Así como las circunstancias la favorecieron en 2007, primero para lograr la nominación del PRI a la presidencia municipal, y luego para ganar las elecciones y convertirse en la primera alcaldesa de Puebla, hoy Blanca Alcalá Ruiz es víctima de las circunstancias de la sucesión gubernamental.

Trataré de explicarme:

Blanca Alcalá enfrenta el recelo del gobernador Mario Marín Torres y de algunos miembros de su burbuja, que creen ––y con sobrada razón–– que la presidenta municipal podría colarse a la puja por Casa Puebla en los comicios de noviembre de 2010, dado su posicionamiento electoral.

Aunque la alcaldesa se ha descartado una y otra vez para tal cargo, la verdad es que entre la clase política no son pocas las voces que sostienen que Blanca Alcalá podría ser una buena opción, en caso de un escenario complicado para el PRI, que hoy ––dicho sea con toda claridad–– no se vislumbra.

¿Qué tendría que ocurrir para que al PRI se le complicará la sucesión gubernamental?

Un escenario posible es que el gobernador Mario Marín se entercará en imponer a su secretario de Desarrollo Social, sin conseguir el consenso de los demás aspirantes priístas; que Javier López Zavala no lograra revertir algunas tendencias negativas, como el voto de rechazo de ciertos sectores; y que la contienda por la gubernatura se apretara por la nominación de Rafael Moreno Valle como candidato del PAN.

En esas circunstancias, que tampoco pueden descartarse, Blanca Alcalá podría colarse a la sucesión gubernamental, dado el nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto que le conceden diversas encuestas, que la ubican como la aspirante de más confianza y como la tercera con mayor potencial de voto, por abajo de Moreno Valle y López Zavala.

Esta realidad no es desconocida por el gobernador Marín y tampoco por algunos de sus operadores. De ahí el recelo.

A manera de anécdota, le cuento que hacia finales del año pasado Blanca Alcalá y el gobernador Mario Marín realizaron una gira por la capital del estado, y en el evento ––una ceremonia donde se entregaron recursos a productores––, el maestro de ceremonias anunció la intervención de la presidenta municipal. Cuando ésta se levantó del presidium para dirigirse al micrófono, el gobernador se acercó al secretario de despacho, cuya dependencia había organizado el acto, para decirle en tono de reclamo: “para qué la invitan a hablar … la gente va a pensar que le estoy dando juego”.

Pero la evidencia más elocuente de que Alcalá no está en el ánimo del gobernador, y de que Marín quiere dejarla fuera de la contienda priísta por la sucesión está en los recursos que su gobierno ha canalizado al ayuntamiento de Puebla para obra pública.

De los 609 millones que la gestión de Blanca Alcalá aplicó en su primer año para pública, 450 millones corresponden a fondos federales y a recursos propios, 125 millones a recursos extraordinarios de la Federación, por gestiones directas de la presidenta municipal, y el resto, es decir, alrededor de 30 millones, a recursos del gobierno del estado.

En otras palabras: de los 2 mil millones de pesos que, según el gobernador su administración invierte de manera coordinada con el ayuntamiento de Puebla en obras como el Centro de Convenciones, la ampliación del Periférico, la vía Atlixcáyotl, y otras vialidades en juntas auxiliares como la carretera a Canoa, La Resurrección y la Puebla-Valsequillo, sólo 30 millones de pesos son ejercidos directamente por Blanca Alcalá.

EN CORTO
Este sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, el panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, se dio el lujo de reunir en su primer informe de labores, al senador Rafael Moreno Valle Rosas, y al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala. Este último acudió no sólo con la representación del gobernador Mario Marín Torres, sino también con su helicóptero.

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Entre los prospectos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ha comenzado a analizar como probables sustitutos de Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal figuran Isidro González Blanco y Fernando Fierro Aldana.

Isidro González fue secretario de Seguridad Pública en Pachuca, Hidalgo, dependencia en la cual también se desempeñó como director de la Unidad de Inteligencia para la Prevención del Delito. Es licenciado en Derecho por la UNAM, y ha laborado como asesor de seguridad de Pemex, como director de Seguridad y Protección Civil en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y como agente de inteligencia en el CISEN. También ha prestado sus servicios para la PGR y ha recibido cursos del Servicio de Inteligencia Israelí y el gobierno de los Estados Unidos.

Fernando Fierro fue jefe regional de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en Puebla y Yucatán. Ha laborado para la PGR  y en  la Academia de Altos Mandos de San Luis Potosí. Durante su paso por Puebla, en la gestión de Rolando López Villaseñor como delegado de la PGR, estuvo involucrado en los pitazos a comerciantes de piratería en la zona de la CAPU y La Cuchilla.

Ambos, por cierto, son recomendados del ex diputado federal Víctor Díaz Palacios.

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Este lunes podrían darse una serie de paros y protestas en diferentes clínicas y centros hospitalarios, con el apoyo de personal de base y homologados, para reventar al secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López.

La inconformidad es alentada por el líder sindical Malcom Ramírez Martínez y Sandra González de Ita, directora o ex directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular.

La suspensión de actividades se extenderá también al interior del estado, con la complicidad de los coordinadores de las Jurisdicciones Sanitarias 4 de El Seco, 7 de Izúcar de Matamoros y 8 de Acatlán de Osorio, Óscar Antonio de la O, Alberto Gómez Orta y Lisseth Violeta Aguilar Rodríguez, respectivamente.

