La recomendación del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, José Guadalupe Castillo Méndez, en el sentido de que el Congreso del estado regularice los cerca de 800 permisos de mototaxis que funcionarios de su dependencia han otorgado de manera ilegal es francamente inadmisible.

Hacerlo sería tanto como regularizar la corrupción en que han incurrido funcionarios de la SCT —él y su antecesor incluidos— al expedir permisos al margen de la Ley de Transporte, y por los cuales han cobrado entre 10 mil y 20 mil pesos.

Los responsables de esta irregularidad están a la vista: Juan Manuel Alcántara Silva, jefe del Departamento de Logística; Anuar Musalem Valencia, subdirector de Vialidad del estado y exdirector de Operación de Transporte de la SCT; Abraham Sánchez González, asesor de Valentín Meneses Rojas en la Secretaría de Gobernación del estado y excoordinador general de Transporte, y Jesús Guerra Montiel, director de Supervisión del Transporte de la SCT.

Ellos son los principales responsables del tráfico de permisos y la venta de cerca de 800 hologramas en lo que va del año a mototaxistas en la región de Tecamachalco, Tochtepec, Tlacotepec de Benito Juárez, Atempan, Tlachichuca, El Seco, Amozoc, Momoxpan, Cuautlancingo, Coronango, y San Juan Tianguismanalco.

¿Por qué los diputados locales deben regularizar permisos que se entregaron al margen de la Ley de Transporte? ¿Por qué el Congreso debe modificar la legislación vigente para dar cabida a una modalidad de transporte público que no existe ni tiene autorización, y por cual se llenaron las bolsas —con miles o millones de pesos— funcionarios corruptos?

¡No señor secretario!

El problema lo debe resolver usted o su antecesor. Lo que permitió o toleró, haciéndose de la vista gorda con la venta de hologramas entre 10 mil y 20 mil pesos, es un fraude en el que desgraciadamente se llevaron al baile a muchas familias necesitadas y que tuvieron que invertir por cada mototaxi entre 40 y 50 mil pesos.

El mototaxismo, señor secretario, es uno de los peores males en materia de transporte de pasajeros, no sólo porque son altamente peligrosos —usted mejor que nadie sabe de los graves accidentes que se han presentado en municipios como Amozoc, Atempan y Cuautlancingo—, sino porque además de contaminar el ambiente son fuente permanente de conflictos con los permisionarios de taxi y los concesionarios del transporte público en su modalidad de micros, combis y autobuses.

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Este jueves en el Congreso del estado se presentará un muy interesante texto del doctor Jorge Efrén Arrazola Cermeño sobre el hombre fuerte de la política poblana en la década de los cuarenta, pero cuyo legado perdura hasta nuestros días: Maximino Ávila Camacho, que fue gobernador de Puebla de 1937 a 1941 y secretario de Comunicaciones y Transportes bajo la presidencia de su hermano Manuel Ávila Camacho.

El libro La Oscura Sombra del Cardenismo será presentado el jueves a las 18 horas en el Salón Miguel Hidalgo del Congreso del estado y comentado por la investigadora Alicia Tecanhuey Sandoval, el alcalde electo Eduardo Rivera, el exdiputado José Alarcón Hernández y quien esto escribe.

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La polarizada contienda en el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac) libran Sebastián Serrano Vega y Victor Manuel Canarios podría terminar favoreciendo a una tercera opción. Me refiero a la planilla de Integración 10-20 representada por Fernando Lazcano.

Las elecciones en el Cicepac se realizarán este viernes de 9 a 18 horas con la participación de 241 socios.

Sebastián Serrano, director responsable de obra del Centro Expositor, anda muy nervioso deslindándose de las acusaciones que le hace sus críticos, entre ellos su principal opositor Víctor Manuel Canarios, quien el pasado 9 de noviembre protagonizó un fuerte altercado con el director operativo del Colegio, Gustavo Castillo, cuando quiso colocar mantas con su imagen en las oficinas.

