Con el presidente municipal de Nopalucan de la Granja, el priísta Rogelio Roque Torres, es posible ilustrar lo que ocurre con una docena de alcaldes poblanos que en menos de dos años se han enriquecido a costa del erario.

Roque Torres, quien por segunda ocasión gobierna el municipio, fue acusado a mediados de año de corrupción y desvío de recursos por los habitantes de Santa María Ixtiyucan, que se manifestaron a las puertas de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno.

Días después el munícipe fue convocado a una reunión en la que no supo explicar cómo autorizó y pagó el adoquinamiento de una calle, en 500 mil pesos, y una obra de electrificación, en 560 mil pesos, sin que estas se hubieran ejecutado en esa comunidad.

Lo más que alcanzó a explicar es que las había autorizado sin saber que éstas no existían, seguramente sorprendido por un empleado que le pasó documentos para firma que no pudo revisar o leer con la debida atención.

Su argumento fue tan pueril que los propios funcionarios de la SGG solicitaron la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que revisara las finanzas y obras realizadas por el ayuntamiento de Nopalucan.

Hace unos días los regidores de Nopalucan se enteraron por voz de funcionarios de la Secretaría de Finanzas del estado, en el marco de una firma de convenio por el cual el ayuntamiento cedió al gobierno del estado la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos, que el presupuesto anual del ayuntamiento no asciende a 68 millones de pesos.

Ese 30 de octubre supieron que el presupuesto de Nopalucan supera en realidad los 110 millones de pesos, considerando 64 millones de participaciones federales, 41 millones del Ramo 33 y 5 millones de recursos propios y extraordinarios.

Otras cosas que los regidores y pobladores de Nopalucan ignoran es que el sueldo del alcalde Rogelio Roque no es de 30 mil pesos, sino de 51 mil 956 pesos y que su esposa Alejandra tiene un sueldo asignado de 18 mil pesos mensuales, no obstante que su cargo como presidenta del DIF municipal es honorífico.

Lo sí ya no desconocido es que Rogelio Roque y su familia son dueños de 28 terrenos y propiedades, y siete vehículos, contando un Honda en color blanco y con placas de Durango que antes pertenecía al delegado del PRI en la región de Tepeaca, Hugo Muñoz, uno de los contratistas favorecidos por el ayuntamiento con obra pública.

Y tampoco que una de sus regidoras consentidas, Hilda Becerril Vilchis, se está haciendo una casota de tres pisos por el rumbo del Deportivo de La Tasa, que es la envidia de sus colegas y de sus esposas.

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Este domingo once series documentales del Archivo Histórico de Puebla, el más completo y mejor conservado de América Latina, obtendrán la denominación Memoria del Mundo por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Para celebrar tal distinción que en nombre de los poblanos recibirá el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, viajará a la Angelópolis la directora y representante de la Unesco en México, Nuria Sanz.

El Archivo Histórico de Puebla es el primero en obtener esta denominación de Memoria del Mundo en México y el segundo en todo el continente americano.

Entre las series documentales seleccionadas por el Comité de la Unesco destacan Actas de Cabildo de 1533 a 1963; Extractos de suplementos de Cabildo de 1769 a 1774; Crónicas y Memoriales de 1756 a 1886; Patronatos de 1769 a 1774; Ordenanzas Municipales de 1545 a 1831; Ordenanzas de Gremios y Oficios de 1775 a 1800; Reales Cédulas de 1534 a 1809; y Junta Subalterna de Consolidación de 1804 a 1821.

El expediente que se aprobó en octubre, en Quito, Ecuador, fue avalado por más de 40 investigadores de instituciones mexicanas, estadounidenses, alemanas y españolas.

Las once series seleccionadas equivalen a más de 25 metros lineales de documentación, considerando su alto valor histórico, su antigüedad, excepcionalidad y originalidad.

La gestión y postulación de las actas, crónicas y ordenanzas del Archivo Histórico de Puebla ante el Comité de la Unesco corrió a cargo de la directora del Archivo, la doctora María de la Cruz Ríos, y el secretario del ayuntamiento, Mario Riestra Piña.

