LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Conagua: la mafia Beristáin & Company

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Agosto será un mes clave en los procesos penales que se siguen en contra cuatro ex funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la delegación Puebla: Manuel Beristáin Gómez, Héctor Augusto Rizo López, Francisco Javier Revilla Cerrillo y Mónica González Carrasco.

Uno es el exdirector local del organismo, Manuel Beristáin, a quien le fue decretado un nuevo auto de formal prisión por el Juez 11° de Distrito por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ante el cual ya también promovió un amparo ante el Juzgado 6° de Distrito, con el expediente 1166/2014, tendrá el 28 de agosto su audiencia constitucional.

En ella sus abogados tendrán que demostrar que el panista no actuó de manera dolosa al autorizar la transmisión de la concesión de un pozo a favor de la empresa Mantenimiento Integral Finsa, sin requerir al enajenante, Jorge Andrés Huesca Martínez, el pago de 8.9 millones de pesos que éste adeudaba a Conagua por los derechos de explotación del referido pozo.

Por esta situación también tienen orden de aprehensión el ex subdirector de Administración del Agua, Héctor Rizo y el dictaminador de Conagua, Francisco Javier Revilla, pero con un agravante: el amparo que presentaron ante el Juzgado 7° de Distrito les fue sobreseído, por haber sido promovido fuera del plazo de 15 días hábiles establecido en la ley de la materia, fallo que además confirmó el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en materia penal con el número de Toca 106/2014.

Dicha resolución se dictó el 4 de agosto, y al día siguiente fue notificada a la defensa de los exfuncionarios locales de Conagua.

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La cuarta ex funcionaria sujeta a proceso penal por el delito de falsificación y uso de documentos apócrifos es Mónica González Carrasco, quien está acusada de falsificar la firma del titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local de Conagua, en 50 justificantes hechos con el propósito de impedir le fueran descontados igual número de días laborables, con motivo de sus entradas y salidas fuera del horario establecido.

Mónica González, quien laboró como abogada del organismo federal, interpuso un amparo contra la orden de aprehensión que el Juzgado 1° de Distrito le obsequió  dentro de la causa penal 33/2014, y como parte de este juicio logró que otro juez federal le fijara una caución para evitar fuera detenida en tanto acudía a rendir su declaración preparatoria.

Esta finalmente la presentó por escrito el 29 de julio, pero sin aportar pruebas de su inocencia, por lo que el Juzgado 11°le ratificó el auto de formal prisión el viernes 1 de agosto.

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La fotografía que arriba se presenta fue tomada hace unos días en la fiesta de cumpleaños de Héctor Rizo López, ex subdirector de Administración del Agua de la delegación de Conagua.

En la imagen aparecen ex funcionarios del organismo, así como algunos empleados y trabajadores sindicalizados que mantienen una actitud de confrontación con el actual delegado de la Comisión, Germán Sierra Sánchez.

La mujer de playera azul que abraza a Héctor Rizo es Carmen de la Rosa, empleada del organismo que se queja de sufrir acoso laboral. El hombre de playera blanca y lentes es Hugo Emmanuel García, trabajador sindicalizado, quien junto con otros de sus compañeros cerró hace unos días las oficinas de Conagua Puebla para exigir la destitución de Germán Sierra.

Mónica González Carrasco es la mujer de blusa negra con detalles en color blanco y collar dorado que aparece atrás y a la izquierda de Héctor Rizo.

Las otras dos mujeres de la foto también laboraban en la Comisión, pero fueron despedidas.

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Correos: rruiz@e-consulta.com  y periodistasoy@hotmail.com

 

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Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Negocio fallido o fallido negocio

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Desde que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, perdió el control de la administración y las finanzas del organismo, varias entradas o negocios se le han venido abajo.

Uno de los últimos se refiere al pago que este año el IEE tenía que hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) por la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores de la entidad.

Jorge Sánchez había presupuestado —en el anteproyecto que envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, el 14 de agosto de 2009— que dicha actualización tendría un costo de 8 millones 966 mil 470 pesos con 39 centavos.

Tal cantidad fue cuestionada por la Secretaría de Finanzas, y por el nuevo director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, por considerar que ésta implicaba un aumento excesivo —de casi el 40%— con relación a lo que se pagó en 2007.

El caso es que el 20 de enero de 2010, fecha en que el IEE celebró un contrato con IFE para la actualización del padrón y la lista nominal, éste no ascendió a los casi 9 millones que Jorge Sánchez había solicitado, sino a 5 millones 479 mil 109 pesos con 93 centavos.