En mi próxima entrega prometo darle mayores detalles del clima de tensión que se vive en el Cicepac a unas cuantas horas de que sus miembros elijan a su próximo Consejo Directivo para el periodo 2011-2012.

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Simón dice:

«En política nada se agradece, puesto que nada se da. El favor o el servicio que se hace son siempre lo que a uno le conviene. El político, conscientemente, no obra nunca contra sus intereses». (La Sombra del Caudillo)

Martín Luis Guzmán (1887-1976) Periodista, intelectual, diplomático mexicano.

Para los dirigentes y aspirantes a diputados locales y presidentes municipales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la coalición total que hace unos días celebraron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), denominada Alianza Puebla Avanza, no está resultando tan halagüeña, como algunos suponen.

La causa del desasosiego es la actitud hasta cierto punto gandalla de algunos dirigentes y presidentes municipales del PRI, así como de algunos secretarios del gabinete marinista, que sólo quieren utilizar las siglas del partido verde para acomodar a sus alfiles.

Según el convenio de marras, al PVEM le corresponde nombrar al candidato a diputado local por el distrito 13 con cabecera en Tepexi de Rodríguez, la tercera posición de la lista de candidatos a diputados de representación proporcional y la postulación de 14 planillas de regidores y síndico en los municipios de Acajete, Acateno, Amozoc, Calpan, Cuyoaco, Cuautlancingo, Guadalupe Victoria, San Salvador el Seco, San Pedro Cholula, Palmar de Bravo, Tilapa, Venustiano Carranza, Zaragoza y Zinacatepec.

Sin embargo, en los hechos el PRI no está dispuesto a ceder esas posiciones, y menos algunas alcaldías cercanas a la capital del estado.

Un caso concreto es la de San Pedro Cholula, donde los priístas pretenden meter a Juan Taylor Morales o a Julio Lorenzini Rangel como candidato a la presidencia municipal, ya sea por su propio partido o a través del PVEM.

Juan Taylor es hijo del actual síndico del ayuntamiento cholulteca, Justo Juan Taylor Torres, mientra que Julio Lorenzini se desempeña como titular de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática (UDAPI) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado.

Al primero lo apoya su papá y el presidente de San Pedro Cholula, Francisco Covarrubias Pérez, mientras que al segundo el recién nombrado secretario de Gobernación del estado, Valentín Meneses Rojas.

Para el PVEM la alcaldía cholulteca es una plaza importante, no sólo por su cercanía a la capital, sino por la proyección que le daría en términos políticos y propagandísticos dicho ayuntamiento.

En las elecciones federales de 2009, el partido verde obtuvo buenos resultados en el distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula. Se coló a la tercera posición, superando a Convergencia, al PRD y al PANAL.

Su candidato a diputado federal fue Geudiel Jiménez Flores, hijo del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado en el sexenio de Mariano Piña Olaya, Geudiel Jiménez Covarrubias.

Jiménez Flores es hoy la carta fuerte del PVEM a la presidencia municipal de San Pedro Cholula y el más interesado en que se respete la cláusula décima cuarta del convenio de coalición entre su partido y el PRI que con toda claridad establece que dicha posición le corresponde a los verdes y no a los tricolores.

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Simón dice:

«La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los menesteres más viles. Por eso, para trepar, se adopta la misma postura que para arrastrarse».

Jonathan Swift (1667-1745). Político y escritor irlandés.

 Cuando el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Andrés Vicente Ruiz Celio, asumió el cargo en julio de 2009, calificó como una exageración el hecho de que su predecesor —Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras— se transportara en un vehículo blindado con valor de más de un millón de pesos.

En aquella ocasión, el general de brigada diplomado de estado mayor, afirmó que él no usaría la referida camioneta —una Cherokee, color plata, modelo 2008— asignada por la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz a su antecesor, y que tampoco requería de escoltas o guardaespaldas que lo cuidaran.

