Por Fernando Pérez Corona

Pese a las buenas intenciones de tener una avanzada ley local de transparencia, la mayoría priísta tiene “la instrucción de Los Fuertes” de sólo cumplir con lo mínimo exigido por el Congreso de la Unión. Es la lectura que puede darse a las declaraciones del presidente de la Comisión de Transparencia Jorge Ruiz Romero, respecto a que la propuesta priísta es la “única” que cumple con los requerimientos constitucionales. Sería una sorpresa la inclusión de algunos rubros de la llamada “propuesta ciudadana” en el documento final.

¿Por qué la mayoría priísta estaría en contra de ampliar el escenario local en la materia? ¿Por qué sólo cumplir con lo mínimo, sin importar que a más opacidad, más especulaciones de la sociedad sobre posibles irregularidades en el servicio público?

En el año 2005, Libertad de Información (Limac), la Universidad del Centro de México, Innovación México, el Centro Universitario de la Ciénega y United States Agency International Depelopment (USAID) publicaron la primera edición del libro Derecho de Acceso a la Información Pública en México, el cual tuvo la intención de conformar un “décalogo para el marco normativo del derecho a la información pública”, aunque después también permitió que se detectaran 17 aspectos generales.

La investigación iniciada después que en 2002 se publicó la Ley Federal, comprendió 24 leyes estatales, entre ellas la de Puebla, publicada el 16 de agosto de 2004 en el Periódico Oficial. Además, evaluó a cada una de las normas. Nuestra ley ocupó el deshonroso antepenúltimo lugar, tan sólo después de Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, a la fecha la opacidad ha mejorado y estamos a sólo un escalón de llegar al sótano. Y eso puede suceder el próximo 20 de este mes, fecha límite establecida por el Poder Legislativo para que las leyes locales realicen las modificaciones necesarias para ajustarse a la Carta Magna.
Las razones: nuestra ley sólo aplica en el gobierno estatal, pese a que deberían estar incluidos todos los sujetos que ejerzan un gasto público (los tres poderes, organismos autónomos, universidades, partidos y organizaciones políticas, organismos no gubernamentales, ayuntamientos…).

Nuestra ley tiene acotada la “información de oficio”, es decir, el gobierno estatal publica datos mínimos y escuetos en la materia. Un ejemplo: salarios, pues sólo ofrece un tabulador de remuneraciones. No hay posibilidades de conocer balances generales y estados financieros, costo de viajes, viáticos y otros  gastos realizados por servidores públicos.

Nuestra ley carece también del término “máxima publicidad”. Exige al solicitante de información una redacción precisa de sus requerimientos, en vez de poner a disposición todos los datos sobre el tema en cuestión.

Nuestra ley tampoco cuenta con un “órgano garante”, el cual –como su nombre lo advierte– garantice el libre ejercicio del derecho a la información, por lo que requiere autonomía constitucional, pues si su campo de acción se circunscribe al del Poder Ejecutivo (como en la actualidad) deja indefensas a las personas frente a los sujetos obligados; es decir, la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), encabezada por Antonio Juárez Acevedo, es juez y parte.

Nuestra ley no prevé la “afirmativa ficta”, una de las principales sanciones concebidas ante el silencio de la autoridad y refiere a que cuando un funcionario deja de contestar una petición en tiempo y forma se entiende que contestó en forma positiva, por lo que estaría obligado a proporcionar todos los datos que tenga en la materia.

Todo esto y más le falta a nuestra ley. ¿Cuál sería el argumento priísta para rechazar estos conceptos? ¿Cuál es el argumento para mantener la opacidad en el gobierno estatal y en todas aquellos organismos y personas con uso de recursos públicos? ¿Pesará todavía la crítica social, no la periodística, entre los legisladores, sobre todo de extracción tricolor, para ofrecer una norma de avanzada? ¿Es posible mantener la ley no escrita de Carlos Salinas: “ni los veo ni los oigo”?

Y a todo esto, ¿la sociedad está enterada de que hay una ley de transparencia local? ¿Hay promoción de la CAIP? ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno estatal organizó una campaña mediática en este sentido? En lugar de hacer encuestas sobre la popularidad del Ejecutivo, ¿no sería mejor elaborar una sobre el conocimiento de la gente respecto a transparencia?

Si entre la sociedad persiste la ignorancia, ahí se encuentra la respuesta sobre por qué el contralor estatal, Víctor Manuel Sánchez, no ha recibido en tres años ni una sola protesta ciudadana, y de ahí partiría la explicación sobre por qué a la CAIP sólo han llegado este año 17 recursos de revisión, de los cuales una docena fueron promovidos por el reportero Ernesto Aroche.

A tres años de la entrada en vigor, la ley local está a años luz del perfil ideal, incluso a una distancia similar a la propuesta ciudadana hecha la semana pasada. ¿A qué le apostará la mayoría priísta? Porque no hay que darle muchas vueltas, la mayoría legislativa tiene la última palabra… y hasta el momento, no les han dicho si es posible cambiar de rumbo. Ojalá y sí.

