Aunque al final fue imposible evitar el cuotismo en la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, tampoco puede afirmarse —so pena de incurrir en una ligereza irresponsable—que los integrantes del nuevo organismo encargado de la organización de los comicios federales sean una extensión de la partidocracia mexicana.

Por supuesto que no. Entre los once consejeros del INE —incluyendo a su presidente el jurista Lorenzo Córdova Vianello— hay expertos en materia electoral y académicos de reconocida solvencia, que no echarán por la borda su trayectoria y prestigio profesional por atender la línea o agenda política de los partidos que los propusieron.

Si así fuera, la designación de los consejeros se habría atorado en la Cámara de Diputados, en medio de fuertes discusiones y descalificaciones que habrían llegado hasta el 8 de abril, la fecha límite. La realidad fue diferente: los consejeros fueron nombrados mediante un acuerdo político, que involucró además de las tres principales fuerzas políticas, al Partido Nueva Alianza y al Partido Verde Ecologista de México, con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones; es decir, por mayoría calificada, el jueves 3 de abril.

Ciertamente la sombra del cuotismo estuvo presente, al igual que algunos vetos en contra de determinados personajes que ni siquiera llegaron a registrarse, a sabiendas que no pasarían el filtro de Los Pinos, ni de algunas dirigencias partidistas. Las suspicacias, pues, fueron la constante del proceso.

Según diversas versiones periodísticas, en la integración del Consejo General del INE, el PRI llevó mano con cuatro consejeros, el PRD se quedó con tres y el PAN con otros tres. Las mismas versiones apuntan que el consejero presidente tuvo el aval de esas tres organizaciones partidistas.

Sin embargo, esta composición es insuficiente para que se ponga en entredicho la imparcialidad del nuevo organismo nacional electoral, la independencia partidista de los recién nombrados consejeros y la confianza de una naciente institución encargada de organizar nacionalmente las elecciones federales y locales, con la colaboración de los institutos electorales de las entidades federativas.

Antes de descalificar a priori a los integrantes del Consejo General del INE como correas de transmisión de los partidos que los propusieron y votaron en la Cámara de Diputados, hay que darles algún tiempo de actuación, y observar con detenimiento su desempeño.

En lo personal no estoy de acuerdo con la reforma política que se hizo, ni con el Frankenstein electoral que sustituyó al IFE y menos con la prisa con que aprobarán las reformas a las leyes secundarias en materia de elecciones y partidos, pero creo que los nuevos consejeros merecen un voto de confianza, en aras de los filtros que tuvieron que pasar y el prestigio académico y profesional con que llegaron al Congreso, antes de su nombramiento por mayoría calificada.

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En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales primero se rehusó a ventilar el tema en público, pero ante la insistencia de los consejeros prometió someterlo a discusión y votación; y cuando estaba por hacerlo —presionado por las circunstancias—, el representante del PRI ante el IEE, José Alarcón Hernández, se lo llevó al rinconcito susurrándole algo al oído.

El caso es que después de esa conversación, el presidente del IEE olvidó lo prometido y pidió a los consejeros aguardar el dictamen del secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

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No cabe duda que en este proceso las encuestas se han convertido en un factor de incertidumbre, pues unas dicen una cosa y otras lo contrario.

En el caso de la coalición opositora, se sabe que una encuestadora local —a la cual se le contrató un tracking diario en el municipio de Puebla— entregó resultados que en nada se parecen a los que el Gabinete de Comunicación Estratégica de Liébano Sáenz y Federico Berrueto proporcionó al equipo de campaña de Rafael Moreno Valle.

Según el tracking de esta firma, tanto Moreno Valle como Eduardo Rivera Pérez estarían en desventaja frente a sus adversarios de la Alianza Puebla Avanza.

La ventaja de Javier López Zavala sobre Moreno Valle sería de 13 puntos en la capital del estado; y la de Mario Montero sobre Eduardo Rivera, de sólo 5 puntos.

Un dato adicional: el tracking mostró una tendencia a la baja de Moreno Valle, como consecuencia del escándalo por el hoyo financiero, y a la alza en el caso de Eduardo Rivera que, entre más conocido, más confianza inspira entre los electores del municipio de Puebla.

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Simón dice:

«La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar.»

Mario Vargas Llosa (1936) Escritor, dramaturgo y periodista peruano

La luna de miel que por meses mantuvieron el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, y el representante del PRI y ahora de la Alianza Puebla Avanza ante ese órgano electoral, José Alarcón Hernández, ya se terminó.

O al menos ésa es la impresión que tienen la mayoría de los consejeros electorales, que en los últimos días han visto con sorpresa como José Alarcón se exaspera con Jorge Sánchez y cómo el priísta se ha convertido en su principal crítico, a propósito del informe administrativo y financiero del año 2009 que la próxima semana será puesto oficialmente a la consideración del Consejo General del Instituto.

