En el Congreso del estado existen legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa

A Verónica Mastretta Guzmán y a sus hermanos Sergio, Ángeles, Daniel y Carlos por el lamentable deceso de su señora madre. Desde aquí nuestro pésame.

¿Sabía usted que desde el jueves 10 de julio el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE giró un oficio al vocal ejecutivo del Instituto en Puebla, Luis Garibi Harper y Ocampo, solicitándole su apoyo para entregar al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, copias del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que en dicho expediente —de 223 fojas útiles— existen pruebas documentales que corroboran hasta la saciedad que el actual presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que el propio presidente de la agrupación política, Tulio Zárate Luna, hizo saber a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 que Juárez Acevedo se desempeñaba como secretario general de la misma?

¿Sabía usted que en el acta de certificación de las asambleas estatales de Plataforma Cuatro celebradas durante el 2001 en los estados de Tlaxcala y Michoacán, para constituirse en partido político nacional, se menciona que Juárez Acevedo participó en la lectura de los documentos básicos, y que además lo hizo en su calidad de secretario general?

¿Sabía usted que lo mismo dice el acta de certificación de las asambleas efectuadas en Veracruz y Querétaro?

¿Sabía usted que tres distintos oficios de fechas 11, 20 y 30 de enero de 2002 —mediante los cuales Plataforma Cuatro informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE el día, hora y lugar en que tendría lugar su asamblea nacional—, están suscritos por Antonio Juárez Acevedo como secretario general?

¿Sabía usted que en la mencionada asamblea nacional constitutiva Juárez Acevedo fue electo como secretario general del naciente partido político nacional?

¿Sabía usted que posteriores oficios, también dirigidos al IFE, fechados el 13 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002, llevan la rubrica de Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que todavía el 17 de octubre de 2002 el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Tulio Zárate Luna, en respuesta al oficio DEPPP/DPPF/3059/2002, hizo saber al IFE que Juárez Acevedo formaba parte de su Comité Ejecutivo Nacional con el cargo de secretario general?

¿Y sabía usted que fue hasta el 3 de febrero de 2005, dos meses después del nombramiento de Juárez Acevedo como comisionado de la CAIP por parte del Congreso del estado, que Tania Susana Hernández Zafra pidió al IFE  corregir el directorio de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que ella era la nueva presidenta, y que su petición fue rechazada por no ir acompañada de la documentación que acreditara tanto las asambleas donde se efectuaron esos cambios como el acta de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, supuestamente encabezado por ella?

Si no lo sabía, ahora ya lo sabe; como también sabe que Juárez Acevedo es un mentiroso, por negar su pertenencia a Plataforma Cuatro; y que en el Congreso del estado existen también legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo, quien el domingo declaró a la prensa que aún no tenía ninguna respuesta del IFE sobre el caso Juárez Acevedo.

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¿Pagan Play Boy del IEE?
Ayer recibí en mi buzón, un correo electrónico de una persona que dice ser empleado del Instituto Electoral del Estado y que se cuestiona por qué este organismo contrató a Megacable el canal de Playboy.

Aquí su mail, tal cual:

¿Alguien me puede decir por qué los consejeros electorales del IEE tienen servicio de Playboy?, contrato que por cierto firmó el dizque contador público Luis Javier Córdova Sánchez con la empresa Megacable con el numero de suscriptor 326071.
 
Se supone que en este año los recursos son limitados y que en el Instituto hay austeridad, pero hay una persona, Alberto Adrián Pérez Romero, que recibió una liquidación de  $150,000. ¿Quién es? ¿En qué área trabajó? ¿Alguien lo conoce? ¿Por qué se emitió el cheque de HSBC número 37976?

Les recuerdo que la ex contralora Dalhel Lara Gómez y la ex directora de Capacitación, Ana Silvia Santillana no recibieron liquidación (ojo). Ésa es una de tantas transas no conocidas del IEE, así como las que realizan día a día la directora administrativa y su sobrinito Luis Javier Córdova Sánchez, a espaldas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

Estas personas obtienen dinero fácil de las arcas del Instituto en vales de gasolina y comprobando con facturas que no les corresponden. Claro, esto  habría que consultarlo con la tesorera del Instituto, Anabel Alvarado, quien fácilmente se presta a ello. Cuando se emite un cheque debe llevar 2 firmas: una es de la tesorera y otra de la directora Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, o de la coordinadora financiera, María Juana Huitzil Almonte.

Otra pregunta: ¿por qué a Noé Muñoz Alejandro le dieron un cheque de liquidación por $10,192.96 si era eventual? Por lo que tengo entendido él, al igual que muchas otras personas, había firmado un contrato comprometiéndose a no solicitar liquidación ni prima vacacional, ni aguinaldo. En pocas palabras, firmó para no tener derecho a ninguna prestación.

¿No sería justo que todas las personas que prestaron su servicio en año electoral contaran con el mismo beneficio?

Habrá que preguntarle a la directora administrativa en qué circunstancias aplica ciertos criterios. A final de  cuentas, ese dinero que fluye de aquí para allá es nuestro, de todas las personas que pagamos impuestos en el estado de Puebla.

Hay tantas cosas que aún no se saben del Instituto Electoral del Estado que es mejor que permanezcan ocultas.

Hasta aquí el correo.

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La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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