En el caso de Chalchihuapan, el gobierno del estado ha venido jugando al filo de la navaja y esos riesgos comienzan a pasarle factura.

Lo ocurrido este jueves en el marco del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con la presencia de la madre del menor fallecido en Chalchihuapan, Elia Tamayo Montes, era previsible.

Su simple presencia — y la torpe decisión de algunos funcionarios locales de echarla del Centro Expositor, sede del Congreso— no sólo llamó la atención de varios de los congresistas internacionales, sino que puso al gobierno del estado contra la pared, por la insensibilidad que ha mostrado frente a este crimen no esclarecido.

Si la intención de la administración morenovallista sobre este Congreso Mundial era borrar del imaginario colectivo las imágenes del niño de Chalchihuapan, José Luis Tehuatlie, víctima fatal del desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, el tiro le salió por la culata.

La bruta decisión de pedirle a Elia Tamayo que abandonara el Centro Expositor, pese a que ahí había sido citada para reunirse con activistas y defensores de los derechos de la infancia que acuden a este Congreso internacional, sólo hizo más grande el escándalo.

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En el transcurso de la próxima semana el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, podría hacer saber al gobierno del estado su insatisfacción por el supuesto cumplimiento de las once recomendaciones que emitió sobre el caso Chalchihuapan, el pasado 11 de septiembre.

El nuevo ombudsman tiene por delante retos muy complicados, por lo que no sería nada raro que en aras de ganar legitimidad comience enmendándole la plana al gobernador Rafael Moreno Valle, por el evidente incumplimiento de algunas recomendaciones, como la tercera, la quinta o la sexta que textualmente dicen:

“TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

“QUINTA. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

“SEXTA. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.

Es obvio que la mayor víctima del caso Chalchihuapan, la señora Elia Tamayo, no sólo no ha recibido una disculpa institucional, ni la reparación del daño por la muerte de su hijo de 13 años, sino que la administración estatal sigue empeñada en la criminalización de la protesta social, como se ha demostrado con el encarcelamiento de seis vecinos de Chalchihuapan y de los presidentes auxiliares de La Resurrección y Canoa, quienes encabezaron las protestas por el retiro de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad.

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Otra queja contra los organizadores del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia partió de quienes recibieron becas para asistir sin costo al evento, ya que no recibieron audífonos para escuchar las intervenciones de los ponentes extranjeros.

Los inconformes, procedentes de universidades y dependencias estatales, indicaron además que no tienen derecho a una constancia de participación y ni siquiera a un pase para alimentos.

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Francisco Martínez, nuevo secretario de Investigación en la FDCS de la BUAP

Finalmente Paulino Arellanes Jiménez no fue designado secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, sino Francisco Martínez Alpízar.

El ex candidato a director de la Facultad de Derecho es un conocido litigante laboralista, que hasta hoy se desempeñaba como asesor del Centro de Vinculación de la BUAP, lo que antes era el Bufete Jurídico Universitario.

Martínez Alpízar es doctor en Derecho, fue socio de Alejandro Gallardo Arroyo y amigo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Velázquez Cruz.

Tiene 27 años como docente y entre los catedráticos de la Facultad es conocido como La Gripa, en alusión a su estatura: «el hombre del cuerpo cortado».

La designación de Martínez Alpízar, en sustitución de César Cansino Ortiz, fue hecha por el director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez con base en el artículo 115 fracción VIII del Estatuto Universitario.

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