LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Cabeza de marrano

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Un mensaje macabro, muy siciliano, fue el que ayer se recibió en la Dirección de Normatividad Vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Sonia Hidalgo Espinosa.

Envuelta en paquete para regalo, llegó a esa oficina una cabeza de marrano, acompañada de un mensaje que sólo la emisaria y algunos de sus más allegados conocen.

Sobre quién pudo ser el remitente de este siniestro mensaje o recado, hay muchas versiones, aunque la más verosímil apunta a un conflicto interno entre la directora de Normatividad Vial y su jefe de Departamento de Licencias, Ricardo Juárez Acevedo hermano del defenestrado comisionado de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, Antonio Juárez Acevedo.

Ricardo Juárez pretender capitalizar algunos errores de su jefa, para quedarse con su cargo, y Sonia Hidalgo, enterada de la inquina y la perversidad de aquel, le anda buscando los pies.

Por lo pronto se sabe que la directora de Normatividad Vial anda tras la pista de unas licencias de conducir que expidió su subordinado a indocumentados centroamericanos y sudamericanos, entre ellos a un peruano que hoy labora para un importante empresario de Grupo BRET, con actas de nacimiento apócrifas.

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Valdría le pena que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y la Policía Judicial explicaran por qué hasta ahora no han detenido, ni han hecho nada serio para hacerlo, a un solo directivo de la financiera Coofia.

El fraude de Coofia no es menor que el perpetrado por Sitma e Invergroup a miles de pequeños inversionistas y ahorradores.

La negligencia y apatía que la PGJ ha demostrado para detener al dueño de Coofia, Valente Medina Seoane, contra quien hasta principios de octubre existían más de 2,500 denuncias por un monto superior a los 300 millones de pesos, resulta más que sospechosa.

Y más cuando desde la Secretaría de Finanzas y Administración se siguen aplicando descuentos a los empleados y trabajadores que solicitaron algún préstamo a esta financiera.

Será acaso porque en la Puebla marinista se sigue aquella máxima juarista de «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas«

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las enemistades ocultas y silenciosas, son peores que las abiertas y declaradas».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

La cuadratura del círculo del Lydiagate

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En menudo problema se meterán las autoridades poblanas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando se haga pública la recomendación de esta última instancia sobre la queja presentada por la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres, el pasado 13 de enero de 2006.

Y es que, después de casi tres años de concienzudas y –se supone–– minuciosas investigaciones, el ombudsman nacional llegó a la sesuda conclusión de que los únicos responsables de violar los derechos humanos de la periodista y escritora de “Los Demonios del Edén” fueron los dos judiciales poblanos enviados a Cancún para detenerla.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la Comisión recomendó a las autoridades poblanas iniciar un proceso penal contra los judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes aun laboran en la Procuraduría General de Justicia.

Esta resolución no estará exenta de polémica, pues se supone que ambos policías ya fueron juzgados en Quintana Roo por este caso e, incluso, se les libraron órdenes de aprehensión que no prosperaron. En México, reza una máxima del derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La resolución ya fue notificada al gobierno del estado, pero por alguna extraña razón la Quinta Visitaduría de la CNDH no ha turnado el expediente al área de Comunicación Social para que éste se haga público en el portal electrónico del organismo.

Otra situación igualmente polémica, en términos de la Ley de Seguridad Pública del estado, será la explicación que ofrezcan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia o la Contraloría del estado sobre los motivos por los cuales ambos agentes ––que estaban sujetos a investigación–– nunca fueron separados de sus cargos.

Según la referida legislación, todo policía en activo debe ser suspendido de sus funciones cuando exista una averiguación previa en su contra, cosa que no sucedió con Montaño Quiroz ni con Pérez Vargas, a pesar del proceso que se les radicó en Cancún, Quintana Roo.

La duda, que mata, sobre la sesuda recomendación de la CNDH al gobierno de Puebla es: ¿a poco esos policías que detuvieron en Cancún a Lydia Cacho actuaron de motu proprio o se fueron por sus pistolas?

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René Meza Cabrera, personaje que en el sexenio de Mariano Piña Olaya, fue centro de duras críticas y acusaciones de corrupción por parte del PAN y sus dirigentes, por su actuación como director de Tránsito del estado y por los negocios que realizó al amparo de la instalación de taxímetros, podría ahora pintarse de azul e incluso convertirse en candidato del blanquiazul a la diputación federal por el distrito 1 de Huauchinango.

Su nominación, que es impulsada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, está siendo muy cuestionada por panistas locales tanto en Huauchinango y Xicotepec como de la capital poblana.

Y es que antes de que el PAN le abriera la posibilidad de postularlo a la Cámara Baja, el actual notario público fue un destacado militante del PRI, partido que lo hizo diputado federal, y con el cual rompió al término del sexenio melquiadista y luego un activista de la causa de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006.

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Simón dice:

“Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Sófocles (495AC-406AC), poeta trágico griego.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Chiltepeque, cochinero municipal

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Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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