Columna Invitada / Diana Jiménez

El pasado fin de semana, un conductor de la ruta 68 tuvo un incidente con «El Narizón», uno de los asaltantes de transeúntes más conocidos de la zona de la 8 y 10 Poniente del Centro Histórico. 

Circulaba sobre esta última vialidad y por accidente lo empujó con su unidad.

No le causó ningún daño, pero provocó la ira del delincuente que no se quedó conforme con reclamarle, sino que pidió apoyo a sus familiares y en seguida le cayó un grupo numeroso de ambulantes que agredió al operador hasta causarle algunas lesiones y daños a su vehículo.

El trabajador del volante acudió al Ministerio Público (MP) para presentar su denuncia; sin embargo ahí le dijeron que el trámite no procedía porque tenía que proporcionar los nombres de sus agresores, los cuales desconocía en esos momentos.

Al indagar sus identidades -para regresar al MP y volver a denunciar-, descubrió que éstos son familiares directos de Martín Juárez Sánchez, líder de la organización de comerciantes informales «11 de Marzo».

Al averiguar un poco más, supo que algunos miembros de esa familia forman parte de una de las bandas de asaltantes de transeúntes que operan en el centro de la ciudad, cuyos atracos al parecer son solapados por el mismo dirigente que en 2008 fue detenido y encarcelado por el delito de robo calificado. 

Las víctimas de estos sujetos aseguran que «El Narizón» y su papá apodado «El Chespiro» (uno nieto y el segundo hijo de Martín Juárez), tienen pendientes denuncias y órdenes de aprehensión en su contra, las cuáles no se han cumplimentado porque ambos están amparados por la justicia federal. 

Mientras ellos siguen delinquiendo, las actuales autoridades locales parecen no tener intenciones de limpiar esa zona de los rateros que, por cierto, según comentan las víctimas, fueron los mismos que colocaron cartulinas hace unos meses sobre la 10 Poniente para prevenir a los transeúntes de los cadeneros.

Este asunto no es nuevo o desconocido para las autoridades y corporaciones policiacas. Todas tienen pleno conocimiento de la complicidad entre ladrones y ambulantes, a quienes ya tienen identificados. Incluso, en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) existe un mapa de la estructura de estos grupos, con fotografías, apodos y/o nombres de sus integrantes.

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué no los detienen? Los policías sostienen que aunque los capturen, quedan en libertad en unas horas con el pago de una multa o bien porque los agraviados ya no quisieron proceder.

El problema radica en que no existen operativos eficaces para brindar mayor vigilancia y combatir el asalto a transeúnte que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, es el de mayor incidencia en el municipio, sobre todo en el Centro Histórico donde hay más presencia policiaca.

A esto se suma que, a pesar de las denuncias, la Procuraduría General de Justicia tampoco interviene ni investiga ni desmantela estas organizaciones de ladrones.

¿Por qué las corporaciones de seguridad a cargo del alcalde Antonio Gali y del gobernador Rafael Moreno Valle tienen tanta tolerancia con estas bandas delictivas y/o a agrupaciones de ambulantes vinculadas con asaltantes?

¿Acaso les brindan protección o reciben algún pago para que les permitan operar? ¿O sinceramente les vale y no les interesa la seguridad de los poblanos?

Enrique Doger Guerrero es, sin duda, el más hábil aspirante del PRI a la gubernatura en términos de estrategia, marketing y manejo de medios.

Ha sabido vender la idea del empate técnico, en que supuestamente se encuentra con Javier López Zavala, Blanca Alcalá Ruiz y Rafael Moreno Valle, utilizando —y a veces también manipulando— los resultados de diferentes firmas encuestadoras, como Mas Data, el BEAP, Mitofsky, Demotecnia y ahora el Gabinete de Comunicación Estratégica, cuyos porcentajes no siempre filtra de manera fidedigna.

