Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Encargados de despacho y plazas vacantes, la constante

Un signo más de opacidad en el Instituto Electoral del Estado (IEE) es el directorio de funcionarios del organismo, plagado de encargados de despacho y plazas vacantes, por la negativa del consejero presidente Jorge Sánchez Morales de someter los nombramientos que ha venido realizado a los procedimientos establecidos en el estatuto del Servicio Electoral Profesional.

De las cuatro direcciones de área del IEE, sólo dos cuentan con titulares surgidos del servicio electoral de carrera: Marcelina Sánchez Muñoz, directora de Organización Electoral y Amalia Varela Serrano, directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

La Dirección de Administración tiene a una encargada de despacho, en la persona de Verónica Paola Cruz Castillo, quien a pesar de que su nombramiento sólo se autorizó para el 2007 sigue desempeñándose en el cargo.

Y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica está vacante, después de que a principios de año Ana Silva Santillana García renunció al Instituto, para irse a laborar al gobierno del estado.

Quien también dejó el IEE para contratarse en la Secretaría de Finanzas y Administración del estado fue Dalhel Lara Gómez, dejando vacante la titularidad de la Contraloría Interna.

Dos jefaturas de Departamento en la misma situación son la de Planeación y Seguimiento de la Dirección General, y la de Recursos Materiales de la Dirección Administrativa, tras la renuncia de Gabriela Ajo Carrillo.

El caso más emblemático de esta negligencia se refleja en la propia Unidad del Servicio Electoral Profesional, en la que Sergio Ayala Jasso tiene dos años como encargado de despacho.

Su plaza, como la de otros funcionarios operativos y administrativos del IEE, no se concursa, no sólo por una cuestión de negligencia, por razones presupuestales. Y es que la diferencia de sueldos entre un titular y un encargado de despacho, a nivel de coordinación de área, es de más de 15 mil pesos o más.

Otros funcionarios de IEE cuyas puestos no han pasado por el Servicio Electoral Profesional, y que por lo mismo están como encargados de despacho son: Diana Balbuena Espinosa, responsable de la Coordinación de Comunicación Social, y Adriana Álvarez Hernández, de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Esta situación irregular, y que algunos consejeros electorales como Juan Carlos de la Hera Bada y Joel Paredes Olguín han tratado de remediar, mediante oficios y acuerdos que a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte del consejero presidente del IEE, podría complicarse en los próximos días.

No sólo por la intención de Jorge Sánchez de nombrar a incondicionales en los cargos vacantes, al margen del estatuto del Servicio Electoral Profesional, sino por su intentona de manipular los procedimientos y los concursos para que allegados suyos y de otros aspirantes priístas a la gubernatura se adueñen de la Dirección de Capacitación Electoral, la Contraloría Interna, y la Jefatura de Planeación y Seguimiento de la Dirección General.

Pero ésa es otra historia, de la que pronto, muy pronto, nos ocuparemos.

EN CORTO

Si de veras los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta son tomados en cuenta en la investigación que el Congreso del estado le sigue al presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo, para analizar la legalidad de su nombramiento, lo más probable es que éste tenga los días contados y que el grupo parlamentario del PRI utilice su salida como carta de negociación con la oposición para sacar adelante su iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia.

Por lo pronto las declaraciones del presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo, deben tomarse como una buena señal sobre la inminente remoción de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP.

Habrá que esperar ahora si esta disposición del PRI también se extiende a su iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, que hasta ahora no ofrece ningún cambio o  mejora sustancial con respecto a la legislación vigente.

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Trivia (poco transparente, como la CAIP y la comisión legislativa del ramo):

¿A favor de qué candidato a diputado local priísta la señora Adelina Acevedo organizó al menos un desayuno en su residencia del fraccionamiento Satélite La Calera durante el pasado proceso electoral de noviembre?

Pistas:

La señora Adelina Acevedo es madre del hoy presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo.

El susodicho candidato es hoy diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales que tiene a su cargo la investigación sobre el presidente de la CAIP.

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Los diputados priístas de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado echaron para atrás un acuerdo para que sus sesiones fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación y organizaciones civiles interesadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso que dicha iniciativa había sido impulsada por una legisladora de ese partido, Rocío García Olmedo.

