Antes de que el Congreso del estado decida abrogar la Ley Bala —que oficialmente se denomina Ley para proteger los derechos humanos  y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla— por petición del mismo gobernador Rafael Moreno Valle, bien valdría la pena revisar qué tanto se cumplió en el desalojo de pobladores de Chalchichuapan, el pasado 9 de julio.

Hay que decir que la legislación enviada al Congreso del estado el pasado 7 de mayo, tenía el propósito de regular el uso legítimo de la fuerza para restaurar la estabilidad social y el orden colectivo, una vez agotados otros mecanismos como el diálogo, la persuasión o la advertencia.

Para su aplicación, el Congreso dispuso que las policías y sus mandos se apegaran a los principios de legalidad; racionalidad  (La fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación con el evento); necesidad (El uso de la fuerza resulta la última alternativa para evitar la lesión de bienes jurídicamente protegidos, al haberse empleado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor); proporcionalidad (El nivel de uso de la fuerza debe ser acorde con la amenaza, las características personales del agresor, sus antecedentes, armamento y la resistencia u oposición que presenta); congruencia (Implica que haya relación de equilibrio entre el nivel de uso de fuerza y el detrimento o daño que se cause al agresor); oportunidad; eficiencia; profesionalismo (Los elementos policiales deben estar capacitados para el correcto desempeño de su función); y honradez.

¿Cuántos de estos principios del artículo 3 de la Ley Bala se aplicaron de manera correcta en el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9 de julio?

Lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 8 de la legislación tampoco parece haberse respetado, aquella azarosa tarde.

Artículo 5.- Los elementos policiales cumplirán en todo momento con los deberes que les impone la presente Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, preservando la vida, la integridad física y la libertad, evitando conductas que importen la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias o desproporcionadas, tortura, penas o tratos crueles, las cuales se sancionarán en términos de las leyes penales y administrativas aplicables.

Artículo 6.- El uso legítimo de la fuerza por parte del elemento policial se realizará siempre como última medida en los siguientes casos:

I.- Para lograr el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento…

Artículo 8.- El uso de la fuerza por parte de los elementos policiales deberá ser gradual, atendiendo a los niveles en el uso de la fuerza y al amparo de los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en los términos establecidos en la presente Ley.

En los videos que el propio gobierno ha elaborado y patrocinado para inculpar a los pobladores nunca se aprecia que las acciones del gobierno hayan ido de menos a más, que se hubiera garantizado la protección de los menores que participaban en el bloqueo —si así hubiera sido seguramente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aún seguiría vivo— que los detenidos opusieran gran resistencia o que antes del empleo de bombas y granadas lacrimógenas los inconformes hubieran lanzado bombas molotov.

Estos, los inconformes, sí arrojaron bombas molotov, pero hasta media hora después de los primeros enfrentamientos y una vez que fueron gaseados.

Las autoridades tenían la obligación, en términos del artículo 12 fracción V, de dar parte a la Comisión de Derechos Humanos del desalojo que iban realizar, antes de ejecutarlo y no después de sucedido.

En los artículos 17  y 19 de la Ley Bala se dice que los elementos policiales antes de ser enviados a operativos como el efectuado en la autopista Puebla-Atlixco tuvieron que ser entrenados en el uso de armas no letales, y en técnicas de solución pacífica de conflictos, como la persuasión, el diálogo y la mediación.

¿Cuántos de los granaderos y jefes policíacos que fueron enviados a desalojar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares recibieron esta capacitación?

Textualmente el artículo 24 de la legislación de marras establece que “en todo momento el elemento policial deberá evitar el uso excesivo o desproporcional de las armas no letales. La contravención a lo anterior será sancionada por las disposiciones penales y administrativas que correspondan”.

¿Sabe usted de algún efectivo o jefe policíaco que haya sido sancionado por disparar a quemarropa cilindros de gas lacrimógeno a los manifestantes? ¿A poco el gobierno, con los videos que ya tiene, ignora qué policías incurrieron esta práctica desproporcionada de armas no letales?