A seis meses de distancia, el general Ruiz Celio piensa diferente.

Ahora no sólo reconoce que en la policía capitalina y en las autoridades policíacas hay temor de una venganza de los Beltrán Leyva, por la persecución que se hizo del jefe de este cártel el pasado 10 de diciembre por los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula, sino que ha convertido las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en un búnker, casi inaccesible.

Además, el general no sólo viaja escoltado y tiene a su servicio entre cuatro y ocho guardaespaldas que no se le despegan ni para ir al baño, sino que utiliza tres vehículos para transportarse, en los que se rota de manera constante, entre ellos la camioneta Cherokee blindada de la que tanto renegó.

Lo único diferente en la Cherokee —además del tumbaburro, que el general Ruiz Celio le mandó a quitar— es el color, pues la Jeep fue repintada de blanco, aun cuando ni siquiera lo necesitaba.

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El accidente que este martes provocó Humberto Aguilar Zarau, hijo del presidente de la Gran Comisión y líder de la bancada priísta en el Congreso del estado, Humberto Aguilar Viveros, al impactarse contra un autobús de la línea Cholula y Anexas, en el crucero de la 25 Poniente y Calzada Zavaleta, no es el primero en que se ve involucrado bajo los efectos del alcohol.

Se sabe que el 16 de septiembre de 2006 participó en otro percance automovilístico, por el cual incluso tuvo que pagar daños por un monto de 76 mil 400 pesos, y que ameritó la intervención de su papá, entonces director general del Sistema DIF estatal, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, para evitar su encarcelamiento.

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Simón dice:

«No hay cosa de la que tenga tanto miedo como del miedo».

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592). Escritor y filósofo francés.

El dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, hace mal en descalificar a los medios y reporteros, como el que esto escribe, por dar crédito a lo difundido en un video del portal You Tube, en el cual se le involucra como comprador de piezas robadas de arte sacro.

En lugar de desquitarse con los periodistas y medios que han dado cobertura noticiosa a ese video, e investigado la verosimilitud de lo que se  dice en los diálogos entre “El Costras” y “El Pollo”, mejor debería desenmascarar a los autores materiales e intelectuales de eso que califica como absurdo montaje, y que —según él— tiene plenamente identificados.

En e-consulta no nos hemos limitado a la difusión del video de marras. El tema lo seguimos investigando, y puedo adelantarle que el contenido central de las conversaciones que se escuchan en los referidos audios consta también en una averiguación previa en poder de la Procuraduría General de la República.

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Uno de los mayores problemas que tiene el delegado del DIF estatal en la región de San Pedro Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha, para que el PRI lo haga su candidato a diputado federal por el distrito 10, además de la oposición del presidente municipal Francisco Covarrubias Pérez, es el rechazo de quienes laboran para él como servidor público.

El malestar de estos se puede resumir en tres puntos: la delegación es dirigida en la práctica por dos ex colaboradores suyos en el ayuntamiento cholulteca, como Carlos Vega y Laura Aguilar, ésta última fue su contralora; usan y prestan los vehículos asignados al DIF —entre ellos la unidad 209, una camioneta Ranger, y un Pointer color blanco— a personas que no trabajan en él, como el ex candidato a presidente municipal de Cuautlancingo, José Luis Camela y, lo más grave, se clavan el 50% de sus viáticos, con el pretexto de que ese recurso no es liberado a tiempo por el DIF estatal.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se encerró ayer a piedra y lodo con sus principales funcionarios, para afinar los detalles de su primer informe de labores que, como ya se adelantó, tendrá el Palacio Municipal como escenario y la asistencia de sólo 150 personas.

Blanca Alcalá planea llevar a cabo otros dos informes ante cientos de colonos de la capital; uno en el Oriente de la ciudad, y otro en el Sur. Inicialmente, se proyectaban cuatro informes, pero ante la posibilidad de que el hecho fuera interpretado como acción electorera, la presidenta resolvió sólo hacer dos.

