Ante la creciente inconformidad de decenas de abogados laboralistas por la corrupción que priva en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por el tráfico de influencias en que incurre el subsecretario Carlos Hernández Hernández en los asuntos donde su despacho —Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales— tiene interés, éstos han comenzado a organizarse y a gestionar una entrevista con el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas.

De hecho, el martes de hace ocho días en un restaurante de la 2 Sur y la 37 Poniente, varios de ellos se reunieron por la noche para conformar una barra de abogados especializada en asuntos laborales, y hacer llegar al gobernador electo sus quejas y denuncias sobre la administración de justicia en el Tribunal Laboral del estado.

Al encuentro asistieron los litigantes Matías Rivero Aguilar, Enrique Munive Rangel, Araceli Reyes Lemus, Armando Becerra Manchinelly, Enrique Calvo Monterrosas, Próspero Román Jiménez, Jorge Romero Herrera, Roberto Mejía Monzón, Víctor Ruiz Rodríguez, José Manuel López Rojas, Antonio Cuatle Carreón y Armando Sánchez, entre otros.

Los abogados asistentes acordaron nombrar a Matías Rivero como su enlace y vocero ante el gobernador electo, a fin de solicitarle una revisión a fondo de la actuación del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Jorge Ramos Lobato, y de los presidentes de Juntas Especiales, auxiliares, secretarios de acuerdos y actuarios que lejos de actuar con apego a derecho, se mueven en función del mejor postor o bajo la línea que les dicta el influyente subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández.

De igual manera redactaron una lista de funcionarios del Tribunal Laboral cuya actuación deja mucho que desear en la que figuran: Marisela Rolón Hernández, presidenta de la Junta 2; Delia del Rosario Guzmán Pérez, presidenta de la Junta 3; Roberto Alonso Pavana, presidente de la Junta 4; Elizabeth Domínguez Cortez, presidenta de la Junta 6; Héctor Hugo Romero Colombres, auxiliar de la Junta 1; Ángeles Paisano Juárez, secretaria de acuerdos de la Junta 1; Norma González Cambrón, actuaria de la Junta 4; José Luis Jiménez Covarrubias, auxiliar de la Oficialía de Partes; María Esther Loeza, secretaria general B de la Sección de Amparos; Ramiro Flores Rivera, auxiliar de la Junta 2 (actualmente suspendido); y Ana Lilia Sánchez Martínez, auxiliar de la Junta 2.

Durante el encuentro los abogados también enlistaron una serie de juicios en los que tiene interés el despacho de Carlos Hernández, Chet Abogados Asociados, y en los que por lo mismo no se ejecutan los laudos o los expedientes están perdidos o simplemente congelados en espera de que los actores se cansen y desistan de sus demandas, asuntos que serán objeto de una próxima entrega.

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Por cierto.

Entre los posibles abogados que están siendo mencionados para presidir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, encabezar la Secretaría del Trabajo y Competitividad o la subsecretaria del Trabajo anote los siguientes: Matías Rivero, Marcelo Sánchez Fernández, Violeta Lagunes Viveros, Jorge Steck Martínez, Jorge Romero Herrera y Carlos Ortiz Rosas, aunque éste dice que ya se descartó.

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Este miércoles Pablo Fernández del Campo Espinosa anunciará su declinación a participar en el proceso interno del PRI y su propósito de seguir haciendo trabajo político.

El legislador priísta es uno de los que se opuso a la imposición de Javier López Zavala como futuro dirigente estatal del PRI, posición que ahora recaerá en Juan Carlos Lastiri Quirós, quien este día renunciará a la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

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Mario Marín García fue uno de los contados poblanos que pudieron viajar a Estados Unidos para presenciar el juego donde los Gigantes de San Francisco se coronaron campeones de la Serie Mundial de béisbol al vencer a los Rangers de Texas por cuatro juegos a 1.

El hijo mayor del gobernador Mario Marín fue visto con seis de sus amigos en las inmediaciones del estadio de Arlington al que llegó en una Suburban blanca alquilada.

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Simón dice:

«Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».

Sócrates (470 AC-399 AC). Filósofo griego.

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.