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Desfase y discrecionalidad en la aprobación de cuentas

Dos distritos podría obtener el PVEM en Puebla

El más claro ejemplo de cómo en la Auditoria Superior del Estado (ASE) y en la Comisión Inspectora del Congreso local las cuentas públicas de los sujetos obligados se aprueban o se congelan por motivos políticos es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Al ex munícipe capitalino se le advirtió que sus cuentas públicas no se aprobarían, mientras siguiera viviendo en Puebla.

Y la advertencia se ha cumplido. A más de diez meses de haber concluido su gestión, aún están pendientes de aprobación en el Poder Legislativo las cuentas de segundo y tercer año de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la de los primeros 45 días de 2014.

En la historia del Congreso local, lo común era que las cuentas del Ejecutivo del estado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del presidente municipal de Puebla se aprobaran por lo regular en las mismas fechas y, a veces, hasta en la misma sesión.

Sin embargo, esta situación se modificó en la administración morenovallista, debido a que la revisión y aprobación de las cuentas públicas es totalmente discrecional.

Las cuentas públicas del Ejecutivo del estado de los años 2011,  2012 y 2013 se han aprobado sin demora durante el mes de julio del año siguiente; las del rector de la BUAP, que antes del morenovallismo también se autorizaban en julio del año posterior, ahora se aprueban a los dos años.

La cuenta del rector Enrique Agüera Ibáñez del ejercicio 2010 se aprobó en julio de 2012; la del ejercicio del 2011, en julio de 2013; y la del ejercicio de 2012, hasta julio de 2014.

Por lo que hace a las cuentas de los presidentes municipales de Puebla estas siempre se autorizaban al año siguiente, con excepción de las del panista Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que fueron motivo de observaciones, pliegos de cargos, sanciones y procesos administrativos de determinación de responsabilidades. 

Sin embargo, en la actual administración estatal los tiempos de aprobación se han desfasado. Las primeras dos cuentas de la presidenta municipal Blanca Alcalá correspondientes a 2008 y 2009 se aprobaron un año después. El problema vino con la tercera, del año 2010, y con la cuarta que corresponde a los primeros 45 días del 2011, las cuales fueron revisadas por diputados  de la primera Legislatura morenovallista, la LVIII.

Ambas finalmente se autorizaron, una en diciembre 2012  y la otra en julio de 2013, es decir, dos años después.

Con la cuenta del primer año en funciones de Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ocurrió lo mismo: Se aprobó dos años después en julio de 2013.

Pero con la del segundo y tercer año, y la cuarta de los primeros 45 días del 2014, lo más probable es que los tiempos sigan alargándose sin ninguna explicación razonable o convincente.

Y es que el jueves pasado la LIX Legislatura del Congreso local aprobó, en su última sesión del año, 22 cuentas públicas, entre ellas las de algunos personajes controvertidos por los escándalos de delincuencia organizada y corrupción en que estuvieron envueltas sus gestiones, como el ex presidente municipal de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez, y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, pero ninguna de las pendientes del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera.

El asunto es a todas luces irregular, no sólo por el desfase de tres años, si es que finalmente se aprueban en 2015,  sino porque no existen motivos jurídicos, administrativos o financieros —como pliegos de observaciones o de cargos— para que sus cuentas continúen congeladas en la Auditoría Superior del Estado o sin dictaminar en la Comisión Inspectora que preside la ex contralora morenovallista Irma Patricia Leal Islas. 

La única razón es de orden político-partidista. A Eduardo Rivera le dijeron que no le querían ver en Puebla, ni metido en asuntos electorales y menos como aspirante a la minigubernatura, y que sus cuentas públicas se aprobarían una vez que se fuera a vivir fuera de Puebla en lo que resta del sexenio.

EN CORTO

Dos son los distritos que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negocia con el PRI en el estado de Puebla rumbo a las elecciones federales del año entrante. Uno es el 13 con cabecera en Atlixco, donde los dirigentes del partido del tucán impulsan la nominación de Elieser Popócatl Castillo, y el otro es el 15 con cabecera en Tehuacán, donde la favorita es la actual diputada local Geraldine González Cervantes.

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La semana pasada fue obligado a renunciar uno de los pocos empleados del Instituto Electoral del Estado pertenecientes al Servicio Electoral Profesional: Celso Juárez Bautista, quien se desempeñaba como director de Capacitación y Educación Cívica.

