Aprovechando que las leyes electorales mexicanas y estatales le prohíben hacer proselitismo hasta el próximo 2 de abril, cuando se inicia la campaña constitucional, el candidato de la coalición opositora Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, se fue de gira electoral a Nueva York.

Mientras en la aldea, sus compañeros diputados del PAN presentaban una denuncia en contra del legislador priísta Víctor Huerta Morales por andar promoviendo en el Sicom a Javier López Zavala, este martes en La Gran Manzana, Moreno Valle hizo campaña entre los paisanos de diferentes organizaciones de migrantes.

Durante uno de esos encuentros, el senador con licencia presentó algunas propuestas que, si no fuera porque los dirigentes de la comunidad latina en Nueva York desconocen las leyes y los programas existentes en México, resultarían novedosas.

Por ejemplo, el candidato de la coalición opositora —de acuerdo con una nota de la corresponsal del Diario de México, Zaira Cortés García, fechada el 16 de marzo— planteó como urgente que «los recursos generados por el Consulado Mexicano no regresen al Gobierno Federal«, sino «se queden en Nueva York para financiar más programas que den respuesta a las necesidades de la comunidad mexicana».

Lo que Moreno Valle no les dijo —no sé si por omisión, desconocimiento o mala fe— es que el Senado aprobó hace tres años esa medida, tal como se establece en el Artículo 2 Fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, así como el Capítulo II de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ley Federal de Derechos.

El abanderado de la coalición Compromiso por Puebla también propuso la creación de un programa de vivienda en beneficio del inmigrante poblano y su familia, sin aclararle a su auditorio que ya existe el Programa de Vivienda para Mexicanos en el Exterior, resultado de la colaboración del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Una tercera oferta que Moreno Valle hizo a los paisanos de Nueva York fue fortalecer la actividad turística en algunas localidades de la Sierra Norte de la entidad con un gran potencial, algo que tampoco resulta muy novedoso porque ya existe un programa de la Secretaría de Turismo del gobierno federal que las apoya. Dicho programa se denomina Pueblos Mágicos, y en él están incluidos dos municipios de la Sierra Norte: Cuetzalan y Zacatlán.

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Tras un segundo intento, el presidente municipal de Tehuacán, Félix Alejo Domínguez, logró que su Cabildo le aprobara una licencia para separarse del cargo por tres meses, a fin de que pueda participar en las próximas elecciones como candidato a diputado local por el distrito XIV con cabecera en la ciudad de las granadas.

Lo increíble del caso es que el ahora munícipe con licencia aclaró que, gane o pierda los comicios del 4 de julio, regresará a gobernar el ayuntamiento de Tehuacán. Ya sea de julio a diciembre, si es electo diputado a la LVIII Legislatura local; o de julio a febrero en caso de ser derrotado en las urnas, lo que no es descabellado.

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Este martes se reunieron para revisar los nuevos spots del PRI y su pautado en las estaciones de radio y televisión de Puebla, el presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier y Claudia Hernández Medina, con el secretario de Prensa y Propaganda del partido, José Tomé Cabrera, y el responsable de la comunicación social de Javier López Zavala, Ismael Ríos Delgadillo.

Ahí trascendió que los nuevos spots van encaminados a enaltecer el orgullo de ser priísta y remarcar que hoy el tricolor es un partido aceptado y posicionado en el ánimo de los electores por su experiencia para gobernar.

Durante la reunión, en el hotel Lastra, a José Tomé se le dijo que no le permitirían un nuevo error con el pautado de los spots, como ocurrió con los últimos de Javier López Zavala, que le merecieron al PRI una denuncia ante el IFE.

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Este miércoles, a las 19 horas, se reunirán los miembros del movimiento Puebla de Acuerdo para entregar a los dirigentes y candidatos de la coalición Compromiso por Puebla una veintena de nombres que esperan sean incluidos en la planilla de regidores y síndico del municipio capitalino, entre los que estarán dirigentes de la sociedad civil, académicos, ecologistas, exconsejeros electorales, empresarios y también representantes del PAN y otros partidos de izquierda.

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Simón dice:

«El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea.»

Clive Staples Lewis (1898-1963). Escritor británico.

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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Hace unos días la presidenta de Puebla Verde, Verónica Mastretta Guzmán, cuestionaba en un artículo aparecido en la sección Punto de Vista de e-consulta qué sentido tenía que un gobierno emitiera decretos de protección sobre ciertas reservas ecológicas, si el siguiente llegaba y modificaba todo, sin hacer pública esa información.

