Que será la próxima semana, posiblemente el jueves, cuando entren en funciones tres nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN, quienes vendrán a ocupar los lugares que dejaron Leonor Popócatl Gutiérrez, Enrique Guevara Montiel y Ruth Ramos Barragán, tras su designación como miembros de la Comisión Estatal de Elecciones.

Entre los futuros miembros de la dirigencia estatal anote el nombre del ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez, activista y promotor del senador Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura del estado.

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Que a los problemas de personalidad del secretario de Salud, Antonio Marín y López, hay que añadir la paranoia de su coordinadora de Administración y Finanzas, María de la Cruz Corona Aguilar, quien al desconfiar de la mayoría de los funcionarios de la dependencia opta por someter todo a la consideración de su jefe o por dejar los asuntos más delicados en manos de sus asesores.

Lo delicado de esta situación es que la Secretaría de Salud está al borde de la parálisis administrativa y presupuestal, y bajo la presión de la Auditoría Superior de la Federación, que exige la solventación de una serie de pliegos de observaciones y cargos, resultado de la revisión de la cuenta pública de 2007.

En el caso de los nuevos asesores de Corona Aguilar –entre los que figuran Mario Torres, Ana Rojas Gutiérrez y José García León, con sueldos que van de los 15 mil a los 20 mil pesos––, el problema radica en el poco o nulo conocimiento que tienen del sector salud.

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Que al ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, le tocó ahora ser la víctima de la guerra sucia que libran por internet los principales aspirantes del PRI a la gubernatura del estado.

A YouTube se subió este miércoles un video que aborda la estrecha relación financiera y de negocios que el ex munícipe capitalino mantuvo, durante su paso por la BUAP y el ayuntamiento de Puebla, con el empresario Alberto Ventosa Coghlan, detenido hace un par de semanas en Estados Unidos por un supuesto fraude a un casino de Las Vegas.

La liga al video titulado “DELINCUENTES: Alberto Ventosa y Enrique Doger” , llegó a los correos electrónicos de varios periodistas a través de la cuenta lasaventurasdebetoyenrique@gmail.com.

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Simón dice:
“El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto”
Lucio Anneo Séneca, filósofo romano.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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