Para que renunciara y su plaza fuera ocupada por otro empleado del IEE, que goza de los afectos de la directora del área, Celso Juárez comenzó a ser hostigado laboralmente, dizque porque no hacía bien las cosas, luego le aventaron a la Contraloría Interna para que lo auditara y finalmente le suspendieron el pago de su sueldo con la amenaza de que no cobraría aguinaldo.

Celso Juárez entendió el mensaje y presentó su renuncia, y por arte de magia el hostigamiento cesó y la auditoría se suspendió. Ah, y podrá cobrar la última quincena de noviembre y la primera de diciembre, junto con su aguinaldo y partes proporcionales.

De los 110 empleados del IEE, incluidos los consejeros electorales, los pertenecientes al Servicio Electoral Profesional, no rebasan los 20.

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Otro partido político nacional que en Puebla buscará mermar al PAN en las próximas elecciones es Encuentro Social que tiene como dirigente estatal a un ex panista que fue contralor en el ayuntamiento de Puebla en la gestión municipal de Gabriel Hinojosa Rivera, Raúl Barranco Tenorio, y como coordinador de Movimientos Sectoriales a otro ex panista que fue secretario de Enlace Gubernamental en la alcaldía encabezada por Luis Paredes Moctezuma, Miguel Ángel Labastida Carballeda.

Este nuevo partido que tiene como principal soporte a los pastores de las iglesias cristianas celebró el domingo pasado su primer congreso estatal, en el cual fueron electos los integrantes de su Comité Directivo y de su Comisión Política.

El regidor de Acatlán de Osorio, Abraham García Hernández, fue nombrado secretario general; José José Momox Sánchez, secretario de Organización y Estrategia Electoral, y Gloria Cortés Santiago, secretaria de Administración y Finanzas.

Al Congreso estatal acudió el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, quien aprovechó la ocasión para reunirse en Puebla con más de 300 pastores de distintas denominaciones cristianas de la entidad.

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Aquí una historia de un expresidente municipal que, como muchos otros del estado, se enriqueció a costa del erario sin que ninguna autoridad, de esas que presumen combatir la corrupción, el desvío de recursos públicos y el tráfico de influencias, se percatara de sus abusos.

Se trata del exalcalde de Lara Grajales, el priísta Horacio Castillo López, a quien las nuevas autoridades ya le encontraron varios desfalcos de los que jamás se percató la Auditoría Superior del Estado, no obstante lo burdo de algunos de ellos.

El más descarado de todos es un contrato por alrededor de cinco millones de pesos que celebró con una empresa para cambiar y adquirir nuevas luminarias en la junta auxiliar de Máximo Serdán durante 2013.

Dicho monto se liquidó en su totalidad, pese a que el proveedor ni siquiera sustituyó un tercio de las lámparas convenidas en el contrato de prestación de servicios, lo que tiene molestos a los vecinos de la junta auxiliar.

Otros desfalcos cometidos por Horacio Castillo están relacionados con la presentación de grupos musicales y luchadores de la Triple A durante las ferias de abril y septiembre en Lara Grajales.

Tales bandas, entre las que destacan Bronco, Duelo, Palomo y Los Askis, eran pagadas con fondos del ayuntamiento pero estas se presentaban en bailes donde se cobraba la entrada y donde se vendían alimentos y bebidas alcohólicas, sin que la taquilla y los demás ingresos fueran reportados a la Tesorería Municipal.

Los pagos a los grupos musicales, que van de los 150 mil a los 250 mil pesos por presentación, eran autorizados incluso por los demás regidores, pero comprobados sólo mediante un recibo simple.

¿Y la Auditoría Superior del Estado?

Bien, gracias.

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Trivia:

A qué alto funcionario o funcionaria del Ayuntamiento de Puebla podría alcanzarlo un escándalo que envuelve a su cónyuge por tener como empleado a un sujeto que fue detenido el mes pasado en Atlixco, como presunto responsable de haber baleado a dos personas, al parecer en estado de ebriedad.

Un par de tips:

El o la cónyuge manejaba un auto Jetta color rojo con placas de circulación TWW4440.