No está de más apuntar que tanto el líder sindical, Malcom Ramírez, como la ex directora del Seguro Popular y algunos de los coordinadores jurisdiccionales, tienen como padrinos políticos de este movimiento a secretarios de despacho del gabinete marinista.

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Simón dice:

“Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno, ni reinará la concordia”
Platón, filósofo griego.

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Entre los aspirantes panistas poblanos a una diputación federal por la vía plurinominal, existe malestar por el supuesto favoritismo hacia José Roberto Grajales Espina para lograr esta posición.

Sus detractores, que no son pocos, arguyen tres inconsistencias.

Que fue registrado por el distrito 3 de Teziutlán, cuando es de todos conocido que no vive, ni trabaja ahí;

Que aún despacha como delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el vecino estado de Tlaxcala; y

Que el punto 8 de la convocatoria expedida por la Comisión Nacional de Elecciones del PAN claramente establece que “Los interesados en participar como precandidatos, al momento de solicitar su registro, deberán separarse de cualquier cargo público de elección o de designación…”.

Una de las más inconformes con este supuesto favoritismo, es la precandidata panista también plurinominal por el distrito 14 de Izúcar de Matamoros, María Cecilia del Rosario Espino González, quien tuvo que dejar su cargo en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, para poder participar en la contienda blanquiazul.

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En los distritos de Teziutlán y Ciudad Serdán, donde el PRI poblano fracasó en su intento de llevar candidatos de unidad, la Comisión de Procesos Internos ––a cargo de José Alarcón Hernández–– ya tomó el acuerdo de celebrar convenciones democráticas sin dados cargados, ni cartas marcadas.

Así las cosas en Teziutlán tendrían que medir fuerzas el empresario y ex presidente municipal Carlos Peredo Grau, y el director de Relaciones Políticas de FEMSA, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, quien, por cierto, es apadrinado por la Coca Cola, y el líder de los diputados federales del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón.

Los otros dos aspirantes que también se registraron por Teziutlán ––José Luis Rechy Tirado y Alfredo Domínguez Lara–– ayer quedaron eliminados por no cumplir con los requisitos de la convocatoria priísta.

Y en Ciudad Serdán, cabecera del 8, el agarrón lo protagonizarían el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, Fernando Morales Martínez, y el dirigente de la asociación nacional de maiceros, Efraín García Bello.

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Anécdota

Cuentan en Teziutlán que durante las elecciones del 2003, cuando el PRI postuló a José Luis Flores Hernández como candidato a diputado federal, éste recibió la promesa del director de Relaciones Políticas de FEMSA, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, de apoyarlo en su campaña.

Y en efecto. Un buen día José Luis Flores fue avisado que FEMSA le había enviado una importante dotación de camisetas, sólo que cuando éste abrió las bolsas o cajas con la preciada mercancía se llevó una sorpresa: eran playeras con el logotipo del PAN.

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En el Centro Nacional de Transfusión, donde hasta septiembre de 2008, laboraba como director el actual secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, están re-que-te-contentos, y es que cuentan que tras la salida de aquel y la designación de Julieta Rojo Medina en su lugar, el organismo experimentó una sensible y notable mejoría.

Y eso que la ex jefa del Banco Central de Sangre de la ciudad de México, no ha realizado nada extraordinario en su nueva encomienda.

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Éste será un año de intensa actividad política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pues habrá elecciones de rector (en septiembre), de consejeros universitarios (en marzo) y de director en 14 unidades académicas (de febrero a noviembre).

Del primer paquete de cuatro escuelas y facultades, donde profesores, alumnos y trabajadores administrativos elegirán director, ya se publicaron las respectivas convocatorias para el registro de candidatos.

Sin embargo, lo más probable es que los actuales directores de la preparatoria “Emiliano Zapata”, Guillermina Pérez López; y de los Institutos de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, Agustín Grajales Porras, y de Física “Luis Rivera Terrazas”, Gregorio Hernández Cocoletzi; se reelijan el 19 de febrero sin mayores contratiempos.

En el Instituto de Física no hay que descartar una sorpresa de última hora, pues los científicos de esa unidad podrían optar por no reelegir a Hernández Cocoletzi y proponer en su lugar a Juan Francisco Rivas Silva como candidato de unidad.

En la facultad de Medicina también es probable que los grupos que en ella interactúan pacten impulsar como candidatura única al actual secretario académico Rosendo Briones Rojas, quien además goza de la simpatía del rector de la Benemérita Enrique Agüera Ibáñez.

La renovación del máximo órgano de gobierno colegiado de la BUAP, prevista para marzo, no se empatará con ninguna elección de director de las restantes diez unidades académicas.

En cambio, sí está contemplado que el día de las elecciones de rector también se realicen las de director de las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, Enrique Cabrera Barroso (urbana) y 2 de Octubre, así como de Enfermería, Administración, Derecho, Biología y Cultura Física.

Las elecciones de director en la facultad de Ciencias de la Comunicación se efectuarían en mayo, y en noviembre las de director de Ingeniería Agrohidráulica.

