En el transcurso de los próximos días el subdirector de Comunicación Social del Congreso del estado, Óscar de la Vega Torres, será sometido a fuertes presiones para echarlo del Poder Legislativo.

Por un lado un grupo de reporteros de la fuente se ha organizado para plantearle al líder de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, la necesidad de que éste sea relevado por el trato y hostilidad que muestra hacia ellos en el desempeño de su función, al excluirlos de entrevistas y entorpecer su labor noticiosa.

Y por otro, se le acusará de la sustracción ilegal de un equipo propiedad del Congreso del estado con valor de más de 80 mil pesos.

Se trata de un VTR para Mini DV, marca Panasonic, que es un aparato de edición para grabar y copiar en serie.

Dicho equipo, que habría sido utilizado para la campaña electoral del candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala, ahora se dice que está desaparecido con reporte de robo, de acuerdo con informes obtenidos por el Comité de Administración del Poder Legislativo.

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Este miércoles el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública —integrado por los comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Samuel Rangel Rodríguez y José Luis Javier Fregoso Sánchez— acudió al Congreso del estado a entregar un paquete de propuestas y reformas para mejorar la actual ley de transparencia.

Entre otras cosas los comisionados plantearon modificar la actual Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2011, que establece altas cuotas por la reproducción o expedición de copias certificadas como única modalidad de la información comprobatoria del gasto, o eliminar de esta legislación el requisito de que los solicitantes deben entregar copia de su RFC o CURP para acceder a la información pública requerida.

Los comisionados fueron recibidos por el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga, y la presidente de la Comisión de Transparencia, Josefina Buxadé Castelán.

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David Villanueva Lomelí, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración y subdirector general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), presentará este viernes su examen para el grado de doctor en Administración Pública.

El funcionario federal curso doctorado en la Universidad Anáhuac del Norte de la ciudad de México, institución que cuenta con el aval de la Sorbona de París en estos estudios de postgrado.

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Un personaje que podría sumarse a la puja por la Dirección de Comunicación Institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una vez que su actual titular Jorge David Cortés Moreno sea promovido como director de un Instituto de investigación de nueva creación en Administración y Políticas Públicas es el exdiputado local y excandidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila.

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Noticias preocupantes y hasta escandalosas están por surgir en torno al Cereso de San Miguel.

Una está relacionada con los negocios que desde el interior de este centro penitenciario y al amparo de las autoridades del mismo realizan los Tiro Moranchel, y otra con la salida de peligrosos internos que al final del sexenio marinista obtuvieron sus cartas de liberación.

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Simón dice:

«Cuando el agua te llega al cuello, no te preocupes si no es potable.»

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío.

Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Aun cuando la Gran Comisión aún no define la terna que será presentada al pleno de la Cámara de Diputados, lo más probable es que Blanca Lilia Ibarra Cadena sea quien la encabece y la que ocupe el cargo que dejará vacante en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán.

De los 15 aspirantes al cargo que ayer fueron entrevistados por los diputados de la Gran Comisión del Congreso del estado, hay coincidencia que las mejores exposiciones fueron las de Josefina Buxadé, Blanca Lilia Ibarra, Ana Belén Mendieta Lozada y Roberto Díaz Sáenz, en ese orden.

Para los legisladores priístas, que son los tienen en sus manos la decisión, las propuestas de Blanca Lilia Ibarra y Josefina Buxadé representan dos complicados dilemas.

En el caso de la presidenta de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, existe el temor de que su nombramiento pueda ser impugnado, bajo el argumento de que Ibarra no cumple con el punto seis de la convocatoria expedida por el Poder Legislativo, y que a la letra dice:

«6.- No haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de Dependencia o Entidad Federal, Estatal o Municipal; Magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado, Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación o agrupación política durante los tres años previos al de su designación».

Ayer la propia Blanca Lilia Ibarra explicó a los diputados que la interrogaron sobre el particular que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Puebla, de la cual se separó para registrarse como aspirante a comisionada de la CAIP, no es una dependencia o entidad municipal, sino un organismo auxiliar transitorio.

