* Los Méndez López, intermediarios de esas operaciones

* Involucran a Estefan y Julio Franco en fuga de información

Algo raro ocurre con los bienes asegurados a los hermanos Tiro Moranchel de Sitma e Invergroup, con los que supuestamente se resarcirá parte del daño a los cientos de defraudados de estas empresas inmobiliarias, que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia ascienden a 6 mil 600 personas.

En lugar de que las propiedades y terrenos de los hermanos Tiro Moranchel se subasten públicamente al mejor postor, resulta que se están vendiendo tras bambalinas a precios por debajo de su valor comercial.

Pero si lo anterior es delicado, más grave es el hecho de que las autoridades estatales que intervienen en el asunto, como el secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, hayan aceptado que los hermanos Méndez López, cuya fama pública en el mercado inmobiliario de Puebla deja mucho que desear, actúen como representantes de los dueños de Sitma e Invergroup.

Cualquier corredor de bienes raíces sabe que ni Pilar, ni Mario Francisco, ni Abraham Moisés Méndez López pueden ser personas confiables o de fiar, tanto por sus referencias en varias transacciones de tierras ejidales, como por sus antecedentes penales.

Mario Francisco Méndez fue detenido el 9 de septiembre de 2009 por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo agravado por la muerte de un joven de Cholula , mientras que su hermana Pilar estuvo recluida en el Cereso de Puebla por un año y tres meses, acusada de tráfico de personas.

A manera de ejemplo de lo que sucede con algunos de los bienes de los Tiro Moranchel, me citan un predio ubicado en el libramiento a Atlixco, entre la antigua vía del ferrocarril y el negocio de carnitas El Mexicano.

Dicho terreno de 28 mil metros cuadrados, podría negociarse hasta en más de 20 millones de pesos, considerando un precio de mil pesos el metro cuadrado, sin embargo hace unos días se vendió a un prestanombres de Salvador Echeguren Barroeta, Ernesto Garnica, en 11 millones de pesos. Lo paradójico de la transacción es que otro interesado había ofrecido por ese mismo inmueble 13.5 millones de pesos y no se lo vendieron.

¿No que el gobierno iba a velar por los intereses de los defraudados de Sitma e Invergroup?

¿Acaso las autoridades están coludidas en que los terrenos asegurados a los hermanos Tiro Moranchel se malbaraten?

¿Y si no, por qué entonces permiten que en las mesas de negociación, que tienen lugar en la Secretaría de Gobernación, participen los hermanos Méndez López como mediadores de la venta de los bienes de los dueños de Sitma e Invergroup?

¿O acaso la autoridad ya pactó con los Tiro Moranchel con perdón y liberación, a cambio de que los terrenos que tienen en Calpan, en la zona de Angelópolis, en Las Ánimas, en Atlixco, en Loma Verde, y en La Calera y el Batán se vendan a empresarios e inversionistas consentidos?

Son preguntas, que conste.

El tema incluso es motivo de preocupación en algunas oficinas gubernamentales, encargadas de la inteligencia política del Ejecutivo estatal.

Una de las posibles áreas de fuga información es la que tiene a su cargo el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac, coordinador de políticas públicas del candidato Javier López Zavala, en la cual labora Julio Franco Corzo a través de su empresa consultora IEXE.

Julio Franco fue secretario particular de Moreno Valle cuando éste se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

El consultor de la firma IEXE, según una ficha de inteligencia, ha enviado a cinco de sus colaboradores al War Room del candidato a la gubernatura de la coalición opositora Compromiso por Puebla: Maribel Rodríguez Chacón, Juan Román Espinosa Moyado, Marco Silva Barradas, Rodolfo Jarquín Nava y José Guadalupe Rendón Castillo.

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Aunque el nuevo director administrativo del Instituto Electoral del Estado, Francisco Rivera Morán, ha logrado reducir en forma significativa algunos gastos operativos y de insumos en el organismo, la verdad es que el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal aún deja mucho que desear. en claro incumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la ley en la materia, y el artículo 40 fracción II de la Normatividad para la Adquisición de Bienes y Arrendamientos del IEE: «Las adjudicaciones deberán considerarse en forma global, con el objeto de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que se establezcan, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que le corresponda originalmente».

Para botón de muestra lo que sucede con las compras de papelería y equipo de cómputo, que se están fraccionando

En el caso de la papelería, la anomalía radica en que esta compra, en lugar de concursarse de manera consolidada, se dividió por trimestre, lo que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Víctor Manuel Hernández Quintana, ya dijo que es irregular, observación que por lo visto poco le interesó a la directora general y al director administrativo del Instituto, ya que al día siguiente el Comité de Adquisiciones del que forman parte volvió a realizar una compra fraccionada.

Por lo que hace al equipo de cómputo, las evidencias de las compras fraccionadas constan en los acuerdos CA-AC-13/2009, para adquirir once laptops para los directores del Instituto, y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, aunque esta última licitación fue declarada desierta por el Comité de Adquisiciones.

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Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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