Ayer le decía que con el arribo de Alfredo Arango García a la Secretaría de Salud los problemas de corrupción en esta dependencia no se acabarían, pues la mafia de proveedores que gira en torno a Rafael Zabalza Veraza hará su agosto en lo que resta del 2009, al quedarse con los principales contratos de compras.

Hoy le tengo nuevos detalles de las millonarias requisiciones —cinco, por lo menos— que Alfredo Arango entregará por adjudicación directa a Rafael Zabalza y prestanombres, a partir de la próxima semana.

Las primeras dos requisiciones (por un monto de 3 millones 353 mil 680 pesos y 13 millones 994 mil 394 pesos) están destinadas a dotar de mobiliario e instrumental médico a los hospitales integrales de la Secretaría de Salud. Una está registrada con el número 548 y la otra con el número 557.

Dos más (por 37 millones 791 mil 640 pesos y 27 millones 45 mil 534 pesos) van dirigidas a los Centros de Salud: la 611 corresponde a la adquisición de equipo médico y de laboratorio, y la 635 a la adquisición de instrumental médico.

La última requisición, registrada bajo el número 687, también va destinada a los hospitales integrales. Contempla la compra de equipo médico y de laboratorio por 35 millones 817 mil 243 pesos.

Debido al monto de dichos contratos, éstos deberían concursarse mediante licitación pública.

Pero eso no ocurrirá. Se adjudicarán de manera directa a las empresas de Rafael Zabalza y prestanombres, entre las que figuran: Grupo Iruña SA de CV, Servicios Hospitalarios Castillo SA de CV, Suministros e Ingeniería Hospitalaria, Ingeniería y Proyectos Ambientales SA de CV, y Multiservicios Industriales Afere SA de CV.

Los detalles de cómo será burlada la Ley de Adquisiciones sólo los conocen unos cuantos; los mismos que el jueves 13 de agosto se reunieron a desayunar con Alfredo Arango en El Che Garufa de la Avenida Juárez, a saber:

Jorge Mendoza Velarde, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas; Ambrosio Bret Sierra, encargado del Despacho de los Asuntos Relacionados con las Adjudicaciones; y Vicente Gil Luna, coordinador general de Delegaciones y Comisarías de la Sedecap.

Lo que todos esos funcionarios deberían aclarar, antes de justificar la urgencia de las compras, es por qué el sistema y el software pagado por la Sedecap en más de 30 millones de pesos para el control administrativo y financiero de la Secretaría de Salud, no se usó para prevenir esta situación, si se supone fue adquirido precisamente con ese propósito.

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El protagonismo de Edgar Salomón Escorza, funcionario recién nombrado como delegado estatal del DIF en San Martín Texmelucan, no tarda en meter en problemas a su jefa, Margarita García de Marín, ni a su padrino político, Mario Marín García.

Y es que en nombre de ellos, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, se promociona con los programas y apoyos del gobierno y el DIF como el favorito de Casa Puebla a la presidencia municipal de Texmelucan.

Como parte de su precampaña, Edgar Salomón distribuye entre los vecinos y dirigentes políticos del municipio un video, que también suele ponerse en los antros y video-bares de San Martín, donde aparece entregando apoyos y despensas en nombre del DIF y la señora García de Marín.

El sábado 22 de agosto, por ejemplo, engañó a la clase política priísta de San Martín, invitándola a un desayuno en el salón Maxims con el presidente del Congreso del estado, José Othón Bailleres —de quien fue secretario particular—, y el diputado Enrique Marín Torres, cuando en realidad ni uno ni otro estaban confirmados. En cambio, Edgar Salomón aprovechó para promoverse como candidato a la alcaldía de Texmelucan.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio; basta con no tener delicadeza.»

Caballero de Bruix (1728-1780). Escritor francés.

En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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Ocurrió el martes por la mañana, durante un desayuno que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ofreció a los reporteros de la fuente en el hotel City Express del Paseo de San Francisco.

Después de los agradecimientos y parabienes por la Navidad y el año nuevo, el equipo de Comunicación Social de la alcaldesa organizó una rifa de regalos, y uno de los obsequios ––un ipod nano de 4 gigas–– se lo sacó el periodista Carlos Gómez Marín.

Al momento de la entrega, ––del ipod, por supuesto––, Rosa María Lechuga, jefa de prensa del secretario de Desarrollo Social Municipal, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sugirió una foto.

La presidenta y el reportero accedieron.

Bromista, Carlos Gómez dijo sí. “Una foto como si estuviéramos en campaña para la gubernatura”.

Blanca Alcalá siguió el juego: “No, mejor como en campaña para el Senado, ¿no?”

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La noche del miércoles tuvo lugar en Casa Puebla el brindis del gabinete legal y ampliado del gobernador Mario Marín Torres.

Pero a diferencia de años anteriores ––y dicen que a sugerencia de doña Margarita García de Marín–– los funcionarios no acudieron solos, sino acompañados de su familia, es decir de sus cónyuges ––esposa o esposo, no sean mal pensados–– e hijos.

En ese marco, antes del brindis y la posterior cena en Casa Puebla, se llevó a cabo una tradicional posada cacahuatera, que incluyó piñatas, aguinaldos, villancicos y ponche, pero sin piquete.