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No es política del autor de este blog dar cabida a denuncias anónimas, o publicarlas como si se tratara de una investigación propia.

Hoy haré una excepción, por la importancia del tema —una posible indemnización a la empresa que tenía la concesión del rastro municipal— y los argumentos que ofrece acerca del daño que esta medida ocasionaría a las finanzas del ayuntamiento de Puebla.

Aquí la denuncia, tal cual:

ESTIMADA LICENCIADA BLANCA ALCALÁ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA HERMOSA CIUDAD DE PUEBLA:

ASUNTO: DAÑO AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL POR 21.00 MILLONES DE PESOS POR INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ORIENTE, EX CONCESIONARIA DEL RASTRO MUNICIPAL

Soy una persona que trabaja en la administración pública pero me es imposible dar mi nombre por las repercusiones personales y laborales que esto representa para mi persona.

Me dirijo a usted de manera respetuosa y honesta. Considero que usted es una persona recta, destacada y sumamente honesta. Debido a estas cualidades es que recurro a usted con una seria preocupación.

Mucho se ha dicho en torno a su persona en el sentido de que Usted quiere favorecer a su mentor político al Lic. José Luis Flores al través de su hermano el MVZ Ángel Omar Flores, médico veterinario expulsado de ITO por inoperante y flojo, para quitarle la concesión a Ingeniería y Tecnología de Oriente y dársela a los hermanos Flores, situación que resultaría aberrante y creo que seguramente será falsa.

Recientemente escuché en las noticias que finalmente se le había retirado la concesión del servicio de rastro a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente debido a la infinidad de problemas que acrecentó la empresa durante el periodo de la concesión. Sin embargo me resulta increíble que además de crear problemas y acrecentar los existentes, todavía se le tenga que pagar por el retiro de la concesión.

Me explico:

Todos sabemos que cuando la empresa presentó su oferta, la presentó señalando que existían en ese momento diversos problemas de contaminación, operación y corrupción de inspectores del rastro en la administración DOGERISTA. Entre los problemas más destacados está el hecho de que se estaban depositando en los terrenos residuos de vísceras, sangre, pezuñas y órganos de los animales sacrificados. Estos problemas los debió resolver ITO, no acrecentarlos.

Si bien no es barata la operación de la planta de tratamiento construida con los recursos federales, cuyo costo fue de seis millones de pesos más IVA, también es cierto que la empresa ITO, no solo no la operó, sino que literalmente la desbarato, tirando a la basura tanto el primer tratamiento como siete millones de pesos. Si consultan el acta de entrega de la empresa al ayuntamiento al través de IDAP (anterior administración), podrán constatar lo que comento. La sola reparación representa una salida para el erario de unos 3.2 millones de pesos.

Y que decir de los costos que representara para el Ayuntamiento, es decir para nosotros los contribuyentes, la remediación de los suelos afectados con hígados con CLEMBUTEROL que estuvo tirando la empresa a cielo abierto y sin tratamiento. Se calcula en promedio unos tres millones de pesos para esta obra. Y otros cuatro millones de pesos para el depósito correcto de los residuos retirados. Otros dos para el transporte.

Por otro lado, también la dichosa empresa no solo dañó y se robó varios equipos, sino que dejó en «el taller de reparación» varios equipos substanciales para a operación del rastro, tales como maquinaria corta pechos y la que se usa para lavar los canales de cerdo, misma que garantizaba de alguna forma algo de higiene en la carne que consumimos. Al día de hoy no funcionan estos y varios equipos de refrigeradores. Resultado, otros 2 millones de pesos.

Si seguimos sumando, están también presentes las deudas que ITO dejó en materia laboral al rastro que suman más de 4 millones de pesos.

Sigamos sumando, en materia de aguas: que decir de las multas que puso la Comisión Nacional del Agua por más de un millón de pesos y los adeudos al SOAPAP por 1.5 millones de pesos.

Creo que la liquidación a esta empresa, además de improcedente, es ilegal. Me voy a explicar más.

Si usted lee el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO donde aparece publicado el «Titulo de Concesión» a favor de la empresa, Formas y procedimientos de terminación anticipada.