Lo anterior no sólo manda una pésima señal sobre la nula voluntad política que existe para sacar una reforma de avanzada, sino que en las próximas sesiones y mesas de trabajo de las comisiones unidadas de Gobernación y Transparencia los priístas tratarán de sacar a cómo de lugar su iniciativa, así tengan que negociar en lo oscurito algunas prebendas con la oposición.

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En ese marco, hay que entender el acuerdo que ayer tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que el PRI presentó sobre el triunfo del candidato del PAN en las elecciones extraordinarias efectuadas en el municipio General Felipe Ángeles.

El Tribunal Electoral decidió posponer su fallo sobre la validez de esa elección, mientras investiga si el candidato ganador del PAN, Camilo Vera, cumplió o no con todos los requisitos exigidos por el código en la materia, entre ellos su vecindad en el municipio, lo que a estas alturas resulta absurdo, considerando que éste ya fue candidato a la alcaldía en 2004 y que fue aceptado como candidato por el IEE para las elecciones extraordinarias.

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El diputado local priísta por Xicotepec, Carlos Barragán Amador, se presentó ayer al municipio de Tlaola, que ni siquiera pertenece a su distrito, para ofrecer sus servicios de gestor al presidente municipal y a los afectados por un talud en la comunidad de Tlaltepango, que mató a dos personas, dejó heridas a otras cuatro y enterró cinco viviendas en el barrio de Agua Buena.

Fantoche como es, Carlos Barragán llegó a Tlaola al filo de las 11 de la mañana, y en presencia del munícipe Juvenal Viveros Bobadilla, se comunicó vía telefónica con el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, para que éste le anunciara que su dependencia apoyará a los deudos y a las familias damnificadas por la tragedia.

La actitud del legislador priísta fue tan impostada que los vecinos no se tragaron el cuento de su desinteresada ayuda, pues saben de la intención de Carlos Barragán de convertirse en diputado federal por la región, y de que Tlaola si bien no pertenece al distrito local 26, con cabecera en Xicotepec, sí forma parte del distrito federal 1, con cabecera en Huauchinango, por donde el alfil de López Zavala pretende colocarse al Congreso de la Unión.

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Ante la negativa del Instituto Federal Electoral de informar al Poder Legislativo de Puebla sobre la Agrupación Política Plataforma Cuatro, y el cargo o función que en ella tenía o desempeñaba Antonio Juárez Acevedo, el Congreso del estado aprobará este jueves, en sesión ordinaria, un exhorto conminando a la máxima autoridad electoral del país a que envíe copia del expediente que desde hace tres meses se le requirió por escrito.

El exhorto está más que justificado, no sólo porque a causa de esa demora la investigación que lleva a cabo la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales sobre el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se encuentra detenida, sino porque el IFE no tiene para cuándo enviar la documentación solicitada.

Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que el IFE se hace pato para informar de las actividades de Plataforma Cuatro y del cargo que en esa agrupación política tenía Juárez Acevedo en 2004, cuando fue nombrado comisionado de la CAIP.

En octubre o noviembre del año pasado, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) giró oficios al IFE solicitando informes sobre el Consejo Directivo de Plataforma Cuatro en 2004. La respuesta del Instituto Federal Electoral fue negativa. Su argumento fue que el expediente no estaba disponible, cuestión que no deja de resultar extraña tratándose de una agrupación política nacional que además ha recibido financiamiento público.

De ahí la importancia de que el pleno de la LVII Legislatura local apruebe girar un nuevo exhorto al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, conminándolo a entregar copias del expediente de Plataforma Cuatro y la relación de sus directivos de 1999 a 2007.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje del Poder Legislativo se presentó el viernes de la semana pasada con aliento alcohólico a su oficina, de la que fue sacado por su asistente para que no se armara un escándalo mayor?

Algunos tips:

Es de los pocos funcionarios del Congreso que puede meter su coche al estacionamiento de los diputados, un Seat Ibiza de color negro.
 
Tras ingresar al inmueble, entre las 10 y las 11 horas, con lentes oscuros, el cabello desalineado y con aliento alcohólico, se dirigió a la Sala de Prensa.

En el estacionamiento sostuvo una discusión con uno de los policías que al ver su estado le impidió sacar su automóvil.

Quien finalmente sacó su vehículo fue su asistente Erika Esparragoza.

Ah. Ese viernes los diputados del PRI estaban de viaje, en Guaymas, Sonora.

