En el transcurso de los próximos días, el caso de la Financiera Coofia podría dar un vuelco en perjuicio del gobierno del estado.

Y es que los principales directivos y accionistas de esta suspendida sociedad de ahorro, inversión y crédito popular —los hermanos Medina Soane— podrían obtener el amparo de la justicia federal, para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Pero además exigir la liberación de algunos de sus ejecutivos presos, de sus cuentas congeladas y de sus oficinas, para —según ellos— establecer contacto y encontrar mecanismos que les permitan atender las obligaciones contraídas con sus clientes, empleados y proveedores.

En otras palabras, los directivos de Financiera Coofia podrían pasar a la ofensiva y reclamar a las instituciones y dependencias con las cuales venían laborando, antes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la desconociera como sociedad de ahorro e inversión, los pagos que la Secretaría de Finanzas y la BUAP, entre otras, han venido cobrando a sus empleados por créditos otorgados por Coofia.

Estos pagos ascenderían a 340 millones de pesos, cifra 50 millones de pesos menor a la que el gobierno del estado y el fideicomiso Fipago pagarán a los cerca de 23 mil 640 defraudados de esta sociedad cooperativa.

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El profesor Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente del Comité de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo el domingo 25 de abril una interesante reunión con jóvenes universitarios, a los que trató de convencer para sumarse a la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla.

Pero también de la conveniencia de que desde ahora se conviertan en sus operadores políticos, ya que en las elecciones de 2013 él será el «candidato natural» en la contienda por la presidencia municipal de Puebla, gracias al apoyo de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

A la reunión asistieron una treintena de estudiantes de distintas universidades públicas y privadas de Puebla, entre ellos Jaime Barrientos, de la Asociación Nacional de Estudiantes en Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECPAP).

Guillermo Aréchiga dijo a los universitarios que Moreno Valle cuenta con un buen posicionamiento y el respaldo magisterial para ser el próximo gobernador del estado, y que la decisión de SNTE de jugarle las contras a Mario Marín y a su candidato Javier López Zavala.

Ahí también trascendió que en la escuela de la esposa del profesor Guillermo Aréchiga, ubicada a un costado de la casa de campaña del priísta Edgar Chumacero, en la junta auxiliar de San Baltasar Campeche, son frecuentes las reuniones de la esposa de Moreno Valle con diferentes actores políticos y sociales, y que en el encuentro de ese domingo los universitarios fueron instruidos a emprender, en las redes sociales de internet, una campaña de desprestigio en contra de López Zavala por su supuesto origen guatemalteco.

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Simón dice:

«La única manera de ser seguido es correr más deprisa que los demás.»

Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés.

En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.