LA CORTE DE LOS MILAGROS

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¿Y si el proceso termina en tribunales, Gali Fayad sería gobernador?

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Diputados federales, los responsables electorales del PRI en sus distritos

Aunque serán los poblanos los que con su voto definirán el domingo 5 de junio al futuro gobernador de Puebla, hay factores podrían influir en el resultado de los comicios de manera perjudicial para José Antonio Gali Fayad, quien hoy encabeza las preferencias electorales.

Esos factores están conectados y podrían cobrar relevancia en un escenario de conflicto poselectoral derivado de una apretada diferencia entre el primero y el segundo lugar, y la inminente judicialización del proceso.

Si Gali Fayad gana las elecciones pero no por 11 o 13 puntos que anticipan algunas encuestas, si no por un margen mucho más apretado, y el PRI no obtuviera 9 de las 12 gubernaturas que estarán en juego en la jornada electoral del primer domingo de junio, puedo anticiparle que el proceso no sólo se alargará sino que terminará resolviéndose en instancias jurisdiccionales federales.

Además de los numerosos juicios que ya existen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se sabe que en los próximos días se acumularán otros en los que se buscará demostrar la inequidad de la contienda y que Gali Fayad y los partidos que lo apoyan —en la coalición Sigamos Adelante— ya rebasaron el tope de gastos de campaña.

Para documentar el excesivo gasto publicitario, algunos priístas vienen integrando un voluminoso expediente con fotos georeferenciadas y actas certificadas de notarios públicos que dan cuenta de anuncios espectaculares, vallas y bardas en las que se promociona la imagen de Antonio Gali a lo largo y ancho del territorio poblano.

A la par se sabe que el equipo jurídico de la candidata independiente Ana Teresa Aranda —encabezado por Víctor León Rueda— también pretende demostrar que tanto el abanderado de la coalición morenovallista como la candidata del PRI ya se gastaron más de 35.8 millones de pesos, que es el tope de gastos de campaña autorizado por el Instituto Electoral del Estado.

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Una cuestión que no hay que perder de vista sobre los competidos comicios locales es que Puebla es el estado con más denuncias y juicios ante el Tribunal Electoral.

¿Se imagina qué pasaría si en la jornada electoral del 5 de junio el PRI perdiera no sólo la gubernatura de Puebla, sino las de Aguascalientes, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; es decir, que sólo ganara 6 de las 12 gubernaturas que estarán en juego?

¿Usted cree que el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se quedaría tan tranquilo con ese resultado cuando él ofreció ganar al menos nueve gubernaturas o que el presidente Enrique Peña Nieto asumiría como todo un demócrata esas derrotas de su partido de cara a su sucesión presidencial?

Ahora suponga que en la elección para gobernador de Puebla la ventaja de José Antonio Gali sobre la candidata del PRI, PVEM y PES, Blanca Alcalá Ruiz, fuera menor de cinco puntos, y que ésta y su equipo de campaña impugnaran el triunfo de aquel.

Usted cree que en ese hipotético escenario, el triunfo de Gali Fayad estaría firme y que ningún actor nacional buscaría la manera de anular el proceso ante el cúmulo denuncias y juicios que han puesto en duda la equidad de la contienda, la imparcialidad del Instituto y el Tribunal Electoral de Puebla, y el rebase de los topes de campaña.

¿Verdad que no?

EN CORTO

Después de la conferencia de prensa que el martes pasado ofrecieron el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el coordinador de los senadores priístas, Emilio Gamboa Patrón, en el salón Los Girasoles, para expresar su respaldo a la candidata Blanca Alcalá Ruiz, éstos se pasaron al hotel Posada Señorial, localizado prácticamente en frente, donde ya los esperaban los presidentes municipales emanados del tricolor.

En ese acto, Beltrones elogió el trabajo de los alcaldes, les garantizó el apoyo del PRI en caso de represalias por parte del gobierno del estado y los hizo responsables de los resultados electorales que Blanca Alcalá obtenga en sus municipios.

Sin embargo, se sabe que los verdaderos responsables de la victoria o derrota de Blanca Alcalá en las diferentes regiones del estado son los diputados federales. A ellos se les asignó desde el comienzo de la campaña la responsabilidad de coordinar las giras de la candidata y la organización de las estructuras electorales y de movilización para el día de la jornada electoral, por encima de los alcaldes y dirigentes municipales del partido.

