En efecto, el secretario de Infraestructura del estado, José Cabalán Macari Álvaro, ya no irá como compañero del aún secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Alberto Rincón González, en la candidatura a diputado federal del PAN por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.

De acuerdo con versiones confiables, el primer panista de la entidad resolvió que Cabalán Macari sí sea candidato a diputado federal suplente pero en el distrito 12 de Puebla, donde el candidato propietario será Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren.

En los análisis del búnker morenovallista, el PAN tiene mayores posibilidades de ganar el distrito 12 que el distrito 7, amén de que en esta demarcación Mario Rincón podría llevar como suplente a un priísta de la región de Acatzingo para que le reste votos al ex director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Alejandro Armenta Mier.

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Un candidato a diputado federal del PRD que podría caerse, como consecuencia de las impugnaciones que militantes y dirigentes de diferentes corrientes han promovido en su contra, es Carlos Talavera Pérez, calificado por la diputada local Socorro Quezada Tiempo como un segundo José Luis Abarca en las filas del sol azteca.

Este viernes, en sesión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional Electiva, se podría tomar la decisión de reemplazarlo y nombrar un nuevo candidato en el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.

Antes de Carlos Talavera, los miembros de la dirigencia estatal perredista habían propuesto en esa demarcación a Abigail Caselín Cabrera, perteneciente a Izquierda Democrática Nacional.

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Trivia:

¿A qué presidente municipal en funciones le dijeron que se registrara como candidato a diputado federal, si no quería complicaciones en el Congreso del estado con la cuenta pública del primer año de su gestión?

Varios tips:

Es perredista y gobierna uno de los principales municipios cabecera de distrito de la entidad.

Pertenece a la corriente Nueva Izquierda y antes de que su nombre apareciera en la lista de candidatos a diputados federales de su partido era uno de los promotores del dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, en la región mixteca.

La noticia de su posible nominación se la adelantó el mismísimo secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, el jueves 12 de febrero cuando con la representación del gobernador Rafael Moreno Valle acudió a su primer informe de labores como presidente municipal.

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Aquí un extracto del texto de mi participación en el Foro Justicia Social en México, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y la Coordinación de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

¿Hay justicia social en México? ¿La hay en Puebla?

Si nos apegamos al concepto de justicia social, definido por el Papa Pío XI, «como el límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados», diría que no.

Tanto a nivel nacional como local es evidente que no se están cumpliendo los propósitos «de igualar a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad«, de garantizar una justa y equitativa distribución de la renta nacional y de igualar las oportunidades para una convivencia pacífica y próspera en sociedad.

En el mundo real las diferencias entre ricos y necesitados no sólo persisten —y aquí hay expertos en el tema que podrían documentarlo mejor—, sino que se han ampliado. Los millonarios pasaron a ser multimillonarios y los pobres a miserables hambrientos, con la complacencia y complicidad de Estado y sus instituciones.

En México y en Puebla el cáncer de la justicia social es la creciente corrupción, que está estrechamente vinculada a la impunidad de que gozan políticos que mutuamente se encubren en sus corruptelas, de instituciones públicas que no funcionan ni cumplen con los objetivos para los cuales fueron creadas, y a la ausencia de ciudadanía o de una sociedad civil organizada capaz de poner un hasta aquí a las transas de la burocracia dorada y la partidocracia que mal gobierna el país.

Si vamos al origen de los problemas que enfrentamos como nación —la inseguridad y la violencia por la disputas de los distintos carteles del narco; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cuyos restos nadie encuentra; los cientos o miles de mexicanos muertos, secuestrados o explotados por las mafias del crimen organizado; las fallidas reformas estructurales que sólo nos ilusionaron con el publicitado Mexican Moment; y el descrédito y la desconfianza de la población hacia nuestras autoridades, instituciones y partidos—, descubriremos sin profundizar demasiado que todos parten de la misma raíz: la corrupción.

¿O quiénes son los grandes aliados o protectores de los señores del narco? ¿A poco esa protección no es retribuida con generosos moches? ¿Cómo es que los Abarca pudieron edificar en Iguala Plaza Tamarindos con decenas de joyerías para lavar dinero en un predio donado por la Secretaría de la Defensa Nacional para un supuesto centro recreativo? ¿Quién puede creer que un gobernador como Ángel Aguirre Rivero es ajeno a la desaparición de 43 normalistas y a los delitos de lavado de dinero en que están implicados su hermano, su sobrino y otros familiares por 287 millones de pesos? ¿Por qué si todo mundo sabía de sus relaciones y hasta amoríos con la jefa de Los Abarca y sus nexos con Los Beltrán Leyva, nadie hizo nada para removerlo antes de la tragedia de Ayotzinapa?

En el ámbito local la corrupción, que insisto es el cáncer de la justicia social, se manifiesta de otras maneras: Con licitaciones amañadas o dirigidas para favorecer a contratistas foráneos, ligados a Grupo Higa y los Hinojosa; con sobrecostos en las obras dizque por trabajos adicionales; con la opacidad de los millonarios contratos vía Proyectos de Prestaciones de Servicios (los famosos PPS); con oscuras concesiones como la que se hizo con el Soapap a una de las empresa de los Hank González.