El detenido es conocido como El Tiburón.

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Uno de los logros que más ha presumido la actual administración estatal se refiere a la mecanización del campo.

Este compromiso que fue incluso publicitado como uno de los siete que el gobernador Rafael Moreno Valle prometió en campaña, firmó ante notario público, y cumplió al llegar a la mitad de su sexenio, hoy está siendo severamente cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización 2012.

Y no porque el mandatario estatal hubiera mentido o maquillado las cifras sobre las cuatro posiciones que avanzó en el Índice de Mecanización del Campo elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, sino por la manera en que lo logró.

Según el informe de la ASF los 1,690 motocultores o mototractores comprados por su gobierno en 2012 además de adquirirse a sobreprecio a dos proveedores del mismo grupo empresarial y sin que los campesinos y agricultores beneficiados los eligieran, no son los que avaló el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA).

Además, de acuerdo con el mismo “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012”  los referidos motocultores se entregaron sin que se respetaran las Reglas de Operación que regulan el programa y, lo peor, falsificando las firmas de los beneficiarios en 168 expedientes.

Aquí lo que textualmente dice el documento de la ASF en sus páginas 69 y 70:

“Del total de recursos por 115,585.6 miles de pesos operados en el Componente Agrícola, por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, 107,893.1 miles de pesos, es decir, el 93.3%, se destinaron para apoyar la compra de 1,690 motocultores que fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes; además de que los beneficiarios no eligieron las características, la marca, ni los proveedores, lo cual era su derecho.

“Los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores a los de otros equipos con características similares. Mediante los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes no provienen del mismo origen gráfico que las de algunos documentos contenidos en los expedientes de los apoyos.

“Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo”.

¿Por qué estas irregularidades nunca fueron detectadas por la Contraloría del estado o la Auditoría Superior del Estado que, se supone, revisaron y aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado?

¿A cuánto se pagaron los mototractores adquiridos por el gobierno del estado el año antepasado, para cumplir el cuarto de los siete compromisos de la propuesta de gobierno firmada por Moreno Valle aquel 31 de mayo de 2010 ante el notario público René Meza Cabrera?

Ya sabemos que los 1,690 motocultores comprados en 2012 estuvieron sobrefacturados, pero ¿qué pasa con los restantes 3,102 equipos mecanizados que fueron adquiridos en los tres primeros años del sexenio? ¿También se compraron a sólo dos proveedores del mismo grupo?

¿Estos mototractores se concursaron en una licitación pública internacional o sólo se adjudicaron en una licitación por invitación?

¿Quién fue el funcionario o los funcionarios que adquirieron estos equipos a sobreprecio? ¿Ya fueron sancionados, inhabilitados o suspendidos del servicio público?

¿La Secretaría de la Contraloría o la Auditoría Superior del Estado ya tendrán esta información o esperan el próximo Informe de la ASF para enterarse de lo que sus auditores encubrieron o no quisieron ver, ni investigar?

Conste que son preguntas.

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Ayer le decía que José Felipe Velázquez Gutiérrez tramitó ante la Secretaría de la Contraloría del estado una constancia de no inhabilitación, y que ésta le fue otorgada, a pesar del oficio enviado por la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula informando que éste fue inhabilitado por 12 años y multado con 4 millones 45 mil pesos.

Tal contradicción, supuse, tenía que estar relacionada con una disparidad en las fechas, entre el oficio de inhabilitación enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula a la Contraloría del estado, y la constancia expedida por esta dependencia estatal.

Hoy veo con sorpresa que no es así: que el oficio enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula fue recibido y sellado por la Contraloría del estado el 14 de febrero de 2014 y que la constancia de no inhabilitación expedida por esta dependencia a favor de José Felipe Velázquez  tiene fecha del 19 de febrero de 2014.

¿A cuál de estos documentos oficiales creerle?

¿Al suscrito por el contralor saliente de San Andrés Cholula, Álvaro Fuentes Morales, o al expedido por la Contraloría del estado?

El asunto debe aclararse y rápido, pues lo más probable es que José Felipe Velázquez, pronto reaparezca en algún cargo público de relevancia, amparado en la constancia que este miércoles le extendió la Contraloría del estado.

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