Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

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El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

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Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Un escenario poco probable, pero que no debería descartarse dadas las evidencias que existen, es que en las elecciones del 4 de julio, el senador con licencia Rafael Moreno Valle Rosas —el principal adversario del priísta Javier López Zavala a la gubernatura de Puebla— se quede en el camino.

Es decir, que no pudiera participar porque el Instituto Electoral del Estado (IEE) —controlado por el PRI— le negara el registro como candidato al gobierno del estado por incumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Política del estado y en el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad.

El escenario, que para algunos puede resultar descabellado, no sólo echaría abajo la coalición opositora o el frente amplio antimarinista, sino que daría al PRI y a su candidato a la gubernatura la oportunidad de ganar las elecciones prácticamente sin despeinarse.

Le planteo el escenario.

En la última semana de marzo, los partidos coaligados en torno a la figura de Moreno Valle acuden ante el Consejo General del IEE para registrarlo como candidato al gobierno del estado.

Al día siguiente la representación del PRI presenta un recurso de impugnación contra de la solicitud de registro de Moreno Valle, en virtud de no cumplir con diversos requisitos legales. En concreto, los artículos 20 en sus fracciones I y II, y 74 fracción II de la Constitución del estado; y 208 fracción II e incisos b) y d) del Código Electoral.

Como pruebas de que el precandidato de la coalición opositora carece de la ciudadanía poblana, requisito que exige la carta magna de la entidad, el PRI exhibe dos actas de nacimiento de Rafael Moreno Valle: una, como oriundo del Distrito Federal; y otra, presuntamente falsa, que lo acreditaría como nacido en Ciudad Serdán, Puebla.

Ante la sospecha, el IEE decide abrir una investigación sobre el acta de nacimiento falsa, en medio de un gran escándalo mediático, que el PRI abonaría con declaraciones de algunos militantes suyos, como Juan Cesín Mussi, propietario de la casona donde supuestamente habría nacido Moreno Valle.

Presionado por los tiempos, el Consejo General del IEE fija —en términos de la fracción I del artículo 213 del Código Electoral— a los partidos de la coalición opositora un plazo de 24 horas para que subsanen la omisión o sustituyan al candidato.

Frente a la imposibilidad de hacerlo, pues la ciudadanía poblana es un requisito que debe aprobar el Congreso local, la coalición se desintegra sin registrar candidato.

López Zavala y el PRI ganan entonces por default las elecciones.

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Simón dice:

«La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible».

Arthur C. Clarke (1917-2008) Escritor y científico inglés de ciencia ficción.

Que el proyecto de resolución del amparo promovido por Germán Alejandro López Brun ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Congreso local, que decidió no ratificarlo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, viene favorable a su persona.

El proyecto elaborado por la magistrada Margarita Beatriz Luna Ramos será votado el miércoles de la próxima semana y, en caso de resultar favorable a López Brun, obligará a la actual legislatura local a llevar a cabo una nueva elección de magistrados del máximo tribunal antes del 10 de noviembre en que inicia el proceso electoral del estado.

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Que Fernando Ariza de la Fuente aún no deja la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, ni ha presentado su renuncia al secretario general del ayuntamiento, César Pérez López, lo que no significa que tal situación esté descartada.

Por el contrario, lo más probable que antes del domingo la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz anuncie la salida de Ariza y el nombramiento de un nuevo titular en esa dependencia municipal.

Lo que sí es cierto es que la filtración de la renuncia le molestó a la presidenta, con todo y que Fernando Ariza ya se la había anticipado, tanto que incluso este jueves se rehusó a contestarle el teléfono, al menos en un par de ocasiones.

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Que Beatriz Paredes Rangel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, estuvo la semana pasada en Casa Puebla, residencia que uno o dos días antes también visitó la directora de la empresa Demotecnia, María de las Heras, con el propósito de entregar los resultados de la encuesta estatal que realizó, para evaluar a los aspirantes del tricolor a la gubernatura de la entidad.

