Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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Algunos presidentes municipales electos que este jueves fueron convocados en Casa Aguayo por el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, para convencerlos de las bondades de concesionar el alumbrado público mediante Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), salieron francamente decepcionados y, lo peor, convencidos de que se trata de un robo para favorecer a ciertas empresas.

A la vespertina reunión acudieron 17 alcaldes electos o representantes de estos, así como funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gerente regional del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), José Delfino Jiménez Ramírez, además de algunos directivos de empresas que estarán involucradas en el negocio, como General Electric e Infraenergía S.A. de C.V., pese a que todavía ni siquiera se lanza la licitación pública.

El secretario General de Gobierno estuvo acompañado por el empresario Gerardo Islas Maldonado, detalle que llamó la atención de ciertos ediles, a quienes nunca se explicó qué hacía ahí el dirigente estatal del Partido Nueva Alianza.

¿Acaso se trata de uno de los beneficiarios de este millonario negocio?

Entre los munícipes presentes estuvieron los de Amozoc, Ajalpan, Atlixco, Huejotzingo, Libres, San Pedro Cholula, Tecamachalco y Tlacotepec de Benito Juárez. La alcaldesa electa de Tehuacán mandó un representante, lo mismo que otros ediles de filiación priísta.

Ahí se les explicó que las luminarias que se instalarán serán marca General Electric, de última generación y de leds de 90 watts, lo que garantiza un bajo, bajísimo, consumo de energía.

El presidente de Atlixco, José Luis Galeazzi Berra, preguntó sobre el costo que tendría cada lámpara y la respuesta que recibió lo dejó perplejo: entre 500 y 800 dólares.

¡Uy, qué precisión!

Al terminar la reunión, algunos presidentes intercambiaron opiniones y otros se pusieron a investigar sobre la experiencia y trayectoria que tiene Infraenergía S.A. de C.V. en la prestación de los servicios de alumbrado público, y se encontraron con algo que confirmó sus sospechas: se trata de una empresa nueva, tanto que ni sitio de internet tiene aún.

Es más, su marca tampoco aparece registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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El martes de la siguiente semana, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será recibido en el salón Paraninfo del edifico Carolino de la BUAP, para presentar su propuesta de Reforma Energética y argumentar por qué no debe aprobarse el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución.

Al acto ha confirmado su asistencia el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y un conjunto de diputados y senadores del PRD, y de otros partidos de izquierda, que también se oponen a la Reforma Energética impulsada por el gobierno federal priísta.

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Más allá de los pleitos y grillas entre el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Javier García Ramírez, y el director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, Eduardo Macip Zúñiga, resulta inaudito el amago de romper la carpeta de concreto que se construye sobre la Vía Atlixcáyotl para ubicar los daños causados en las tuberías de distribución del vital liquido que cruzan por esa importante vialidad.

Esta situación no sólo evidencia la falta de coordinación que existe entre las dependencias del gobierno del estado, sino el poco respeto de las autoridades hacia los ciudadanos.

El 17 de julio de 2008, Javier García presumió la coordinación y logística que la SEDUOP había logrado establecer con las empresas constructoras, Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Maxigas y Soapap para empatar los movimientos de postes, cables y tuberías con la ejecución de la obra.

Sin embargo, a juzgar por las críticas y amenazas del director de Operación Hidráulica del Soapap, Tomás Hernández Leal, dicha coordinación valió madres.

No es posible que ahora que la obra se encuentra avanzada, el Soapap nos salga con el cuento de que las empresas a cargo de los trabajos —–CUAR Constructores Asociados, PERECAR y Asociados, CUPSA y ALOM Construcciones— han cometido errores y daños en las tuberías que afectan el suministro de agua potable en 120 colonias del sur de la ciudad.

Y menos tratándose de una de las obras viales más caras en la historia de Puebla y el país, pues cada kilómetro de lo que será el Boulevard Bicentenario tendrá un costo de 100 millones de pesos.

En la remodelación de la Vía Atlixcáyotl se invertirán casi 500 millones de pesos, cifra superior en una quinta parte al presupuesto que este año destinarán el ayuntamiento de Puebla y el gobierno del estado en la pavimentación y reconstrucción de 400 calles de la capital.

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El nombramiento de Jorge Rodríguez y Morgado como secretario de Gestión Urbana y Obra Pública del ayuntamiento de Puebla está lejos de ser una concesión al expresidente municipal Enrique Doger Guerrero, con quien aquel colaboró como secretario de Administración Urbana.

Y es que Rodríguez y Morgado salió del ayuntamiento por diferencias con el exmunícipe, harto de las presiones del coordinador ejecutivo de la presidencia, Alberto Ventosa Coghlan, a los proveedores y contratistas, y de que Enrique Doger lo tuviera como parapeto de quien en realidad mandaba en la dependencia: Gerardo Sordo Sainz.

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Si bien el regidor de Hacienda de San Martín Texmelucan, Ricardo Pérez Rico, fue amenazado y chantajeado vía telefónica por supuestos zetas, al igual que otros funcionarios de ese ayuntamiento, lo ocurrido el lunes por la noche a las puertas de su domicilio, en San Andrés Cholula, está lejos de ser un atentando del brazo armado del Cártel del Golfo.

El regidor fue baleado pero resultó ileso, no así su esposa quien se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con fuentes cercanas que la tarde de ayer establecieron contacto con familiares del regidor, vecino del fraccionamiento El Barreal.

Pérez Rico encabeza en el Cabildo de Texmelucan a un grupo de regidores, que suele oponerse a las acciones del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández, a pesar de que ambos militan en el mismo partido: Nueva Alianza.

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Simón dice:

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia”.

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.

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