Eso significa, en pocas palabras, que los diputados federales priístas Carlos Barragán Amador, Lorenzo Rivera Sosa, Xitalic Ceja García, Alejandro Armenta Mier, Graciela Palomares García, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Juan Manuel Celis Aguirre, Jorge Estefan Chidiac y Edith Villa Trujillo, serán los artífices de la victoria o la derrota de Blanca Alcalá el domingo 5 de junio en sus respectivos distritos.

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Conflicto de interés en la SEP estatal: funcionarios son proveedores

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Tráfico de influencias reporta millonarias ganancias a dirigentes del PRI

Ana Teresa Aranda arrancó campaña con misa en la Catedral

 

Un caso paradigmático de cómo en el gobierno del estado y concretamente en la Secretaría de Educación Pública se viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se toleran negocios que favorecen no sólo a funcionarios de la dependencia, sino incluso a distinguidos dirigentes nacionales del PRI son los millonarios contratos que en la gestión morenovallista se han otorgado a la fundación Proyecto Educativo SC www.proyectoeducativo.org y a la consultora Alpha.

En ambas firmas participa como directivo y socio quien fuera encargado de la SEP en sustitución de Jorge Benito Cruz Bermúdez, Antonio Argüelles Díaz González, quien —por cierto—es secretario de Deportes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Otros funcionarios de la SEP de Puebla que también son parte de estas empresas consultoras — que en los cinco años del gobierno morenovallista han facturado más de 200 millones de pesos en diferentes contratos— son Lucero Nava Bolaños, subsecretaría de Educación Obligatoria y ex coordinadora general del Programa Escuelas de Calidad; Bernardo Hugo Naranjo Piñera, asesor de la Secretaría y director de la fundación Proyecto Educativo AC; Lucía López Cortés, también asesora de la SEP y responsable del Programa de Atención Intensiva (PAI); y Luis Vidal, jefe de Sistemas de Administración de la Dirección de Control Escolar, dependiente de la Subsecretaría de Educación de Superior.

Su doble rol como funcionarios y miembros de la fundación Proyecto Educativo y/o la consultora Alpha no sólo es inmoral, sino violatorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

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Aquí algunas de las disposiciones —enunciadas en el artículo 50 de la referida legislación— que  estos consultores no han observado en su desempeño como asesores o servidores públicos de la SEP:

XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que se refiere la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre esos asuntos cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;

XVII.- Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a que se refiere la fracción XIII.

La fundación Proyecto Educativo presume incluso en su portal que el Modelo Educativo Poblano es uno de sus logros, al conseguir que la entidad pasara de las posiciones 23 y 24 en Comunicación y Matemáticas a los lugares 1 y 2, respectivamente. 

De acuerdo con ex funcionarios de la propia dependencia, el mayor problema no radica en que esos funcionarios de la SEP sean juez y parte, sino en que muchos de los proyectos y programas que se emprenden con dinero público, sobre todo fondos federales, son ficticios. Se firman decenas de convenios con universidades públicas, Conaleps, el Cecyte, los Colegios de Bachilleres y otras instituciones, a las que supuestamente se imparten cursos, talleres y capacitaciones, por los que las consultoras emiten millonarias facturas por conceptos y rubros intangibles.

Según las mismas fuentes, tales proyectos y programas eran avalados por el anterior delegado de la SEP federal, José Alarcón Hernández, lo que explica por qué después de ser relevado de su cargo fue rescatado por la SEP nombrándolo presidente del Colegio de Puebla.

¿Qué acciones tomará el contralor del estado, Alejandro Torres Palmer, para investigar y sancionar este evidente y documentado conflicto de interés?

¿Cómo pudo Antonio Argüelles ser nombrado encargado de despacho de la SEP, en marzo de 2015, a pesar de ser el principal proveedor de asesorías en la dependencia?

¿Quién es el principal socio del secretario de Deportes del CEN del PRI en sus firmas proveedoras de servicios y consultorías educativas?

¿Acaso el padrino político de la actual titular de la SEP, Patricia Gabriela Vázquez del Mercado Herrera: Luis Maldonado Venegas?

¿Seguirá tolerando Patricia Vázquez del Mercado el tráfico de influencias de subordinados suyos que al mismo tiempo son consultores en la SEP?

¿De quién son en realidad los logros del Modelo Educativo Poblano que presume el gobierno del estado: de la SEP morenovallista o de la fundación Proyecto Educativo?

Conste que son preguntas.

EN CORTO

Ana Teresa Aranda Orozco no inició su campaña política en la Casa del Torno ubicada en el Barrio del Artista sino en la Basílica Catedral de Puebla.

La expanista acudió a la misa de 10 que ofició el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, para dar gracias por lo que ella considera una hazaña que le costó más que parir a sus seis hijos de parto natural sin anestesia.

