El viernes por la noche, durante una gira de supervisión de obras en el Centro Histórico de Puebla, la comitiva que ese día acompañó al gobernador Rafael Moreno Valle y al alcalde Eduardo Rivera Pérez fue testigo de un incidente muy incómodo.

En el recorrido por la calle 2 Norte, el gobernador Moreno Valle fue informado del atraso que registraban algunos trabajos asignados al constructor Antonio Fabio Núñez Espinosa, en particular la construcción de nuevas banquetas y la sustitución de ductos eléctricos y de telefonía.

El mandatario solicitó su presencia y, en ese momento —fiel a su estilo—, le dijo que su contrato estaba rescindido y que otra empresa se encargaría de terminar las obras que forman parte del corredor turístico Los Fuertes-Catedral.

Tras el episodio, al filo de las 19 horas, en la esquina de la 2 Norte y 18 Oriente, a un costado de la Iglesia de San José, Moreno Valle se retiró de la gira que dos horas más tarde concluyeron en la zona histórica de Loreto y Guadalupe el alcalde Eduardo Rivera, el secretario de Infraestructura del estado, José Antonio Gali Fayad, y el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla, Felipe Velázquez Gutiérrez.

El incidente resultó incómodo por varias razones. En primer lugar por la forma, pues el gobernador no puede, en estricto derecho, rescindir un contrato así de palabra, y menos cuando éste ni siquiera fue adjudicado por su gobierno sino por el ayuntamiento de Puebla. Y luego porque el contratista podría ampararse contra esa decisión violatoria de la Ley de Obra Pública, que establece que una rescisión debe hacerse por escrito, justificando los motivos y previo aviso al constructor, supuestos que hasta entonces jamás habían ocurrido.

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A propósito.

Este martes el gremio de los constructores se reunirá en privado con el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Fernando Antonio Treviño Núñez, para pedirle que sea el portavoz de lo que su dirigente de Cámara, Ricardo Pérez Güémez, no ha querido hacer por temor a una auditoria o a perder sus contratos de obra con el gobierno del estado.

La reunión se efectuará a las 8:30 horas en uno de los privados del hotel Presidente Intercontinental, y acudirán socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los colegios de Ingenieros y Arquitectos, así como de la Cámara de la Consultoría, la Cámara de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.

Los promotores del encuentro quieren que el nuevo dirigente del CCE les gestione una reunión con el gobernador Moreno Valle para expresarle su inconformidad con la manera y los criterios con que su administración asigna la obra pública, privilegiando a constructoras foráneas sobre las locales, y con el hecho de que se arranquen obras de gran magnitud e impacto en la imagen urbana sin que se tengan los estudios técnicos ni permisos de las autoridades competentes.

Ésta será una dura prueba para Fernando Treviño, quien hace apenas una semana sustituyó a Francisco Rodríguez Álvarez en la presidencia del organismo cúpula del sector privado de Puebla, pues dependiendo de su respuesta se sabrá si tiene los tamaños para representar al empresariado local u opta por nadar de muertito, como otros dirigentes empresariales que frente al gobernador Moreno Valle se hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos.

Los enterados aseguran que a la reunión no asistirá el presidente de la CMIC Puebla, Ricardo Pérez Güémez, quien de manera reiterada se ha negado a promover una reunión del sector con el mandatario estatal por temor, como él mismo lo ha confesado, a que su empresa Imusa Construcciones pierda sus contratos de obra pública o sea sujeta de una auditoría por parte de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.

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Simón dice:

Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río.

NikitaJruschov (1894-1971). Político ruso.

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Twitter: @periodistasoy

* Sancionan a subordinado de García Ramírez en el Cicepac

* Avanza la creación del partido estatal Compromiso por Puebla

* Blanca Alcalá y López Zavala, la puja por el Senado de Puebla

Todo se encuentra listo para que Francisco (Franco) Rodríguez Álvarez aterrice como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla, una vez que la semana pasada trascendió que Carlos Montiel Solana lo relevaría en la dirigencia del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex).

Luis Rodríguez Fernández convocará entre jueves y viernes a los miembros de la Comisión Ejecutiva del CCE para informarles que después de pensarlo bien en su último viaje de negocios a Los Ángeles, California, ha decidido no continuar por un tercer año al frente del organismo, cúpula del sector empresarial poblano.

En tal virtud y ante la cercanía de la Asamblea Anual del Consejo Coordinador Empresarial, prevista para el jueves 2 de febrero, planteará ser relevado por uno de los miembros que integran el Consejo Directivo o la Comisión Ejecutiva.

Y es ahí donde surgirá la propuesta de Francisco Rodríguez Álvarez para que se convierta en el próximo presidente del CCE de Puebla, con la encomienda de darle mayor dinamismo a esta organización empresarial que en los últimos años ha perdido presencia, liderazgo e interlocución con diferentes actores.

