Si avaló pero no avaló la herencia de plazas magisteriales
Hace agua la Secretaría de Salud con Antonio Marín López

Una de las principales razones de un sector del magisterio para oponerse y rechazar la Alianza por la Calidad de la Educación es la disposición de la SEP, con el aval del SNTE, de someter a concurso las plazas que se abran dentro del sistema educativo, ya sea de nueva creación o para sustituir las que dejan los maestros jubilados.

Este rechazo tiene su explicación en una vieja y nociva práctica que en Puebla y otros estados del país se ha tolerado: la posibilidad de que un maestro jubilado pueda heredar o —con la complicidad de algun dirigente sindical— vender su plaza, que quizás él mismo compró en su momento.

En Puebla, el titular de la SEP, Darío Carmona García, que en diferentes ocasiones ha manifestado su respaldo a la Alianza por la Calidad de la Educación, no sólo se ha deslindado de cualquier arreglo tendiente a que un profesor deje de su plaza a otro, sin mediar evaluación, sino que ha responsabilizado a los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE de esta situación.

En su conferencia de prensa del jueves, para salir al paso de las críticas del líder nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, quien acusó al gobierno del estado de tener las manos metidas en el conflicto magisterial y de apadrinar al movimiento disidente, Darío Carmona rechazó que en Puebla las plazas docentes se asignen de manera discrecional o que la SEP haya avalado un mecanismo para que los maestros jubilados hereden su plaza a un hijo o familiar.

Esa, dijo Dario Carmona, fue una petición del secretario general de la Sección 23 del SNTE, Eric Lara Martínez.

Y puede ser, pero lo cierto es que Darío Carmona la avaló y la hizo suya el pasado 18 de septiembre, en el marco de un convivio por las fiestas patrias con los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 23, al que tambió acudió el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

En su intervención de esa noche, que por cierto fue grabada y cuyo video podría hacerse público en cualquier momento, el titular de la SEP aseguró que el gobierno aceptaría por última vez que los maestros jubilados le propusieran el nombre de quienes ocuparían las plazas que dejan.

Y remató: este es un acuerdo en aras de la gobernabilidad, y una propuesta para cerrarle el paso a los grupos de otros estados que pretenden la desestabilización del magisterio en Puebla.

EN CORTO

En la Secretaría de Salud del estado las cosas van de mal en peor.

El martes de hace ocho días Antonio Marín López despidió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Mario Edmundo Chapital de la Rosa, con quien intercambió gritos, acusaciones de ineptitud y mentadas de madre, y el jueves le pidió la renuncia a Enriqueta Salcedo del Moral como subdirectora de Recursos Financieros.

En lugar de Chapital, el secretario de Salud nombró a José Eduardo Hernández Sánchez, quien se desempeñaba como subdirector de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas, y en la Subdirección de Recursos Financieros designó a Miguel Zamora de la Fuente, quien ya laboraba en la dependencia como jefe de Departamento.

Quien no fue despedida, pero presentó su renuncia en solidaridad con Enriqueta Salcedo fue Elisa Guillermina Ruiz Rendón, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Control Presupuestal.

Tales cambios no tendrían mayor significado, si no fuera porque los nuevos funcionarios carecen de tablas para enfrentar una crisis como la que vive la Secretaría de Salud, que no sólo está paralizada por el caos administrativo y financiero que dejó Roberto Morales Flores, sino por la revisión que personal de la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo en la dependencia, que lejos de mejorar empeora y de qué manera.

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 Y hasta la próxima.

Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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