En la Catedral la candidata independiente a la gubernatura de Puebla recibió la bendición del arzobispo Víctor Sánchez, como se aprecia en las siguientes imágenes.

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El candidato de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, estuvo este domingo en Tehuacán, la segunda ciudad en importancia de la entidad y ahí se comprometió a trabajar con las autoridades priístas que gobiernan ese municipio. “Yo vengo con la mano abierta, yo vengo con el corazón abierto para trabajar por Tehuacán”, enfatizó.

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En el municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, en la Sierra Norte de Puebla, la candidata de la coalición integrada por el PRI y el PVEM, Blanca Alcalá Ruiz, estuvo acompañada por el coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz.

La concentración fue organizada por la ex diputada Josefina García Hernández y el ex diputado Javier López Zavala, coordinador general de Promoción al Voto de Blanca Alcalá, quien en el mitin se pronunció a favor de juzgados indígenas, por la devolución de los registros civiles a las juntas auxiliares, por programas que fortalezcan la producción y por el rechazo de los motocultores que viene entregando la administración estatal que no funcionan para la Sierra Norte.

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La tarde de este domingo falleció el que fuera director de la Facultad de Economía de la BUAP y servidor público estatal Honorio Isidro Ojeda Lara.

Sus restos se velarán en la funeraria Valle de los Ángeles. Descanse en paz.

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Visión de Estado de Blanca Alcalá, propuesta descafeinada

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Ana Teresa Aranda, puede ser peor para Gali que sin candidatura

 

La plataforma electoral o visión de Estado que Blanca Alcalá Ruiz presentó, al tercer día de iniciada su campaña a la gubernatura de Puebla, está muy descafeinada. En ella no hay compromisos que impliquen una transformación de fondo respecto a la actual administración en temas medulares.

En el cuadernillo que repartió se registran cifras y gráficos de algunos indicadores sobre la posición que ocupa la entidad en pobreza, desigualdad, seguridad pública y endeudamiento, pero pocas propuestas que apunten hacia un cambio de fondo.

Blanca Alcalá dice en este documento que revisará y vigilará los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), de Asociaciones Público Privadas (APP), de Fideicomisos privados y las concesiones hechas a favor de Agua de Puebla y otras empresas que operan el programa de Fotomultas y los Verificentros, pero en ninguna parte se compromete a cancelarlos o revertirlos.

Lo más que propone es crear una Comisión de la Verdad «encargada de transparentar y vigilar la utilización y destino de recursos públicos relacionados con proyectos de prestación de servicios, fideicomisos, concesiones y toda aquella obra que supere un monto establecido».

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Ofrece un gobierno transparente y fomentar la autonomía de la Comisión para el Acceso de Información Pública (CAIP), pero no la remoción de sus actuales comisionados que han convertido a este órgano garante de la rendición de cuentas un ente oscuro y cómplice del Ejecutivo.

La insustancial plataforma de Blanca Alcalá se extiende a otros sectores. Sobre el Metrobús, su planteamiento se reduce a «adoptar acciones urgentes para fortalecer y eficientar el sistema de transporte RUTA«. Jamás dice que va a revisar la concesión u obligar a sus concesionarios a mejorar el servicio o incrementar el número de unidades de las rutas 1 y 2 y de sus troncales.

En materia de derechos humanos, la abanderada a la gubernatura del PRI, PVEM y PES se limita a prometer que revisará la situación jurídica de algunos detenidos por sus expresiones ideológicas o políticas, pero nada dice sobre la actuación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla o su ominoso silencio frente casos como los de Chalchihuapan y las detenciones de activistas y opositores al Parque Intermunicipal de Cholula, a la construcción del gasoducto Morelos o el retiro de los jueces del Registro Civil de las Juntas Auxiliares.

Uno de los pocos puntos donde Blanca Alcalá sí es contundente, es su propuesta de emitir una alerta de género para abatir los crecientes índices de violencia en contra de las mujeres y el aumento en el número de feminicidios.

Para ser candidata de oposición, la visión de Estado de Blanca Alcalá no entusiasma ni polariza a los votantes, pues se queda en planteamientos generales y descafeinados que no contrastan con las políticas y acciones de Moreno Valle en lo que va de su sexenio.

A los electores les dice más la oferta del candidato de la coalición morenovallista José Antonio Gali de bajar 10% los salarios de la alta burocracia estatal, que la insulsa propuesta de la abanderada priísta de «garantizar el ejercicio del gasto de manera responsable mediante una política de racionalidad y aplicación eficaz de los recursos públicos».

