Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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