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Para mayor información sobre el primer tema de este blog, consulte las siguientes notas:

– Juárez Acevedo, destitución en puerta

– Bajo sospecha el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo

– Exige el PAN la renuncia de Antonio Juárez Acevedo de la CAIP

Los gastos destinados al pago de alimentos, comidas y restaurantes, son hoy una de las mayores inconsistencias que presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio 2007 del Instituto Electoral del Estado, al grado que ni los auditores del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local saben cómo cuadrar.

Y es que los gastos de comida están diseminados, por decir ocultos, en varias partidas presupuestales: Alimentación para el personal de las dependencias y entidades, Víáticos nacionales, Gastos Institucionales y Gastos de representación.

Esa intencionada dispersión tuvo el propósito, como ya se dijo, de esconder el escandaloso gasto en comidas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales durante el año pasado, y que conservadoramente supera los 350 mil pesos, es decir, el equivalente a casi mil pesos diarios.

Ahora entiende por qué la inspección que en la segunda quincena de mayo realizaron auditores del Orfise en las oficinas de la Dirección Adminitrativa del IEE, y de las que se llevaron 14 cajas con todo el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación.

La gran interrogante sigue siendo para qué, pues los auditores del Orfise se pudieron llevar la documentación lo mismo para coregirla o limpiarla, que para utilizarla como prueba contra Jorge Sánchez Morales para fincarle responsabilidades por desvío o malversación de recursos públicos.

Sobre este tema, mañana le ampliaré algunos detalles, a partir de la exposición que el viernes pasado hizo ante el Consejo General del IEE la consejera Olga Lazcano Ponce.

No se los pierda.

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A propósito.

Por instrucciones del consejero presidente del IEE, este blog y el portal digital donde se difunde fueron censurados, a través del servidor que da servicio a la red del máximo órgano electoral del estado.

El problema para Jorge Sánchez es que este bloqueo se le está revirtiendo, pues ahora son más consejeros y empleados del Instituto que están pendientes de lo que se publica en e-consulta, al que ingresan desde su casa o por la red inalámbrica que funciona dentro de las instalaciones del organismo.

¡Lástima Margarito!

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Este viernes el secretario particular del gobernador Mario Marín Torres, Guillermo Deloya Cobián, celebró su cumpleaños número 37 con una comida en el fraccionamiento Puerta de Hierro, a la que asistieron el ex dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado; Raúl Salinas de Gortari, los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Emilio Maurer Espinosa; el secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano y su señor padre, el periodista Enrique Montero Ponce; el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el abogado Miguel Quirós Pérez; el director de Atención y Gestión Universitaria de la UAP, Damián Hernández Méndez, y el recién nombrado consejero del IFE, Francisco Javier Guerrero Aguirre.

Este último, por cierto, fue profesor de Guillermo Deloya y su asesor de tesis para el grado doctor en la Universidad Anáhuac.

El anfitrión de la comida fue el empresario Fernando Alonso González, compadre del festejado.

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Las maestras Lilia Vélez Iglesias y Eva Pérez Castrejón fueron seleccionadas, tras un largo proceso en el que tuvieron que competir con profesionistas de todo el país, como evaluadoras del Ceneval para las carreras de periodismo y comunicación organizacional en la República Mexicana.

Lilia Vélez es maestra responsable de la carrera de periodismo en la UPAEP, y Eva Pérez de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la misma institución.

Su nombramiento como evaluadoras del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) les llegó la semana pasada.

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Trivia electoral para iniciados.

¿Que aspirante a gobernador del PRI, que de manera recurrente ha dicho que no le interesa ese cargo de elección popular, anda construyendo en distintos municipios de la entidad sus redes de apoyo?

Pistas:

Ya es compadre del gobernador Mario Marín Torres.

Ya también cuenta con la ciudadanía poblana.

Y aunque en su corazón late fuerte y claro su sentimiento priísta, no quiere perder su perfil ciudadano y pluralista.

Ah. Su influencia también llega al PRD.

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¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

* Gastó en telefonía celular tres veces más de lo autorizado
* Emmelhainz sustituirá a Toño Quintana en la UPAEP

La discusión y análisis de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado, por parte de la LVII Legislatura local, podría marcar el Waterloo de Jorge Sánchez Morales como consejero presidente del organismo.