En corto

Este viernes se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (Cicepac), en la que se acordó sancionar a su ex presidente Armando López de la Vega por utilizar, en junio de 2010, el nombre del organismo en apoyo del entonces candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala.

El resolutivo de la Junta de Honor y Justicia no cayó nada bien al presidente del Cicepac, José de la Cruz Sebastián Serrano Vega, quien había intentado mantener el tema en la congeladora pese a la insistencia de algunos asociados, como Alfredo Ferrer Peregrina.

La sanción al ex presidente del Colegio y ex director de Proyectos Especiales de Javier García Ramírez en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública en el sexenio marinista obedeció a que Armando López de la Vega nunca quiso aclarar en público que estaba impedido como presidente del Cicepac a manifestar su apoyo al candidato del PRI, con base en el artículo 6º de los estatutos que rigen la vida interna de este organismo colegiado.

En la Asamblea también se acordó dar entrada a la propuesta de un grupo de asociados para que los nuevos miembros del Colegio de Ingenieros Civiles tomen un curso de inducción y demuestren una antigüedad mínima de seis meses antes de poder participar en la renovación del Consejo Directivo.

Lo anterior con el propósito de impedir afiliaciones de última hora, como las 60 que se dieron a finales de 2010 y que permitieron a Sebastián Serrano ganar la presidencia del Cicepac en medio de fuertes cuestionamientos a la legalidad del proceso.

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Este lunes, los protagonistas priístas de la puja por el Senado de la República en el estado de Puebla darán el último round. No descarte que el candidato Javier López Zavala presione al CEN del PRI y desbanque a Blanca Alcalá del primer lugar de la fórmula de candidatos.

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Me llegan reportes contradictorios sobre el naciente partido estatal Compromiso por Puebla. Uno me dice que un notario del interior del estado habría sido informado de la suspensión de una asamblea distrital, a la cual tendría que acudir en calidad de fedatario público, y que lo mismo habría ocurrido en otras regiones de la entidad.

En otro reporte, sin embargo, se me informa que el miércoles 18 de enero, en el Centro Expositor de Tlatlauiquitepec, se habría celebrado la asamblea del distrito 20, siendo uno de sus impulsores el presidente municipal Porfirio Loeza Aguilar.

En consonancia con lo anterior, una tercera fuente me reporta que la asamblea estatal constitutiva de esta nueva organización partidista —que usa la denominación, los colores y el emblema de la coalición que llevó al poder al actual gobernador Rafael Moreno Valle en los comicios locales de julio de 2010— se efectuará el próximo sábado 28 de enero en el Centro Expositor de Puebla, con la asistencia de unas cinco mil personas.

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Desde el viernes por la tarde, cuando una parte del viaducto Ignacio Zaragoza colapsó, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura emprendieron una estrategia de control de daños, que incluye evitar que dirigentes de cámaras y asociaciones de empresas constructoras, colegios de ingenieros y especialistas en el tema opinen sobre las causas del accidente, más allá de la versión oficial de que todo obedeció a un error humano.

Este domingo, por ejemplo, el subsecretario de Infraestructura, Carlos Joaquín Vallejo Rivero, se reunió en el restaurante California con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y otros constructores para reiterarles que lo mejor que pueden hacer es no hablar del asunto, ni quejarse  de las constructoras foráneas, ni opinar mientras no cuenten con información relevante sobre el tema.

Quizás eso explique por qué, hasta ahora, ningún experto en ingeniería civil o dirigente empresarial ha salido a cuestionar el accidente o solicitar explicaciones sobre la cimbra, el andamiaje del proceso constructivo o la relación que hay entre los cables de las mordazas del sistema de preesfuerzo y la estructura que no soportó la carga de la ballena de 30 metros.

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Simón dice:

“No mires nunca de dónde vienes, sino a dónde vas.”

Pierre Augustin de Beaumarchais (1732-1799), poeta dramático francés.

Si bien la empresaria Amy Camacho Wardle ya aceptó formar parte de la alianza ciudadana Puebla de Acuerdo, y dejó abierta la posibilidad de participar como candidata a la alcaldía capitalina, haciendo dupla con Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a gobernador, el camino para que esta eventualidad se concrete aún es largo y complicado.

Amy Camacho puso varias condiciones, antes de aceptar su nominación a la presidencia municipal de Puebla por parte de los partidos y organizaciones que decidan conformar este frente electoral amplio.

La primera condición es que la coalición no sólo la integren el PAN y el PRD, sino también el PT, Convergencia y el PANAL, que todos éstos partidos suscriban los compromisos del movimiento Puebla de Acuerdo , libertad para conformar una planilla representativa y ciudadana, y que Rafael Moreno Valle se comprometa a impulsar un gobierno de transición que tenga como prioridad la democratización de las instituciones y el fortalecimiento de los ayuntamientos.