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De los convivios de fin de año que hubo en diferentes dependencias y organismos del gobierno del estado, cuentan que uno de los mejores fue el de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), que encabeza Javier López Zavala, pues además de la comida y los aparatos electrodomésticos que ese día se rifaron, se regalaron dos vehículos nuevos de paquete.

El banquete tuvo lugar la tarde del miércoles en el Centro de Convenciones de San Francisco, y fue presidido por el gobernador Mario Marín Torres, quien, generoso, obsequió un vehículo adicional, del ya se había sorteado entre el personal sindicalizado y de confianza de la SDS.

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Ayer llegó al buzón de este blog, una denuncia anónima por tráfico de influencias y desvío de recursos que involucra a por lo menos dos secretarios del gabinete estatal, uno de los cuales tiene bajo su tutela el combate a la corrupción.
Aquí el correo electrónico:

A quien corresponda

Me refiero a la corrupción que se vislumbra y lo poco que se hace al respecto en la Secretaría del Trabajo y Competitividad de Puebla (STC), administrada por el ex presidente del Congreso del estado, Pericles Olivares Flores.

Entre los múltiples servicios que otorga la STC, figura el Programa de Fomento al Autoempleo, por el que la dependencia compra maquinaria y equipo para apoyar a personas que quieran autoemplearse en un negocio.

Por cada proyecto se otorgan entre 25 y 125 mil pesos.

Para dicho Programa se supone que la Secretaría debe invitar a varios proveedores de maquinaria y equipo. Sin embargo, al director de la Secretaria del Trabajo y Competitividad, Alfredo W. Sánchez Ruiz, se le olvidó hacerlo y de mutuo acuerdo con el director Administrativo, Víctor Manuel Carrasco Hernández, sólo favorece a un selecto grupo de compadres, entre cuyas empresas figuran: Comercializadora Quiroz,  Comercializadora de Artículos General 2000, y Kektor Co.
 
Alfredo W. Sánchez Ruiz es dueño de  Refriaires de Puebla S.A, de C.V., ubicada en la 13 Poniente No 501-A de Puebla, y a la vez proveedor de la STC. Se autocompra, pero puede hacerlo siendo hermano de Víctor Manuel Sánchez Ruiz, el honorable titular de la SEDECAP.
 
Ahora bien, como en todas las historias siempre hay varios funcionarios públicos que se hacen de la vista gorda, como es el caso de el C. P. Germán Mignón González, coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y la abogada Dulce Lilia Rivera Aranda. 
 
Atentamente: transparencia ciudadana.

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Este blog se tomará unas inmerecidas vacaciones de fin de año.

Por su paciencia gracias.

Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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Aun cuando la consejera Olga Lazcano Ponce no ha tenido acceso a las auditorías de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado (IEE), ni a la realizada por el auditor externo Freysinier Morin, en el análisis que el viernes pasado presentó sobre el ejercicio presupuestal del 2007, resulta que llegó a las mismas conclusiones que éstos, en el sentido de que la administración del organismo es un fiasco nauseabundo.

Y es que la peste de la corrupción, según su reporte, está presente en varias partidas, transferencias, cuentas y compras.

Un ejemplo es la partida 2201 denominada Alimentación para el personal de las dependencias y entidades del IEE.

El presupuesto original autorizado para esta partida fue de 5 millones 44 mil pesos. Sin embargo, al término del 2007, el monto ejercido ascendió 7 millones 90 mil pesos, lo que refleja un sobregiro del 40.56%.

Pero el gasto por consumo de alimentos del Instituto Electoral del Estado y en particular de la oficina del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, fue aún mayor, sólo que éste –como ayer se lo comenté– se dispersó en otras partidas, como la 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, la 3702 “Viáticos nacionales” y la 3810 “Gastos de representación”.

Me explico.

De la partida 3601, por un monto de 13 millones 174 mil pesos, 145 mil 925 pesos, es decir el 15%, también corresponden a gastos de alimentación.

Lo mismo sucede con la partida 3810 para Gastos de representación que se autorizó por un monto de 220 mil pesos, pero que a diciembre de 2007 llegó a 460 mil. De éstos, se estima que 213 mil pesos se justificaron con facturas de comida y restaurantes.

En suma: de los 5 millones 44 mil pesos que el Consejo General del IEE aprobó para el gasto de comida, resulta que el monto que al final se ejerció rebasó los 7.5 millones de pesos, lo que representa un sobrejercicio presupuestal de 3.4 millones o, si se prefiere, de 54.5%

Otro ejemplo que ilustra con creces la forma en que se manejaron los recursos del IEE en 2007 es la partida 2101 “Materiales y útiles de oficina”, por un total de 1 millón 559 mil pesos.

Según los registros contables de esta partida, hubo 2246 compras menores a 10 mil pesos, 33 por arriba de los 10 mil y una superior a los 100 mil pesos.

Lo anterior significa que la Dirección de Administración fraccionó intencionalmente estas compras para evitar pasarlas por el Comité de Adquisiciones del IEE.

De otra manera no se entiende cómo de los 2280 asientos contables en números negros, únicamente 33 sean por cantidades mayores de 10 mil pesos y sólo una superior a los 100 mil pesos.

Lo más curioso de estas compras fraccionadas es que el nombre del proveedor de los materiales y artículos de oficina del IEE no más no aparece.

¿Por qué será?

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