El miércoles, en mesa de trabajo, José Alarcón dijo que ya sabía que en 2007 el contrato para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se había adjudicado de manera irregular a la empresa Grupo Proisi y que ahora no iba a permitir que esta situación se repitiera.

Y ayer jueves, otra vez en mesa de trabajo, José Alarcón dejó entrever anomalías en el informe financiero que Jorge Sánchez rendirá ante el Consejo General del IEE, las cuales, según dijo, lo llevarán a revisar con detalle los informes del consejero presidente de los ejercicios presupuestales de 2009 y 2008.

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El proceso que se sigue en el Instituto Electoral del Estado (IEE) para adjudicar el contrato del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) a una de las cuatro empresas que se inscribieron para esa licitación, no está siendo muy claro.

De entrada, no se entiende por qué el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dice que aún le faltan más de cuatro millones de pesos, de los 9.6 millones que dice haber presupuestado para cubrir los servicios de la empresa que resulte ganadora del concurso.

Y es que tres de las cuatro empresas que pujan por el contrato del PREP presentaron cotizaciones por debajo de 13 millones de pesos.

La propuesta económica de Grupo Proisi asciende a 10 millones 850 mil pesos; la de Plásticos y Metales MYC, a 10 millones 950 mil; y la de Podernet, a 9 millones 200 mil pesos.

DSI Elecciones, la cuarta empresa participante, estimó el monto de sus servicios en 19 millones 400 mil pesos.

Otro detalle que llama la atención de este proceso es que el Comité de Adquisiciones del IEE haya aceptado el registro de una empresa sin experiencia en el ramo, como Plásticos y Metales MYC, que en realidad se dedica a fabricar material electoral, como urnas y mamparas, pero que además tiene como presentador a un alto funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo es el director general de Sistemas, Víctor Guerra Ortiz.

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En el acto donde Mariano González Zarur rindió protesta como candidato de la alianza PRI-PVEM a la gubernatura de Tlaxcala, el pasado martes, Enrique Doger Guerrero recibió una invitación del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para sumarse a la campaña de los candidatos de su partido, pero en aquella entidad.

Juguetón, Fidel Herrera le dijo al expresidente municipal de la Angelópolis: creo que mejor deberías ayudarnos en Veracruz, porque en Puebla no te aprovechan.

Por cierto. Me cuentan que en la concentración donde González Zarur rindió protesta como candidato a la gubernatura de la Alianza Unidos por Tlaxcala, y al que acudieron como invitados importantes figuras del priísmo nacional como Beatriz Paredes Rangel, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Emilio Gamboa Patrón, y los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, Mario Marín Torres y Enrique Doger ni siquiera se saludaron, pese a que ambos compartieron el presidium, junto con Javier López Zavala.

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Simón dice:

«Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada.»

Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) Escritor francés.

A continuación le presento el calendario electoral que seguirá el PRI para la selección, registro y postulación de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, de cara a los comicios locales del 2010.

La convocatoria para el registro de aspirantes a la gubernatura será expedida por el CEN del PRI el sábado 16 o el domingo 17 de enero, dando un plazo de 10 días para la inscripción de precandidatos.

La Comisión Estatal de Elecciones dictaminará en un plazo de tres días la validez de los registros, de suerte que el 31 de enero se sabrá quienes de los aspirantes que se inscriban son aceptados y entran a la precampaña.

La precampaña se efectuará de la primera semana de febrero a la tercera semana de marzo, y la convención de delegados el domingo 21 de marzo, día este último en que se abre el registro de candidatos a gobernador en el Instituto Electoral del Estado.

La selección de candidatos a presidentes municipales y a diputados al Congreso del estado seguirá un cronograma diferente.

De entrada, ambas convocatorias serán expedidas por el CDE del PRI. La relativa a presidentes municipales se publicará por ahí de la tercera semana de febrero, y la de diputados en la primera o segunda semana de marzo.

En todos los casos, el método que se aplicará será la convención de delegados, y en la mayoría de las convenciones se optará por candidaturas únicas o de unidad.

Los procesos más complicados serán los presidentes municipales, por lo que éstos se harán en tres fases. En una primera se incluirá a Puebla y a la mayoría de las cabeceras distritales, en una segunda fase a los municipios medianos, y en la tercera al resto de los 217 municipios pequeños.

El registro de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de planillas a regidores y síndico de ayuntamientos se realizará durante la última semana de marzo ya sea ante el Consejo General, los Consejos Distritales o los Consejos Municipales del IEE, según sea el caso.