Puntos que en el papel se escriben fáciles, pero que serán difíciles aterrizar por las cuotas partidistas, el protagonismo de algunos dirigentes y las quintascolumnas que dentro del PAN y algunos partidos de izquierda operan para echar abajo la alianza antimarinista.

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Para impulsar la conformación de un frente opositor amplio y hablar de las reformas políticas y electorales que México necesita, estarán en Puebla la próxima semana los intelectuales Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Luis Carlos Ugalde.

El jueves 11, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, y el escritor Héctor Aguilar Camín, impartirán una conferencia a las 18 horas, en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antes, a invitación del rector Enrique Agüera Ibáñez, se reunirán en una comida privada con directores, columnistas y dueños de medios de comunicación en el restaurante Casa de los Muñecos.

Y al día siguiente, es decir, el viernes 12 participarán en un desayuno, junto con el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en el hotel Camino Real de La Vista, donde disertarán sobre Las Reformas que México necesita.

Este último evento es organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Popular Autónoma del Estado del Puebla (UPAEP), el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE).

Luis Carlos Ugalde participará, además, en un seminario organizado por UDLAP Consultores denominado Riesgos y Oportunidades de la nueva regulación electoral: el proceso electoral del 2010, que tendrá como sede el Aula Magna del Colegio José Gaos de la Universidad de las Américas Puebla.

A dicho seminario, que se efectuará los días 11, 12 y 13 de febrero, acudirán como ponentes el que fuera director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Fernando Agiss, y el exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Orozco Henríquez.

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Este día estará en Puebla para impartir una conferencia sobre Procesos Electorales y Transparencia la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal.

La exconsejera electoral del IFE asiste como invitada de la BUAP y la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

Su conferencia tendrá lugar en el Salón Paraninfo del edificio Carolino, a las 17:30 horas.

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«La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo».

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Con la novedad de que la delegada especial del CEN del PAN, Gabriela Ruiz del Rincón, tomó la decisión de renunciar a la encomienda que hace un par de semanas le hiciera su dirigente nacional César Nava Vázquez, de coordinar en Puebla el proceso de selección de candidatos y las campañas de sus futuros abanderados a la gubernatura, presidencias municipales y diputaciones al Congreso del estado.

La senadora panista argumentó que sus ocupaciones en la Cámara Alta le impedían dedicar al proceso electoral de la entidad poblana el tiempo suficiente.

Lo cierto es que a la legisladora sinaloense nunca le entusiasmó su nombramiento como delegada especial del CEN, de ahí su decisión de posponer las entrevistas y audiencias que desde el 8 de diciembre le solicitaron el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, y algunos aspirantes a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

De acuerdo con fuentes confiables, el CEN del PAN nombrará un nuevo delegado o delegada, pero hasta mediados de enero del próximo año.

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Aunque la sucesión en el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla parece ya muy cantada a favor del expresidente de la Cámara de Comercio de Puebla, Luis Rodríguez Fernández, no hay que descartar otros escenarios, en caso de una polarización al seno del organismo cúpula de la Iniciativa Privada.

Esta polarización podría presentarse con el registro del expresidente de Canacintra, Yraclis Pshijas Valdés o del expresidente de la Cámara de la Construcción y expresidente del Colegio de Arquitectos de Puebla, Armando Adame Sosa, ambos impulsados por funcionarios del gobierno del estado, como el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez.

Si las cámaras y organismos afiliados al CCE de Puebla entraran en una disputa por la silla que antes de marzo dejará vacante Gabriel Huerta Ortega, como la ocurrida hace tres años entre Juan José Rodríguez Posada y Eduardo García Migoya, pero ahora protagonizada por Luis Rodríguez e Yraclis Pshijas o por Luis Rodríguez y Armando Adame, otras figuras podrían aparecer como una tercera vía.Le adelanto un nombre: Antonio Yitani Maccise, presidente del Club de Empresarios de Puebla.

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Simón dice:

«No son buenos los extremos aunque sea en la virtud».

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) Escritora mística española.

En los días por venir podría reactivarse la polémica por la venta de predios destinados a áreas verdes o de preservación ecológica en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, por parte del fideicomiso responsable de administrarla, a cargo de Rafael Moreno Valle Buitrón.

La nueva controversia tendrá como punto de partida una investigación realizada por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) sobre el cumplimiento de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992, y el surgimiento de una nueva organización conformada por hijos de ejidatarios que exigirá la devolución de aquellos predios de la reserva territorial que están ociosos o convertidos en lotes baldíos.