Se sabe, por ejemplo, que en la encuesta espejo realizada por José Zenteno —y publicada parcialmente por el periódico Cambio los días 19 y 20 de octubre—, el expresidente municipal de Puebla se guardó un dato que echa por tierra su hipótesis del empate técnico.

Dicho dato corresponde a una pregunta que midió la intención de voto, por mención espontánea, entre aspirantes priístas a la gubernatura.

Y es que en ese reactivo de Mas Data, el secretario de Desarrollo Social del estado obtuvo una intención de voto de 17.1% contra un 12% de Enrique Doger, cuestión que que el expresidente municipal de Puebla omitió por razones obvias, pero que pronto podría ponerse al descubierto.

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Estimado Rodolfo:

Me permito solicitarte que hagas efectivo mi derecho de réplica con respecto a los comentarios vertidos en tu columna «La Corte de los Milagros» del 10 de noviembre de 2009, en la cual te refieres a datos no publicados de una encuesta realizada por Más Data.

En tu columna se menciona lo siguiente: «Se sabe, por ejemplo, que en la encuesta espejo realizada por José Zenteno —y publicada parcialmente por el periódico Cambio los días 19 y 20 de octubre—, el expresidente municipal de Puebla se guardó un dato que echa por tierra su hipótesis del empate técnico. Dicho dato corresponde a una pregunta que midió la intención de voto, por mención espontánea, entre aspirantes priístas a la gubernatura».

Ignoro la fuente que te proporcionó dicha información, la cual no autorizo y tampoco reconozco. La pregunta que da pie a esta confusión se refiere a la mención espontánea de nombres de posibles candidatos a gobernador del estado. Textualmente se hizo del siguiente modo «¿Usted sabe o ha escuchado mencionar el nombre de alguna persona para candidato a gobernador de Puebla?». Los informantes mencionan en forma espontánea los nombres que recuerdan y se registran en el cuestionario. El objetivo de esta pregunta es conocer la identificación espontánea de los aspirantes que pueden convertirse en candidatos al cargo de gobernador, de ninguna manera mide una intención de voto o una preferencia entre priístas como se afirma en el texto de tu columna. Por lo tanto, el argumento parte de una premisa falsa.

Te doy un ejemplo para ilustrar el caso. Si se levanta una encuesta sobre marcas de hamburguesas seguramente Mc Donalds saldrá en primer lugar en mención espontánea. En cambio, si la pregunta versa sobre cuál hamburguesa prefiere la gente, Mc Donalds probablemente no será la más preferida. Ser el más mencionado no necesariamente te convierte en el más demandado.

Hasta aquí la aclaración que mucho agradeceré incorpores en el texto de tu muy influyente columna.

Agradezco tu atención y te reitero mi respeto y admiración por tu trabajo como periodista.

José Zenteno

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Rafael Moreno Valle Rosas tendrá el próximo 24 de noviembre un invitado de lujo, en la presentación del Manual sobre ONG´s elaborado por los miembros de la Comisión que preside en el Senado de la República: el secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, Ernesto Cordero Arroyo.

La presentación de este manual, que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que ya reciben o aspiran a recibir financiamiento público para el cumplimiento de sus metas, tendrá lugar el último martes de noviembre a las 10 horas en la vieja casona de Xicoténcatl, en el Centro Histórico de la ciudad de México.

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Este jueves, en sesión de Comité Directivo Estatal del PAN, se aprobará el nombramiento de Luis Enrique Palacios Martínez como representante del blanquiazul ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), en sustitución de Rafael Guzmán Hernández.

Lo que aún no se sabe es si Palacios Martínez, quien ayer presentó su renuncia como miembro de la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, también será nombrado secretario de Acción Electoral.

Y es que el anterior dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, tomó el acuerdo de separar las funciones del secretario de Acción Electoral de las del representante del partido ante el Consejo General del IEE.