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Simón dice:

«El tiempo saca a luz todo lo que está oculto y encubre y esconde lo que ahora brilla con el más grande esplendor».

Quinto Horacio Flaco (65 AC-8 AC) Poeta latino.

– Hugo Campos Cabrera, jefe de Departamento de Prerrogativas (Fiscalización) de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

– Liliana Sosa Ayuso, presidenta del Consejo Distrital local del IEE en Zacatlán.

– Paul Rodríguez Barragán, exjefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE de 2004 a 2007.

Éste último era el favorito del consejero presidente, pero el representante de Convergencia cuestionó este jueves su probidad, pues siendo funcionario electoral actuó como apoderado legal de varias empresas, violando con ello la normatividad vigente.

Ante tal escenario, ahora la favorita para llegar a la Contraloría Interna es la presidenta del Consejo Distrital de Zacatlán, con el respaldo del consejero electoral José Víctor Rodríguez Serrano.

Organización Electoral

Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, titular de la Unidad de Docencia y Capacitación del Tribunal Electoral del Estado.

 

 

César Augusto Muñoz Ortiz, jefe de Apoyo a Procesos Electorales, Convenios y Acuerdos del Registro Federal de Electores.

Daniel Rosas Sánchez, jefe de Departamento Operativo Regional de la Dirección de Organización Electoral.

El favorito para quedarse con esta posición es el funcionario del TEE, quien funge como asesor jurídico ex oficio de Jorge Sánchez. Este incluso ha intentado contratarlo en un par de ocasiones, la última de ellas proponiéndolo en la terna de candidatos a la Dirección General del IEE.

Capacitación Electoral y Educación Cívica

Jesús Israel León Navarro, exjefe de Departamento Operativo Regional de la Dirección de Organización Electoral.

Juan Martín Marín Lozano, director de Mercadotenia del Sicom con maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Jesús Miranda Rodríguez, abogado bancario y de empresas, jefe de Normatividad y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral del IEE de marzo 2004 a enero de 2005 y, actual supervisor de personal de la Dirección Tránsito municipal.

Para este cargo, el consejero presidente buscará inclinar la balanza a favor del director de Mercadotecnia del Sicom y exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, aun cuando su experiencia electoral no va más allá de haber fungido como secretario de casilla.

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Este viernes se reencontrarán para renovar su alianza política el senador Rafael Moreno Valle Rosas y el exdiputado federal Alfonso Bello Pérez, en una gira de trabajo por la comunidad de Portes Gil, en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

La invitación a Poncho Bello tiene el propósito de atajar algunas versiones sobre un eventual rompimiento entre ambos, luego de que el exdiputado federal fue vetado para ocupar la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y de que éste rechazó la Delegación del Instituto Fonacot que Moreno Valle le había gestionado con el secretario del ramo Javier Lozano Alarcón.

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A propósito.

Me aclaran que el veto presidencial que impidió que Alfonso Bello fuera nombrado delegado de la Secretaría del Trabajo, en sustitución de Carlos Ortiz Rosas, no obedeció tanto a que éste votara en contra del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por Felipe Calderón Hinojosa a la Cámara de Diputados a finales de 2007, sino a las críticas y acusaciones que hizo en contra del presidente de la República después de que Antonio Sánchez Díaz de Rivera perdió las elecciones para presidente municipal de Puebla.

Y es que en esa ocasión el entonces legislador federal atribuyó la derrota de su candidato a la alcaldía poblano a un contubernio entre el presidente Felipe Calderón, y el gobernador Mario Marín Torres, en el contexto del escándalo provocado por la difusión de la conversación entre el Ejecutivo estatal y el empresario Kamel Nacif Borge sobre la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

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Simón dice:

«De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos».

Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931). Pintor y escritor español.

 

 

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Ahora que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) están metidos en sesudas reflexiones y bizantinas discusiones sobre algunos aspectos operativos del Código de Instituciones y Procesos Electorales, bien valdría la pena que fijaran su atención en el artículo 90 de esa legislación.

Así de paso se podrían evitar los puyazos que les lanza el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández, cuando afirma a voz en cuello que sólo están para cobrar y votar.

Y en efecto, si uno revisa y compara las facultades y atribuciones que el Código Electoral otorga a los consejeros del Instituto, con las que dispone para el consejero presidente Jorge Sánchez Morales, irremediablemente se llega a la conclusión de que lo que priva en el IEE es el presidencialismo omnímodo.