Sobre el primer punto, vale la pena comentar que hace unos días el Fifonafe le hizo llegar al diputado panista Manuel Janeiro Fernández, y a la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol federal, Sara Topelson de Grinbelg, un informe sobre qué tanto se han cumplido los propósitos de los decretos expropiatorios de 1992 para crear una reserva que contribuyera al ordenamiento de la zona metropolitana de Puebla.

Según dicho informe, la causa de utilidad pública se ha cumplido en lo general, pues en el 8.69% de los predios de la reserva —que actualmente se encuentran baldíos— “se observan variaciones” que se apartan de lo establecido en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los municipios de Cuatlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Los cambios más relevantes se presentan en las áreas y usos de suelo destinados a vivienda, comercio y vialidades. Para la construcción de vivienda se habían considerado 520.26 hectáreas y finalmente se asignaron 429.22 hectáreas; lo mismo pasó con la superficie para vialidades, originalmente las avenidas, calles y demás caminos de la reserva abarcarían 263.36 hectáreas y al final sólo se construyeron 111.08 hectáreas.

En cambio, el fideicomiso que administra la reserva privilegió la actividad comercial y los servicios, pues la superficie pasó de 69.70 a 155.52 hectáreas.

En este contexto llaman la atención las acciones que un grupo de hijos o descendientes de ejidatarios de Santiago Momoxpan, La Trinidad Chiautenco y San Bernardino Tlaxcalancingo han comenzado a realizar para constituir una organización que por la vía legal exija la devolución de los predios ociosos, baldíos o sujetos a especulación en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Entre los argumentos que los descendientes de los ejidatarios afectados piensan llevar a los tribunales destacan dos que no carecen de lógica jurídica. Por un lado, está el incumplimiento a cabalidad de la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios de 1992 y, por otro, la cláusula quinta de los convenios de transferencia firmados por el gobierno del estado, por la cual acepta devolver a la Federación los predios afectados si en un plazo de cinco años éstos no se hubiesen utilizado o tuviesen un uso distinto del propósito con que fueron expropiados.

Esto que se enuncia fácil, en realidad podría ser de grandes consecuencias, pues los ejidatarios —o mejor dicho, sus asesores— no ignoran que entre estos predios figuran entre 21 y 59 hectáreas que hoy están en manos de personajes y organizaciones como Ricardo Henaine Mezher, el Consejo Coordinador Empresarial, el Hospital Ángeles y el Fideicomiso de la Reserva Territorial.

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Simón dice:

“Para amasar una fortuna no se requiere ingenio, lo preciso es carecer de delicadeza”.
Caballero de Bruix (1728-1780). Escritor francés.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Cuando Luis Ernesto Derbez Bautista fue designado rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) prometió, en clara alusión a su antecesor, que él llegaría a la institución con sólo dos personas. También prometió reinstalar a los profesores e investigadores despedidos durante la aciaga gestión de Pedro Ángel Palou García.

Sin embargo, a casi cinco meses de haber asumido la rectoría de la UDLAP, la situación es totalmente diferente.

Con Derbez han llegado a la Universidad el vicerrector académico José Loyola Trujillo; la coordinadora general de Administración, Mónica Ruiz Huerta; la jefa de la oficina de Rectoría, Mayra Ortiz Prida; el director general de Tecnología de la Información, Fernando Thompson de la Rosa; el director de Relaciones Públicas, Juan Carlos Mondragón; el director general de Mercadotecnia, Einar Moreno Quezada; el abogado general, José Luis Guerrero Villar, y la jefa del Jurídico, Karina N.

A estos personajes, casi todos venidos del Distrito Federal, hay que agregar los nombres de sus secretarias, administrativos y asistentes, que también son de reciente ingreso.

Pero la relación es aún más grande, pues el rector Derbez todavía tiene pendientes varios nombramientos, entre ellos los directores de Recursos Humanos, y Sorteos.

Otro compromiso de Luis Ernesto Derbez que tampoco ha cumplido es la reducción de la nómina y el aparato administrativo central de la UDLAP.

De entrada, el ex secretario de Economía y de Relaciones Exteriores del gobierno foxista gana más de los 180 mil pesos que cobraba mensualmente Pedro Ángel Palou, sin contar, por supuesto, el bono que se va a su fondo de retiro.

Y lo mismo sucede con la jefa de la oficina de Rectoría, Mayra Ortiz, que se quedó con las funciones que antes desempeñaba la secretaría general, y la coordinadora general de Administración, Mónica Ruiz, que ganan más cien mil pesos, sumando su sueldo y compensaciones por riesgos de trabajo.

Esta última, por cierto, es sujeta de una investigación y un litigio legal por su negativa a informar sobre una supuesta triangulación de 1,500 millones de pesos del erario federal para favorecer a grupos privados, entre ellos el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y a ex integrantes de Amigos de Fox, que actualmente se desempeñan en la cancillería con cargos de alto nivel.

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