* Enrique Doger podría ser diputado y líder del Congreso local

* A la Suprema Corte de Justicia de la Nación el caso López Brun

A nadie debe extrañar que en los próximos días, Carlos Meza Viveros sea separado de la dirigencia municipal priísta, como consecuencia de sus últimas declaraciones en contra de Javier López Zavala y el proceso de selección de candidatos del PRI a diputados al Congreso del estado, y sus desmedidos elogios, en plena campaña electoral, a favor del abanderado de la coalición opositora Rafael Moreno Valle Rosas.

 En las altas esferas gubernamentales su actitud es calificada de chantaje, y en el PRI de traición.

Los más felices con sus expresiones, tanto que ya las editan para subirlas en forma de video a YouTube, son los panistas.

Y cómo no, si el polémico Meza Viveros les ha dado oro molido al referirse a los aliados y operadores políticos de López Zavala como «panda de delincuentes de baja estofa», que juntos suman más de 100 años de cárcel; si a los delegados de su partido que participaron en la elección de su candidato a gobernador los llamó acarreados; si al dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, lo calificó de traidor y mentiroso; y si al autor de la plataforma electoral del PRI, Jorge Estefan Chidiac, lo acusó de traidor y panista.

Pero si además, se reúne en público con el candidato del PAN a la gubernatura, Rafael Moreno Valle, para elogiarlo por su talento, inteligencia, cultura y gran trayectoria, a diferencia de López Zavala, al que este domingo volvió a referirse —con ironía—como un hombre muy leal al gobernador y a sus compadres, que corre el riesgo de perder la gubernatura si no pone los pies sobre la tierra, deja de lado la soberbia y se deshace de la panda de chupópteros que lo cobijan.

Por lo pronto, este domingo la delegada del CEN del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, ya adelantó —sin entrar en detalles— que Meza Viveros podría ser sancionado, lo que insisto podría traducirse en su remoción al frente de la dirigencia municipal priísta.

INTRAMUROS

 Hete aquí la lista preliminar de precandidatos a diputados del PRI y el PVEM por los 26 distritos locales del Puebla, comenzado por los seis que tienen por cabecera la capital del estado: Distrito I, Víctor Manuel Carreto; distrito II, Xitlalic Ceja; distrito III, Silvia Argüello; distrito IV, María Luisa Conde; distrito V, Edgar Chumacero; y distrito VI, Laura Artemisa García.

La lista la completan Edgar Salomón, por el distrito VII de San Martín Texmelucan; Julio Lorenzini, por el distrito VIII con cabecera en San Pedro Cholula; Reyes Hernández, por el distrito IX, de Atlixco; Filiberto Guevara, por el distrito X de Izúcar de Matamoros; David Espinoza, por el distrito XI de Chiautla de Tapia, y Ernesto Leyva, por el distrito XII de Acatlán de Osorio.

En el distrito XIII de Tepexi de Rodríguez, que el PRI cedió por el convenio de coalición al PVEM, el candidato a diputado sería el expresidente municipal Venancio Ojeda.

Por el distrito XIV con cabecera en Tehuacán, el PRI perfila al alcalde Félix Alejo Domínguez; por el distrito XV de Ajalpan, Eleofermes Palacios; por el distrito XVI de Tepeaca, David Huerta; por el distrito XVII de Tecamachalco, Isidro Camarillo; por el distrito XVIII de Acatzingo, Andrés Morales; por el distrito XIX de Ciudad Serdán, Juan Manuel Jiménez; y por el distrito XX de Tlatlauquitepec, Juan Balderas.

La relación la cierran Juan Antonio Martínez, por el distrito XXI de Teziutlán; Eduardo Castañeda, por el distrito XXII de Zacapoaxtla; Lauro Sánchez, por el distrito XXIII de Tetela de Ocampo; Jorge Luis Corichi, por el distrito XXIV de Zacatlán; Ricardo Urzúa, por el distrito XXV de Huauchinango, y René Lechuga, por el distrito XXVI de Xicotepec de Juárez, aunque éste último podría declinar.