Se sabe que en ambas reuniones, se abordó el tema de la sucesión gubernamental.

Y de igual manera trascendió que en el estudio de opinión efectuado por Demotecnia, Javier López Zavala se encuentra a la cabeza de las preferencias electorales, aunque también en la medición de algunos atributos negativos, seguido por el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

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Que este viernes el presidente Felipe Calderón Hinojosa se reunirá a desayunar en Los Pinos con siete senadores del Partido Acción Nacional, miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta.

Entre éstos anote usted al poblano Humberto Aguilar Coronado, y al líder de la bancada del PAN en el Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz.

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Que la incorporación de Fernando Castillo Pacheco al equipo de campaña de Humberto Aguilar Coronado no será en calidad de simpatizante panista, sino como asesor en cuestiones jurídicas y electorales, a fin de evitar que el senador y sus operadores incurran en alguna infracción al artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales, en su afán de posicionarse como aspirante a la gubernatura de Puebla.

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¿Qué aspirante a la presidencia municipal de Puebla visitó la noche del miércoles un conocido centro de entretenimiento masculino, famoso por sus 40 grados de temperatura, acompañado por algunos de sus más cercanos colaboradores?

Un par de tips.

Es priísta, aunque con un perfil más ciudadano que político.

La representación de Convergencia lo denunció ante el Instituto Electoral del Estado por actos anticipados de campaña.

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Simón dice:

«No es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo».

Camilo José Cela (1916-2002). Escritor español.

* Creció más la nómina que la inversión pública

* Se atoran los trabajos del Centro Expositor

¿Cómo se han comportado las finanzas públicas en los primeros cuatro años de la administración marinista?

¿A qué áreas estratégicas se han canalizado los recursos de la Federación por concepto de ingresos extraordinarios?

¿Son las obras, los servicios básicos y la infraestructura, cuestiones prioritarias en la política de gasto?

¿Cuáles son los capítulos, en materia de egresos, que más han crecido de 2005 —año en que arrancó la gestión de Mario Marín Torres— a diciembre de 2008?

Para responder estas y otras interrogantes echemos un ojo a las cifras estatales.

Los ingresos de la hacienda pública estatal han registrado un notable crecimiento en los últimos cuatro años, al pasar de 28 mil 919 millones de pesos en 2005, a 47 mil 485 millones en 2008. En términos nominales, dicho crecimiento es del 64.2 %.

Un rubro importante en materia de ingresos, son los recursos extraordinarios que el gobierno del estado ha recibido por parte de la federación, y que de 2005 a 2008 también se incrementaron como consecuencia del alza en los precios internacionales del petróleo.

Estos ingresos extraordinarios fueron en 2005 de 17 mil 782 millones de pesos, y en 2008 de 26 mil 917 millones de pesos, lo que en términos nominales representa un aumento del 28.2 %.

Lamentablemente para los poblanos, este crecimiento en los ingresos totales y extraordinarios del gobierno del estado no se ha reflejado en obra pública.

La inversión pública ciertamente ha crecido, al pasar de 2 mil 313 millones de pesos a 7 mil 244 millones de pesos, en el periodo comprendido de 2005 a 2008, pero no en la proporción de los ingresos y gastos de la administración estatal.

Me explico:

Mientras la inversión en obra pública sólo creció 4 mil 931 millones de pesos en estos cuatro años, los ingresos extraordinarios del gobierno del estado crecieron en 9 mil 135 millones de pesos, y los ingresos totales en 18 mil 566 millones de pesos.

Dicho lo anterior, la duda mata: ¿Si la inversión pública no aumentó de manera sustancial, entonces a qué rubros o capítulos de gastos se canalizaron los ingresos obtenidos por la hacienda pública estatal en lo que va de la gestión marinista?

Una parte importante de estos ingresos se fue a gasto corriente, es decir al capítulo 1000, también denominado Servicios Personales.