Al día de hoy, el pronóstico es que Guillermo Nares Rodríguez se reelija en la facultad de Derecho, lo mismo que Jorge Cebada en Biología, Mauricio Caballero “El Empanadas” en Cultura Física, y Juan Manuel Barrios en Agrohidráulica; y que igual suceda con Moisés Avendaño en la preparatoria Alfonso Calderón y con Benjamín Pérez en la preparatoria Enrique Cabrera.

En Ciencias de Comunicación hay dudas sobre la reelección de Patricia Durán; en la facultad de Administración los momios apuntan hacia Ricardo Paredes, quien esta semana fue nombrado por la directora Sara Amalia Vélez como secretario académico. Y en la preparatoria 2 de Octubre aún no hay favorito ni puntero.

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Un nuevo problema enfrenta el secretario de Salud, Antonio Marín y López, pero este nada tiene que ver con el personal médico, paramédico, administrativo y sindicalizado de la dependencia, sino con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN) del estado, y su titular, Francisco Castillo Montemayor.

Resulta que sin el permiso de la SMRN, el doctor Antonio Marín mandó a podar más de 10 árboles de las oficinas centrales, entre sauces, pinos y ahuehuetes.

El hecho provocó la indignación de quienes trabajan en las oficinas de la Secretaría de Salud y fueron ellos quienes dieron parte a las autoridades ambientales, las que este día podrían llegar al edificio de la 5 poniente y 15 sur para aplicar una multa a Marín López.

La poda fue tan indiscriminada que de los 10 frondosos árboles sólo quedaron puros troncos.

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Este martes se apersonaron en las oficinas del Hospital del ISSSTE auditores del Órgano de Control Interno de Instituto para llevar una revisión (dicen que de rutina) a las áreas de Administración, Recursos Humanos, Servicios Materiales, Servicios Generales y Finanzas; todas ellas bajo la responsabilidad de Josefina Trejo Garrido, subdirectora Administrativa del Hospital Regional de Puebla.

La auditoría tomó por sorpresa a Josefina Garrido; y, a decir de los enterados, su nerviosismo no es para menos, pues hay anomalías en algunos contratos de compras de medicinas y otros artículos cuyos montos estarían inflados, así cheques emitidos a favor del sindicato sin justificación.

La repentina auditoría no está desvinculada del conflicto que el pasado 5 de enero sostuvo el director del Hospital Regional, Ricardo Toledo Núñez, con el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, en un recorrido que realizó a las obras de ampliación del área de consulta externa.

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He aquí algunos aspirantes para ocupar la plaza que dejó vacante Ricardo Toledo Núñez como director del Hospital Regional del ISSSTE el pasado 19 de enero:

Roberto López Rubí, quien ya fue subdelegado y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Salud del estado.

Salvador Díaz Palacios, quien ya se desempeñó como director del nosocomio en 1997, cargo que tuvo que dejar por problemas con el sindicato.

Alberto Sorcia Aguilar, ex coordinador de Enseñanza e Investigación del Hospital.

Carlos Bustos Morales, ex coordinador del área de Gineco-Obstetricia del Hospital y maestro en administración de hospitales.

Este último es el favorito del delegado del ISSSTE en la entidad, Jorge Aguilar Chedraui.

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Simón dice:

“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos…”
Charles Chaplin, actor, director, escritor y compositor británico.

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Trivia policíaca:

¿Qué jefe policíaco fue sacado en hombros ––como aguilita, pues–– la madrugada del sábado de un antro de la Isla de Angelópolis? 

Tres tips:

Los guardias de seguridad del Time que lo llevaron hasta su vehículo fueron auxiliados por dos empleados del personaje en cuestión. A uno le dicen Miguelito y a otro, su chofer, Memín.

El viernes de hace una semana, el general Mario Ayón Rodríguez lo ratificó en el cargo que hasta hoy desempeña.

La madrugada del 8 de julio de 2007, en ese mismo lugar, un subordinado suyo en la entonces Dirección de Vialidad estatal, Humberto Alan Ibarra Meza, asesinó a un valet parking.

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Cinco guatemaltecos se fugaron la madrugada de ayer de la estación migratoria de la colonia Chapultepec; los prófugos lograron evadirse de un segundo piso, haciendo una cuerda con las sábanas y colchas de sus dormitorios.

Esta es la primera fuga que se presenta desde enero de 2006, cuando de la misma estación migratoria  ––ubicada en la avenida Independencia 349 de la carretera federal a Amozoc–– 27 cubanos se escaparon.

En aquella ocasión no había representante del Instituto Nacional de Migración (INM).

El actual delegado del Instituto, Carlos Francisco Cobos Marín, intentó ocultar la fuga de los cinco guatemaltecos detenidos la mañana del miércoles.

No está de más apuntar que en ninguna de las tres últimas gestiones de delegados del INM ––a cargo de Guadalupe Hinojosa Rivera, Apolonio Méndez Meneses y Eduardo Morales Garduño–– se había registrada una evasión similar.

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El viernes pasado fue detenido Germán Hickman Gutiérrez, contralor interno de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco e hijo del ex diputado local Germán Hickman Morales.

Fue remitido al Cereso de San Pedro Cholula, acusado de los delitos de lesiones y violencia intrafamiliar.
 
En febrero de 2008 golpeó y envió al hospital a su esposa, pero fue hasta ahora que la «justicia» hizo su tarea.
 
Recobró su libertad tras el pago de una fianza, por lo que ahora cada lunes debe presentarse al juzgado para firmar.