Si de por si su credibilidad y confianza se encuentran bastante maltrechas, lo más probable es que cuando se hagan públicas sus mentiras sobre el informe financiero que presentó en marzo, así como sus excesos y abusos sobre algunas partidas presupuestales, su posición como presidente del IEE se vuelva insostenible.

Y más ahora que algunos consejeros y representantes de partidos políticos están que trinan contra él por haberlos excluido del seminario internacional campañas electorales exitosas, que tuvo lugar los días 5 y 6 de junio en el Centro de Convenciones, y por haber presumido el patrocinio de un curso sobre Derecho Electoral en la Ibero, que el mismo personal del Instituto se pagó.

Resulta que el jueves pasado, algunos consejeros y representantes de partidos políticos, como Hugo Aguilar Díaz, se presentaron al Centro de Convenciones y no se les permitió el acceso, con el argumento que los únicos inscritos para el evento eran los consejeros Joel Paredes Olguín, Paul Monterrosas Román, Víctor Rodríguez Serrano y Rosalba Velázquez Peñarrieta, y los representantes del PRI, José Alarcón Hernández, y del PANAL, Ricardo Mosqueda Lagunes.

La descortesía los tiene furiosos.

Inconsistencias financieras

Ahora que el ejercicio presupuestal de 2007 del IEE ha empezado a ser revisado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso del estado, han comenzado a salir también algunas contradicciones e inconsistencias.

La primera novedad es que no hay uno, sino dos informes anuales por parte de Jorge Sánchez Morales; uno de 32 páginas, que se entregó a los miembros del Consejo General, en aquella sesión del 5 de  marzo; y otro más amplio de 74 páginas, que ofrece mayores detalles capítulo por capítulo sobre la forma en que aplicó el gasto del Instituto el año pasado.

El primer informe omite, por decir lo menos, algunos excesos y abusos en que incurrió el consejero presidente del IEE.

Para muestra un botón: la partida 3152 denominada Servicio de Telefonía Celular.

A la presidencia del IEE se le fijó un presupuesto anual por esta partida de 28,565 pesos, sin embargo hasta noviembre del 2007, según una solicitud de información, la oficina de Jorge Sánchez se había gastado 93,090.97 pesos.

Es decir, en sólo dos meses (julio y agosto), el consejero presidente rebasó el tope anual autorizado para toda su oficina, según acuerdo IEE/JE-045/2007.

Este pequeño detalle no aparece en ninguno de los dos informes, sino en la contestación a una petición de información registrada bajo la clave IEE/UT/022/08.

Otra inconsistencia en las cuentas reportadas por el IEE ante el Orfise es el supuesto remanente de 1´616,153.29 pesos registrado en el ejercicio del 2007.

Este, para empezar, nunca se reintegró a la Secretaría de Finanzas y Administración, sino que fue utilizado para cubrir adeudos del 2007 por 789,994.86 pesos y un déficit presupuestal por 817,158.43 pesos.

¿Dónde quedó entonces el supuesto remanente?

EN CORTO

Será en agosto próximo cuando Francisco Emmelhainz Naveda asuma la presidencia de la Junta de Gobierno de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), en sustitución de José Antonio Quintana Fernández, quien por 35 años ha encabezado el patronato de esta institución. 
Emmelhainz se desempeña actualmente como vicepresidente de la Junta de Gobierno.

Un velo de misterio envuelve la sorpresiva visita que hace un par de semanas realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero sobre todo su decisión de llevarse de la Dirección de Administración 14 cajas con el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación el año pasado.

De acuerdo con una fuente confiable, los auditores solicitaron a la encargada de la Dirección de Administración acceso a las pólizas, facturas, cheques y contratos de esas partidas presupuestales, como consecuencia de una serie de inconsistencias entre el informe financiero del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el reporte del auditor externo —el despacho Freyssinier Morin— y el expediente entregado al Orfise con el estado de origen y aplicación de recursos del IEE durante el 2007.

La gran duda que existe sobre la decisión del Orfise de llevarse 14 cajas de documentos es si la intención en fincarle responsabilidades al presidente del Instituto, Jorge Sánchez, o a ayudarlo a cuadrar las cifras de la cuenta pública antes de que ésta sea revisada por los diputados integrantes de la Comisións Inspectora del Congreso del estado.