El monto de los sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones de la burocracia pasó de 10 mil 591 millones a 16 mil 802 millones de pesos, lo que representa un aumento de 6 mil 211 millones de pesos.

En otras palabras, mientras la inversión en obra pública creció de 2005 a 2008 en 4 mil 931 millones de pesos, el gasto corriente se incrementó en 6 mil 211 millones de pesos.

Otro capítulo de gasto que también creció es el llamado Servicios Generales, que cubre las erogaciones por concepto de viáticos, transportación y gastos de representación; asesorías, estudios e investigaciones; difusión, imagen, propaganda e impresiones; luz, teléfono, celulares, y renta de equipo y maquinaria, entre otros. Este gasto pasó de 1 mil 541 millones a 2 mil 77 millones de pesos.

El capítulo Materiales y Suministros, que comprende las partidas destinadas a la compra de combustible, refacciones y servicios de mantenimiento; materiales, útiles y equipos de cómputo, oficina, hospitales, penitenciarias e instalaciones deportivas; uniformes, materias primas, medicinas y artículos de limpieza y construcción. En éste el gasto subió de 286 millones a 475 millones.

En los subsidios y transferencias también se reporta un incremento significativo de 7 mil 898 millones de pesos; lo mismo que en la compra de bienes muebles e inmuebles, de 213 millones de pesos.

Tales cifras explican, en mi opinión, el rezago o la pérdida de competitividad que registra Puebla frente a otras entidades federativas, en cuales no sólo se percibe un mayor dinamismo de su economía, sino también un acelerado desarrollo en materia de obras e infraestructura.

¿O no?

EN CORTO

Las obras del Centro Expositor, que se realizan en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en lo que antes era el recinto ferial, podrían sufrir un nuevo y vergonzoso atraso.

El gobernador Mario Marín Torres tenía previsto efectuar ahí su quinto informe de gobierno, pero podría quedarse con las ganas, pues a la empresa a la cual se le asignaron las obras —Grupo Ticonsa, antes Unión Presforzadora— ya no tiene dinero para concluirlo en la fecha convenida.

Lo peor de todo es que el Centro Expositor tampoco terminará costando 1 mil 66 millones de pesos, como se prometió, sino 20% más, de acuerdo con estimaciones de los propios técnicos de la obra.

Los trabajos del Centro Expositor —que constará de una nave de exposición y un centro de convenciones sobre una superficie de 47 mil metros cuadrados— fueron adjudicados a una sociedad en participación que encabeza Grupo Ticonsa, representada por Álvaro Arce Flores y Jorge Toledo Mosqueira, pero en la que también son socios el Bufete de Construcciones Delta, la constructora Checa, la empresa Desarrollo Iberoamericano y la Supervisora Sahesa.

Un dato, por de más revelador, es que la supervisión de las obras fue asignada al presidente de la delegación Puebla de la Cámara de Empresas de Consultoría, José Mariano Romero Beristáin, a través de su despacho M Consultores y Constructores SA de CV, personaje que, dicho sea de paso, es un pelele del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez.

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Será en la sesión de este miércoles 21 de octubre cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre a la revisión de los amparos promovidos por Germán Alejandro López Brun en contra del Congreso local que decidió no ratificarlo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado.

Tras la discusión y votación de ambos proyectos, elaborados por Margarita Beatriz Luna Ramos en su calidad de ministro ponente, se sabrá si López Brun regresará al Tribunal Electoral como magistrado o si, por el contrario, Antonio Oropeza Barbosa debe continuar como tal en dicha instancia jurídica, como lo decidió el Congreso del estado en noviembre de 2006.

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Simón dice:

«Uno debe saber vivir con el dinero que tiene».

José de San Martín (1778-1850) Militar y político argentino.

Difícilmente el PAN igualará votación de Mario Marín
PRI, partido de altibajos en las últimas votaciones

Nada mejor para medir el tamaño de la victoria priísta y la debacle electoral panista que comparar los resultados de los comicios del domingo 5 de julio con los anteriores procesos electorales.