Lo peor del caso es que a pesar de su aprehensión, Germán Hickman sigue amenazando a su ahora ex pareja, haciéndole hincapié en las influencias políticas de él y su familia.

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Hasta antes de que el secretario de Salud del gobierno federal, José Ángel Córdova Villalobos, viniera a Puebla con la representación presidencial al cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres, había toda la intención de darle las gracias a su recomendado, Antonio Marín López, como director general de los Servicios de Salud.

De hecho, se sabía que una vez que el gobernador Marín se fuera de gira a Europa, el doctor Antonio Marín sería invitado a presentar su renuncia, de suerte que cuando regresara de España, el 28 o 29 de enero, diera a conocer al nuevo secretario de Salud, el tercero en lo que va de su sexenio.

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Tómelo como un adelanto.

En los próximos días Gabriela Flores Peláez será relevada de la coordinación general de Radio Buap.

Entre las razones de su cambio se mencionan su desgaste con buena parte del personal operativo que labora en la estación universitaria.

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Simón dice:

“La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”.
San Agustín de Hipona.

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Este lunes estuvieron en las oficinas nacionales de su partido el presidente y el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, así como algunos legisladores federales y miembros de la Comisión Estatal Electoral del blanquiazul.

A todos ellos les fueron presentados los resultados de las encuestas realizadas por encargo de la dirigencia nacional del PAN con miras a las elecciones federales del próximo año.

La evaluación a grosso modo fue la siguiente: de los 16 distritos federales en que se divide la entidad, el único donde hasta el momento el PAN saca una cómoda ventaja al PRI —de 20 puntos—es el 15, con cabecera en Tehuacán.

En los cuatro distritos de Puebla, así como en el 13 de Atlixco, existe una especie de empate técnico con el PRI.

En los distritos 1 de Huauchinango y 10 de San Pedro Cholula, el PAN se encuentra abajo en las preferencias electorales pero por menos de 10 puntos.
Otro distrito donde el PAN también tendría posibilidades de remontar la ventaja que hoy le lleva el PRI es el 7, con cabecera en Tepeaca.

En la reunión de casi cuatro horas, encabezada por los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN —José Espina, Verónica Pérez, Esperanza Morelos, Pilar Chavarría, Luis Andrés Esteva, Felipe Zamora y Alfredo Rivadeneyra— se dijo claramente que el CEN tendrá la última palabra en materia de candidatos.

Y en ese sentido, los comisionados fueron muy explícitos en apuntar que los candidatos a diputados federales tanto de Puebla como de otras entidades del país serán designados por la dirigencia nacional, previo consenso con las dirigencias de cada estado.

“Si se necesita que un secretario de Estado deje su puesto para irse de candidato, hay la orden de que así sea, y obvio: si alguien que quiere ser candidato y no reúne el perfil, ni los consensos de las dirigencias, entonces no será candidato”, expusieron.

Testigos de esa evaluación y de esas advertencias fueron el presidente y el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez y Marcos Castro Martínez, así como los miembros de la Comisión Estatal Electoral Enrique Guevara Montiel, Ruth Ramos Barragán, Leonor Popócatl Gutiérrez, Adán Larracilla Márquez y Luis Enrique Palacios Martínez.

También el senador Humberto Aguilar Coronado, el diputado federal José Antonio Díaz García y el coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado, Eduardo Rivera Pérez, así como el secretario del Comité Directivo Municipal de Puebla, Matías Rivero Marines.

Entre quienes también fueron convocados a la reunión, pero no llegaron figuran: la subsecretaria de Gobernación federal Ana Teresa Aranda Orozco, el diputado federal Antonio Sánchez Díaz de Rivera y el senador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Si en el transcurso de las primeras horas de este martes los trabajadores y empleados de la Secretaría de Salud no reciben el pago de la primera quincena de diciembre, y les ofrecen las garantías suficientes de que a más tardar el 19 de diciembre podrán cobrar su aguinaldo, lo más seguro es que cualquier momento esta dependencia entre en suspensión de actividades.

El paro, como es de suponerse, está siendo promovido por el personal sindicalizado y, seguramente, alentado por empleados de confianza que ya no soportan al secretario Antonio Marín y López, ni a su coordinadora de Administración y Finanzas, Maricruz Corona Aguilar, quienes lejos de corregir el desbarajuste que existía en la dependencia con Roberto Morales Flores lo han empeorado, a tal grado que ayer los trabajadores simplemente no pudieron cobrar su quincena.

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Zavala, el favorito del PRI, por debajo de Alcalá y Doger
El 38.2% no votaría por un candidato que no nació en Puebla

Aun cuando el PRI le saca al PAN una cómoda ventaja de 11.6 puntos para las elecciones de gobernador de 2010 ––de acuerdo con la segunda encuesta estatal realizada en octubre por la firma Datamática––, el posicionamiento de su principal aspirante a Casa Puebla, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, registra porcentajes críticos en intención de voto, en comparación con otros precandidatos de su propio partido.

Según este estudio demoscópico aplicado a una muestra de 1557 ciudadanos en 45 municipios de cinco regiones del estado de Puebla, si hoy fueran los comicios de gobernador el PRI obtendría el 32.3% de los votos, el PAN el 20.7%, y el PRD el 7%.

