Este fin de semana será clave para el futuro de la coalición electoral que PAN y PRD pretenden llevar a cabo con otros partidos (como PT, Convergencia y PANAL) y con organizaciones civiles como el movimiento Puebla de Acuerdo.

Y no porque las dirigencias de estos partidos vayan a repartirse las candidaturas de los cargos de elección popular que estarán en juego en los comicios del 4 de julio, sino porque tendrán que aceptar algunas condiciones de los impulsores no partidistas de esta coalición.

La principal condición de los promotores del movimiento Puebla de Acuerdo es que la planilla de regidores y síndico del ayuntamiento capitalino sea integrada con ciudadanos representativos de la Angelópolis, más que con militantes plena o abiertamente identificados con un partido político.

La segunda condición es que tanto los miembros de la planilla de regidores y síndico, como las fórmulas de candidatos a diputados de mayoría representativa y de representación proporcional pasen por el filtro de un Consejo Ciudadano que revise y evalúe los perfiles y trayectorias de cada uno.

Dicho Consejo estaría integrado por distintos personajes, tres de los cuales serían propuestos por el PAN; tres por el resto de los partidos que participarían en la coalición electoral y tres por los promotores del movimiento Puebla de Acuerdo.

Sin que estos nombres sean definitivos, el Consejo quedaría compuesto por personajes como Francisco Hemmelhainz Naveda, Martha Cruz de Cernicchiaro y Enrique Ramón Eisenring, Telésforo Américo Guerrero, Melitón Lozano Pérez y Julio Glockner Rossainz, así como por Gerardo Navarro Montero, Verónica Mastretta Guzmán, Jorge Lanzagorta Bonilla o Francisco Vélez Pliego.

Este Consejo no sólo se encargaría de revisar los perfiles, experiencia y honorabilidad de los candidatos a regidores y diputados de la coalición, sino de garantizar el cumplimiento de los compromisos que suscribirán los partidos y organizaciones cívicas implicadas en este movimiento electoral por un gobierno de transición.

La posición de los impulsores ciudadanos de la coalición, entre los que figuran Gabriel Hinojosa Rivero, Antonio Kuri Alam, Amy Camacho Wardle, Carlo Corea Pacheco, Ana Flores García, Bernardo Hinojosa Polo, Maricarmen Lanzagorta Bonilla, Verónica Mastretta y Gerardo Navarro, es garantizar el arribo de figuras realmente ciudadanas al próximo Congreso del estado y al futuro Cabildo de Puebla.

Si esta posibilidad no se concreta, la decisión irrevocable de los miembros del movimiento Puebla de Acuerdo será abandonar la construcción de esta alianza, sin importar ya si el PAN, el PRD y otros partidos avanzan por su cuenta en la conformación de una amplia coalición electoral.

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El lunes pasado, Manuel Camacho Solís, coordinador nacional del frente de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), intercambió algunas impresiones con el dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, en el hotel Marriot de Reforma, en el Distrito Federal.

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Tómelo con reserva, pero Francisco Bernat Cid podría acudir en los próximos días ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para quejarse de las maniobras de algunas autoridades judiciales que, en complicidad con Ricardo Henaine Mezher, pretenderían obligarlo a malbaratar sus acciones en la empresa propietaria del club de futbol Puebla.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes».

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial.

En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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