larga, allá entre Chignahuapan y Tlaxco, fue Saúl Rivera Sosa.

Al banquete para 3 mil personas acudieron presidentes y ex presidentes municipales, así como políticos de esa región de la Sierra Norte.

Entre los invitados destacó la presencia de Jesús Morales Flores, quien aprovechó el evento para promoverse como aspirante a Casa Puebla, mientras Saúl Rivera hacía lo propio para la diputación por el distrito 2 con cabecera en Zacatlán.

Saúl Rivera tiene como contricantes en ese distrito al líder de la Federación de Trabajadores de Puebla, Leonardo Soto Martínez, y al subsecretario de Desarrollo Social del estado, Juan Carlos Lastiri Quirós.

La familia de Sául Rivera ejerce un fuerte cacicazgo en la región, desde los tiempos de su papá don Lorenzo Rivera Castillo, quien fue presidente municipal de Chignahuapan al igual que él. Su hermano Lorenzo Rivera Sosa es diputado local en la LVII Legislatura, cargo que él también ostentó en la LV Legislatura.

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Y hasta la próxima.

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Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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