De izquierda a derecha se enlista al dream ten de López Zavala
Antonio Rueda, subcoordinador de Evaluación del CDE del PRI; Arturo González, coordinador de Medios Nacionales del candidato; Alejandro Armenta Mier, presidente del CDE del PRI; Javier López Zavala, candidato del PRI al gobierno del estado; José Luis Márquez Martínez, subcoordinador de campaña; Ismael Ríos, coordinador de medios del candidato; José Luis Espinoza, secretario particular del candidato; Gerardo Pérez, secretario de Organización del CDE del PRI; Javier del Rosario, secretario de Acción Electoral del CDE del PRI; José Tomé, secretario de Información y Propaganda del CDE del PRI; Claudia Hernández, secretaria general del CDE del PRI; José Luis García, secretario particular del presidente del CDE de PRI; Juan Carlos Valdés, coordinador Administrativo del candidato; Óscar de la Vega, coordinador de Publicidad y Propaganda del candidato.

EN CORTO

 Dos son las razones que explican la actitud de Enrique Doger Guerrero de dejarse ver y retratar en compañía de distintos personajes del PRI como Carlos Meza Viveros y Víctor Giorgana Jiménez, pero sin hacer comentarios sobre su futuro político en las filas del partido tricolor.

La primera es dejar constancia de que por ahora no se irá del PRI, para sumarse a la coalición opositora Compromiso por Puebla y, la segunda, enfatizar que mientras no le cumplan lo pactado —la primera posición en la lista candidatos plurinominales al Congreso del estado, y algunas candidaturas a presidentes municipales, entre otras cosas— no le levantará el brazo a Javier López Zavala, ni a Mario Montero Serrano.

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Este lunes el Juzgado Primero de Distrito que analiza el caso del exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado, Germán Alejandro López Brun, podría tomar la decisión de turnar el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que sea esta autoridad la que determine si el Congreso del estado, y en particular la Comisión de Gobernación, incurrió en desacato a la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la SCJN sobre el amparo otorgado al quejoso.

Esta instancia del máximo tribunal de justicia del país instruyó al Congreso del estado a emitir una nueva resolución, con argumentos reforzados, sobre su negativa de ratificar a López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado, dejando sin efecto su acuerdo del 21 de enero de 2010 por considerarlo insubsistente.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, Pablo Fernández del Campo, defendió la legalidad de tal acuerdo, y reiteró al juez Primero de Distrito, José Ybraín Hernández Lima, que López Brun no fue ratificado como magistrado electoral por no cumplir con las características de imparcialidad y autonomía que exige el Tribunal Electoral del Estado.

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A propósito.

Tras su declinación a favor de Mario Montero, en el proceso interno del PRI para elegir candidato a presidente municipal de Puebla, Pablo Fernández del Campo será convocado en los próximos días a integrarse al equipo de campaña de Javier López Zavala, candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura de la entidad.

La intención de Zavala de nombrar al diputado local priísta como coordinador de su campaña en la ciudad de Puebla, es un reconocimiento a su trabajo y labor proselitista como aspirante del PRI a la presidencia municipal.

Responsabilidad ésta que le garantizaría su permanencia en el Congreso local, como presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales de la LVII Legislatura.

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Este lunes la presidenta estatal de la Fundación Colosio Siglo XXI, Lucero Saldaña Pérez, se pronunciará a favor de Mario Montero como candidato de unidad del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

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Quien todavía no da su brazo a torcer, aunque está en vías de hacerlo, es Víctor Manuel Giorgana Jiménez, quien este domingo se reunió en privado Mario Montero en un restaurante del portal Hidalgo.

Si bien el funcionario municipal anunció que se registrará el viernes como precandidato a la alcaldía de Puebla, lo cierto es que en su encuentro con el exsecretario de Gobernación mostró disposición de llegar a un arreglo.

Montero, por su parte, ofreció continuar algunas de las obras, programas y acciones emprendidos por la Secretaría de Desarrollo Social en la administración municipal de Blanca Alcalá Ruiz. 

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En el transcurso de los próximos días, el empresario Francisco Bernat Cid recobrará sus derechos como administrador único y socio mayoritario del equipo de futbol Puebla de primera división, tras una serie de juicios y resoluciones legales favorables a su causa, en el ámbito federal.

De ahí las declaraciones que hace unos días hiciera el otro accionista del club, Ricardo Henaine Mezher, en el sentido de que ya no estaba interesado en hacerse de la mayoría de las acciones del Puebla de la Franja y de que buscaría arreglar de manera amigable sus diferencias con Paco Bernat.