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Más de tres horas de discusión se echaron este lunes los consejeros electorales y representantes de partidos por la negativa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, de permitir que cada partido político fijara su posición sobre el inicio del proceso electoral para renovar la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso del estado.

Jorge Sánchez nunca pudo justificar, con argumentos jurídicos, su rechazo a la propuesta del convergente, Jorge Luis Blancarte Morales, para que los representantes de los partidos que quisieran hacerlo expresaran su opinión sobre la actual coyuntura, en el marco de la declaratoria del inicio formal del proceso electoral.

No fue sino hasta después de tres horas, y previo regaño del representante del PRI, José Alarcón Hernández, que el presidente del IEE aceptó a regañadientes la propuesta del representante de Convergencia, quien seguramente aprovechará el foro para echarle en cara a Jorge Sánchez su tibieza como árbitro electoral para sancionar a los candidatos y partidos que se han publicitado, incluso con recursos públicos, fuera de los tiempos legales establecidos por el Código de Instituciones y Procesos Electorales vigente.

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Este martes Fidencio Aguilar Víquez se presentará ante el Congreso del estado, para hacerle saber que no aceptará ocupar el lugar que dejó vacante Antonio Juárez Acevedo, tras su remoción como miembro de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero electoral en el IEE, declinará el nombramiento de suplente de Juárez Acevedo en la CAIP, lo que obligará al Congreso del estado a iniciar un nuevo procedimiento para nombrar a un tercer comisionado.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, la CAIP se integra por tres comisionados, que duran en el ejercicio de su cargo seis años.

Actualmente la CAIP sólo tiene dos comisionados: Samuel Rangel Rodríguez y Blanca Lilia Ibarra Cadena; el primero fue electo el 14 de diciembre de 2006, y la segunda el 11 de diciembre de 2008, cada uno por un periodo de seis años.

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Simón dice:

«El que confía sus secretos a otro hombre se hace esclavo de él».

Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

El precio de una camioneta Hummer H3, como la que Elba Esther Gordillo, iba a regalar a los dirigentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fluctúa entre 450 mil y 750 mil pesos, dependiendo del equipamiento de cada unidad.

En total, la poderosa presidenta del SNTE compró —con las cuotas sindicales del magisterio, dinero que sale de nuestros impuestos— 59 Hummers. Si calculamos un costo promedio de 500 mil pesos por unidad, la compra en conjunto de las 59 camionetas ascendió a 29 millones 500 mil pesos.
Es decir a 2,950 Atos o — valga otro comparativo— a la inversión que este año hará el ayuntamiento de Puebla en dos programas, con financiamiento estatal y federal: Espacios Públicos y Hábitat.

Con los fondos de Espacios Públicos la gestión de Blanca Alcalá Ruiz se propone remodelar el Parque de El Carmen, rescatar un jagüey de Villas Atl, mejorar la imagen de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en el área donde se localizará la Fuente del Bicentario de la Independencia, y rescatar un parque en la unidad habitacional de La Margarita.

Y con los recursos del programa Hábitat, adquirir e instalar nueva señalética del Parque de El Carmen al Zócalo sobre la Avenida 16 de Septiembre; mejorar algunas banquetas y fachadas de edificios monumentales del Centro Histórico, y apoyar a dos centros de desarrollo comunitario, uno ubicado en las colonias marginadas del sur de la ciudad, y otro en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

El costo de las Hummers representa poco más de dos terceras partes de los 40 millones de pesos del  programa Manos a la Obra, por medio del cual el ayuntamiento de Puebla pretende dar empleo a 700 jefes de familia en los próximos cuatro meses.

Las 59 Hummers también equivalen a 100 salones de clase, considerando un costo promedio de 300 mil pesos. En el catálogo de precios del Capcee, el costo de un aula escolar fluctúa entre 200 mil y 375 mil pesos.

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A propósito de las Hummers.

¿Sabía que en Puebla usted puede adquirir una Hummers H2, es decir, con batea, y pagar de tenencia anual sólo 1,500 pesos?