Sin embargo a la pregunta ¿A quién prefiere usted como próximo gobernador del estado de entre Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Doger Guerrero, Rafael Moreno Valle Rosas y Javier López Zavala?, la mayoría de los encuestados se inclinó por la alcaldesa de Puebla.

Blanca Alcalá obtuvo el 14.4% de las preferencias, seguida del ex alcalde Enrique Doger con el 11.2% y por el senador panista Moreno Valle con el 10.5%. El último lugar lo ocupó el secretario de Desarrollo Social del estado con el 6.4%.

El estudio realizado por Datamática, empresa consultora dirigida en México por José Zenteno, indagó por qué político o política los electores se sentirían motivados a votar, y los resultados de esta interrogante son muy semejantes a los de la anterior, pues por la alcaldesa de Puebla lo harían el 16.6%, por Doger el 14.1%, por Moreno Valle el 13.0% y por López Zavala el 9.5%.

La encuesta, aplicada entre el 10 y el 12 de octubre de 2008, exploró otros aspectos de los aspirantes del PRI y PAN a la gubernatura, como su voto de rechazo y cuestiones relacionadas con su lugar de nacimiento.

A la pregunta: ¿Usted votaría para gobernador por una persona que no nació, ni creció en el estado de Puebla?

El 38.2% de los entrevistados respondió que No, y el 18.6% que Sí.

Entre los aspirantes a la gubernatura por quienes los electores nunca votarían, el primer lugar se lo llevó Javier López Zavala con el 6.0% de rechazo, seguido de Enrique Doger con el 5.1% y Moreno Valle con el 4.9.

El rechazo de la presidenta municipal Blanca Alcalá es de 2.9%.

En la copia de la investigación entregada a este columnista se plantean tres escenarios, en el primero se pregunta ¿entre Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero a quién prefiere como candidato del PRI a la gubernatura? El 18.5% se inclinó por el ex presidente municipal de Puebla, 10.1% por el secretario de Desarrollo Social, y el 19.5% por ninguno de los dos.

En el segundo escenario se pregunta: ¿Si Rafael Moreno Valle fuese el candidato del PAN, y Enrique Doger el candidato del PRI, por quién votaría para gobernador? El ex presidente municipal obtiene 18.4% y el senador panista el 13.8% de la intención de voto.

En el tercer escenario se cuestiona: Independientemente de su preferencia política ¿a quién prefiere como candidato del PRI a la gubernatura entre Blanca Alcalá y Enrique Doger?

La intención de voto favorece a la actual presidenta con el 16.5%. Doger obtiene el 14.3%.

Hasta aquí una primera parte de la encuesta domiciliaria efectuada por Datamática. Mañana publicaré el resto, con algunos comentarios e interpretaciones adicionales.

EN CORTO
Con el arribo de Antonio Marín y López a la Secretaría de Salud del estado, en sustitución de Roberto Morales Flores, los problemas en la dependencia siguen igual o peor.

Para muestra un botón:

El Hospital General del Norte, que en enero fue inaugurado aun cuando no estaba concluido al 100% y carecía de médicos y enfermeras suficientes para operar, tampoco cuenta con permiso para practicar transfusiones sanguíneas, ni con licencia para adquirir y manejar medicamentos controlados.

De ahí que en el colmo de los colmos, a los pacientes del Hospital del Norte ––que se ubica hasta la 90 Poniente–– no se les puede realizar una transfusión sanguínea, si antes ellos mismos o sus familiares no acuden al Hospital General del Sur, es decir hasta la 125 Poniente, para gestionar esa autorización.

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El ex diputado local Juan Balderas Muñoz será el próximo presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado, en sustitución de María Cecilia Hernández Ríos, que fue nombrada subsecretaria de Desarrollo Turístico y Capacitación.

En el camino se quedaron el ex regidor Fermín Castillo Carvajal, y Carlos Gil Pérez, quienes también aspiraban a encabezar la dirigencia de la CNC de Puebla.

Los enterados aseguran que el ex diputado Juan Balderas llega con la venia del secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y de Jesús Morales Flores, miembro de la dirigencia nacional de la CNC.

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Y hasta la próxima

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Si avaló pero no avaló la herencia de plazas magisteriales
Hace agua la Secretaría de Salud con Antonio Marín López

Una de las principales razones de un sector del magisterio para oponerse y rechazar la Alianza por la Calidad de la Educación es la disposición de la SEP, con el aval del SNTE, de someter a concurso las plazas que se abran dentro del sistema educativo, ya sea de nueva creación o para sustituir las que dejan los maestros jubilados.

Este rechazo tiene su explicación en una vieja y nociva práctica que en Puebla y otros estados del país se ha tolerado: la posibilidad de que un maestro jubilado pueda heredar o —con la complicidad de algun dirigente sindical— vender su plaza, que quizás él mismo compró en su momento.

En Puebla, el titular de la SEP, Darío Carmona García, que en diferentes ocasiones ha manifestado su respaldo a la Alianza por la Calidad de la Educación, no sólo se ha deslindado de cualquier arreglo tendiente a que un profesor deje de su plaza a otro, sin mediar evaluación, sino que ha responsabilizado a los dirigentes de las secciones 23 y 51 del SNTE de esta situación.