Su argumentación no convenció del todo a un sector de los diputados del PAN, que anoche recibieron un informe de sus asesores jurídicos en el sentido de que la participación de Blanca Lilia en el proceso de renovación de la CAIP podría ser violatoria de la convocatoria emitida por el Congreso del estado para tal fin.

El segundo dilema de los priístas es no saber cómo o bajo qué argumentos impedir la continuidad de Josefina Buxadé al frente de la CAIP.

Y más cuando ayer se conoció que además de la UDLA-P, la Ibero, la UPAEP, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y la Fundación para la Libertad de Expresión, entre otras organizaciones que la nominaron, cuenta con el respaldo de intelectuales, escritores, periodistas, consejeros electorales y académicos de reconocida talla nacional e internacional que no debieran ser ignorados.

Por lo pronto hoy continuarán al seno de la Gran Comisión las negociaciones, por lo que la terna definitiva que este jueves será presentada al pleno de la LVII Legislatura local se conocerá hasta hoy por la noche o mañana antes del medio día.

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Trivia (poco transparente, como la CAIP y la comisión legislativa del ramo):

¿A favor de qué candidato a diputado local priísta la señora Adelina Acevedo organizó al menos un desayuno en su residencia del fraccionamiento Satélite La Calera durante el pasado proceso electoral de noviembre?

Pistas:

La señora Adelina Acevedo es madre del hoy presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo.

El susodicho candidato es hoy diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales que tiene a su cargo la investigación sobre el presidente de la CAIP.

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Los diputados priístas de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado echaron para atrás un acuerdo para que sus sesiones fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación y organizaciones civiles interesadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso que dicha iniciativa había sido impulsada por una legisladora de ese partido, Rocío García Olmedo.

Lo anterior no sólo manda una pésima señal sobre la nula voluntad política que existe para sacar una reforma de avanzada, sino que en las próximas sesiones y mesas de trabajo de las comisiones unidadas de Gobernación y Transparencia los priístas tratarán de sacar a cómo de lugar su iniciativa, así tengan que negociar en lo oscurito algunas prebendas con la oposición.

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En ese marco, hay que entender el acuerdo que ayer tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que el PRI presentó sobre el triunfo del candidato del PAN en las elecciones extraordinarias efectuadas en el municipio General Felipe Ángeles.

El Tribunal Electoral decidió posponer su fallo sobre la validez de esa elección, mientras investiga si el candidato ganador del PAN, Camilo Vera, cumplió o no con todos los requisitos exigidos por el código en la materia, entre ellos su vecindad en el municipio, lo que a estas alturas resulta absurdo, considerando que éste ya fue candidato a la alcaldía en 2004 y que fue aceptado como candidato por el IEE para las elecciones extraordinarias.

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El diputado local priísta por Xicotepec, Carlos Barragán Amador, se presentó ayer al municipio de Tlaola, que ni siquiera pertenece a su distrito, para ofrecer sus servicios de gestor al presidente municipal y a los afectados por un talud en la comunidad de Tlaltepango, que mató a dos personas, dejó heridas a otras cuatro y enterró cinco viviendas en el barrio de Agua Buena.

Fantoche como es, Carlos Barragán llegó a Tlaola al filo de las 11 de la mañana, y en presencia del munícipe Juvenal Viveros Bobadilla, se comunicó vía telefónica con el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, para que éste le anunciara que su dependencia apoyará a los deudos y a las familias damnificadas por la tragedia.

La actitud del legislador priísta fue tan impostada que los vecinos no se tragaron el cuento de su desinteresada ayuda, pues saben de la intención de Carlos Barragán de convertirse en diputado federal por la región, y de que Tlaola si bien no pertenece al distrito local 26, con cabecera en Xicotepec, sí forma parte del distrito federal 1, con cabecera en Huauchinango, por donde el alfil de López Zavala pretende colocarse al Congreso de la Unión.

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Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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