Ayer le decía que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas prepara una iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) que aumentará el monto de las cuotas y aportaciones que pagan los trabajadores al organismo, así como la edad o tiempo de servicio para obtener una pensión.

Hoy le tengo más datos.

Dos son los despachos externos que el gobierno del estado ha contratado para encontrar salidas a la crisis financiera del Instituto: uno es Decide Soluciones Estratégicas, de José Luis Flores Hernández; y el otro es Farell Grupo de Consultoría, de Rosa María Farell Campa.

El primero centró su análisis en aspectos administrativos y financieros; el segundo, en proyecciones y fórmulas actuariales.

Por lo que hace al proyecto de elevar las cuotas que los trabajadores pagan al Issstep, trascendió que la intención es que las aportaciones de éstos y el gobierno suban gradualmente 10 puntos en conjunto, a fin de homologarlas con las de los trabajadores de la Federación ante el Issste.

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Otro detalle que también le puedo adelantar es que ya se han presentado denuncias ante la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia en el estado contra quien resulte responsable por unas 170 pensiones que se estuvieron pagando a personas que no eran beneficiarias de las mismas.

En dichas denuncias se incluyen nombres de ex funcionarios del Issstep que tenían bajo su responsabilidad la administración y listado de los pensionados y jubilados del organismo, como Rodrigo Lazcano Fernández, Heriberto Batalla Juárez y Elsa Lemus, quienes se desempeñaban como subdirector de Prestaciones Económicas, jefe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, y asistente, respectivamente.

De hecho, trascendió que, la semana pasada, una de estas personas fue llevada por policías ministeriales ante la Procuraduría General de Justicia para rendir su declaración, debido a la negativa de hacerlo por su propia voluntad.

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Este lunes abortó el paro laboral que el líder de la Sección XXV del Sindicato de la Secretaría de Salud, Julio Alfredo García, había planeado para exigir la retabulación y el pago de prestaciones a favor de 4,600 empleados homologados del sector, que carecen de base.

Dicha solicitud representaría un incremento de casi 45% en presupuesto (25% para la retabulación y 20% en prestaciones), lo que representa 300 millones de pesos en este año o más de 450 millones el siguiente.

El monto que la administración estatal tendría que desembolsar en el sexenio para cumplir con esta exigencia del líder seccional asciende a casi 3,500 millones de pesos, recursos con los cuales se podrían construir y equipar 20 hospitales con capacidad de 30 camas, con un costo unitario de 180 millones de pesos; adquirir los medicamentos que requieren las clínica, hospitales y centros de salud del estado en los próximos cuatro años; o el material de curación de éstos durante un periodo de 25 años.

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Simón dice:

“La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación.”

Ramón J. Sénder (1902-1982) Escritor español.