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Por correo electrónico me llegó un informe —que usted puede consultar en la sección de comentarios de este blog— de algunas anomalías y abusos, en que supuestamente estaría incurriendo el síndico municipal Román Lazcano Fernández, en complicidad con algunos colaboradores y socios.

En resumen el mail refiere que el síndico municipal —que no mantiene una buena relación con la alcaldesa, lo que de sobra se conoce— estaría aprovechando su cargo para hacer pingües negocios, en complicidad con funcionarios bajo su mando, ubicados en áreas estratégicas de la dependencia.

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Ayer por la tarde trascendió que Ricardo Toledo Núñez dejó la dirección del Hospital Regional del ISSSTE, sin que hasta el momento se conozcan las causas de su relevo.

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Simón dice:
“Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral”
Francis Bacon

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Si alguna institución debe explicar a los poblanos los abusos y transas que se han cometido al amparo de las 1,081 hectáreas expropiadas por el gobierno federal en la zona conocida como Angelópolis, y que fueron transferidas al gobierno del estado en 1992, a través del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, es Bancomer.

Sí, me refiero a la institución bancaria que hace las veces de fiduciario en ese fideicomiso, y cuya misión es —o mejor dicho, debería ser— la de vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto origen de esa expropiación.

La reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl (antes Solidaridad) se creó como un instrumento de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico para la zona metropolitana de Puebla, con el propósito de dotar de vivienda de interés social a cerca de 10 mil familias.

De más está decir que de esa meta, supuestamente prioritaria, no se llegó siquiera al 1%, pues los dos únicos desarrollos que encajan en esta categoría —Vivah 98 y la colonia Gobernadores— comprenden menos de 10 hectáreas.

Por el contrario, la reserva territorial —que abarca a los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula— ha sido fuente de millonarios e inconfesables negocios de funcionarios y directivos del fideicomiso que, coludidos con empresarios y especuladores inmobiliarios, han desvirtuado los objetivos sociales que le dieron origen.

De las 1,081 hectáreas de la reserva, al menos 161 —equivalentes al 14.8%— estaban destinadas al rubro de preservación ecológica. En la actualidad el número de hectáreas con este uso de suelo suman 56, incluyendo las 24 hectáreas que hoy Ricardo Henaine Mezher pretende vender en 400 millones de pesos.

Otra meta incumplida por el Fideicomiso —y de la cual el fiduciario, es decir, BBVA-Bancomer es responsable— está relacionada con la infraestructura vial en la zona.

La propuesta original contemplaba la construcción de 263 hectáreas de vialidades; hoy, la infraestructura vial apenas llega a 100 hectáreas, lo que explica los problemas de tránsito y saturación de vehículos en las horas pico.

Paradójicamente, el sector comercial ha sido el más beneficiado. Según el Programa Subregional de Ordenamiento Territorial expedido en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz las áreas comerciales y de servicios abarcarían menos de 70 hectáreas, es decir, el 6.45% de la reserva.

Actualmente los comercios y servicios se extienden sobre 167 hectáreas y siguen creciendo, al igual que los desarrollos residenciales y arquitectónicos de tipo medio y alto, muchos de los cuales pertenecen a funcionarios del gobierno del estado y ex directivos del fideicomiso de la reserva territorial, como el ex secretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas del gobierno melquiadista, Federico Bautista Alonso.

De ahí la pregunta inicial: ¿Y Bancomer apá?

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El hermano del ex delegado del CEN del PRI en Puebla, Maximiliano Silerio Esparza, salió ileso de un atentado ocurrido ayer en su natal Durango, en el que murieron los dirigentes de la Unión Ganadera de aquella entidad, David Avitia Torres y Manuel Berumen Berumen.

Matías Silerio Esparza, tesorero de la Unión Ganadera, y quien viajaba en el asiento trasero de la Suburban blanca que fue atacada con fusiles AR-15 y AKA 47, fue el único sobreviviente de esa agresión del crimen organizado.

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