Con peleles en la Comisión de Derechos Humanos y en la CAIP; con diputados que aprueban sin objeciones todo lo que les mandan de Casa Puebla; con un Poder Judicial subordinado; con medios de comunicación supeditados al tripack o dependientes de la publicidad oficial, que se usa más como instrumento de cooptación, control y compra de lealtades, que para comunicar o publicitar las políticas, programas y servicios que ofrece el gobierno.

En Puebla no podemos aspirar a una justicia social si las grandes obras, proyectos y programas de desarrollo social no están encaminados a combatir la pobreza, ni a reducir la brecha entre ricos y necesitados, o a procurar la igualdad social y la igualdad de oportunidades, sino a maquillar indicadores, a simular un Estado de Bienestar, una Ciudad de Progreso y a construir una candidatura presidencial.

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Carlos Talavera es impuesto por Los Chuchos en Texmelucan

Gali rehúsa afiliarse al PAN y José Juan se acerca a Morena

Aunque parecía complicado, finalmente el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del estado de Puebla, Luis Maldonado Venegas, logró colarse en la lista de plurinominales del PRD por la cuarta circunscripción. Amarró la posición 3, desplazando a Antonio Ortega Martínez, hermano del dirigente nacional de la corriente Nueva Izquierda, también conocida como Los Chuchos.

Su nominación resulta interesante no sólo porque Maldonado Venegas forma parte del proyecto presidencial de Rafael Moreno Valle para el 2018, como uno de los artífices de las coaliciones electorales, sino porque su inminente salida del gabinete abre la puerta para una recomposición de grupos al seno de la administración estatal.

Y es que además de él, se irán como candidatos propietarios o suplentes a una diputación federal los secretarios de Finanzas, Roberto Juan Moya Clemente; de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro; y de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Alberto Rincón González.

Este último incluso llegó a mencionarse, antes de su registro como candidato a diputado federal del PAN por el distrito siete con cabecera en Tepeaca, como el probable sustituto de Luis Maldonado en la SGG, posibilidad que ahora se vislumbra como lejana. A no ser que Mario Rincón —quien hasta hoy se desempeña como titular de la SDRSOT—, gane la elección, rinda protesta y luego pida la licencia para que su suplente, José Cabalán Macari Álvaro, sea quien se quede con la curul. Tal como ocurrió con la diputación al Congreso del estado que ganó en los pasados comicios locales de 2013, de la que se separó a unos cuantos días de haber rendido protesta para dejar su curul a Francisco Mota Quiroz.

Otro personaje que llegó a mencionarse como probable relevo de Luis Maldonado fue Eukid Castañón Herrera, pero su reintegración al gabinete a estas alturas parece imposible debido a que el ex contralor del estado no sólo encabeza la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral, sino que es uno de los operadores del CEN y del gobernador Rafael Moreno Valle para ganar las elecciones federales en diversas entidades del país, Puebla incluida.

Así las cosas habrá que esperar los nombres de los nuevos titulares o encargados de despacho que designe el gobernador en al menos cuatro secretarías en el transcurso de los próximos días, analizar su origen y pertenencia a determinado grupo. Sólo entonces podremos atisbar si el mandatario optará, en el último tercio de su sexenio, por mantener el estilo o si —por el contrario— se mostrará menos cerrado y menos intolerante y autoritario.

De lo que sí no hay ninguna duda es que la designación de quien asuma la Secretaría General de Gobierno marcará el tono de lo que habrá esperar del morenovallismo en la recta final del sexenio.

EN CORTO

Cuentan que en la sesión sabatina del Consejo Nacional del PRD, la diputada Socorro Quezada Tiempo se inconformó con la designación de Carlos Talavera Pérez como candidato a diputado federal por el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan, a tal grado que pidió el uso de la palabra para hacer patente su molestia.

La dirigente estatal perredista cuestionó el nombramiento de Carlos Talavera argumentado que este controvertido personaje ni siquiera se registró como precandidato y que su nominación no era una decisión de la militancia sino del gobernador Rafael Moreno Valle, quien ni siquiera es miembro del PRD.

Socorro Quezada lamentó que en esa decisión nacional se hubiera pasado por el alto el dictamen elaborado y votado por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal que preside y que había considerado para esa demarcación con cabecera en San Martín Texmelucan a Abigail Caselín Berra, del IDN, como propietaria y a Yolanda Rodríguez Santos, de ADN, como suplente.

Con Carlos Talavera el PRD se expone a un segundo José Luis Abarca, concluyó.

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Este fin de semana rindieron su primer informe de labores los presidentes municipales de Puebla y San Pedro Cholula y en los dos hubo mensajes políticos con claros destinatarios. El alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad anticipó que sí tiene «pretensiones» políticas futuras pero que seguirá abonando al presente sin hacer castillos en el aire.

