La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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Trivia (poco transparente, como la CAIP y la comisión legislativa del ramo):

¿A favor de qué candidato a diputado local priísta la señora Adelina Acevedo organizó al menos un desayuno en su residencia del fraccionamiento Satélite La Calera durante el pasado proceso electoral de noviembre?

Pistas:

La señora Adelina Acevedo es madre del hoy presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo.

El susodicho candidato es hoy diputado local y presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales que tiene a su cargo la investigación sobre el presidente de la CAIP.

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Los diputados priístas de la Comisión de Transparencia del Congreso del estado echaron para atrás un acuerdo para que sus sesiones fueran públicas y abiertas a los medios de comunicación y organizaciones civiles interesadas en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas.

Y eso que dicha iniciativa había sido impulsada por una legisladora de ese partido, Rocío García Olmedo.

Lo anterior no sólo manda una pésima señal sobre la nula voluntad política que existe para sacar una reforma de avanzada, sino que en las próximas sesiones y mesas de trabajo de las comisiones unidadas de Gobernación y Transparencia los priístas tratarán de sacar a cómo de lugar su iniciativa, así tengan que negociar en lo oscurito algunas prebendas con la oposición.

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En ese marco, hay que entender el acuerdo que ayer tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) sobre la impugnación que el PRI presentó sobre el triunfo del candidato del PAN en las elecciones extraordinarias efectuadas en el municipio General Felipe Ángeles.

El Tribunal Electoral decidió posponer su fallo sobre la validez de esa elección, mientras investiga si el candidato ganador del PAN, Camilo Vera, cumplió o no con todos los requisitos exigidos por el código en la materia, entre ellos su vecindad en el municipio, lo que a estas alturas resulta absurdo, considerando que éste ya fue candidato a la alcaldía en 2004 y que fue aceptado como candidato por el IEE para las elecciones extraordinarias.

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El diputado local priísta por Xicotepec, Carlos Barragán Amador, se presentó ayer al municipio de Tlaola, que ni siquiera pertenece a su distrito, para ofrecer sus servicios de gestor al presidente municipal y a los afectados por un talud en la comunidad de Tlaltepango, que mató a dos personas, dejó heridas a otras cuatro y enterró cinco viviendas en el barrio de Agua Buena.

Fantoche como es, Carlos Barragán llegó a Tlaola al filo de las 11 de la mañana, y en presencia del munícipe Juvenal Viveros Bobadilla, se comunicó vía telefónica con el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, para que éste le anunciara que su dependencia apoyará a los deudos y a las familias damnificadas por la tragedia.

La actitud del legislador priísta fue tan impostada que los vecinos no se tragaron el cuento de su desinteresada ayuda, pues saben de la intención de Carlos Barragán de convertirse en diputado federal por la región, y de que Tlaola si bien no pertenece al distrito local 26, con cabecera en Xicotepec, sí forma parte del distrito federal 1, con cabecera en Huauchinango, por donde el alfil de López Zavala pretende colocarse al Congreso de la Unión.

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