Y es que en la Puebla de Zaragoza toda unidad automotriz con batea está catalogada como vehículo de trabajo y, por tanto, sujeta a esa cuota mínina, sin importar marca o modelo.

La tenencia, en cambio, de una Hummer H3, como las del frustrado regalo de la maestra Gordillo a sus dirigentes seccionales, asciende a 90 mil pesos anuales, es decir, al costo de un Atos.

Qué ironía, ¿no?

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Y ya metidos en odiosas comparaciones ¿sabe usted a cuánto equivalen los 8,900 millones de dólares que en tres o cuatro días perdió el Banco de México por el ataque especulativo contra el peso?

¡Agárrese: a 89 mil millones de pesos, considerando una paridad de 10 pesos por dólar!

Con dicha cantidad, difícil de imaginar, se podrían adquirir 178 mil Hummers H3, que representan mucho más de la producción anual de esta compañía que, por cierto, saldrá del mercado en el 2009 debido al alto costo de sus unidades, a su excesivo consumo en gasolina, a lo elevado de sus refacciones y servicios de mantenimiento.

¿Acaso por eso la maestra Gordillo las habrá adquirido a precios de ganga?

Con la baja de 8,900 millones de dólares de nuestras menguadas reservas internacionales, 900 mil mexicanos pudimos haber comprado un Atos, es decir, casi la totalidad de quienes en la capital poblana contamos con credencial de elector actualizada.
Pero qué tanto es tantito.

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Una Hummer H3 tiene un tanque de 70 litros, lo que significa que cada vez que se vacie hay que meterle 525 pesos en promedio, considerando un precio 7.50 pesos por litro de gasolina Magna.

Si la Hummer se usa regularmente, su tanque habrá que llenarlo cuatro veces al mes, lo que da un total de 2,100 pesos.

En México el costo de la gasolina está subsidiado. El costo de un litro de gasolina es Estados Unidos es de 12 pesos, lo que significa que el poseedor de una Hummer recibe 1,260 pesos de subsidio al mes.

Cifra que equivale al doble del subsidio mensual que una familia en pobreza extrema de la capital del estado recibe del Programa Oportunidades.

¿Quién pues se beneficia más con los subsidios del gobierno calderonista, el rico que puede andar con su Hummer H3 o H2, o el pobre cuyos ingresos ascienden a menos de un salario mínimo?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi Torres, pronto dejará el cargo.

Los motivos de su separación no fueron precisados, aunque podría estar relacionados con el proceso que se le sigue al presidente con licencia de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Carlos Olamendi y Rubén Gil fueron socios en la empresa comercializadora Auténtico 5 de Mayo, dedicada a la venta de artículos y productos hechos por los migrantes poblanos en Estados Unidos.

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Sandra González de Ita, directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular, presentó ya su renuncia a la Secretaría de Salud del estado, por diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia, Antonio Marín López.

González de Ita llegó a la Secretaría de Salud como recomendada del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, lo que de poco o nada le sirvió cuando Antonio Marín decidió prescindir de sus servicios.

Otro que también está por salir de la dependencia es Javier Chávez Román, quien logró mantenerse al frente de la Secretaría Particular tras el relevo de Roberto Morales Flores por Antonio Marín.

En su lugar será nombrado Édgar Machorro.

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Este miércoles el ex director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, estuvo en Puebla. Por la tarde se reunió con el gobernador Mario Marín Torres e impartió una conferencia en la fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta que preside Óscar Aguilar González, y por la noche se fue a cenar al restaurante Alfredo Di Roma del hotel Intercontinental Presidente con el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y su hijo Eduardo García Casas, quien preside el sindicato patronal de hombres de negocios en Puebla.