Pero si todo lo anterior no fuera suficiente para acreditar que en el desalojo violento de los vecinos de Chalchihuapan no se cumplió con el protocolo, ni existió coordinación interinstitucional, cheque lo que se especifica en los artículos 41 y 42 de la Ley Bala en el caso de manifestaciones o bloqueos carreteros.

Artículo 41.- En la planeación de los operativos en caso de manifestaciones se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:

I.- Factores que impliquen riesgo en el desarrollo de la manifestación;

II.- Estrategias para repeler posibles agresiones o actos violentos en contra de los manifestantes;

III.- Estrategias para enfrentar posibles agresiones o acciones violentas por parte de los manifestantes;

IV.- Identificación de posibles agresores dentro del grupo, con el fin de aislar los hechos violentos que pudieran ocasionar; y

V.- Omitir acciones que pudieran ocasionar respuestas violentas por parte de los manifestantes o grupos contrarios.

Artículo 42.- De manera enunciativa, se consideran factores que deben ser tomados en cuenta en los operativos:

I.- El poder numérico de los manifestantes;

II.- Las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las manifestaciones;

III.- El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas;

IV.- Los aspectos políticos o socioeconómicos imperantes en el momento de la manifestación; y

V.- La cobertura a la manifestación.

¿Usted considera que si el operativo se hubiera estudiado y planeado como se especifica en la Ley Bala no se hubiera evitado que más de 40 de granaderos resultaran lesionados?

¿Qué el enfrentamiento entre pobladores y efectivos se prolongara por más de una hora?

¿Que hubieran tenido que llegar en auxilio de los granaderos otro número igual de efectivos que los que inicialmente participaron en el desalojo?

¿Que los granaderos se hubieran tenido que quedar sin parque (gas lacrimógeno) y el helicóptero de la policía ir al estado de Tlaxcala y al Distrito Federal por más bombas lacrimógenas?

¿Pues de qué tipo de planeación y estrategias estamos hablando?

Por eso insisto que antes que los diputados abroguen este martes la Ley Bala primero se evalúe su implementación y cumplimiento, pues no se vale que después del niño muerto ahora las autoridades quieran tapar el pozo y cubrir con manto de impunidad a los autores intelectuales y materiales de esta fatídica y autoritaria legislación.

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Que las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación del estado están tomando muy a la ligera las denuncias y quejas en contra del presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, por las amenazas y actos de prepotencia en que ha incurrido en perjuicio de ciudadanos y periodistas.

Uno de estos últimos, Roque Ramírez López, fue amenazado de muerte por el munícipe serrano, sólo por cuestionarlo sobre el monto invertido por el ayuntamiento en las obras de la plaza de toros, las ganancias obtenidas en la feria del pueblo y el costo de su lujosa camioneta Ford Lobo.

Al presidente municipal priísta le irritó que el periodista le preguntara por qué su gobierno prefería invertir dinero público en la feria y en la compra de un vehículo último modelo, y no en las 2,400 familias de Zacapoaxtla que viven en casas de piso de tierra.

Ese día, el jueves 18 de diciembre en los bajos del Palacio Municipal, Justino Guerrero fue abordado por el periodista Roque Ramírez, a quien ya había dejado plantado en varias ocasiones.

Prepotente, el munícipe le dijo que no sólo le iba a responder ninguna pregunta, sino que le iba a partir la madre.

Esa misma tarde, uno de sus colaboradores se presentó al domicilio del reportero para advertirle: “Ten cuidado porque tú no eres la primera persona que amenaza y si no te hace nada a ti, sí puede actuar contra tu familia”.

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Que el Comité Directivo Estatal del PAN poco o nada podrá hacer, más allá de alguna opinión, en el proceso de selección de candidatos a diputados federales por la vía uninominal y plurinomional.

A nivel estatal, la dirigencia panista sólo se limitará a informar en cuáles de los 16 distritos federales en que se divide la entidad habrá convenciones para elegir candidatos, y en cuáles el Comité Ejecutivo Nacional hará las designaciones correspondientes.

