Guerra sucia contra Gali Fayad en colonias panistas

José Antonio Salazar Abreu deja la comuna para irse al IMSS

Si el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, persiste en desechar o restar importancia a las quejas que por actos anticipados de campaña se han promovido ante el organismo, los partidos y actores que las promovieron podrían denunciarlo a él también.

Y es que su actuación dista mucho del último párrafo del artículo 20 del Reglamento de Precampañas Electorales, en el que se estipula que “el Consejo (General del Instituto Electoral del Estado), por conducto del Consejero Presidente, exhortará al ciudadano que se encuentre realizando actividades que puedan considerarse como precampaña electoral para que no desarrolle dichos actos y observe las disposiciones que al respecto establece el Código y el presente Reglamento.”

Como se lee, el presidente del IEE tenía el deber de advertir a todo aquel ciudadano que efectuara actividades que pudieran parecer actos anticipados de campaña —fueran o no tales— a que se abstuviera de realizarlas, cosa que jamás hizo.

Esta situación podría dar pie a una denuncia en su contra, ahora que la coalición Puebla Unida acuda ante el IEE a registrar a José Antonio Gali Fayad como candidato a la alcaldía capitalina; así como a Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Aguilar Chedraui, como candidatos a diputados locales por los distritos 9 con cabecera en San Pedro Cholula y 15 con cabecera en el municipio de Puebla.

Para entonces quedará de manifiesto que esos tres personajes que se publicitaron en anuncios espectaculares, supuestamente patrocinados por revistas, sí buscaban ser candidatos, y que nunca fueron exhortados por el consejero presidente del Instituto, Armando Guerrero, a evitar esta promoción de su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de establecer su postulación a un cargo de elección popular.

EN CORTO

Este fin se semana en decenas de colonias de clase media se repartieron miles de volantes en contra del inminente candidato de la coalición Puebla Unida a la alcaldía capitalina, José Antonio Gali Fayad.

Dichos volantes —impresos en azul, blanco y naranja— contienen en la parte inferior izquierda el logotipo del PAN antecedido por la consigna ¡¡¡NI UN VOTO A UN EXPRIISTA!!!

Esta propaganda negra se distribuyó entre la tarde noche del sábado y la mañana de este domingo en casas del centro de la ciudad, y de colonias como San Manuel, El Carmen, Gabriel Pastor, Huexotitla, El Mirador y Bella Vista, así como en el estadio Cuauhtémoc y en casas de fraccionamientos del Sur Oriente y Sur Poniente de la Angelópolis.

Los volantes apuntan que los panistas no votarán por el secretario de Infraestructura del estado por ser una imposición del gobernador, por sus antecedentes priístas y porque se ha enriquecido y gastado millones de pesos en espectaculares, así como por ser un aliado de la maestra Elba Esther Gordillo y el PANAL.

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El Ministerio Público de Tepeaca apeló el auto de libertad dictado por el juez penal de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, a favor del ex presidente municipal de Acatzingo, Eliseo Zayas Jaen, el pasado miércoles 20 de marzo.

El Juzgado admitió la apelación de inmediato y la remitió al Tribunal Superior de Justicia para que la turne a la Sala Penal que por turno le corresponda.

La defensa de Eliseo Zayas considera que la apelación es improcedente, ya que el auto de libertad provino de una sentencia de amparo; sin embargo estimó que tal recurso obedece a una burda maniobra para alargar el proceso a fin de evitar que el Congreso local tenga que restituirlo en su cargo.

El ex presidente de Acatzingo fue enviado a la cárcel por supuestamente proteger a uno de sus escoltas, José Rosendo Ruiz de Lima (a) “El Chihuahua”, quien es acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a César Natanael Maceda Torres de 31 años de edad, en febrero de 2012.

A su vez, el abogado de Eliseo Zayas, Felipe Inda Chavira, prepara una denuncia en contra de varios funcionarios involucrados en la aprehensión de su cliente, especialmente el Juez de Tepeaca, José Luis Arenas, por delitos cometidos contra la administración de justicia.

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Otro poblano que ya fue reclutado por el gobierno federal, concretamente por el IMSS, es José Antonio Salazar Andreu, quien se desempeñaba como director de Recursos Materiales y Servicios Generales del ayuntamiento de Puebla.

José Antonio Salazar fue nombrado hace un par de semanas coordinador técnico de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos en Instituto Mexicano del Seguro Social.

Antes de laborar en el ayuntamiento de Puebla, el economista egresado de la UDLAP y maestro en economía aplicada y finanzas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona se desempeño como director general del fideicomiso que administró el Fondo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios del Estado, es decir, la recaudación del Impuesto sobre Nóminas.

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Simón dice:

“Ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede anular el efecto de una publicidad bien hecha.”

Hermann Keyserling (1880-1946) Filósofo y científico alemán.

Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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