A nivel estatal, el PRI obtuvo en esta elección —en la que votó el 38% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal— más votos que en la elección presidencial del 2006.

El tricolor logró 12,089 sufragios más, y eso que en la elección del 2006 el PRI fue en coalición con el PVEM.

El PAN, en cambio, perdió 317,208 votos, lo que representa casi un 50%.

En la elección federal intermedia de hace seis años —previa a la redistritación por la que Puebla tiene un distrito electoral federal más—, el PRI ganó 10 de 15 distritos.

Acción Nacional se alzó en 2003 con la victoria en los restantes cinco distritos: los cuatro de Puebla y el 10 que entonces correspondía al de Atlixco.

En aquel proceso, salieron a emitir su sufragio 1 millón 555 mil ciudadanos, 255 mil menos de que los votaron el domingo pasado.

Lo paradójico es que aún con ese incremento de votantes, el PAN obtuvo en esta elección menos sufragios que los captados hace seis años en los cinco distritos que ganó entonces.

En el distrito 6 obtuvo 43,198 votos y ahora sólo llegó a 25,215.

En el distrito 9 consiguió 39,389 sufragios, y ahora únicamente 25,411.

En el distrito 11 obtuvo 47,252 votos, y ahora se quedó en 33,716.

En el distrito 12 sacó 39,885 sufragios, y ahora 28,539.

Y en Atlixco, que hace seis años era el distrito 10, captó 33,074 votos, y ahora sólo 29,973.

A la luz de la elección presidencial, el descalabro panista es todavía más elocuente.

En 2006, el PAN ganó la elección de diputados de mayoría relativa con 62,909 votos y el domingo perdió las votaciones con 25,215 sufragios.

El distrito 9 lo ganó con 65,948 votos y ahora lo perdió con 26,411.

Lo mismo ocurrió con los distritos 11 y 12, donde su pérdida de votos es aún mayor.

En 2006 el blanquiazul ganó el distrito 11 de la capital poblana con 70,295 votos y ahora lo perdió al computar sólo 33,716 sufragios, y el distrito 12 lo ganó con 71,865 y el domingo lo perdió con 28,539 votos.

Es decir, el PAN no obtuvo el domingo 5 de julio, ni siquiera la mitad de los votos de los alcanzados en la elección presidencial.

Estos resultados tampoco revelan, como algunos analistas oficiosos suponen, que el PAN nada tiene que hacer en los comicios locales del año entrante.

Lo que sí indican es que Acción Nacional tiene un reto harto complicado de cara a la elección de gobernador de 2010, pues desde la elección presidencial de 2000 —que ganó Vicente Fox Quesada— su  votación en la entidad ha venido disminuyendo.

De hecho, el blanquiazul no ha logrado superar los 886 mil 535 votos que el priísta Mario Marín Torres alcanzó en los comicios locales de noviembre de 2004. Vicente Fox se quedó en 732 mil 435 votos, y Felipe Calderón —en 2006— en 743 mil 831 sufragios.

EN CORTO
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve este lunes que la reforma aprobada por el Congreso local en materia electoral es inconstitucional, pueda dar por un hecho que Alejandro Armenta Mier seguirá al frente de la dirigencia estatal del PRI, con el visto bueno del gobernador Mario Marín Torres.

Y es que el calendario político del partidazo se acotaría notablemente. En enero tendría que haber candidato al gobierno del estado, y en marzo, a más tardar, tendrían que estar amarradas las candidaturas al Congreso y a las 217 alcaldías de la entidad.

No hay tiempo para experimentos, señalan en el CDE del PRI, sobre todo cuando Alejandro Armenta plantea hacer ajustes en las estructuras municipales y distritales de la entidad, para que marchen ad hoc con el Proyecto “Z”.