En corto

Y ya que hablamos de transparencia, no está de más resaltar que el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños “nice” del gobernador Mario Marín Torres en el rancho El Capricho. ¿Habrán hablado de sus posibilidades para seguir en el organismo? ***** Por cierto, el festejo dejó varias interrogantes. Para empezar. ¿quién llegó en helicóptero hasta la propiedad de José Hannan? Otra: ¿de qué hablaron el mandatario y Javier López Zavala en el recorrido que realizaron a solas a bordo de la unidad del Ejecutivo, entre las ciudades de Puebla y Atlixco? Y le seguimos: ¿Cuánto cobró Armando Manzanero por cantar en el convite?  Y habría más. *****  Hablando del cumpleaños 54 de Marín, ¿por qué en el salón Country usaron a la Orquesta Sinfónica del estado de Puebla como si fuera grupo musical de bodas y quinceaños? ¿No había un plan B? ¿Nos van a salir que los integrantes de la OSEP querían ofrecerle este regalo al mandatario y que por eso no se usaron recursos públicos? Por cierto que en el inmueble de la colonia San Manuel destacó que el líder municipal Carlos Meza prácticamente pasó desapercibido entre los casi 5 mil invitados. La escena contrastó con el recibimiento que tuvo el dirigente estatal tricolor, Alejandro Armenta, quien tardó mucho tiempo en llegar a su mesa. Ambos se dieron un abrazo sobrio en la entrada al inmueble. ***** Este domingo “Desde la fe”, órgano informativo de la Arquidiócesis de México, sorprendió al hablar de la iglesia “Pare de sufrir”, la cual, hay que decirlo, está reconocida por la Secretaría de Gobernación. En su artículo principal rechaza que “Pare de sufrir” forme parte de la Iglesia Católica; incluso, resalta que fue fundada por el brasileño Edir Macedo Becerra, “religioso ex presidiario, acusado y encarcelado por fraude, charlatanería y malversación”. ¿La crítica causará alguna reacción en TV3, donde transmiten los programas de Macedo Becerra? ****** En breve el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), que en Puebla está representado por José Luis Armenta Mier, pondrá en marcha el programa de Financiamiento a la Infraestructura Social Municipal, que concede créditos a municipios de alta y muy alta marginación. ***** Para terminar, tan sólo una anotación. Hace un año, justo el 6 de julio, murió la columna “Un día en la vida”; próximamente retomaré este género. Esta vez, válgase el palomazo. Mañana regresa Rodolfo Ruiz a este espacio.

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Ante la negativa del Instituto Federal Electoral de informar al Poder Legislativo de Puebla sobre la Agrupación Política Plataforma Cuatro, y el cargo o función que en ella tenía o desempeñaba Antonio Juárez Acevedo, el Congreso del estado aprobará este jueves, en sesión ordinaria, un exhorto conminando a la máxima autoridad electoral del país a que envíe copia del expediente que desde hace tres meses se le requirió por escrito.

El exhorto está más que justificado, no sólo porque a causa de esa demora la investigación que lleva a cabo la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales sobre el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se encuentra detenida, sino porque el IFE no tiene para cuándo enviar la documentación solicitada.

Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que el IFE se hace pato para informar de las actividades de Plataforma Cuatro y del cargo que en esa agrupación política tenía Juárez Acevedo en 2004, cuando fue nombrado comisionado de la CAIP.

En octubre o noviembre del año pasado, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) giró oficios al IFE solicitando informes sobre el Consejo Directivo de Plataforma Cuatro en 2004. La respuesta del Instituto Federal Electoral fue negativa. Su argumento fue que el expediente no estaba disponible, cuestión que no deja de resultar extraña tratándose de una agrupación política nacional que además ha recibido financiamiento público.

De ahí la importancia de que el pleno de la LVII Legislatura local apruebe girar un nuevo exhorto al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, conminándolo a entregar copias del expediente de Plataforma Cuatro y la relación de sus directivos de 1999 a 2007.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje del Poder Legislativo se presentó el viernes de la semana pasada con aliento alcohólico a su oficina, de la que fue sacado por su asistente para que no se armara un escándalo mayor?

Algunos tips:

Es de los pocos funcionarios del Congreso que puede meter su coche al estacionamiento de los diputados, un Seat Ibiza de color negro.
 
Tras ingresar al inmueble, entre las 10 y las 11 horas, con lentes oscuros, el cabello desalineado y con aliento alcohólico, se dirigió a la Sala de Prensa.

En el estacionamiento sostuvo una discusión con uno de los policías que al ver su estado le impidió sacar su automóvil.

Quien finalmente sacó su vehículo fue su asistente Erika Esparragoza.

Ah. Ese viernes los diputados del PRI estaban de viaje, en Guaymas, Sonora.

