LA CORTE DE LOS MILAGROS

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De las Hummers al qué tanto es tantito

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El precio de una camioneta Hummer H3, como la que Elba Esther Gordillo, iba a regalar a los dirigentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fluctúa entre 450 mil y 750 mil pesos, dependiendo del equipamiento de cada unidad.

En total, la poderosa presidenta del SNTE compró —con las cuotas sindicales del magisterio, dinero que sale de nuestros impuestos— 59 Hummers. Si calculamos un costo promedio de 500 mil pesos por unidad, la compra en conjunto de las 59 camionetas ascendió a 29 millones 500 mil pesos.
Es decir a 2,950 Atos o — valga otro comparativo— a la inversión que este año hará el ayuntamiento de Puebla en dos programas, con financiamiento estatal y federal: Espacios Públicos y Hábitat.

Con los fondos de Espacios Públicos la gestión de Blanca Alcalá Ruiz se propone remodelar el Parque de El Carmen, rescatar un jagüey de Villas Atl, mejorar la imagen de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en el área donde se localizará la Fuente del Bicentario de la Independencia, y rescatar un parque en la unidad habitacional de La Margarita.

Y con los recursos del programa Hábitat, adquirir e instalar nueva señalética del Parque de El Carmen al Zócalo sobre la Avenida 16 de Septiembre; mejorar algunas banquetas y fachadas de edificios monumentales del Centro Histórico, y apoyar a dos centros de desarrollo comunitario, uno ubicado en las colonias marginadas del sur de la ciudad, y otro en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

El costo de las Hummers representa poco más de dos terceras partes de los 40 millones de pesos del  programa Manos a la Obra, por medio del cual el ayuntamiento de Puebla pretende dar empleo a 700 jefes de familia en los próximos cuatro meses.

Las 59 Hummers también equivalen a 100 salones de clase, considerando un costo promedio de 300 mil pesos. En el catálogo de precios del Capcee, el costo de un aula escolar fluctúa entre 200 mil y 375 mil pesos.

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A propósito de las Hummers.

¿Sabía que en Puebla usted puede adquirir una Hummers H2, es decir, con batea, y pagar de tenencia anual sólo 1,500 pesos?

Y es que en la Puebla de Zaragoza toda unidad automotriz con batea está catalogada como vehículo de trabajo y, por tanto, sujeta a esa cuota mínina, sin importar marca o modelo.

La tenencia, en cambio, de una Hummer H3, como las del frustrado regalo de la maestra Gordillo a sus dirigentes seccionales, asciende a 90 mil pesos anuales, es decir, al costo de un Atos.

Qué ironía, ¿no?

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Y ya metidos en odiosas comparaciones ¿sabe usted a cuánto equivalen los 8,900 millones de dólares que en tres o cuatro días perdió el Banco de México por el ataque especulativo contra el peso?

¡Agárrese: a 89 mil millones de pesos, considerando una paridad de 10 pesos por dólar!

Con dicha cantidad, difícil de imaginar, se podrían adquirir 178 mil Hummers H3, que representan mucho más de la producción anual de esta compañía que, por cierto, saldrá del mercado en el 2009 debido al alto costo de sus unidades, a su excesivo consumo en gasolina, a lo elevado de sus refacciones y servicios de mantenimiento.

¿Acaso por eso la maestra Gordillo las habrá adquirido a precios de ganga?

Con la baja de 8,900 millones de dólares de nuestras menguadas reservas internacionales, 900 mil mexicanos pudimos haber comprado un Atos, es decir, casi la totalidad de quienes en la capital poblana contamos con credencial de elector actualizada.
Pero qué tanto es tantito.

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Una Hummer H3 tiene un tanque de 70 litros, lo que significa que cada vez que se vacie hay que meterle 525 pesos en promedio, considerando un precio 7.50 pesos por litro de gasolina Magna.

Si la Hummer se usa regularmente, su tanque habrá que llenarlo cuatro veces al mes, lo que da un total de 2,100 pesos.

En México el costo de la gasolina está subsidiado. El costo de un litro de gasolina es Estados Unidos es de 12 pesos, lo que significa que el poseedor de una Hummer recibe 1,260 pesos de subsidio al mes.

Cifra que equivale al doble del subsidio mensual que una familia en pobreza extrema de la capital del estado recibe del Programa Oportunidades.

¿Quién pues se beneficia más con los subsidios del gobierno calderonista, el rico que puede andar con su Hummer H3 o H2, o el pobre cuyos ingresos ascienden a menos de un salario mínimo?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi Torres, pronto dejará el cargo.

Los motivos de su separación no fueron precisados, aunque podría estar relacionados con el proceso que se le sigue al presidente con licencia de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Carlos Olamendi y Rubén Gil fueron socios en la empresa comercializadora Auténtico 5 de Mayo, dedicada a la venta de artículos y productos hechos por los migrantes poblanos en Estados Unidos.

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Sandra González de Ita, directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular, presentó ya su renuncia a la Secretaría de Salud del estado, por diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia, Antonio Marín López.

González de Ita llegó a la Secretaría de Salud como recomendada del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, lo que de poco o nada le sirvió cuando Antonio Marín decidió prescindir de sus servicios.

Otro que también está por salir de la dependencia es Javier Chávez Román, quien logró mantenerse al frente de la Secretaría Particular tras el relevo de Roberto Morales Flores por Antonio Marín.

En su lugar será nombrado Édgar Machorro.

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Este miércoles el ex director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, estuvo en Puebla. Por la tarde se reunió con el gobernador Mario Marín Torres e impartió una conferencia en la fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta que preside Óscar Aguilar González, y por la noche se fue a cenar al restaurante Alfredo Di Roma del hotel Intercontinental Presidente con el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y su hijo Eduardo García Casas, quien preside el sindicato patronal de hombres de negocios en Puebla.

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De cómplices y corruptos

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Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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