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Este día Milenio Puebla y e-consulta publican el tercer ranking sobre las mejores universidades e instituciones de educación superior del estado, elaborado por Consultoría Contracorriente.

La evaluación, como ocurrió en los primeros dos rankings, se basó en la proporción de programas de estudio acreditados por las universidades ante COPAES, CIEES, FIMPES y CONACYT; en el número de docentes/investigadores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); en el porcentaje de programas de postgrado de calidad; en la tasa de titulados; en la cantidad de alumnos por área de conocimiento; en los convenios internacionales, y en el incremento o disminución de la matrícula de estas instituciones respecto al ciclo escolar anterior.

El estudio contenido en el suplemento Top 15 Universidades se acompaña de otros reportajes y artículos dirigidos a estudiantes que ya cursan una carrera universitaria o están por ingresar a la universidad, para que sepan cómo elegir la mejor computadora en función de su área de estudios, cuáles son las carreras del futuro y qué opciones profesionales son las de mayor demanda en el mercado local.

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Alberto Ventosa Coghlan sigue metiéndose en problemas, ahora en los Estados Unidos. El pasado 12 de mayo la señora Lourdes Schroeder le promovió en la South County Court, de San Diego California, una demanda por violencia doméstica.

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Simón dice:

“Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones”.
Georges Benjamin Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés.

Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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En el transcurso de las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si Germán López Brun regresa o no como magistrado al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

El asunto reviste especial importancia, no sólo porque el litigio será analizado por el máximo tribunal del país, sino porque por fin se sabrá si el procedimiento seguido por el Congreso local para el nombramiento de los tres magistrados del TEE para el periodo 2006-2012 fue correcto o si éste estuvo plagado de irregularidades.

Para López Brun, la decisión del Poder Legislativo de no ratificarlo para un segundo periodo de seis años, como ocurrió con Reynaldo Lazcano Fernández y Marco Antonio Gabriel González Alegría, fue ilegal, violatoria de sus garantías individuales, y aberrante en términos jurídicos.

En los alegatos de su segundo juicio de amparo, atraído por la Segunda Sala de la SCJN y los cuales quedaron registrados dentro del expediente 104/2008, López Brun argumenta que después de que el Congreso del estado avaló el procedimiento de ratificación a que fue sometido, por 34 votos a favor y 4 en contra, este debió ratificarlo hasta el 2012 como sucedió con los otros dos magistrados del TEE.

Sin embargo, apunta que el hecho de que los diputados de la pasada legislatura hubieran actuado de manera diferente en su caso, pese a cumplir “con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria relativos al proceso de ratificación”, para otorgarle la magistratura que venía desempeñando a Antonio Oropeza Barbosa, representa una aberración jurídica, pues las reglas que normaron laintegración del Tribunal Electoral de Puebla fueron manipuladas y tergiversadas en su perjuicio.

“Cómo puede ser posible que a un magistrado en funciones se le de carácter de aspirante para ocupar un cargo que ya de por si desempeñaba”.

El caso López Brun será puesto a la consideración del pleno de la SCJN a mediados o finales de este mes, lo que significa que si éste gana el juicio, el Congreso tendrá no sólo que restituirlo, sino incluso pagarle el equivalente a 19 meses de sueldo.

Abur.

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Quizás sin proponérselo, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez ha convertido a la institución en la pasarela política de los principales aspirantes a la gubernatura de la entidad.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, estuvo en una cena que ofreció a sus pares para consensuar con el secretario de Hacienda, Agustín Cartens Cartens, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año.

Y ayer Agüera fue anfitrión del senador Rafael Moreno Valle, en el marco de una reunión que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó aquí con sus delegados de todo el país para poner en marcha el Movimiento Laboral 2008, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, con quien firmó un convenio de colaboración que francamente no reviste ninguna importancia, salvo por el hecho de que el delfín del gobernador se sacó de la manga tres nuevos campus de la UAP que en realidad no existen en Huehuetla, Chilchotla y Ciudad Serdán.

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Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias