Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Carlos Cárdenas, detenido y preso en 1993 por homicidio
Rafael Moreno Valle, lo quieren pero le temen en el PAN

Si bien el gobernador Mario Marín Torres tiene razón en afirmar que las policías municipales son un desorden y que a veces éstas contratan como elementos de seguridad a los primeros que se les paran enfrente, me parece que el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, tampoco es ajeno a esta situación.

Y es que Fernández Soto ha recomendado, al menos en un par de ocasiones, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a un personaje con antecedentes penales.

Sí, así como lo lee.

Me refiero a Carlos Cárdenas Ramírez.

¿Le suena el nombre?

En efecto, se trata del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, y que en el trienio anterior trabajó en el ayuntamiento de Puebla como inamovible director de la Policía Municipal.

El calificativo de inamovible no es gratuito, pues en la gestión de Enrique Doger Guerrero hubo cuatro titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ––Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte, Ludivino Mora Tejeda y Rolando López Villaseñor–– y ninguno pudo removerlo.

Carlos Cárdenas Ramírez, de acuerdo con la Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Judicial del estado, fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1993 por el delito de homicidio.

Esta situación, que es conocida desde febrero de 2005, fue reportada al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, para que reconsiderara el nombramiento de aquel, pero éste no sólo ignoró la advertencia, sino que lo mantuvo como director de la Policía durante los tres años de su gobierno.

Cuando éste concluyó y todos creían que por fin saldría de circulación, Carlos Cárdenas encontró cobijo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con el cambio de autoridades no fueron los pocos los presidentes municipales que se acercaron al secretario técnico del CESP, Alejandro Fernández, para que les recomendara a un secretario de Seguridad Pública.

Uno de ellos fue el cuestionado edil de San Andrés Cholula, el panista David Cuautli Jiménez, y otro el de San Martín Texmelucan, el ex priísta Noé Peñaloza Hernández.

A uno y a otro les recomendó al mismo personaje: Carlos Cárdenas.

David Cuautli lo contrató, con la promesa ––por parte de Alejandro Soto–– de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública apoyaría y bajaría recursos federales adicionales a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Lo anterior es del pleno conocimiento de los regidores y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento sanandreseño. David Cuautli se los ha confesado. La primera vez cuando le recriminaron el nombramiento de un ex funcionario dogerista y, la segunda cuando la regidora de Gobernación, Celia María Rivera Zárate, puso en entredicho el desempeño de Carlos Cárdenas como secretario de Seguridad Pública.

Al presidente de Texmelucan, Noé Peñaloza, también le fue recomendado Carlos Cárdenas.

Tras la destitución a mediados de mayo de su primer director de Seguridad Pública, el zavalista Teodomiro Ortega González, el edil Noé Peñaloza pidió una recomendación a las autoridades estatales para encontrar un sustituto y éstas le mencionaron el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés.

Carlos Cárdenas hizo acto de presencia en Texmelucan, y aunque no dejó la comuna cholulteca para irse a trabajar con Noé Peñaloza, sí acomodó a no pocos recomendados suyos con el nuevo director de Seguridad Públicas, Diógenes Katt Morales, otra auténtica fichita venida de Tijuana, de quien próximamente se conocerán detalles, y no precisamente favorables.

EN CORTO
Vaya paradoja la que enfrenta el Partido Acción Nacional en Puebla.

Quiere hacerse de la gubernatura del estado en las elecciones locales del 2010, pero la mayoría de sus aspirantes a este cargo de elección popular son poco conocidos, y por lo mismo tienen un bajo nivel de confianza y de intención de voto.

La única excepción es el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien, en sentido estricto, no es miembro activo del PAN, sino adherente.

El prospecto de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, es hoy por hoy ––según las encuestas–– el precandidato a la gubernatura mejor posicionado entre los electores de la entidad, pero también el que más ruido genera entre los grupos y dirigentes locales que en los últimos años han controlado el PAN.

Los propios panistas saben que con él, el camino a Casa Puebla se les allanaría, pero temen que una vez que éste asuma la gubernatura los desplace del partido y del gobierno.

De ahí la declaración de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, en el informe que los senadores y diputados poblanos del PAN rindieron este sábado en el Complejo Cultural Siglo XXI, en el sentido de que su partido no está dispuesto a hipotecar su pensamiento de siempre a cambio de un triunfo, ni a cambiar su doctrina para satisfacer un capricho personal.

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Otros que también están preocupados por la proyección de Rafael Moreno Valle son los priístas, sobre todo los cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y más después de la negativa de algunos ediles priístas que se rehusaron a retirar sus pendones, pese a las instrucciones que en ese sentido se les giraron desde el PRI y algunas oficinas públicas.

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Y hasta próxima.

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Este martes comenzará la cuenta regresiva para Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), una vez que los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado acuerden, por unanimidad, pedir al Instituto Federal Electoral (IFE) copia certificada del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

La solicitud será tan puntual que el IFE no podrá hacerse de lado, el desentendido o argumentar, como ocurrió con una anterior petición que le formuló la Contraloría del estado, que no tiene información o no puede precisar si Juárez Acevedo fue secretario general o miembro del Consejo Directivo de Plataforma Cuatro.

Una vez que la solicitud sea recibida por el IFE, se espera que la respuesta y el expediente certificado de esta agrupación política estén listos por ahí de finales de mayo o principios de junio.

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Algo raro esconden el diputado Gustavo Espinosa Vázquez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, para evitar que éste último comparezca ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de LVII Legislatura del Congreso del estado.

Y es que la comparecencia no sólo ha sido cambiada de fecha en tres ocasiones, sino que ahora tampoco será comparecencia, sino una simple reunión de cuates, a puerta cerrada, en un salón hotel del Camino Real.

El 29 de abril la Comisión de Seguridad Pública -cuyo presidente es el diputado del PANAL Gustavo Espinosa– citó a comparecer al secretario técnico del CESP para el día 7 de mayo, un día antes de la comparecencia ésta se pospuso para el 8 de mayo y luego para el 13 de mayo, es decir, para hoy martes.

Sin embargo, ayer por la tarde, a las 17:14 horas, Gustavo Espinosa entregó un oficio a los miembros de la comisión legislativa para avisarles que la de Alejandro Fernández no iba a ser comparecencia, sino un desayuno de acercamiento, y que en lugar de efectuarse en el recinto parlamentario se llevaría a cabo un salón del hotel Camino Real.

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Con todo y que las convocatorias del último paquete de unidades académicas de la UAP, donde este año habrá elecciones de director, saldrán por ahí de septiembre, los nombres de quienes se perfilan para ser reelectos por otros cuatro años o para buscar la dirección de su escuela o facultad están más menos definidos.

En la facultad de Lenguas es muy probable que el actual director Santiago Aguilar Márquez continue en el cargo por un segundo periodo. Lo mismo que el director de Ciencias Físico Matemáticas, Cupatitzio Ramírez Romero, quien podría salir nominado como candidato único o de unidad.

Donde sí se espera que haya competencia es en Ingeniería Química, cuya dirección es buscada por tres aspirantes: el ex director Elías Jiménez, la ex secretaria académica Tita Vázquez, y Óscar Arroyo Villareal, quien se perfila como el favorito de la rectoría.

Finalmente, en la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, se prevé que el candidato de unidad sea Rubén Romero Corona.

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Este viernes estuvo en Puebla, invitado por el perredista Horacio Gaspar Lima, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, quien encabezó una reunión política e informativa en las instalaciones del sindicato de Telmex, a la que acudieron militantes y simpatizantes perredistas, activistas de Andrés Manuel López Obrador, dirigentes de sindicatos “independientes” y representantes estudiantiles de la UAP.

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