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El trato prepotente y altanero de la directora de la Unidad de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Finanzas, María Eugenia Gómez Campillo, podría acarrearle algunos problemas a su jefe, el subsecretario de Administración de la dependencia, Jorge Luis Mendoza Velarde, por los documentos que obran en poder de ciertos empleados cansados de aguantar los abusos de aquella.

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Simón dice:

«Con ciertas personas vale más ser traicionado que desconfiar».

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.

En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

Salvo honrosas y contadísimas excepciones, los nombres que integran la lista de candidatos del PRI a diputados federales por la entidad están francamente para llorar.

La lista —que más bien parece tonta, por el bajísimo nivel político y parlamentario de la mayoría de sus integrantes— parece confeccionada no para ir a una elección difícil y competida, sino para mantener el equilibrio de las fuerzas y actores locales rumbo al 2010.

La primera lectura que, a vuelo de pájaro, puede hacerse de los candidatos del PRI es que el gobernador Mario Marín Torres y la dirigencia de su partido deben estar, seguramente, muy confiados en ganar los comicios del primer domingo de julio de este año.

De otra manera uno no se explica cómo el PRI puede atreverse a postular a personajes que, de antemano, se sabe que serán diputados del montón, es decir, del “Bronx legislativo”, que sólo sirven para levantar el dedo en las votaciones mas no para elaborar o discutir una iniciativa de ley, argumentar en tribuna o gestionar recursos extraordinarios para Puebla ante las instancias federales.

¿Qué pueden aportar al debate parlamentario figuras como Juan Carlos Lastiri Quirós, Francisco Ramos Montaño, Blanca Jiménez Hernández o Julieta Marín Torres? ¿Acaso algún día uno de ellos subirá a tribuna, aunque no sea más que para leer un documento redactado por alguien más?

Otra lectura que se desprende de los hombres y mujeres que ayer se registraron ante el PRI como candidatos, es que Marín y sus principales operadores siguen empecinados en mantener secuestrado al PRI poblano con políticos afines a su grupo, de pocas luces pero disciplinados e institucionales. No en balde la frase que, en corto, Marín ha repetido varias veces a sus secretarios de despacho: “Prefiero colaboradores leales antes que brillantes.”

Una tercera —y no menos preocupante— lectura, es que una parte de la mentada lista obedece en realidad a un reparto de cuotas entre grupos políticos y precandidatos a la gubernatura de Puebla.

Baso mi afirmación en lo publicado ayer lunes por Ricardo Morales, en su columna “Serpiente y Escaleras”, bajo el sugerente título “De cómo se palomeó la lista”, donde sostiene —palabras más, palabras menos— que los candidatos son producto del jaloneo y pataleo de dos de los aspirantes a suceder al gobernador Mario Marín.

“En la integración de la lista priista se mezclaron diversos intereses y de nueva cuenta se dieron los tradicionales encontronazos entre el secretario de Gobernación, Mario Montero, y el de Desarrollo Social, Javier López Zavala; así como las presiones de las organizaciones nacionales y personajes con suma influencia en las altas esferas del tricolor como Beatriz Paredes y Manlio Fabio Beltrones”.

Según Ricardo Morales, los candidatos pertenecientes al corral del secretario de Gobernación son: Carlos Peredo Grau, del distrito 3 de Teziutlán; Juan Pablo Jiménez Concha, del distrito 10 de San Pedro Cholula; así como Efraín García Bello, dirigente de los maiceros del estado, quien se inscribió como aspirante por el distrito 8 de Ciudad Serdán.

Y los de López Zavala: Juan Carlos Lastiri, del distrito 2 de Zacatlán; la diputada local Janet González Tostado, del distrito 5 de San Martín Texmelucan; el junior Francisco Ramos Montaño, del distrito 6 de Puebla; e Isabel Merlo Talavera, del distrito 13 de Atlixco.

La cuarta y última lectura que deja al descubierto la relación es que el PRI ya sabe que el PAN poblano no irá con candidatos fuertes a las elecciones federales sino más bien con figuras de relleno, de escaso liderazgo y pobre capital político y social, y con pocas o nulas oportunidades de ganar o de revertir las tendencias electorales que hoy le son negativas en la mayoría de los distritos de la entidad.

En otras palabras, el PRI sabe que la mayoría de los candidatos del PAN serán como los suyos: pura pipitilla.

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Simón dice:
¡Qué asquerosidad es todo esto! ¿No?
Kamel Nacif Borge, empresario y tahúr

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