La crítica de Verónica Mastretta tiene mucho de fondo y de actualidad, pues varias de las áreas que en el sexenio de Manuel Bartlett fueron declaradas como de preservación ecológica, hoy están a punto de perderse por culpa de gobiernos y funcionarios abusivos, que han encontrado en los cambios de uso de suelo y en los desarrollos inmobiliarios un filón para enriquecerse a costa del medio ambiente.

En el Periódico Oficial del estado, fechado el 8 de abril de 1994, se publicó un decreto firmado por el entonces gobernador que declaraba como áreas protegidas algunas zonas boscosas de la periferia de la ciudad de Puebla, entre ellas el Parque Ixta-Popo, la zona arbolada del cerro de Amalucan y el Parque Flor del Bosque.

En ese mismo decreto también aparecían como áreas de preservación ecológica el Cerro Zapotecas, donde actualmente se construyen conjuntos residenciales de la familia Blanca García, el encinar del ex rancho La Calera, donde la empresa Alteq pretende levantar 7,720 viviendas de 3.70 metros de frente por 13 metros de fondo, y el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, sobre el que ya se talan ahuehuetes para dar paso a un fraccionamiento en el que estarían involucrados los empresarios Alfredo Miguel y Pedro Maccise.

La historia negra de cómo esos pulmones verdes de la zona metropolitana de Puebla están por perderse, es de lo más interesante.

En el caso de las 380 hectáreas del ex rancho La Calera, resulta que una parte de esas tierras de la familia Bautista O’Farril pasaron al Fobaproa, como dación en pago de un crédito bancario. Por tratarse de 165 hectáreas en breña y sin uso de suelo, que el banco en cuestión no pudo vender, el encinar llegó a manos del IPAB.

Y fue ahí donde se consumó un gran negocio, pues las tierras fueron adquiridas a precio de remate por Kamel Nacif Borge, y revendidas por éste –diez veces más caras– a la constructora Sare, para la edificación del complejo Galaxia La Calera.

Intermediario en esa fraudulenta operación fue el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, quien, con malas artes, obtuvo del alcalde Luis Paredes Moctezuma y su Cabildo, el 24 de diciembre de 2005, el cambio de uso y la autorización para construir vivienda intensiva.

Paredes Moctezuma había autorizado la construcción de 6 mil casas, sin embargo su sucesor, el priísta Enrique Doger Guerrero, sólo dio permiso para 3 mil.

Lo mismo sucedió con el predio de 5 hectáreas, conocido como el ex vivero de Santa Cruz Buenavista, ubicado en la esquina que forman la avenida Zavaleta y el boulevard Forjadores de Puebla.

Dicho terreno también se entregó como dación en pago a un banco, que al no poder venderlo por tratarse de una reserva ecológica, lo entregó al Fobaproa (hoy IPAB).

En 1997 el ex vivero de Santa Cruz fue rematado a razón de 40 pesos el metro cuadrado, y hace un par de semanas sus propietarios, ya con permiso de uso de suelo, obtenido en la gestión de Enrique Doger Guerrero, y con autorización del delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, comenzaron a talar ahuehuetes y a trazar lo que sería un nuevo fraccionamiento.

En el pasado reciente hubo un intento del ayuntamiento capitalino por hacerse de ese predio, pero no pudo concretarse debido a que poseedor exige por él 80 millones de pesos o, si se prefiere, 1,600 pesos por metro cuadrado, no obstante que el mismo fue comprado, como ya se mencionó, en sólo 2 millones de pesos.

¿Hasta cuando las autoridades van a permitir estos abusos?

¿A poco el gobierno de Mario Marín y el ayuntamiento de Blanca Alcalá no pueden hacer algo para impedir la pérdida de estas reservas ecológicas?

¿No que la ciudad y la zona metropolitana de Puebla tienen un déficit terrible de áreas verdes?

¿O es que el discurso oficial sobre el cuidado y preservación del medio ambiente sólo es de dientes para fuera?

¡Ojalá y no!

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Ahora que si quiere mayor información sobre este tema, lo mejor es que revise las siguientes notas:

– Violaron Doger y Paredes decreto de preservación en La Calera

– Exigen vecinos expropiación del ex vivero de Santa Cruz por tala ilegal

– El encinar que se nos fue en el ex rancho La Calera: Verónica Mastretta

– Motosierras en el ex vivero de Santa Cruz

¿Sabían o no sabían los funcionarios dogeristas cuánto costaban los lotes de autos, muebles de oficina y equipo de cómputo y comunicación, donados a la Fundación Cáritas?

La respuesta es sí.

Sí lo sabían y con detalle.

