Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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Uno de los grandes negocios del secretario de Salud, Roberto Morales Flores, y sus mafiosos jefes de jurisdicciones sanitarias, es la compra de medicamento y material de curación.

De hecho, una queja recurrente de estos funcionarios y de los usuarios de los servicios de salud en la entidad, es el desabasto de antibióticos, analgésicos, jarabes, antipiréticos y otros fármacos, así como insuficiencia de material de curación y antisépticos.

Lo paradójico del caso es que mientras en los hospitales, clínicas, centros y casas de salud siempre hay problemas de escasez de medicamentos, por lo que las recetas raras veces se surten al 100%, en las jurisdicciones sanitarias cientos de lotes, bolsas y cajas de fármacos y material de curación, se echan a perder.

Y si no me cree, lo invito a que revise el reporte que a continuación le presento y que resume el costo, jurisdicción por jurisdicción, de las medicinas y material de curación caducado y que hace unos días fue incinerado por la empresa Servicios Profesionales Ecológicos SA de CV.

El total de esas medicinas y materiales que no fueron usados y que se echaron a perder asciende a 7 millones 880 mil 696 pesos.

Pero lo más grave de esta irresponsabilidad es que el grueso de las pérdidas se concentra en dos jurisdicciones sanitarias, la 3 de Zacapoaxtla, y la 6 con sede en Puebla capital. En la primera, sólo el costo de las medicinas caducadas supera los 3.6 millones de pesos, y en la segunda los 3.3 millones de pesos.

¿Y sabe qué es lo peor?

Que a la fecha, por increíble que parezca, no hay un solo funcionario que haya sido apercibido, sancionado o destituido por esta criminal pérdida.

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Si de por sí el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla, Francisco Rodríguez Reyes, tenía problemas con sus asociados y representados, cuentan que después de su pobre participación y convocatoria en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, efectuado el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones, lo más seguro es que le adelanten su salida.

Por lo pronto, se sabe que los integrantes de su comité directivo no sólo han dejado de asistir a las sesiones del Colegio, sino que han optado por hacerle el vacío, cada vez que éste los convoca a un evento.

Y mientras ello sucede, los tiradores a sucederlo han comenzado a sacar la cabeza y a levantar la mano, entre ellos Armando López de la Vega (el dedo chiquito del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez), Sebastián Serrano, presidente de Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC); Julio Ernesto Lira, ex presidente de Cámara de Empresas de Consultoría, y Aristeo Reyes Hernández, ex presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO).

La renovación del Comité Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla está prevista para noviembre, aunque lo más probable es que a Rodríguez Reyes le canten las golondrinas en julio, sino no es que antes éste decide renunciar sabedor de que nadie, pero nadie en el organismo está dispuesto a apoyarlo a que concluya su periodo.