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Don José Yitani Maccise me hizo saber ayer que ni él, ni sus hermanos —Jorge, Antonio y Emilio— andan metidos en el proceso de sucesión gubernamental, por lo que no asistirán mañana sábado a la comida de apoyo a Jesús Morales Flores en el Centro Mexicano Libanés.

También me aclaró que su sobrino, Miguel Ángel Yitani, quien es el actual presidente del Centro Mexicano Libanés, tampoco se dejará ver en el evento.

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Una trivia: ¿Con quién de sus más cercanos colaboradores en el ayuntamiento de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se molestó y discutió por el escándalo de corrupción en que se enuentra envuelto por la forma en que se operó la donación de autos, supuestamente chatarra, a la Fundación Cáritas?

Tres tips:

1.- Al susodicho le echó en cara el nombramiento del último tesorero de la gestión dogerista, José María Esquivel Silva, principal implicado en dicho fraude.

2.- El personaje en cuestión terminó peleado al final de la administración municipal con dos de sus principales operadores: Arnoldo Ruiz Arreola “El Ate”, y Miguel Quiroz Escalona.

3.- Gracias a él, Enrique Doger entró en contacto, primero en la UAP, y luego en el ayuntamiento de Puebla, con Gabino Carrandi, un personaje clave en sus negocios, propiedades e inversiones dentro y fuera del país.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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Comentarios a periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

El gobierno de Puebla fue ubicado en el lugar número 16 –es decir, a media tabla– en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas 2008, elaborado por la consultora aregional por séptimo año consecutivo.

Cinco fueron los criterios que esta empresa –de la que es socio el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones– tomó en cuenta para hacer su evaluación, con base en la información disponible en los portales de transparencia de los gobiernos estatales: Marco Regulatorio; Costos Operativos; Marco Programático-Presupuestal; Rendición de Cuentas y Estadísticas Fiscales.

La calificación máxima que las entidades federativas podían obtener en esta medición era de 100 puntos, y sólo los gobiernos de Chiapas y Veracruz pudieron alcanzarla. La gestión de Mario Marín obtuvo una calificación de 79.58, apenas 3.28 puntos arriba del promedio nacional.

En 2008, el puntaje más bajo en esta evaluación lo registró el gobierno de Oaxaca, con 25.32 de calificación. El gobierno de Héctor Ortiz Ortiz, de Tlaxcala, se ubicó en el antepenúltimo lugar con 36.04 puntos.

De acuerdo con aregional, los bloques de mayor opacidad del gobierno poblano son los de costos operativos y rendición de cuentas, lo que significa que el portal electrónico de la administración marinista poca información brinda sobre los costos de las actividades y obras que desarrolla para dotar de servicios a la población y atender las demandas sociales.

En este sentido, el estudio destaca que la página de transparencia del gobierno estatal es omisa en el rubro de sueldos, salarios y gastos de representación, pues en el caso de la percepción del gobernador, de 145 mil 330 pesos mensuales, nunca precisa si ésta corresponde sólo a su sueldo base o si incluye otros rubros como riesgo laboral, compensación garantizada, prima vacacional y/o aguinaldo.

Para consultar el Indice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas 2008 haga clic aquí.

Trascendidos con trascendencia

Que ayer el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, entró en contacto con el ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para invitarlo a la ciudad de Puebla a presentar su más reciente libro “La Década Perdida”.

La comunicación entre ambos personajes fue vía telefónica, pues Salinas de Gortari se encuentra actualmente en el extranjero.

García Suárez pactó con el ex presidente de México una reunión que podría darse en el transcurso de la próxima semana para afinar los detalles de su visita a Puebla. El ex dirigente de la Canaco pretende que Salinas de Gortari presente su libro en un acto público, y, dos, que le acepte una comida en su casa con personajes representativos de la entidad.

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Un detalle que ayer llamó la atención en la sesión de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, fue que ningún legislador priísta salió a defender al presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, cuando los legisladores panistas que la integran, y el diputado perredista Melitón Lozano Pérez se pusieron a cuestionar la negativa de éste para agilizar la auditoría a los gastos de campaña del removido munícipe de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos.

Dicha actitud, a decir de algunos diputados, es la confirmación de que el consejero Jorge Sánchez se irá del IEE, una vez que concluya el proceso extraordinario en el municipio de Felipe Ángeles.

¿Será?

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