1. Por renuncia del concesionario;

2. Por conclusión del término de su vigencia;

3. Por caducidad;

4. Por la revocación de la concesión;

5. Por quiebra del concesionario;

6. Por rescate;

7. Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión o bien por extinción del objeto de la misma; y

8. Por mutuo acuerdo.

En caso de que se presente el rescate al que hace referencia el inciso 6 de este punto, el Municipio de Puebla, reconocerá la inversión total del concesionario, la depreciación de activos y su utilidad en un 50%, mismo que será pagado con el flujo del servicio en primer orden y enseguida de derechos preferentes conforme a la ley.

4.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO Y SU INMUEBLE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, podrá revocar administrativamente el título de concesión cuando: (algunas son:)

• El concesionario contravenga gravemente los términos del título de concesión;

• No solicite la certificación posteriormente a los doce meses siguientes al inicio de la operación.

• El concesionario no conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a este, con perjuicio para la prestación del servicio;

• El concesionario contravenga las disposiciones legales aplicables.

• Exista prueba de daño a ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación, conforme la legislación vigente.

Es decir, el título estipula prácticamente dos razones para terminar con la concesión: la primera imputable a intereses del Ayuntamiento y la segunda, que es el caso, cuando la empresa incumpliera alguna de las condiciones del propio Titulo.

En el primero de los casos, que insisto no es aplicable, aunque la quieren convencer de que así es, el Ayuntamiento debería pagarle a ITO todas las inversiones realizadas.

En el segundo, cuando es por incumplimiento, ITO debe perder las inversiones realizadas, que realmente no fueron muchas según consta en actas, y pagar los daños y perjuicios a las instalaciones, que si es el caso.

Por lo indicado específicamente en este documento OFICIAL que hace las veces de LEY resulta IMPROCEDENTE E ILEGAL Y DESHONESTO pagarle a ITO un solo centavo. De hecho ellos nos deben, es decir a todos los contribuyentes la módica cantidad de $ 20.70 millones de pesos.

Por favor Licenciada no permita que estos cínicos se salgan con la suya. Uno de los comentarios mas abiertos que ha hecho el Lic. José Yunez Soto, el Gerente Operativo del Rastro y que nunca en su vida había trabajado en servicios de esta naturaleza, es el hecho de que afirme » SI ME PAGA EL AYUNTAMIENTO, PUEDE SER EL MEJOR NEGOCIO DE MI VIDA SIN HABERLO TRABAJADO«

A mayor abundamiento, ¿sabía usted que uno de los mayores introductores de carne clandestina a la ciudad y que surte a la mayoría de las grandes taquerías es precisamente el Lic. José Yunez Soto? ¿Le parece razonable?

ATENTAMENTE

ALGUIEN PREOCUAPADA POR NUESTRA SALUD Y POR LA ECOLOGIA.

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Ahora doy paso a una carta aclaratoria por lo que en mi anterior entrega redacté sobre el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, Nicéforo Rodríguez Gaytán.

Estimado Rodolfo Ruiz Rodriguez

Director General del Periódico Digital e-consulta

Presente

Al revisar tu columna «La Corte de los Milagros» del jueves 28 de enero del año en curso, en uno de sus apartados mencionas que mantuve reuniones en diferentes momentos con Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas, para ofrecerles exactamente lo mismo: ser un operador político dentro de la BUAP. Lo que significa una traición a Javier López Zavala.

Me consta en muchos casos la seriedad de tus comentarios por lo confiable de tus fuentes de información, sin embargo en este caso solamente te puedo decir que te «chamaquearon» y fuiste el medio adecuado para fomentar una intriga en contra de mi persona exaltando mi condición de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política.

Tres razones son fundamentales para negar las mentiras de tus informadores: no mantengo ni he tenido ningún trato personal, profesional o político con las personalidades que mencionas o con sus hombres de confianza; no tengo ningún interés en involucrarme con algún precandidato, campaña o partido político y; la tercera razón es que buscar ser operador electoral en la BUAP, es algo insensato.

Quien quiera hacerlo o este cumpliendo esta función estará traicionando los principios que dan sentido a la Universidad Publica de ser una institución académica libre, independiente y autónoma del poder político.

Hasta ahora me considero un hombre equilibrado y sano mentalmente. Como universitario no tengo ni busco aspiraciones de este tipo.

Recibe como siempre mis atentos saludos y un fraternal abrazo.

Atentamente

H, Puebla de Z, a 28 de Enero de 2010

Nicéforo Rodríguez Gaytán

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Simón dice:

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor».

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino.

Ecocidio, millonario negocio de funcionarios y especuladores

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Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

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Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí.

Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz

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