Un escenario poco probable, pero que no debería descartarse dadas las evidencias que existen, es que en las elecciones del 4 de julio, el senador con licencia Rafael Moreno Valle Rosas —el principal adversario del priísta Javier López Zavala a la gubernatura de Puebla— se quede en el camino.

Es decir, que no pudiera participar porque el Instituto Electoral del Estado (IEE) —controlado por el PRI— le negara el registro como candidato al gobierno del estado por incumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Política del estado y en el Código de Instituciones y Procesos Electorales de la entidad.

El escenario, que para algunos puede resultar descabellado, no sólo echaría abajo la coalición opositora o el frente amplio antimarinista, sino que daría al PRI y a su candidato a la gubernatura la oportunidad de ganar las elecciones prácticamente sin despeinarse.

Le planteo el escenario.

En la última semana de marzo, los partidos coaligados en torno a la figura de Moreno Valle acuden ante el Consejo General del IEE para registrarlo como candidato al gobierno del estado.

Al día siguiente la representación del PRI presenta un recurso de impugnación contra de la solicitud de registro de Moreno Valle, en virtud de no cumplir con diversos requisitos legales. En concreto, los artículos 20 en sus fracciones I y II, y 74 fracción II de la Constitución del estado; y 208 fracción II e incisos b) y d) del Código Electoral.

Como pruebas de que el precandidato de la coalición opositora carece de la ciudadanía poblana, requisito que exige la carta magna de la entidad, el PRI exhibe dos actas de nacimiento de Rafael Moreno Valle: una, como oriundo del Distrito Federal; y otra, presuntamente falsa, que lo acreditaría como nacido en Ciudad Serdán, Puebla.

Ante la sospecha, el IEE decide abrir una investigación sobre el acta de nacimiento falsa, en medio de un gran escándalo mediático, que el PRI abonaría con declaraciones de algunos militantes suyos, como Juan Cesín Mussi, propietario de la casona donde supuestamente habría nacido Moreno Valle.

Presionado por los tiempos, el Consejo General del IEE fija —en términos de la fracción I del artículo 213 del Código Electoral— a los partidos de la coalición opositora un plazo de 24 horas para que subsanen la omisión o sustituyan al candidato.

Frente a la imposibilidad de hacerlo, pues la ciudadanía poblana es un requisito que debe aprobar el Congreso local, la coalición se desintegra sin registrar candidato.

López Zavala y el PRI ganan entonces por default las elecciones.

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Simón dice:

«La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible».

Arthur C. Clarke (1917-2008) Escritor y científico inglés de ciencia ficción.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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