En su conferencia de prensa del jueves, para salir al paso de las críticas del líder nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, quien acusó al gobierno del estado de tener las manos metidas en el conflicto magisterial y de apadrinar al movimiento disidente, Darío Carmona rechazó que en Puebla las plazas docentes se asignen de manera discrecional o que la SEP haya avalado un mecanismo para que los maestros jubilados hereden su plaza a un hijo o familiar.

Esa, dijo Dario Carmona, fue una petición del secretario general de la Sección 23 del SNTE, Eric Lara Martínez.

Y puede ser, pero lo cierto es que Darío Carmona la avaló y la hizo suya el pasado 18 de septiembre, en el marco de un convivio por las fiestas patrias con los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 23, al que tambió acudió el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

En su intervención de esa noche, que por cierto fue grabada y cuyo video podría hacerse público en cualquier momento, el titular de la SEP aseguró que el gobierno aceptaría por última vez que los maestros jubilados le propusieran el nombre de quienes ocuparían las plazas que dejan.

Y remató: este es un acuerdo en aras de la gobernabilidad, y una propuesta para cerrarle el paso a los grupos de otros estados que pretenden la desestabilización del magisterio en Puebla.

EN CORTO

En la Secretaría de Salud del estado las cosas van de mal en peor.

El martes de hace ocho días Antonio Marín López despidió al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Mario Edmundo Chapital de la Rosa, con quien intercambió gritos, acusaciones de ineptitud y mentadas de madre, y el jueves le pidió la renuncia a Enriqueta Salcedo del Moral como subdirectora de Recursos Financieros.

En lugar de Chapital, el secretario de Salud nombró a José Eduardo Hernández Sánchez, quien se desempeñaba como subdirector de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Finanzas, y en la Subdirección de Recursos Financieros designó a Miguel Zamora de la Fuente, quien ya laboraba en la dependencia como jefe de Departamento.

Quien no fue despedida, pero presentó su renuncia en solidaridad con Enriqueta Salcedo fue Elisa Guillermina Ruiz Rendón, quien se desempeñaba como jefa del Departamento de Control Presupuestal.

Tales cambios no tendrían mayor significado, si no fuera porque los nuevos funcionarios carecen de tablas para enfrentar una crisis como la que vive la Secretaría de Salud, que no sólo está paralizada por el caos administrativo y financiero que dejó Roberto Morales Flores, sino por la revisión que personal de la Auditoría Superior de la Federación lleva a cabo en la dependencia, que lejos de mejorar empeora y de qué manera.

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 Y hasta la próxima.

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El precio de una camioneta Hummer H3, como la que Elba Esther Gordillo, iba a regalar a los dirigentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fluctúa entre 450 mil y 750 mil pesos, dependiendo del equipamiento de cada unidad.

En total, la poderosa presidenta del SNTE compró —con las cuotas sindicales del magisterio, dinero que sale de nuestros impuestos— 59 Hummers. Si calculamos un costo promedio de 500 mil pesos por unidad, la compra en conjunto de las 59 camionetas ascendió a 29 millones 500 mil pesos.
Es decir a 2,950 Atos o — valga otro comparativo— a la inversión que este año hará el ayuntamiento de Puebla en dos programas, con financiamiento estatal y federal: Espacios Públicos y Hábitat.

Con los fondos de Espacios Públicos la gestión de Blanca Alcalá Ruiz se propone remodelar el Parque de El Carmen, rescatar un jagüey de Villas Atl, mejorar la imagen de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en el área donde se localizará la Fuente del Bicentario de la Independencia, y rescatar un parque en la unidad habitacional de La Margarita.

Y con los recursos del programa Hábitat, adquirir e instalar nueva señalética del Parque de El Carmen al Zócalo sobre la Avenida 16 de Septiembre; mejorar algunas banquetas y fachadas de edificios monumentales del Centro Histórico, y apoyar a dos centros de desarrollo comunitario, uno ubicado en las colonias marginadas del sur de la ciudad, y otro en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

El costo de las Hummers representa poco más de dos terceras partes de los 40 millones de pesos del  programa Manos a la Obra, por medio del cual el ayuntamiento de Puebla pretende dar empleo a 700 jefes de familia en los próximos cuatro meses.

Las 59 Hummers también equivalen a 100 salones de clase, considerando un costo promedio de 300 mil pesos. En el catálogo de precios del Capcee, el costo de un aula escolar fluctúa entre 200 mil y 375 mil pesos.

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A propósito de las Hummers.

¿Sabía que en Puebla usted puede adquirir una Hummers H2, es decir, con batea, y pagar de tenencia anual sólo 1,500 pesos?

Y es que en la Puebla de Zaragoza toda unidad automotriz con batea está catalogada como vehículo de trabajo y, por tanto, sujeta a esa cuota mínina, sin importar marca o modelo.

La tenencia, en cambio, de una Hummer H3, como las del frustrado regalo de la maestra Gordillo a sus dirigentes seccionales, asciende a 90 mil pesos anuales, es decir, al costo de un Atos.

Qué ironía, ¿no?

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Y ya metidos en odiosas comparaciones ¿sabe usted a cuánto equivalen los 8,900 millones de dólares que en tres o cuatro días perdió el Banco de México por el ataque especulativo contra el peso?

¡Agárrese: a 89 mil millones de pesos, considerando una paridad de 10 pesos por dólar!

