Cutberto Cantorán Espinosa quiere sacar provecho de un acuerdo que el PRI no le cumplió, y por el cual hoy estaría sentado en una curul de San Lázaro, en lugar de Javier Filiberto Guevara González.

Dicho acuerdo político —celebrado en 2012 entre Cutberto Cantorán y Filiberto Guevara, por intermediación del entonces dirigente estatal del PRI, Fernando Morales Martínez— establecía que ambos personajes serían diputados en la LXII Legislatura y por el mismo distrito electoral federal con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Filiberto Guevara sería diputado propietario, y al año medio pediría licencia para que su curul la ocupara su suplente Cutberto Cantorán.

Cumplido el plazo, el expresidente municipal de Izúcar no cumplió su promesa de pedir licencia, y el exdirigente de la Sección 23 tampoco se inconformó, ya que por esos días fue nombrado delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Puebla.

Sin embargo, hoy que se aproxima el proceso de selección de candidatos, Cutberto Cantorán quiere aprovechar esta circunstancia para que el PRI no sólo le despeje el camino de posibles contendientes, sino para que ahora sí lo nomine a una diputación federal por ese distrito, puerta de la Mixteca poblana.

Habrá que ver qué dice la delegada de la Procuraduría Agraria y expresidenta municipal de Huaquechula, Isabel Merlo Talavera, quien también aspira a ser diputada por esa demarcación en los comicios federales del año entrante.

De las elecciones extraordinarias en Acajete

Aunque las elecciones extraordinarias en Acajete y Cuapiaxtla han merecido poca atención de los medios de comunicación, por el insignificante peso electoral que tienen, en ambos municipios vienen dándose acontecimientos que vale la pena mencionar.

Entre estos habría que destacar el inusual y atípico incremento habido en el padrón electoral registrado en los meses previos al inicio del proceso, un derroche de recursos que rebasa por mucho los ridículos topes de gasto de campaña fijados por el IEE, y la utilización y manipulación de programas sociales con fines clientelares.

En Acajete, municipio localizado en la parte central del estado, perteneciente al distrito de Amozoc y de escasos 53 mil habitantes, lo más relevante es que el PRI se enfrenta a sus otrora operadores Mario Rincón González y Omar Álvarez Arronte, hoy al servicio del gobierno de Moreno Valle.

A sabiendas de eso, el PRI tuvo que nominar a un candidato diferente a la que postuló en las elecciones ordinarias de julio de 2013. Sustituyó a Carolina Martínez de Jesús, quien quedó en cuarto lugar, pero sin dejarla fuera de planilla de regidores que hoy encabeza Víctor Hugo Domínguez Amado.

A su vez, la coalición morenovallista decidió mantener al mismo candidato, el perredista Antonio Aguilar Reyes, pero sumando —bajo la figura de candidatura común— a quien quedó en tercer lugar en aquellos comicios que fueron anulados por el Instituto Electoral del Estado: Braulio Martínez López, del partido estatal Pacto Social de Integración.

El mecanismo para lograrlo fue un sui géneris acuerdo político entre Antonio Aguilar y Braulio Martínez, para que el primero gobierne el ayuntamiento de Acajete los dos primeros años y el segundo los siguientes dos.

Un tercer candidato que completa el abigarrado proceso electoral extraordinario de Acajete es Roberto Ramírez Cervantes, quien obtuvo la segunda mejor votación y ahora repite como abanderado de Movimiento Ciudadano, y quien optó por no hacer alianzas con ningún partido, aunque sí con un influyente personaje de la región y del cual es familiar, el magistrado Carlos Loranca Muñoz, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial en los estados de Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Veracruz.

Los enterados aseguran que el magistrado Loranca, quien hace un mes organizó una comilona para más de 300 personas en su casa de Acajete, a la que incluso llegó el exgobernador Mario Marín Torres, podría convertirse en el fiel de la balanza de esta elección extraordinaria, en caso de que las posibilidades de triunfo de su pariente se complicaran.

Y es que los votos de Roberto Ramírez podrían arrebatarle el triunfo al perredista morenovallista Antonio Aguilar o dárselo al priísta Víctor Hugo Domínguez.

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Mario Montero y Darío Carmona, complican el problema
El conflicto podría escapar al control gubernamental

Un conflicto que desde hace semanas pudo haberse resuelto, pero que aun sigue latente a pesar del riesgo de que en cualquier momento se salga del control gubernamental, es el protagonizado por la disidencia magisterial, que para este lunes prepara nuevas protestas y manifestaciones por los descuentos a 300 de sus dirigentes en todo el estado.

Dicho conflicto, que no escapa a la pugna que se libra al seno del PRI por la sucesión de Casa Puebla, tiene confrontado al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, con los secretarios de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y de Educación Pública, Darío Carmona García.

Montero Serrano quiere que Darío Carmona sea quien pague los platos rotos de la rebelión de los opositores de Elba Esther Gordillo, primero por haberlos alentado y hasta financiado, vía el Consejo Democrático Magisterial Poblano, y luego por pretender acallarlos valiéndose de amenazas y descuentos de nómina.

Y Darío Carmona quiere que los desmanes provocados por los disidentes —y que se han traducido en suspensión de clases, en tomas de Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (Cordes), y hasta en cierre de carreteras— dejen mal parado al secretario de Gobernación, frente a su jefe el gobernador del estado, quien le encargó la solución del problema.

Los disidentes del SNTE han sido utilizados —desde el origen del conflicto— por uno y otro grupo como ariete electoral y factor de desestabilización.

Carmona y Zavala los usaron para dividir al SNTE mediante la creación de un frente antielbista —conformado por ex dirigentes magisteriales priístas como Gonzalo Amador Juárez Uribe y Cutberto Cantorán Espinosa— que se diera a la tarea de mantener ocupados a los secretarios generales de las secciones 23 y 51, Eric Lara Martínez y Cirilo Salas Hernández, y de alejarlos del proyecto político del senador Rafael Moreno Valle Rosas rumbo a la gubernartura.

Lo que Darío Carmona nunca se imaginó es que el movimiento se le iría de las manos, después de las primeras protestas y movilizaciones contra la Alianza por la Calidad de la Educación, cuando la SEP estatal echó mano de miembros de la Coordinadora para magnificar el repudio hacia los dirigentes del SNTE.

Cuando la Coordinadora se hizo del control de la disidencia —por medio del Consejo Democrático Magisterial Poblano— desplazó a los operadores priístas y nombró como secretarios legítimos a Gilberto Maldonado Maldonado, en la Sección 23, y a Juan Durán Martínez, en la Sección 51.

Mario Montero fue instruido entonces por el gobernador Mario Marín, para resolver el conflicto.

Lejos de desactivar a los opositores, el secretario de Gobernación ha pretendido reencausar sus protestas, pero sin mucho éxito, en parte por la raja política que quiere sacar de su interlocución.

En las negociaciones de Montero con la disidencia, éste insiste en que el gobierno marinista comparte la lucha de los opositores de Elba Esther Gordillo por democratizar al SNTE y ofrece que ningún disidente será objeto de represalias, pero en los hechos Darío Carmona actúa en sentido contrario. Los desconoce, los amenaza y hasta les descuenta su salario.

De ahí que el conflicto protagonizado por la disidencia del SNTE esté hoy a punto de salirse del control gubernamental.

EN CORTO
Simón dice:

 “No existe la guerra inevitable. Si llega, es por fallo del hombre”
Andrew Bonar Law, político inglés.

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