* Javier García Ramírez, bajo la lupa de Moreno Valle

* Blas Villegas, a punto de ser sancionado por Sedecap

* Óscar Gómez podría regresar a Puebla como funcionario

Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue la queja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.

Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.

Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.

Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.

En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.

El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.

EN CORTO

Profesionistas exitosos que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fueron contratados como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, pero que en la gestión Mario Marín Torres fueron echados del gobierno, están siendo localizados y reclutados por Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Se sabe que entre los elegidos se encuentran Luis Banck Serrato, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, y Óscar Gómez Cruz, extitular de la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental de Tabasco durante la gestión de Manuel Andrade Díaz, y actual asesor del gobernador electo de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo.

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El exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas Lara, se encuentra sujeto a cuatro procedimientos administrativos —uno de los cuales podría convertirse en penal— por malversación y desvío de recursos públicos federales, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer en estos días el titular de la Seduop, Javier García, y el coordinador de Delegados y Comisarías de la Sedecap, Vicente Gil Luna.

De acuerdo con fuentes de la Sedecap cercanas al caso, algunas de las anomalías estarían relacionadas con adjudicaciones hechas a la empresa Orbe, de Gerardo Ornelas, la que habría vendido al organismo más de dos millones de pesos en vehículos, equipo de video, cómputo y consumibles, a sobreprecios o como si fueran nuevos sin serlo.

Otro procedimiento tendría como base la falsificación de facturas por concepto de llantas, papelería y otros insumos que jamás fueron adquiridos por el Ceaspue.

Los procedimientos administrativos podrían alcanzar a otros funcionarios del Ceaspue en la gestión de Mario Marín, como al director administrativo de la Comisión, Sergio Aguilar de Llano, y el director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, quienes habrían simulado la ejecución de obras pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso del estado a través de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el doctor Will Fowler dictará este lunes al mediodía una conferencia sobre uno de los personajes más polémicos y controvertidos en la historia política de México, Antonio López de Santa Anna.

Fowler es doctor en historia por la Universidad de San Andrews, Escocia ; especialista en pensamiento político mexicano del siglo XIX, y autor de varios textos biográficos entre ellos su más reciente libro «Santa Anna of Mexico» que le editó en 2007 la Universidad de Nebraska, Estados Unidos,

Su conferencia comenzará a las 12 horas, en el salón Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo .

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Simón dice:

«El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.