Aunque al final el PRI se impuso y logró, sólo con los votos de sus 26 diputados, sacar adelante las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia, lo cierto es que ayer perdió el debate y también la oportunidad de dar a la entidad una ley de avanzada.

La reforma impulsada por la fracción priísta es tan light y acotada, en términos de lo que Puebla necesita, que hasta los legisladores de oposición que suelen apoyar las iniciativas del grupo mayoritario, como la perredista Irma Ramos Galindo y la convergente Carolina  O’Farril Tapia, optaron por abstenerse en esta ocasión.

El parche aprobado a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es tan opaco que uno de sus puntos, supuestamente de avanzada, podría convertirse en una regresión.

Me refiero al reformado artículo 8 que reduce de 15 a 10 días el tiempo para responder una solicitud de información. Ello no está mal. El problema es que ahí mismo se estipula que “La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad Administrativa de Acceso a la Información le haya notificado la disponibilidad de aquella”, y que el plazo para interponer un recurso de revisión es también de diez días hábiles a la fecha de notificación de dicha resolución.

Imagínese este escenario: el lunes 4 de agosto le hacen saber, a través de un mail, que su petición ya fue respondida, y que ese día usted anda de suerte y abre su correo, pero que por cuestiones burocráticas la información requerida no se le entregan sino hasta el 18 de agosto, es decir, el último día hábil de los 10 que tiene de plazo la Unidad Administrativa de Transparencia encargada de proporcionársela.

Y que ese día, usted descubre que la información que le entregaron está incompleta o no satisface lo requerido en su petición.

Si así fuera, déjeme decirle que para entonces habrá perdido la oportunidad de inconformarse por la vía legal, mediante un recurso de revisión, pues con base en el artículo 41 de la propia Ley de Transparencia el plazo para que usted ejerza ese derecho habrá fenecido o estará a minutos de hacerlo.

Y es que si le notifican el 4 de agosto, pero la información se la entregan hasta el lunes 18, ese día es también el último que usted tendría como plazo para presentar su inconformidad ante la CAIP.

Así de retrógrada es nuestra nueva legislación en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Por eso, justo por eso, Puebla seguirá hundida en el sótano de la corrupción y la opacidad.

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Para mayor información y antecedentes sobre el tema le dejo estas ligas:

– Urge modificar la Ley estatal de Transparencia

– Un Congreso de rudos, técnicos, opacos y transparentes

– Las reformas obstaculizan el acceso a la información pública: Cimtra