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Para mayor información sobre el primer tema de este blog, consulte las siguientes notas:

– Juárez Acevedo, destitución en puerta

– Bajo sospecha el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo

– Exige el PAN la renuncia de Antonio Juárez Acevedo de la CAIP

Lo reitero: la transparencia y la rendición de cuentas no es un asunto de leyes, ni de fiscalías anticorrupción, sino de voluntad. Sí, de voluntad política.

A juzgar por la iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentada por el grupo parlamentario del PRI, en Puebla no hay voluntad, al menos del partido gobernante y sus autoridades, por transparentar el ejercicio de gobierno.

Como no la ha habido para agilizar la remoción del deslegitimado –¿e ilegal?– presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo; para acatar lo que hoy establece la normatividad vigente en materia de adquisiciones y obra pública; para adoptar el sistema Infomex, como lo están haciendo la mayoría de los estados, o para responder sin ambigüedades o subterfugios las solicitudes de información que se hacen a los entes sujetos de la Ley de Transparencia.

La iniciativa del PRI no sólo se limita a cumplir de manera muy apretada con la reforma al artículo 6° constitucional, sino que incluye “candados” que constituyen un retroceso, una contrareforma.

Para muestra un botón.

En la reforma al artículo 6° constitucional aprobada por el Congreso de la Unión se estableció que “La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”

Sin embargo, en la iniciativa priísta la posibilidad del uso de sistemas remotos queda cancelada, pues en Puebla el recurso de revisión, ante una negativa de información, tiene que ser ratificado personalmente por el promovente, lo que viola el espíritu de la reforma constitucional.

Y ya ni hablar de la acotada figura de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, que sigue como un órgano auxiliar del Ejecutivo, y sin facultades para sancionar a los sujetos obligados que se nieguen, con razón o sin razón, a entregar la información pública, y subrayo lo pública, que se les requiera.

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Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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Comentarios a periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Este martes comenzará la cuenta regresiva para Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), una vez que los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado acuerden, por unanimidad, pedir al Instituto Federal Electoral (IFE) copia certificada del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

La solicitud será tan puntual que el IFE no podrá hacerse de lado, el desentendido o argumentar, como ocurrió con una anterior petición que le formuló la Contraloría del estado, que no tiene información o no puede precisar si Juárez Acevedo fue secretario general o miembro del Consejo Directivo de Plataforma Cuatro.

Una vez que la solicitud sea recibida por el IFE, se espera que la respuesta y el expediente certificado de esta agrupación política estén listos por ahí de finales de mayo o principios de junio.

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Algo raro esconden el diputado Gustavo Espinosa Vázquez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, para evitar que éste último comparezca ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de LVII Legislatura del Congreso del estado.

Y es que la comparecencia no sólo ha sido cambiada de fecha en tres ocasiones, sino que ahora tampoco será comparecencia, sino una simple reunión de cuates, a puerta cerrada, en un salón hotel del Camino Real.

El 29 de abril la Comisión de Seguridad Pública -cuyo presidente es el diputado del PANAL Gustavo Espinosa– citó a comparecer al secretario técnico del CESP para el día 7 de mayo, un día antes de la comparecencia ésta se pospuso para el 8 de mayo y luego para el 13 de mayo, es decir, para hoy martes.

Sin embargo, ayer por la tarde, a las 17:14 horas, Gustavo Espinosa entregó un oficio a los miembros de la comisión legislativa para avisarles que la de Alejandro Fernández no iba a ser comparecencia, sino un desayuno de acercamiento, y que en lugar de efectuarse en el recinto parlamentario se llevaría a cabo un salón del hotel Camino Real.

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Con todo y que las convocatorias del último paquete de unidades académicas de la UAP, donde este año habrá elecciones de director, saldrán por ahí de septiembre, los nombres de quienes se perfilan para ser reelectos por otros cuatro años o para buscar la dirección de su escuela o facultad están más menos definidos.

En la facultad de Lenguas es muy probable que el actual director Santiago Aguilar Márquez continue en el cargo por un segundo periodo. Lo mismo que el director de Ciencias Físico Matemáticas, Cupatitzio Ramírez Romero, quien podría salir nominado como candidato único o de unidad.

Donde sí se espera que haya competencia es en Ingeniería Química, cuya dirección es buscada por tres aspirantes: el ex director Elías Jiménez, la ex secretaria académica Tita Vázquez, y Óscar Arroyo Villareal, quien se perfila como el favorito de la rectoría.

Finalmente, en la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, se prevé que el candidato de unidad sea Rubén Romero Corona.

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Este viernes estuvo en Puebla, invitado por el perredista Horacio Gaspar Lima, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, quien encabezó una reunión política e informativa en las instalaciones del sindicato de Telmex, a la que acudieron militantes y simpatizantes perredistas, activistas de Andrés Manuel López Obrador, dirigentes de sindicatos “independientes” y representantes estudiantiles de la UAP.

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