También dejó en claro que no tiene intención de afiliarse al PAN, pues «Soy un presidente municipal que viene de la sociedad, a ella pertenezco y en ella seguiré viviendo», y su decisión de mantenerse como aliado y colaborador del gobernador Rafael Moreno Valle, sin enemistarse con los delegados y funcionarios del gobierno federal, a los que incluso agradeció el apoyo a su gestión.

Textualmente Gali Fayad expresó: «El futuro es lo que somos en el presente. Ser íntegro es estar en el aquí y en el ahora. Y por qué no con pretensiones pero ubicados en la realidad en que nos rodea».

En cambio, el alcalde José Juan Espinosa Torres, quien tuvo como invitado principal al coordinador parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila, expresó que en municipios como San Pedro Cholula pueden implementarse programas y acciones exitosos sin concesionar a particulares los servicios públicos o sin excluir a los presidentes de juntas auxiliares de la recaudación de impuestos o los servicios del Registro Civil.

Durante su informe que tuvo como escenario la plaza de La Concordia, José Juan Espinosa dijo que «la construcción de una Ciudad de Bien es tarea de todos por eso debemos caminar juntos sociedad y gobierno privilegiando la unidad, el diálogo, la tolerancia, la paz y el respeto», discurso que pareció tener como destinatario al Ejecutivo estatal.

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Por cierto. Un actor político que el alcalde José Antonio Gali omitió mencionar en su primer informe de gobierno fue el dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri Carballo, no obstante que éste es también integrante de su cuerpo edilicio. ¿Será porque las relaciones entre ambos han venido deteriorándose por motivos electorales?

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El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, logró hacerse de la mayoría de las consejerías del máximo órgano colegiado de la institución, en las elecciones del viernes pasado que transcurrieron en tranquilidad salvo pequeños incidentes como el ocurrido con la candidata a consejera alumna de la Facultad de Derecho, que fue levantada y llevada a Morelos contra su voluntad.

Del 100 por ciento de las consejerías para el periodo 2015 y 2017, Esparza Ortiz y sus directores aliados ganaron el 97%.

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Este sábado concluyó en la Universidad Iberoamericana de Puebla el curso de ABA roli (Curso de formación de formadores en litigio oral) que durante cuatro días se realizó en la institución con la participación de abogados de los estados de Puebla, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Distrito Federal y Veracruz.

El curso tuvo una duración de 40 horas con la asistencia de 142 alumnos, 20 más de los que se tenían previstos, y fue impartido por instructores y profesores de certificados por US AID y la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación federal, encargada de la implementación en México de los juicios orales.

Los capacitadores provenían de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica y México.

La unidad responsable de este curso fue la coordinación de la Escuela de Derecho de la Ibero Puebla, a cargo de José Antonio Bretón Betanzos.

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Édgar Enrique Bayardo del Villar no sólo fue un personaje que mantuvo estrecho contacto con los jefes policíacos de Puebla, como el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, el actual secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto; el ex director de la judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, y los ex secretarios de Seguridad Pública del municipio Puebla, Humberto Vázquez Arroyo y Omar Álvarez Arronte ––aunque muchos de ellos ahora lo nieguen––, sino también un policía que se movía a los más altos niveles.

Édgar Bayardo, por ejemplo, era uno de los asiduos asistentes a las comidas que cada 17 de enero se organizan por el cumpleaños del arzobispo de la iglesia ortodoxa antioqueña, Antonio Chedraoui Tannous, acontecimiento que suele reunir a secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, dueños de medios de comunicación, jerarcas católicos y a los más encumbrados políticos y hombres de negocios de México.

Este año no fue la excepción. El hoy cómplice de los hermanos Zambada García ––Isamel “El Mayo” y Jesús “El Rey Zambada”–– estuvo en la comida por los 76 años de don Antonio Chedraoui, compartiendo el pan y sal con algunos poblanos como el diputado federal Jorge Estefan Chidiac; el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, y la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Otros poblanos que este año también asistieron a la comida del arzobispo Antonio Chedraoui fueron el secretario particular del gobernador Marín, Guillermo Deloya Cobián; el ex consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velázquez Cruz; el ex delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor; el ex director de la Judicial y ex delegado de la PGR en Tlaxcala, Adolfo Karam, y los empresarios Ricardo Henaine Mezher y Pepe Chedraui.

Hay que decir que muchos de ellos ni siquiera conocían a Édgar Bayardo, por lo que quizás hasta les pasó desapercibido, y más cuando nadie entonces sospechaba de sus vínculos con el Cártel del Pacífico.

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Otro personaje que hoy tampoco quiere saber nada de Édgar Bayardo, pero que en su momento trató de impulsar como subprocurador de Justicia del estado fue el ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.

Esta versión, que el propio Bayardo confió a algunos amigos suyos, en un antro de Plaza Loreto, puede ser confirmada por personajes como Carlos Talavera Pérez, presente en esa reunión.

La intención de López Zavala era que impulsar a Adolfo Karam como procurador de Justicia, en sustitución de Blanca Laura Villeda Martínez, y a Édgar Bayardo como subprocurador, cargo que ya había desempeñado en el gobierno perredista de Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala.

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