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¿Sabe usted a cuánto asciende el costo del “arreglo” al que hace unos días llegaron el gobierno del estado y TV Azteca para poner fin al linchamiento mediático que desde la televisora del Ajusco se lanzó contra el Ejecutivo estatal, después de que los directivos del Puebla de la Franja quisieron rescindir a esta empresa, el contrato de los derechos de transmisión de los partidos del futbol por el estadio Cuauhtémoc?

¡A 28 millones de pesos!, sí el monto que el gobierno del estado a través de Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, invertirá para la celebración de un dizque festival internacional denominado  “Ciudad de las Ideas” que tendrá como sede la capital del estado del 6 al 8 de noviembre.

Pero si el monto es escandaloso, más lo son los argumentos que ayer tuvo que emplear el secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, para justificar dicho chantaje de TV Azteca y su ex vicepresidente, el senador priísta Jorge Mendoza Garza.

El festival “Ciudad de las Ideas” es la versión corregida y aumentada de lo que fue la entrega de los Premios Oye en 2006, evento por el cual el gobierno marinista tuvo que pagar 21 millones de pesos a Televisa para que ésta lo dejara de joder con el caso del góber precioso.

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Una buena reunión de trabajo, por el ambiente y el clima de tolerancia y respeto  que privó en ella, fue la que ayer protagonizaron en el Salón “Carlos Castillo Peraza” del Grupo Parlamentario del PAN, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y los diputados y senadores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión.

En la comida de trabajo, de 14 a 17 horas, la presidenta presentó a los legisladores un listado de proyectos estratégicos y prioritarios que requieren ser financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, entre los que destacan obras de infraestructura básica en el Centro Histórico, donde urge cambiar algunas tuberías de agua y drenaje; el mantenimiento y ampliación de las principales vialidades de la capital, cuyo pavimento está agotado, y la construcción de parques metropolitanas en áreas verdes o reservas naturales que hoy están a punto de perderse.

La presentación técnica y presupuestal que Blanca Alcalá hizo a los diputados y senadores de sus proyectos y obras fue convincente, por lo que éstos —por conducto del panista José Antonio Díaz García— le expresaron que harán todo lo posible por incluirlos en el presupuesto del 2009 que en los próximos días será puesto a discusión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, en el que participaron también el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, la alcaldesa agradeció la disposición de los legisladores del PAN y PRD de apoyarla a pesar de su militancia priísta, y los panistas, en un tono autocrítico, reconocieron que a sus ex presidentes muncipales quizás les faltó el trato y disposición de Alcalá para que los priístas también respaldaran —con recursos— sus proyectos e iniciativas de gobierno.

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Una vez concluido el proceso de auscultación en las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, donde el próximo 25 de septiembre habrá elecciones de director, todo se encuentra listo para que hoy se registren Rubén Romero Corona, que irá como candidato único o de unidad en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, lo mismo que Santiago Aguilar Márquez, quien irá por un segundo periodo en la Facultad de Lenguas, donde se rechazó la solicitud de Isamel Garrido y Rivera por no cumplir con algunos requisitos establecidos en la convocatoria.

Donde sí habrá competencia, por acuerdo de las comisiones electorales que aceptaron más de un registro, será en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas, donde el director Cupatitzio Ramírez Romero medirá fuerzas con Fernando Macías Ramírez, e Ingeniería Química, donde  participarán tres candidatos: Óscar Arroyo Porras, Luis Raúl Herrera Martínez y Tobías Mario Vargas Sánchez.

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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Chávez Estudillo auspició la prostitución gay
Enrique Agüera y Mario Marín se hacen compadres

A propósito de la marcha que anteayer sábado realizó la comunidad lésbico-gay, y la demanda de algunos de sus dirigentes para que en Puebla cesen los operativos y redadas en contra de aquellos que se dedican al oficio más antiguo del mundo, una pregunta flota en el ambiente: ¿cuál es la posición de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz frente a la proliferación de zonas de tolerancia en distintos puntos de la capital del estado?

Antes de entrar en materia, quizás valga traer a la memoria un caso que se presentó en la pasada administración municipal, y que ejemplifica la doble moral de las autoridades en torno a la prostitución.

