La recomendación del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, José Guadalupe Castillo Méndez, en el sentido de que el Congreso del estado regularice los cerca de 800 permisos de mototaxis que funcionarios de su dependencia han otorgado de manera ilegal es francamente inadmisible.

Hacerlo sería tanto como regularizar la corrupción en que han incurrido funcionarios de la SCT —él y su antecesor incluidos— al expedir permisos al margen de la Ley de Transporte, y por los cuales han cobrado entre 10 mil y 20 mil pesos.

Los responsables de esta irregularidad están a la vista: Juan Manuel Alcántara Silva, jefe del Departamento de Logística; Anuar Musalem Valencia, subdirector de Vialidad del estado y exdirector de Operación de Transporte de la SCT; Abraham Sánchez González, asesor de Valentín Meneses Rojas en la Secretaría de Gobernación del estado y excoordinador general de Transporte, y Jesús Guerra Montiel, director de Supervisión del Transporte de la SCT.

Ellos son los principales responsables del tráfico de permisos y la venta de cerca de 800 hologramas en lo que va del año a mototaxistas en la región de Tecamachalco, Tochtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Atempan, Tlachichuca, El Seco, Amozoc, Momoxpan, Cuautlancingo, Coronango, y San Juan Tianguismanalco.

¿Por qué los diputados locales deben regularizar permisos que se entregaron al margen de la Ley de Transporte? ¿Por qué el Congreso debe modificar la legislación vigente para dar cabida a una modalidad de transporte público que no existe ni tiene autorización, y por cual se llenaron las bolsas —con miles o millones de pesos— funcionarios corruptos?

¡No señor secretario!

El problema lo debe resolver usted o su antecesor. Lo que permitió o toleró, haciéndose de la vista gorda con la venta de hologramas entre 10 mil y 20 mil pesos, es un fraude en el que desgraciadamente se llevaron al baile a muchas familias necesitadas y que tuvieron que invertir por cada mototaxi entre 40 y 50 mil pesos.

El mototaxismo, señor secretario, es uno de los peores males en materia de transporte de pasajeros, no sólo porque son altamente peligrosos —usted mejor que nadie sabe de los graves accidentes que se han presentado en municipios como Amozoc, Atempan y Cuautlancingo—, sino porque además de contaminar el ambiente son fuente permanente de conflictos con los permisionarios de taxi y los concesionarios del transporte público en su modalidad de micros, combis y autobuses.

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Este jueves en el Congreso del estado se presentará un muy interesante texto del doctor Jorge Efrén Arrazola Cermeño sobre el hombre fuerte de la política poblana en la década de los cuarenta, pero cuyo legado perdura hasta nuestros días: Maximino Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla de 1937 a 1941 y secretario de Comunicaciones y Transportes bajo la presidencia de su hermano Manuel Ávila Camacho.

El libro La Oscura Sombra del Cardenismo será presentado el jueves a las 18 horas en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del estado y comentado por la investigadora Alicia Tecanhuey Sandoval, el alcalde electo Eduardo Rivera, el exdiputado José Alarcón Hernández y quien esto escribe.

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La polarizada contienda en el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac) libran Sebastián Serrano Vega y Victor Manuel Canarios podría terminar favoreciendo a una tercera opción. Me refiero a la planilla de Integración 10-20 representada por Fernando Lazcano.

Las elecciones en el Cicepac se realizarán este viernes de 9 a 18 horas con la participación de 241 socios.

Sebastián Serrano, director responsable de obra del Centro Expositor, anda muy nervioso deslindándose de las acusaciones que le hace sus críticos, entre ellos su principal opositor Víctor Manuel Canarios, quien el pasado 9 de noviembre protagonizó un fuerte altercado con el director operativo del Colegio, Gustavo Castillo, cuando quiso colocar mantas con su imagen en las oficinas.

En mi próxima entrega prometo darle mayores detalles del clima de tensión que se vive en el Cicepac a unas cuantas horas de que sus miembros elijan a su próximo Consejo Directivo para el periodo 2011-2012.

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Simón dice:

«En política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el servicio que se hace son siempre lo que a uno le conviene. El político, conscientemente, no obra nunca contra sus intereses». (La Sombra del Caudillo)

Martín Luis Guzmán (1887-1976) Periodista, intelectual, diplomático mexicano.

Ayer le decía que la mayor irregularidad —por no decir transa— con las compras directas que por casi 300 millones de pesos autorizó a finales del pasado el secretario de Salud del estado, José Alfredo Arango García, a dos proveedores de la dependencia, no recaía tanto en la violación a la Ley de Adquisiciones, sino en los sobreprecios que se pagaron a los empresarios que surtieron tales pedidos.