En uno y otro caso, las convocatorias y notificaciones, se conocerán a más tardar el 15 de los corrientes.

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Que el jueves 8 de enero, es decir, al día siguiente de la reanudación de labores oficiales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el rector Enrique Agüera Ibáñez realizará una gira de trabajo, en compañía del gobernador Mario Marín Torres, por Chiautla de Tapia y Tehuacán.

En el primer municipio, el gobernador y el rector colocarán la primera piedra de lo que será el nuevo campus de la BUAP en la Mixteca poblana, y en Tehuacán también colocarán la primera piedra pero de un nuevo edificio en ese campus, que este año cumple 10 de construido.

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Que la esposa del gobernador Mario Marín Torres, Margarita García de Marín, también rendirá su cuarto informe de labores como presidenta del Patronato estatal del DIF en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Ello ocurrirá por ahí de la primera quincena de febrero.

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Que Josefina Buxadé Castelán se reintegrará hoy a la Universidad de las Américas Puebla (UDLA-P) como jefa del Departamento de Comunicación, en donde ofrece continuar como garante de la transparencia y el acceso a la información pública.

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LIC. RODOLFO RUIZ RODRIGUEZ.
Director General del portal de noticias digital “E-CONSULTA”.
P r e s e n t e.

 Por este medio, me permito hacerle las siguientes precisiones, relacionadas con la información que se publicó en una de las partes de su prestigiada columna “La Corte de los Milagros”, del martes 6 de enero de 2009:

El 19 de diciembre de 2008, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado recibió vía telefónica, la queja del C. Roque Ramírez López, corresponsal en Zacapoaxtla del periódico digital “e-consulta”, en contra del Presidente Municipal del mencionado lugar, por malos tratos y amenazas.

El día 23 de diciembre de 2008, el quejoso Roque Ramírez López se presentó en las oficinas de la CDH-Puebla para ratificar su queja.

Es importante mencionar que la queja que se registró con el número 12730/08-I, se encuentra en periodo de integración, con la finalidad de hacerse llegar de todos los elementos de prueba para que en su momento se emita alguna resolución apegada a derecho, y con todo el rigor y la seriedad que ha caracterizado al actual trabajo de la Institución.

La Institución Protectora de los Derechos Fundamentales en Puebla, reafirma su compromiso en la protección y defensa de los derechos de todas las personas que se encuentran en territorio poblano, y en su caso, de confirmarse los hechos, reprueba la actitud de la autoridad municipal en contra del trabajo profesional del periodista.

Reitero a Usted, mi atenta y distinguida consideración.

H. Puebla, de Z., a 6 de enero de 2009.

ATENTAMENTE
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.
LCC. HECTOR JESUS PEREZ SUAREZ.

Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Por Fernando Pérez Corona

Uno de los escenarios más analizados  por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Lydia Cacho fue el posible concierto de autoridades en contra de la autora de “Los demonios del edén”.

Con base en la conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif Borge, la discusión entre los integrantes del máximo tribunal del país estuvo encauzada hacia la supuesta confabulación entre los poderes Ejecutivo y Judicial para violar los derechos de la periodista, y la nula posibilidad del Legislativo para sancionar esta acción ilegal.

El final, ya lo conocemos.

En esta semana, no está de más recordar el reclamo de Cacho Ribeiro.

¿Por qué?

Tan sólo reflexione conmigo:

¿Qué posibilidades tenemos los poblanos de que el Congreso local legisle en beneficio de nosotros, si la mayoría priísta se impone y acata la indicación del gobernador?

Así sucedió con la Ley de Transparencia.

Decidieron con base a los intereses del mandatario, ni siquiera en relación con sus propias ideas.

Los diputados del instituto tricolor no escucharon a la gente y tomaron la decisión de caminar hacia donde les ordenaron.

Y todo nos viene de golpe y porrazo.

