Hace unos días le adelantaba que aunque los aspirantes del PAN a la gubernatura habían tomado el acuerdo de ir a una elección abierta, lo más probable era que ésta no se realizara, entre otras cosas por razones de orden económico.

Hoy estoy en condición de informarle que en la Comisión Nacional de Elecciones y en la Comisión Estatal de Elecciones del PAN ya se evalúa la conveniencia de suspender tal proceso, que dejaría al partido atado de manos en la elección constitucional, por los topes de financiamiento privado establecidos en el Código Electoral y aprobados por el Instituto Electoral del Estado.

Según lo aprobado por el IEE, lo más que puede gastarse el PAN con dinero de sus militantes y simpatizantes en la elección de gobernador, considerando la precampaña y la campaña constitucional del 2010, son 3.9 millones de pesos.

De más está decir que si el PAN organiza una consulta abierta a sus 75 mil miembros activos y adherentes, con centros de votación en todo el estado, se gastará mucho más que eso, lo que implicaría que en la elección constitucional de gobernador ya no podría hacer ningún pago adicional con aportaciones de sus militantes y simpatizantes, so pena de rebasar el tope fijado por el IEE.

El artículo 48 del Código de Instituciones y Procesos Electorales apunta que lo máximo que un partido político puede recibir por concepto de financiamiento privado es el 10% del tope de gastos fijado en la última campaña para gobernador, y que el límite anual de aportaciones de un simpatizante o militante equivale al 0.05% del monto del financiamiento público del año que corresponda.

Lo anterior significa que el PAN sólo puede gastarse en la elección de gobernador del próximo año 3 millones 920 mil pesos de recursos privados, y que lo máximo que un militante o simpatizante puede aportarle en el 2010 son 17 mil 298 pesos.

El riesgo que el PAN corre con una consulta abierta es rebasar el tope de financiamiento privado, para operar en la elección constitucional sólo con financiamiento público, que en el caso de la elección de gobernador tendrá un techo de no más de 45 millones de pesos, lo que equivale considerando tres meses de campaña, a medio millón de pesos por día.

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El secretario de Turismo de Puebla, Juan José Bretón Ávalos, acompañado de una comitiva de empresarios del ramo hotelero, restaurantero y de agencias de viaje, estuvo este miércoles en la ciudad de México, para felicitar al titular del ramo a nivel federal, Rodolfo Elizondo Torres, por la decisión del gobierno federal de mantener a esta dependencia con rango de Secretaría.

Con Bretón viajaron Alejandro Cañedo Priesca, presidente de la Asociación Poblana de Agencias de Viajes; José Rosales Bretón, presidente del Buró de Convenciones; los dirigentes de la Canirac, la Asociación de Hoteles y Restaurantes y de asociación de transportistas turísticos, así como el diputado federal Juan Pablo Jiménez Concha, secretario de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión y la diputada local Erika Suck Mendieta, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo del Congreso del estado.

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Simón dice:

“Uno debe saber vivir con el dinero que tiene”.
José de San Martín (1778-1850). Militar y político argentino.

Un buen caso para demostrar qué tan congruentes con sus principios serán los integrantes del naciente “Movimiento Laboral del 2008”, conformado por autoridades federales y estatales, dirigentes empresariales y líderes sindicales, en eso de fomentar la cultura laboral apegada a valores como la equidad, la justicia y la productividad, es el juicio ganado por seis ex empleadas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla.

El caso es emblemático, pues se trata de una demanda promovida por empleadas de un organismo empresarial que las despidió, juicio que se llevó a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y cuyo fallo fue condenatorio para la Canirac, que no sólo se niega a pagar las indemnizaciones a que fue condenada, sino que amenaza a quienes osaron demandarla.

A principios de 2007, las seis empleadas fueron contratadas por la entonces presidenta de la Canirac, Guadalupe Lozano García, para hacerse cargo de la dirección, gerencia de afiliación, administración, cobranza y limpieza de las oficinas de la Cámara.

Como resultado de su trabajo, la Cámara pagó las deudas y pasivos laborales que por 150 mil pesos dejó el anterior Consejo Directivo, incrementó el padrón de socios de 69 a 179 afiliados y recuperó dinamismo con la organización de muestras y festivales gastronómicos en Puebla y otras ciudades del estado y el país.

Su esfuerzo no fue valorado por la nueva directiva de la Canirac, que el 15 de febrero tomó el control del organismo. Su presidente Fernando García Cernicchiaro no les pagó dos quincenas, y el 18 de marzo, con el apoyo del abogado Hugo Tabe, las amenazó y las despidió.

Las empleadas, como ya se lo comenté, presentaron una demanda ante la Junta Especial número 3, que se registró en el expediente 333/08, y que la autoridad laboral resolvió a favor de Norma Alicia Carballido Pesquera, Margarita Chávez Navarro, Elsa María Ramona Valle López, Martha Patricia Vega Bautista, Gabriela García Ponce y Alejandra Flores Arriaga, condenando a la Canirac al pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, comisiones, salarios retenidos, prima vacacional y horas extras.

El problema es que ahora no pueden ejecutar la sentencia a su favor ni embargar a la Canirac, pues ésta no tiene bienes que respalden el monto de la condena, y los directivos de la Cámara, lejos de acatar el fallo de la autoridad laboral, se burlan de sus ex empleadas con el ya sabido: “debo, no niego; pago, no tengo”.

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