Y es que antes de que fueran desincorporados del patrimonio del ayuntamiento 163 vehículos y 4 mil 56 bienes, entre artículos y muebles de oficina, equipo de cómputo y aparatos de comunicación, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales realizó un avalúo de cada una de las piezas que serían donadas.

Dichos avalúos constan en las copias certificadas que el secretario general de la gestión dogerista, Ignacio Mier Velasco, envió al gobernador Mario Marín Torres y al presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Othón Bailleres Carriles, en enero de 2008. 

En ambos oficios remitidos por Ignacio Mier claramente se lee “… envío copia certificada DICTAMEN Y ACTA DE CABILDO, POR EL QUE SE DESINCORPORAN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL LOTES INTEGRADOS POR “EQUIPO DE CÓMPUTO”, “MOBILIARIO DE OFICINA”, “EQUIPO DE COMUNICACIÓN” Y “VEHÍCULOS AUTOMOTORES” DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE PUEBLA, DESCRITOS EN LOS AVALÚOS ORDENADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES… ”

Dos cuestiones llaman la atención de estos oficios, una relativa a los avalúos y, otra, a la dependencia que los realizó: la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sobre los primeros, hay que decir que sólo el lote de 163 vehículos automotores donado a Cáritas valía más de 3 millones 430 mil pesos.

La segunda cuestión es aún más reveladora, pues el director de Recursos Materiales y Servicios Generales que efectuó tales avalúos fue Luciano Javier Martínez, el mismo que días después firmaría junto con el tesorero José María Esquivel Silva y la jefa del Departamento de Control Vehicular, Patricia Morales Ríos, el acta de entrega-recepción de los bienes transferidos a Cáritas.

Y el mismo también del que hace unos días se deslindó el ex secretario particular y ex secretario de Administración del ayuntamiento dogerista, Enrique Chávez Estudillo “Kío”, afirmando que si bien lo conocía, no metía las manos al fuego por él.

Si Luciano Javier Martínez fue quien realizó los avalúos de los bienes desincorporados y el que firmó el acta de entrega-recepción de esa transferencia a Cáritas, ¿por qué no le informó al presidente de la fundación, Mariano Saavedra Burgos, el costo estimado de los lotes transferidos?

¿Acaso no se trataba de una donación de buena fe,  como dice Enrique Doger Guerrero?

Si no lo hizo, creo que no había tan buena fe, y si lo hizo, entonces creo que don Mariano Saavedra fue más corrupto que ingenuo al aceptar por todos los bienes donados una suma de 200 mil pesos.

¿O no?

Jesús Morales Flores se anotará este fin de semana otro campanazo electoral al reunir en torno a su persona –y precandidatura al gobierno del estado– a los personajes más representativos de la comunidad libanesa.

La comida, dicen los enterados, tendrá dedicatoria para el delfín del marinismo, quien hace unos días presumió el respaldo de la colonia libanesa y española, tras su encuentro con un grupo de empresarios en la casa de Sebastián Jacobo Yitani.

El banquete tendrá lugar este sábado en el Centro Mexicano Libanés, con la participación de 500 personas, entre familiares, amigos, socios y conocidos de los Yitani Maccise y Yitani Yitani.

El hermano del ex gobernador Melquiades Morales  compartirá la mesa con Doña Rorro Maccise, madre de todos los hermanos Yitani Maccise, y con Juan Yitani Yitani, que hoy por hoy encabezan el club de fans de Don Jesús Morales en la colonia libanesa.

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El día de antier se publicó en este blog una carta aclaratoria del jefe de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud, Fortino Morales Pacheco, sobre algunas cuestiones que aquí se han abordado.

La misiva en cuestión –que puede consultarse en la columna de hace dos días– afirma textualmente que “el doctor Morales Flores no compra, no licita ni adjudica de manera directa” los insumos y bienes que requiere la dependencia y que “el secretario de Salud no favorece ni beneficia a persona alguna, nunca lo ha hecho y nunca lo haría”.

Esto es absolutamente falso, como puede constatarse en cada una de las nueve hojas que integran el pedido SSA-1738/2007, a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., en las cuales se observa claramente que dicho pedido, contratado a la empresa de Dionisio Rodríguez Rodríguez, no sólo fue revisado, sino autorizado por Roberto Morales Flores de su puño y letra.

¿O acaso las rúbricas que aparecen al calce de cada una de las nueve hojas son, pero no son su firma?

Adicionalmente habría que precisar que si bien el secretario de Salud tiene razón en afirmar que el concurso por invitación GESFAC-192/2007 –del cual nos ocupamos aquí el pasado 28 de mayo– fue organizado por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, fue él y nadie más que él quien propuso que dicha licitación fuera restringida y no pública.