En concreto a los señores Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez, quienes a través de diferentes compañías han monopolizado en la Secretaría de Salud de Puebla las compras de muebles, equipos e instrumental médico, así como los servicios de mantenimiento a equipo e instalaciones sanitarias y de proveeduría de uniformes y otros insumos clínicos y hospitalarios.

Para documentar el tamaño de los abusos cometidos por estos proveedores, en complicidad con el secretario de Salud y funcionarios de la Contraloría del estado, hoy le presento algunos ejemplos de artículos que fueron sobrefacturados y pagados en diciembre pasado con fondos del Seguro Popular.

Caso 1

Una mesa Pasteur, con barandal de alambrón de acero inoxidable, marca Tecnoeq-Mex, modelo MSP-01, que en el mercado local puede adquirirse entre 1,500 y 2,000 pesos, la Secretaría de Salud la pagó en 9,950 pesos, de acuerdo con la factura 0071 de Soluciones Integrales en Biomedicina por un monto de 253 mil 560 pesos.

Caso 2

Una mesa de exploración, con cajón despachador de papel de lámina de acero, que cualquier persona puede adquirir en una de las tiendas de muebles clínicos y hospitalarios que funcionan en las inmediaciones del Hospital Universitario en 3,000 ó 3,500 pesos, la dependencia encabezada por Alfredo Arango la pagó en 21 mil 130 pesos.

Caso 3

Una mesa para atención a recién nacidos con estadímetro, colchoneta y separador intermedio modelo M180-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que tiendas especializadas de Puebla o el Distrito Federal la venden en alrededor de 3,500 pesos, fue adquirida por la Secretaría de Salud en 28 mil 350 pesos, de acuerdo con la factura 0076 de la misma empresa de Rafael Zabalza.

Caso 4

Un esterilizador de vapor autogenerado de mesa para dental y maxilofacial de 21 litros, integrado con equipo semiportátil y otros aditamentos marca OTSA, que cualquier médico o cirujano dentista puede comprar en 32 mil pesos, fue pagado con la factura 0079 de Soluciones Integrales en Biomedicina en 53 mil 200 pesos.

Caso 5

Espejos ginecológicos vaginales, que en cualquier tienda del ramo se venden en menos de 500 pesos o en 390 pesos al mayoreo, la Secretaría de Salud los pagó en 1,010 pesos, según la factura 1575 de la empresa Profesionales IEMC de Genaro Castillo.

Caso 6

Fórceps dentales marca Kuality, que en el mercado de los dentistas valen 1,300 pesos la pieza, la dependencia a cargo de Arango García los adquirió en 3,267 pesos, de acuerdo con las facturas 1579, 1580 y 1581 del mismo proveedor.

Caso 7

Camas individuales con colchón de espuma, modelo TEQ.CM-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que el fabricante vende en cerca de mil pesos, se pagaron en 4,700 pesos, de acuerdo con la factura 1590 de la citada empresa de Genaro Castillo.

Caso 8

Lámparas quirúrgicas portátiles para emergencia, modelo TEQ-LAPQPE-01 de la marca Tecnoeq-Mex, que pueden adquirirse a precio de mayoreo en alrededor de 7,000 pesos, la Secretaría de Salud las pagó en 19 mil 150 pesos.

Caso 9

Esterilizadores de calor seco modelo Mo72 de la marca Lorma, que según cotizaciones de proveedores locales tienen un costo de entre 2,800 y 3,200 pesos, la dependencia de Alfredo Arango los adquirió a otra de las empresas de Rafael Zabalza —Electromedicina Integral Asere— en 18 mil 280 pesos, de acuerdo con la factura 337.

Caso 10  Unidades estomatológicas básicas con lámpara integrada, modelo 2003A-MA de la marca Comforte, que en tiendas para médicos dentistas, pueden comprarse hasta en 40 mil pesos, el proveedor exclusivo de Salud las vendió en 107 mil 35 pesos, con la factura 346.

Estos casos explican por qué Alfredo Arango viola la Ley de Adquisiciones, por qué prefiere asignar en forma directa las compras de la Secretaría de Salud antes que licitarlas y por qué proveedores como Zabalza y Castillo —a quienes el último cuatrimestre del año se les hicieron compras por casi 300 millones de pesos— se han enriquecido en lo que va del sexenio, a costa de la salud y atención médica de los poblanos.

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Este jueves visitará la Angelópolis, el coordinador de los Senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, para sumarse a la precandidatura por la gubernatura de Puebla de quien fuera su compañero de escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Simón dice:

«El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo».

Gabriel García Márquez (1927-?). Escritor colombiano y premio Nobel de literatura

¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

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