De la Justicia social, enroques de candidatos y ediles amenazados
En efecto, el secretario de Infraestructura del estado, José Cabalán Macari Álvaro, ya no irá como compañero del aún secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Alberto Rincón González, en la candidatura a diputado federal del PAN por el distrito 7 con cabecera en Tepeaca.
De acuerdo con versiones confiables, el primer panista de la entidad resolvió que Cabalán Macari sí sea candidato a diputado federal suplente pero en el distrito 12 de Puebla, donde el candidato propietario será Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren.
En los análisis del búnker morenovallista, el PAN tiene mayores posibilidades de ganar el distrito 12 que el distrito 7, amén de que en esta demarcación Mario Rincón podría llevar como suplente a un priísta de la región de Acatzingo para que le reste votos al ex director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, Alejandro Armenta Mier.
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Un candidato a diputado federal del PRD que podría caerse, como consecuencia de las impugnaciones que militantes y dirigentes de diferentes corrientes han promovido en su contra, es Carlos Talavera Pérez, calificado por la diputada local Socorro Quezada Tiempo como un segundo José Luis Abarca en las filas del sol azteca.
Este viernes, en sesión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional Electiva, se podría tomar la decisión de reemplazarlo y nombrar un nuevo candidato en el distrito 5 con cabecera en San Martín Texmelucan.
Antes de Carlos Talavera, los miembros de la dirigencia estatal perredista habían propuesto en esa demarcación a Abigail Caselín Cabrera, perteneciente a Izquierda Democrática Nacional.
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Trivia:
¿A qué presidente municipal en funciones le dijeron que se registrara como candidato a diputado federal, si no quería complicaciones en el Congreso del estado con la cuenta pública del primer año de su gestión?
Varios tips:
Es perredista y gobierna uno de los principales municipios cabecera de distrito de la entidad.
Pertenece a la corriente Nueva Izquierda y antes de que su nombre apareciera en la lista de candidatos a diputados federales de su partido era uno de los promotores del dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado, en la región mixteca.
La noticia de su posible nominación se la adelantó el mismísimo secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, el jueves 12 de febrero cuando con la representación del gobernador Rafael Moreno Valle acudió a su primer informe de labores como presidente municipal.
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Aquí un extracto del texto de mi participación en el Foro Justicia Social en México, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y la Coordinación de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana de Puebla.
¿Hay justicia social en México? ¿La hay en Puebla?
Si nos apegamos al concepto de justicia social, definido por el Papa Pío XI, «como el límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados», diría que no.
Tanto a nivel nacional como local es evidente que no se están cumpliendo los propósitos «de igualar a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad«, de garantizar una justa y equitativa distribución de la renta nacional y de igualar las oportunidades para una convivencia pacífica y próspera en sociedad.
En el mundo real las diferencias entre ricos y necesitados no sólo persisten —y aquí hay expertos en el tema que podrían documentarlo mejor—, sino que se han ampliado. Los millonarios pasaron a ser multimillonarios y los pobres a miserables hambrientos, con la complacencia y complicidad de Estado y sus instituciones.
En México y en Puebla el cáncer de la justicia social es la creciente corrupción, que está estrechamente vinculada a la impunidad de que gozan políticos que mutuamente se encubren en sus corruptelas, de instituciones públicas que no funcionan ni cumplen con los objetivos para los cuales fueron creadas, y a la ausencia de ciudadanía o de una sociedad civil organizada capaz de poner un hasta aquí a las transas de la burocracia dorada y la partidocracia que mal gobierna el país.
Si vamos al origen de los problemas que enfrentamos como nación —la inseguridad y la violencia por la disputas de los distintos carteles del narco; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa cuyos restos nadie encuentra; los cientos o miles de mexicanos muertos, secuestrados o explotados por las mafias del crimen organizado; las fallidas reformas estructurales que sólo nos ilusionaron con el publicitado Mexican Moment; y el descrédito y la desconfianza de la población hacia nuestras autoridades, instituciones y partidos—, descubriremos sin profundizar demasiado que todos parten de la misma raíz: la corrupción.
¿O quiénes son los grandes aliados o protectores de los señores del narco? ¿A poco esa protección no es retribuida con generosos moches? ¿Cómo es que los Abarca pudieron edificar en Iguala Plaza Tamarindos con decenas de joyerías para lavar dinero en un predio donado por la Secretaría de la Defensa Nacional para un supuesto centro recreativo? ¿Quién puede creer que un gobernador como Ángel Aguirre Rivero es ajeno a la desaparición de 43 normalistas y a los delitos de lavado de dinero en que están implicados su hermano, su sobrino y otros familiares por 287 millones de pesos? ¿Por qué si todo mundo sabía de sus relaciones y hasta amoríos con la jefa de Los Abarca y sus nexos con Los Beltrán Leyva, nadie hizo nada para removerlo antes de la tragedia de Ayotzinapa?
En el ámbito local la corrupción, que insisto es el cáncer de la justicia social, se manifiesta de otras maneras: Con licitaciones amañadas o dirigidas para favorecer a contratistas foráneos, ligados a Grupo Higa y los Hinojosa; con sobrecostos en las obras dizque por trabajos adicionales; con la opacidad de los millonarios contratos vía Proyectos de Prestaciones de Servicios (los famosos PPS); con oscuras concesiones como la que se hizo con el Soapap a una de las empresa de los Hank González.
Con peleles en la Comisión de Derechos Humanos y en la CAIP; con diputados que aprueban sin objeciones todo lo que les mandan de Casa Puebla; con un Poder Judicial subordinado; con medios de comunicación supeditados al tripack o dependientes de la publicidad oficial, que se usa más como instrumento de cooptación, control y compra de lealtades, que para comunicar o publicitar las políticas, programas y servicios que ofrece el gobierno.
En Puebla no podemos aspirar a una justicia social si las grandes obras, proyectos y programas de desarrollo social no están encaminados a combatir la pobreza, ni a reducir la brecha entre ricos y necesitados, o a procurar la igualdad social y la igualdad de oportunidades, sino a maquillar indicadores, a simular un Estado de Bienestar, una Ciudad de Progreso y a construir una candidatura presidencial.
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