En los primeros días de junio de 2005, e-consulta publicó un oficio firmado por el entonces director de Comercialización, Abasto y Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gilberto Rivera Rivera, en el que se autorizaba el ejercicio de la prostitución a 39 sexoservidores en diferentes zonas de la ciudad.

La difusión del permiso generó un escándalo mediático y una investigación por parte de la Sindicatura y la Contraloría municipales, que provocaron el cese de Gilberto Rivera al frente de la Dirección de Comercialización y una amonestación privada en contra de este funcionario, que fue reubicado en la Tesorería Municipal.

Sin embargo, los verdaderos responsables de este escándalo quedaron impunes, el lenón siguió con su actividad y los sexoservidores pertenecientes a la asociación “Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla” también continuaron prostituyéndose, pero ahora con el permiso de la autoridad municipal.

La historia que entonces no se contó y que hoy sale a relucir con la filtración de nuevos documentos, es que la autorización para que 39 sexoservidores pudieran seguir dedicándose a la prostitución callejera salió del secretario particular del presidente municipal, Enrique Chávez Estudillo “Kío”.

El hoy regidor priísta del ayuntamiento de Puebla no sólo se comunicó vía telefónica con el director de Comercial, Abasto y Vía Pública, instruyéndolo a que autorizara la petición del dirigente de Ciudadanos Vanguardistas del estado de Puebla”, sino que mediante un memorandum fechado el 1 de marzo de 2005 recomendó la viabilidad de dicha solicitud.

Y cómo no, si el solicitante era ni más ni menos que un viejo conocido suyo, el profesor Manuel Lira García, quien en las elecciones locales de 2004 se desempeñó como su jefe de escoltas o guardaespaldas.

Hasta aquí el paréntesis.

A tres años de distancia de aquel escándalo, en la ciudad de Puebla siguen proliferando las zonas donde abierta o simuladamente se ejerce la prostitución masculina o femenina.

Aunque legalmente la prostitución es un delito, en la práctica sigue tolerándose tanto en la vía pública como en bares, centros nocturnos, table dance, casas de cita o casas de masaje, muchos de ellos sujetos a cuotas por parte de inspectores y funcionarios corruptos.

El tema, lamentablemente ausente en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, se ha prestado a toda clase de componendas o acuerdos en lo oscurito, por la negativa de las autoridades de incluirlo en la agenda pública y de regularlo a través de normas específicas, claras y puntuales.

Si la prostitución en Puebla es una realidad que todos los días puede constatarse en las calles, parques y hoteles del Centro Histórico, así como en establecimientos clasificados como giros negros o rojos, ¿por qué no regularla de una vez o combatirla?

¿O es que el actual ayuntamiento también quiere hacerse de la vista gorda?

EN CORTO

El gobernador Mario Marín Torres y el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez, ahora sí son compadres, y el motivo lo dio la hija menor del segundo, Brenda Agüera Vera, quien este sábado festejó sus 15 años de vida con una fiesta temática en una ex hacienda de Atlixco, a la que se dieron cerca de mil invitados, entre amigos de la festejada, funcionarios públicos y de la máxima casa de estudios, así como legisladores federales y locales de distintos partidos políticos, dirigentes empresariales y directivos de medios de comunicación.

El compadrazgo del gobernador Marín y su esposa Margarita García con el rector de la UAP se selló primero con una misa en el templo de Nuestra Señora del Camino, en la zona de Angelópolis, y luego en una animada cena en la que Brenda debutó como artista, al interpretar algunas canciones de su producción discrográfica que pronto saldrá al mercado.

Dos fueron los grandes ausentes de la velada: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y el ex presidente municipal de Puebla Enrique Doger Guerrero, aunque éste último ni siquiera fue invitado.

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Y hasta la próxima.

Correos periodistasoy@hotmail.com y
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La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

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