Con dicha cantidad, difícil de imaginar, se podrían adquirir 178 mil Hummers H3, que representan mucho más de la producción anual de esta compañía que, por cierto, saldrá del mercado en el 2009 debido al alto costo de sus unidades, a su excesivo consumo en gasolina, a lo elevado de sus refacciones y servicios de mantenimiento.

¿Acaso por eso la maestra Gordillo las habrá adquirido a precios de ganga?

Con la baja de 8,900 millones de dólares de nuestras menguadas reservas internacionales, 900 mil mexicanos pudimos haber comprado un Atos, es decir, casi la totalidad de quienes en la capital poblana contamos con credencial de elector actualizada.
Pero qué tanto es tantito.

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Una Hummer H3 tiene un tanque de 70 litros, lo que significa que cada vez que se vacie hay que meterle 525 pesos en promedio, considerando un precio 7.50 pesos por litro de gasolina Magna.

Si la Hummer se usa regularmente, su tanque habrá que llenarlo cuatro veces al mes, lo que da un total de 2,100 pesos.

En México el costo de la gasolina está subsidiado. El costo de un litro de gasolina es Estados Unidos es de 12 pesos, lo que significa que el poseedor de una Hummer recibe 1,260 pesos de subsidio al mes.

Cifra que equivale al doble del subsidio mensual que una familia en pobreza extrema de la capital del estado recibe del Programa Oportunidades.

¿Quién pues se beneficia más con los subsidios del gobierno calderonista, el rico que puede andar con su Hummer H3 o H2, o el pobre cuyos ingresos ascienden a menos de un salario mínimo?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi Torres, pronto dejará el cargo.

Los motivos de su separación no fueron precisados, aunque podría estar relacionados con el proceso que se le sigue al presidente con licencia de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Carlos Olamendi y Rubén Gil fueron socios en la empresa comercializadora Auténtico 5 de Mayo, dedicada a la venta de artículos y productos hechos por los migrantes poblanos en Estados Unidos.

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Sandra González de Ita, directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular, presentó ya su renuncia a la Secretaría de Salud del estado, por diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia, Antonio Marín López.

González de Ita llegó a la Secretaría de Salud como recomendada del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, lo que de poco o nada le sirvió cuando Antonio Marín decidió prescindir de sus servicios.

Otro que también está por salir de la dependencia es Javier Chávez Román, quien logró mantenerse al frente de la Secretaría Particular tras el relevo de Roberto Morales Flores por Antonio Marín.

En su lugar será nombrado Édgar Machorro.

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Este miércoles el ex director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, estuvo en Puebla. Por la tarde se reunió con el gobernador Mario Marín Torres e impartió una conferencia en la fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta que preside Óscar Aguilar González, y por la noche se fue a cenar al restaurante Alfredo Di Roma del hotel Intercontinental Presidente con el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y su hijo Eduardo García Casas, quien preside el sindicato patronal de hombres de negocios en Puebla.

Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com  y rruiz@e-consulta.com.mx

Hasta julio, Blanca Alcalá pagaba a 34 “asesores”
Roberto Domínguez, ¿al arzobispado de Puebla?

Si mucho se criticó en la gestión de Enrique Doger Guerrero la abultada nómina del ayuntamiento de Puebla, sobre todo de algunas áreas, en los casi ocho meses que van de la administración de Blanca Alcalá Ruiz, el personal, los sueldos y salarios de la burocracia municipal siguen creciendo.

En la primera quincena de febrero, la oficina de la presidencia municipal tenía 42 empleados y el gasto en nómina de éstos ascendía a 323 mil pesos mensuales, pero en la primera quincena de julio el número creció a 58 empleados y el gasto se disparó a 708 mil pesos.

Lo mismo pasó con la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, que pasó de 20 a 37 empleados, y de 323 mil pesos a 625 mil pesos mensuales, y la oficina de Políticas Públicas e Innovación Gubernamental que de 7 empleados creció a 65, y su nómina aumentó de 154 mil pesos a 826 mil pesos mensuales.

De la primera quincena de febrero a la primera quincena de julio la nómina del Cabildo se incrementó en 75 mil pesos mensuales, la de Sindicatura en 173 mil pesos, la de Gobernación Municipal en 210 mil, la de Desarrollo Social en 246 mil, la de Gestión Urbana y Obra Pública en 429 mil, la de Desarrollo Económico en 224 mil, y la de Administración en 526 mil.

En ese mismo periodo, las únicas dependencias donde el personal no creció, sino que disminuyó, lo mismo que el costo de su nómina fueron la Secretaría del ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, la Coordinación de Comunicación Social, y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

La plantilla de personal de la Secretaría del ayuntamiento se redujo de 212 a 205 empleados, y la nómina mensual en 75 mil pesos; en Tesorería hubo 47 plazas menos y una disminución de 66 mil pesos; en Contraloría 12 plazas menos y un ahorro de 41 mil pesos, y en Comunicación Social 6 plazas menos y un desembolso menor en nómina de 27 mil pesos mensuales.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal el personal en nómina también disminuyó de febrero a julio, al pasar de 1,153 a 1,121 plazas, con un ahorro de casi 50 mil pesos mensuales.

A pesar de estas reducciones, la nómina del gobierno municipal de Blanca Alcalá hoy es mayor con respecto al mes de febrero en que asumió el cargo.