Por el monto del pedido, 21 millones 187 mil pesos, y el tipo de mercancía que requería la Secretaría de Salud –papelería y artículos de oficina–, el Comité de Adjudicaciones debió, en apego a la Ley de Adquisiciones del estado, llevar a cabo una licitación pública y no un concurso por invitación como finalmente se hizo.

¿Por qué si Morales Flores es tan ajeno, como dice en su carta, a las compras y proveedores de la Secretaría de Salud, hace lo posible para que las licitaciones no sean públicas?

¿Será por tal razón que sus proveedores consentidos en la Secretaría de Salud sólo tienen contratos en el estado de Puebla?

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Víctima de las presiones y chantajes de sus compañeros de partido y de Cabildo, ayer por la tarde noche falleció de dos infartos al corazón el regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino, brazo derecho del alcalde Noé Peñaloza Hernández.

Antes de perder la vida, en el Hospital Ángeles de esta ciudad, Efrén Ronco se presentó al Palacio de Texmelucan para asistir a una sesión ordinaria de Cabildo, previa a la cual le vino un fuerte dolor de estómago, por el que fue trasladado al centro de salud privado Libert, donde sufrió dos ataques al corazón de los que ya no pudo reponerse.

Descanse en paz.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

La asamblea estatal del Partido Acción Nacional convocada para este domingo será tan, pero tan de hueva (y perdón por la expresión), que ni siquiera habrá necesidad de llevar a votación, como en los anteriores dos procesos, las propuestas de consejeros estatales.

Los nuevos consejeros, menos de 100, serán electos en votación económica y por la vía del fast track.

Es decir, no habrá necesidad de que los grupos en disputa se agarren del chongo o se rasguen las medias en arduas y complicadas negociaciones para obtener la mayoría de los consejeros.

Y es que lo más probable, si es que no se suspende la asamblea, es que la lista de prospectos para el Consejo Estatal llegue a 76, incluyendo a los siete nominados por el Comité Directivo Estatal.

Dos son las causas que explican la pobreza de candidatos y la apatía de los panistas por participar en la asamblea del 1 de junio: una es la suspensión de más de 20 asambleas municipales por conflictos internos o la falta de quórum, entre las que figuran las de San Martín Texmelucan, Atlixco, San Andrés Cholula, Huauchinango y Tlachichuca, y, dos, la falta de operación del secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Félix Hernández Hernández.

Hace tres y seis años, el número de candidatos para integrar el Consejo Estatal fue mayor de 120, por lo que en ambos procesos ese órgano de dirección del PAN tuvo que conformarse con 100 consejeros. Hoy, en cambio, la suma de prospectos de los comités y delegaciones municipales difícilmente llegará a los 69, y eso, insisto, si la asamblea no se suspende.

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Varias son las inconsistencias que ponen de manifiesto que en la donación de vehículos, computadoras y muebles de oficina del ayuntamiento de Enrique Doger Guerrero a la fundación Cáritas y el Sistema DIF municipal hubo más transas y corruptelas que un genuino afán de asistencia o beneficencia social.

Veamos el caso de los autos.

El Cabildo aprobó donar a Cáritas 105 vehículos, y esta institución de asistencia privada sólo recibió 200 mil pesos en efectivo.

Los regidores acordaron una donación directa, y en la operación fue involucrado un intermediario: la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales, que ni siquiera figura en el Registro Público de la Propiedad.

En la supuesta donación a Cáritas fueron incorporadas 58 unidades adicionales –en su mayoría camionetas Ram Custom, Ram 1500 Pick Up, Ram Pick Up y Pointer City–, que no fueron incluidas por los regidores de la gestión dogerista.

En el acta de Cabildo del 11 de diciembre de 2007, donde se tomó el acuerdo de la donación, no aparecen por ningún lado los tres anexos que supuestamente detallan el número, modelo y condiciones de las unidades que serían transferidas a Cáritas.

A diferencia del reporte elaborado por el Departamento de Control Vehicular sobre las 24 unidades donadas al DIF, la relación de autos transferidos a Cáritas es imprecisa, vaga e inexacta.

No existe ninguna evidencia gráfica o documental de que las unidades donadas al DIF fueran, como se dijo, pura chatarra, y menos tratándose de vehículos modelos 2000, 2001 y 2002.

La Fundación Cáritas asegura que fue la pasada administración municipal la que arregló todo lo relacionado con la venta de las unidades, y el ex alcalde Enrique Doger Guerrero sostiene que el presidente de la institución privada de asistencia, Mariano Saavedra Burgos, fue quien propuso a la empresa Prestadora de Servicios Independientes o Generales como intermediaria.

Correos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com