Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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