De acuerdo con el reporte proporcionado por la Dirección de Recursos Humanos del ayuntamiento al reportero Erick Almanza, con base en la solicitud de información registrada bajo el folio 67108, en febrero había 1,684 empleados de base, 597 pensionados y 2,174 empleados de honorarios, mientras que en agosto existían 1,593 trabajadores con base, 618 pensionados y 2,594 contratados bajo el régimen de honorarios.

En febrero, el costo mensual de la nómina ascendía a 33 millones 241 mil pesos, en julio de disparó a 40 millones 316 mil pesos y en agosto a 39 millones 534 mil pesos.

Pero si el incremento en la nómina es criticable, más lo es la lista de 34 asesores adscritos a la Presidencia Municipal, con sueldos que van de los 20 mil a los 35 mil pesos mensuales.

Hasta el mes de julio, en la lista se asesores de la presidenta municipal de Puebla figuraban Luz María Aguirre Barbosa, José Octavio Castilla Kuri y María Antonia Martínez Silva, con 35 mil pesos mensuales cada uno;

Óscar René Carrillo Solís, Héctor Javier Cesín Rojas, María González Hernández, Joaquín Maldonado Ibargüen y José A. Martínez Hernández, con 30 mil pesos cada uno;

Miguel Ángel Ponce Morales y José Raúl Castillo y Ramírez, con 27 mil 416 pesos y 27 mil pesos mensuales, respectivamente;

Eduardo Alcántara Montiel, Sergio Arroyo Granados, Jerónimo Ramón Balderas Ruiz, Demetrio Canseco Enríquez, Felipe de Jesús Flores Núñez, Carlos Gallardo Arroyo, Juvenal González González, José Gutiérrez y Herrera, Ricardo Mejía López, Israel Ramírez Minor, José Javier Ramírez Ponce, Rodolfo Reyes Coria, Francisco Valencia Ponce y Margarita Vázquez Rico, con 25 mil pesos mensuales cada uno;

También Mariana Navarrete Little, con 24 mil pesos; y Arturo Bertado Flores, Libya Carrillo Romero, Marcela Domínguez Cuanalo, P. González Rubio Martínez, Ramón López Rubí, Rafael Morales Juárez, Yolanda Robles de la Torre y Miguel Rodríguez Valtierra, con 20 mil pesos mensuales cada uno.

EN CORTO
Un obispo poblano que a la fecha no ha sido mencionado como posible sucesor de Rosendo Huesca Pacheco al frente de la Arquidiócesis de Puebla, pero que podría dar la sorpresa es Óscar Roberto Domínguez Couttolenc.

El actual obispo de Tlapa de Commonfort, Guerrero, tiene 52 años y ha sido misionero de la Iglesia Católica en países de África.

Roberto Domínguez ingresó al Seminario del Instituto de María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras en 1972, y 11 años más tarde se ordenó como sacerdote.

Antes de que el Papa Benedicto XVI lo nombrara obispo de Tlapa, en marzo de 2007, Roberto Domínguez estuvo como vicario en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey; como misionero en Ngong, Kenia, y como director administrativo de la Universidad Intercontinental de México y Vicario General de la Congregación Misioneros de Guadalupe.

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El viernes por la tarde, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López designó a Rodolfo Carrillo Luna como coordinador de Servicios de Salud, en sustitución de Ricardo Villa Issa.

Rodolfo Carrillo es cirujano militar y se ha desempeñado como director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y como miembro de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

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Entre los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento de San Pedro Cholula no han caído nada bien las intenciones del ex munícipe Juan Pablo Jiménez Concha de hacerse de la nominación del PRI a la diputación federal por el distrito 10, y menos cuando parte de su estrategia de posicionamiento está basada en criticar la gestión del actual presidente municipal, Francisco Covarrubias Pérez.

El malestar de los actuales funcionarios cholultecas radica en que buena parte de los reclamos que hoy enfrentan tienen su origen en problemas y rezagos acumulados en la anterior administración municipal, que no sólo redujo a la mitad las participaciones a las 13 juntas auxiliares, sino que incumplió con una serie de obras que Jiménez Concha prometió realizar durante su trienio.

A esta situación hay que agregar el hecho de que funcionarios que vienen de la pasada administración, como el director de Gobernación, Fernando Ortiz Aldana y la directora de Cultura, Guadalupe Galindo Vega, lejos de sumarse e integrarse al equipo de Francisco Covarrubias se la pasan jugando al solitario en su oficina, o promoviendo a Jiménez Concha como aspirante a la diputación federal.

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Ayer, el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quiso aprovechar el Día de la Raza para reunir a 2 mil campesinos en las instalaciones de la SDS en la colonia Humboldt, pero sólo llegaron 500.

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La apertura de un bar en Xicotepec de Juárez, a unos cuantos metros del templo de San Juan Bautista podría generarle a la Secretaría de Gobernación del estado y a su titular Mario Montero Serrano un pleito innecesario con la Iglesia Católica, por culpa uno de sus subordinados.

Y es que el bar es propiedad ni más ni menos que de Alán Santos Valderrábano y su hermano Iván, este último delegado de Gobernación en Xicotepec.

El bar “El Gallo”, que no es nuevo, se localizaba a tres cuadras de donde hoy pretende ser reubicado, en la avenida principal, a 60 metros de la iglesia de San Bautista y en las inmediaciones de varios centros escolares.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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