Tal como se lo había anticipado —y no porque tenga bola de cristal, sino porque las «licitaciones» nacionales convocadas por el gobierno del estado están súper dirigidas— la empresa Dicipa SA de CV fue la ganona del millonario contrato para dotar a la Secretaría de Salud de reactivos de laboratorio con equipo de comodato.

El 13 de octubre le adelanté aquí que de las 137 partidas en que se dividió el referido concurso —para el cual se fijó un presupuesto de 133 millones 163 mil pesos— Dicipa se quedaría con el 90% del monto del contrato y que el resto se repartiría entre las otras tres empresas participantes.

Y así ocurrió: a la empresa previamente designada se le asignaron partidas por un monto de 124 millones 886 mil pesos; a Dikysa SA de CV por 1 millón 612 mil pesos; a Distribuidora LHAG SA de CV por 1 millón 765 mil pesos; y a Proveedora Diagnóstica SA de CV por 4 millones 102 mil pesos.

El fallo de esta licitación con clave 50067001-067-10 aún no se difunde en Compranet, lo que no ha sido obstáculo para que el contrato de la misma se haya formalizado el pasado 15 de octubre con la complicidad del encargado de la Coordinación General de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas,　Ambrosio Bret Sierra, y del secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

¡Viva la impunidad!

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Lo que sí ya se subió al portal de Compranet fue el fallo de la «licitación» nacional 50067001-047-10 para dotar a la　Secretaría de Salud de un Sistema de Información Hospitalaria y de Administración del Seguro Popular con Expediente Clínico Electrónico.

Y tal como también se lo había anticipado —y no por mis dotes de oráculo o porque tenga alguna conexión con el pulpo adivino Paul— dicho contrato se le adjudicó a la empresa It Trade SA de CV en 40 millones 34 mil pesos más IVA, desde el pasado 20 de septiembre.

Dicho concurso estuvo amañado de principio a fin, previo arreglo entre el director general de la empresa Ramiro González Soto, y el secretario de Salud del estado, el inefable Alfredo Arango, previa comisión del 20 o 25%.

Comisión que seguramente explica la diferencia entre el precio que este programa tenía el año pasado —cuando la misma empresa quiso venderlo sin mediar licitación y con el nombre Sistema Poblano de Expediente Electrónico e Información en Salud (SPEEIS), en 31 millones 987 mil pesos— y el contrato que en septiembre firmó el gobierno del estado con It Trade SA de CV.

¡Viva la impunidad!

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Este jueves el gobernador electo de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, estuvo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, en su fiesta de cumpleaños, que tuvo lugar en la casa del senador Luis Maldonado Venegas.

A decir de un cibernauta que subió imágenes de la comida a Twitter, durante el banquete Marcelo Ebrard explicó cómo una alianza de partidos opositores podría vencer al PRI en las elecciones para gobernador del estado de México.

En la mesa de honor, Moreno Valle estuvo flanqueado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, y por Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública, exrector de la Universidad de las Américas y actual presidente del Consejo Consultivo de Convergencia.

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Este jueves por la noche, en sesión del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael von Raesfeld Porras rindió protesta como secretario general, en sustitución de Pablo Montiel Solana, quien fue invitado por el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a formar parte de su equipo de transición.

El regidor Pablo Montiel podría incorporarse a la próxima administración municipal como secretario general o secretario de Gobernación.

En la misma sesión de este jueves se dieron otros nombramientos: Vicente Nájera fue nombrado Tesorero, y Tomás Morales Garduño secretario de Acción de Gobierno.

Vicente Nájera sustituye a Jesús Cortés Rojas, quien es ahora secretario general adjunto del CDE del PAN, y Tomás Garduño a Óscar Anguiano. ***

Simón dice:

«Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.»

Sófocles (495AC-406AC) Poeta trágico griego.

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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