El pasado fin de semana, una maniobra en el Poder Judicial ordenada desde el Poder Ejecutivo permitió al Fideicomiso Atlixcáyotl-Quetzalcoatl recuperar el Parque del Arte y desalojar a Puebla Verde, específicamente a Verónica Mastretta.

Los jueces habían partido de vacaciones a las 3 de la tarde y a las 6 todavía un diligenciario salió a cumplir con su deber.
Ajá.

Pero no fuera uno, porque padecemos las de Caín.

En breve, la elección (¿o designación?) del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¿Hay posibilidades de proponer al mejor?
No.

La decisión está en manos del gobernador Mario Marín Torres.
Como siempre.

A merced del señor gobernador.
Indefensos.

En corto

¿Sabe usted algo acerca de la construcción del Libramiento Norte de la ciudad de México, el cual tendrá una longitud de 224 kilómetros, desde San Martín Texmelucan hasta Atlacomulco, estado de México? Si carece de esta información, le cuento que la vía terrestre atravesará las autopistas México-Pachuca y México-Querétaro, así como las carreteras Texcoco-Apizaco y México-Tulancingo. Además formará parte del corredor del altiplano y enlazará cinco corredores troncales. La obra está a cargo del Grupo Carso, de Carlos Slim, y estaría terminada este año. Pero no. Falta mucho para terminar. Para empezar, no están resueltos los problemas con ejidatarios y comunidades que reclaman obras complementarias. ***** Otra sobre carreteras. Además del Libramiento Norte, la empresa española Obrascón-Huarte-Lain (OHL) tiene otras obras relacionadas con Puebla, aunque estas no fueron negociadas en el despacho del gobernador Mario Marín Torres. OHL construye el circuito exterior mexiquense, en un tramo de Huehuetoca al oriente del Distrito Federal; pero, además, tendrá a su cargo la segunda fase de la autopista Puebla-Chalco, con una longitud de 100 kilómetros. ¿Estará pensando en conectar esta autopista con el Libramiento Norte? ¿Será? ¿De ahí la necesidad de tener tres casetas de peaje? ¿Un punto de cobro servirá para unir las dos vías terrestres? Piensa mal y acertarás. ***** Por cierto, la tarde de este lunes me dio coraje encontrarme en internet con la orden del día de la sesión pública del Congreso local del pasado 3 de julio, pues el diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, promovió el “Punto de Acuerdo” para exhortar “al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a informar a esta Soberanía sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico”. Ojalá y a estas alturas el célebre Pepe Momoxpan sepa que el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla no tendrá conexión con el Periférico, que son dos vialidades distintas. ***** Y ya que hablamos de la ignorancia de nuestros legisladores, la semana pasada, navegando por las ondas hertzianas encontré una entrevista en vivo de la priísta Bárbara Ganime respecto al próximo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH). La sorpresa fue mayúscula cuando la integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura proponía, en lugar de un ombudsman, una “ombudswoman”. ¿¿¡¡ Quéeeee !!?? No es inglés. La palabra ombudsman es de origen sueco y significa «representante del ciudadano”. Así, pues, el femenino de ombudsman es ombudskvina u ombudsperson. Para evitar problemas, sería correcto tan sólo decir la ombudsman. Olviden eso de “ombudswoman” (ya dejen de ver las añejas series gringas de Wonderwoman y The Bionic Woman, o las historietas de Catwoman, e incrementen su acervo cultural). ***** Para festejar el 40 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México prepara una exposición de fotógrafo oriundo de Zacatlán, Manuel Gutiérrez Paredes, mejor conocido como “Manachito”, cuando era fotógrafo de Luis Echeverría. Como se recordará, tras su muerte su familia heredó una colección de mil 268 fotografías, las cuales fueron vendidas por su hermana a la máxima casa de estudios, la cual realizó la digitalización del lote en 2002. Las fotografías serán expuestas junto con el archivo del ex gobernador de Veracruz (1962-68), Fernando López Arias.

Y hasta pronto.
Mañana vuelve Rodolfo Ruiz a este espacio.
Cualquier comentario: ferperezcorona@hotmail.com
Gracias

 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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