Juzgue usted mismo si no:

Según el artículo 90 del referido Código, los consejeros electorales están facultados para:

“I.- Integrar el quórum de las sesiones del Consejo y participar en sus deliberaciones con derecho a voz y voto;

“II.- Someter a la consideración del Consejo proyectos de acuerdos y resoluciones, en los términos que señala el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“III.- Solicitar la incorporación de asuntos en el orden del día del Consejo y de las Comisiones de las que formen parte, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“IV.- Suplir al Consejero Presidente, previa designación de éste, en sus ausencias momentáneas de las sesiones del Consejo;

“V.- Presidir las Comisiones Especiales que constituya el Consejo General, en los términos que señale el reglamento de sesiones del propio Consejo;

“VI.- Formar parte de las Comisiones Permanentes y Especiales que constituya el Consejo General y participar con derecho a voz y voto en sus sesiones;

“VII.- Asistir, con derecho a voz, a las sesiones de las Comisiones Especiales de las que no formen parte; y

“VIII.- Las demás que les confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

Los Consejeros Electorales del Consejo General, deberán desempeñar su función con autonomía y probidad”.

En suma: atribuciones nada relevantes que no sean más votar y cobrar.

En cambio, el artículo 91 otorga al consejero presidente las siguientes facultades:

“I.- Representar legalmente al Instituto;

“II.- Otorgar a nombre del Instituto poderes de representación, en su caso, al Secretario General, al Director General y al personal de las Direcciones del Instituto, para el cumplimiento de sus atribuciones, los que deberá hacer del conocimiento del Consejo General;

“III.- Procurar por la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto;

“IV.- Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General;

“V.- Presidir y conducir las sesiones de la Junta Ejecutiva y convocarlas a solicitud del Director General;

“VI.- Someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su competencia;

“VII.- Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del propio Consejo General;

“VIII.- Proponer al Consejo General, en terna, el nombramiento del Secretario General, del Director General y del titular de la Contraloría Interna;

“IX.- Presentar al Consejo General, de entre la lista que al efecto elabore, las propuestas para la designación de los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos Distritales y Consejos Municipales;

“X.- Presentar al Consejo General, en términos de la legislación aplicable, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto;

“XI.- Remitir en términos de la legislación aplicable el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, una vez aprobado por el Consejo General;

“XII.- Recibir de los partidos políticos las solicitudes de registro de candidatos a Gobernador y someterlas a consideración del Consejo General para su registro;

“XIII.- Rendir anualmente al Consejo General, a más tardar en el mes de abril, informe sobre el ejercicio del presupuesto correspondiente al año anterior;

“XIV.- Elaborar el proyecto de convocatoria para las elecciones que establece este Código, para someterla a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo General;

“XV.- Entregar el financiamiento público a los partidos políticos, en la forma y términos que determine este Código y el Consejo General;

“XVI.- Suscribir el convenio de apoyo y colaboración en materia electoral, que celebren el Gobierno del Estado y el Instituto Federal Electoral;

“XVII.- Enviar para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en los diarios de mayor circulación, la relación completa de los candidatos registrados, así como las cancelaciones de registro y sustitución de candidatos que se presenten, en los términos de este Código;

“XVIII.- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de los fines del Consejo General;

“XIX.- Suscribir convenios con los Ayuntamientos que lo soliciten, para coadyuvar en la elección de Juntas Auxiliares;

“XX.- Suscribir convenios con instituciones académicas y de educación superior, para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes y miembros titulares del Servicio Electoral Profesional;

“XXI.- Establecer vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, estatales y municipales para lograr su apoyo y colaboración en sus respectivos ámbitos de competencia, cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines del Instituto;

“XXII.- Solicitar a las autoridades correspondientes la fuerza pública necesaria para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral;

“XXIII.- Firmar junto con el Secretario General las boletas electorales;

“XXIV.- Velar por el buen uso del patrimonio del Instituto;

“XXV.- Plantear y ejecutar la política de comunicación social del Instituto;

“XXVI.- Elaborar el proyecto del diseño de la imagen institucional del Instituto y proponerlo al Consejo General para su aprobación;

“XXVII.- Instaurar los mecanismos para el contacto institucional del organismo con los medios de comunicación;

“XXVIII.- Exponer, implementar y ejecutar la campaña de difusión del voto y promoción de la participación ciudadana, durante la organización del proceso electoral; y

“XXIX.- Las demás que le confieran este Código, el Consejo General y las disposiciones relativas”.

Como se podrá leer, el consejero presidente no requiere para ninguna de estas atribuciones del aval o la aprobación del resto de los ocho consejeros o del visto bueno del Consejo General. Basta con el poder de su firma.

Ahora entiende por qué Jorge Sánchez se siente y actúa como Dios en el poder, y porque su protector dentro del Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández puede escupirles en la cara a los consejeros que sólo están para cobrar y votar.

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Simón dice:

“¡Pero qué asquerosidad es esto….!”

Kamel Nacif Borge, empresario y apostador.

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Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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