Las versiones que han llegado a las oficinas de transición del presidente electo, José Antonio Gali Fayad, en el sentido de que la administración de Eduardo Rivera Pérez podría heredarle un adeudo millonario por supuestos juicios perdidos con las empresas Jajomar —que demanda una indemnización por 608 millones de pesos— y Tapsa —que exige el pago 100 millones de pesos por la terminación anticipada de un contrato de tratamiento de aguas—, son totalmente erróneas.

Más la segunda que la primera, ya que de entrada Tapsa (Tratamiento de Agua de Puebla SA) no demandó al ayuntamiento capitalino, sino al Soapap que decidió finiquitar un contrato con esta empresa —filial de la francesa Degremont— ya que el agua que supuestamente limpiaba en sus plantas de tratamiento no cumplía con los estándares mínimos de calidad, lo que suponía riesgos para la salud de la población.

Tapsa se inconformó con la rescisión, promovió dos amparos —que fueron desechados en las instancias judiciales poblanas— y exigió el cumplimiento de una cláusula que establecía que en caso de que el contrato se terminara de manera anticipada recibiría una indemnización por 100 millones de pesos.

El juicio todavía sigue, pero ahora en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. La defensa del Soapap ya no está a cargo de Juan Pablo Piña, sino del abogado Vicente Corta del despacho White & Case, mientras que la demanda de Tapsa la lleva el bufete de Martínez, Algaba, Estrella, de Haro y Galván-Duque, también con sede en el Distrito Federal.

Por lo que hace a la demanda de Jojamar, hay que decir que esta data de la gestión de Blanca Alcalá Ruiz cuando el ayuntamiento de Puebla pidió al Congreso del estado suspender la concesión que inicialmente había adjudicado a esta empresa para la instalación de parquímetros o estacionómetros en el primer cuadro de la ciudad.

Jajomar se inconformó con esta decisión de última hora y promovió un juicio ante el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Puebla, asentándose en el expediente 909/2010, en el cual demanda el pago el 608 millones 164 mil pesos, cifra que resulta de sumar 15 millones 227 mil pesos por supuestos menoscabos patrimoniales que sufrió la empresa entre adjudicación del contrato y la suspensión de la concesión, y 592 millones 936 mil pesos por privación de ingresos lícitos.

Dicho juicio se encuentra actualmente en trámite en un Juzgado Federal Octavo de Distrito radicado bajo el número de amparo 857/2013.

El síndico Ernesto Bojalil Andrade cree que la demanda de Jojamar terminará siendo desechada por la justicia federal por la inconsistencia de las pruebas que ha presentado, tales como facturas con fecha anterior a la licitación, facturas de compra de materiales para otro municipio, y salarios de personas contratadas antes de la licitación o de que el contrato le fuera adjudicado.

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La especie de que el secretario General del Gobierno del estado, Luis Maldonado Venegas, se habría afiliado ya o estaría en proceso de convertirse en miembro del Partido de la Revolución Democrática, es completamente falsa.

Lo que sucede es que el ex senador y ex dirigente nacional de Convergencia (hoy partido Movimiento Ciudadano) fue invitado por una de las corrientes nacionales del PRD a integrarse a un Consejo Consultivo de 15 académicos, políticos e intelectuales latinoamericanos de la socialdemocracia.

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Esta mañana se comunicó a este espacio la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública del estado, Patricia Corro Vázquez, para aclarar que Jorge Muñoz Carballeda no ha sido nombrado como director de Recursos Humanos en sustitución de José Mariano Casas Sánchez, como aquí se escribió.

Nos precisó que Casas Sánchez sí dejó la Dirección de Recursos Humanos, pero que en su lugar fue nombrado Enrique Reinoso Dueñas, como encargado de despacho, y a la vez se mantendrá como director general de Administración de la SEP.

Reinoso –con i latina- fue catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, director de Finanzas y Administración en el Instituto de Educación y director general de Canacintra de esa misma entidad.

De paso Patricia Corro también nos adelantó que a partir de la próxima semana se integrará al equipo de Eukid Castañón Herrera como directora de Comunicación Social de la Secretaría de la Contraloría del estado.

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Este viernes estará en Puebla la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga del Carmen Sánchez Cordero, para impartir una conferencia sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, acusada de secuestro en México y liberada en enero de este año.

La conferencia se realizará al medio día en el Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y responde a una invitación expresa del presidente del Consejo de Directores de la institución, abogado Gerardo Tejeda Foncerrada.

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