EN CORTO

Aunque Ana Teresa Aranda dará todavía una última batalla para ser reconocida como candidata independiente a la gubernatura de Puebla y poder aparecer en las boletas de los comicios del 5 de junio, puedo anticiparle que con registro o sin registro la ex panista será protagonista en el proceso electoral en marcha.

Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le admite su juicio y falla su favor –el martes o miércoles entrante–, dé por hecho que Ana Teresa Aranda hará una intensa campaña que estará enfocada en criticar la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle, pero si no lo más probable es que se convierta en una sombra incómoda de José Antonio Gali Fayad.

En otras palabras: Ana Teresa Aranda ya no buscaría quién se la hizo (dejarla sin el anhelado registro como candidata independiente), sino quién se la pague.

Y aunque los mejores años de la señora Aranda Orozco ya pasaron, creo que como activista y opositora aún puede resultar bastante molesta para Gali Fayad y los partidos y dirigentes partidistas que apoyan su candidatura bajo la coalición Sigamos Adelante.

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Será el próximo viernes 29 de abril cuando de 9 a 14 horas desfilen por el Centro de Vinculación UPAEP los cuatro candidatos a la gubernatura de Puebla.

Cada uno de los abanderados dispondrá de una hora para exponer ante los integrantes del Consorcio Universitario conformado por las seis principales instituciones privadas de educación superior los siguientes puntos:

  1. Justicia y Estado de Derecho.
  1. Transparencia y Rendición de Cuentas.
  1. Educación para Todos.
  1. Desarrollo Económico y Combate a la Pobreza.
  1. Medio Ambiente y Sustentabilidad.

El orden en que comparecerán ante los candidatos se definirá mañana lunes.

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Dejan en vilo candidatura de Ana Tere Aranda

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Prematuro desgaste de los árbitros electorales

Hugo Alejo Domínguez podría perder diputación

 

En el arranque de las campañas políticas de los candidatos a la gubernatura de Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no están siendo árbitros y jueces que generen certidumbre y confianza entre los principales actores del proceso, lo cual puede complicar el desarrollo de la contienda, máxime si, como parece, ésta se vuelve altamente competitiva y compleja.

Lo ocurrido la noche del sábado en el Consejo General del IEE, donde una mayoría de consejeros se pronunció por congelar hasta el 8 de abril la validez o invalidez de la candidatura ciudadana de Ana Teresa Aranda, es una pifia más del Instituto que pone al descubierto la decisión del grupo en el poder de impedir que la ex panista aparezca en las boletas electorales.

Si ya el Tribunal Federal se había pronunciado sobre la renuncia de Ana Teresa Aranda al PAN, por qué los consejeros del IEE vuelven a insistir en el asunto. Da la impresión que su objetivo ya no es impedir su nominación, sino retrasarla o quitarle días de campaña. La pregunta es: ¿De parte de quién?

Otra cosa que ha quedado de manifiesto en estos días, previos al inicio de las campañas, es que el gobernador Rafael Moreno Valle no será una autoridad imparcial o al margen de la contienda electoral. El Ejecutivo no sólo ha solicitado a varios de sus colaboradores que pidan licencia para irse a apoyar al abanderado de la alianza Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, sino que él mismo opera desde la sombra acciones para consolidar la campaña de quien fuera su secretario de Infraestructura, y debilitar al PRI y a su candidata Blanca Alcalá Ruiz.

Moreno Valle va a jugar en el filo de la navaja, haciendo valer el control que tiene del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del órgano jurisdiccional del estado, cuyos consejeros y magistrados han acatado hasta ahora su voluntad, aun a costa de su desgaste en credibilidad y legitimidad, lo que parece bastante arriesgado ante el escenario de que el proceso comicial de Puebla termine resolviéndose en tribunales.

¿Cómo arrancan los contendientes a la gubernatura?

En mi opinión los favoritos Blanca Alcalá y José Antonio Gali muy parejos, aunque el segundo con una ligera ventaja, ventaja que no es para confiarse, no es definitiva considerando que el porcentaje de los indecisos o de aquellos que no revelan su intención de voto rebasa los 25 puntos.

Serán estos votantes los que inclinen la balanza hacia uno u otro lado en los 60 días que quedan por delante.

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En suma: ganará no sólo el que menos errores cometa, sino el que sea capaz de atraer el voto de los indecisos o electores switchers que no saben si votar por Gali Fayad, aunque eso conlleve el riesgo de un continuismo, o por el regreso del PRI con el peligro de que con Blanca Alcalá los marinistas vuelvan por sus fueros.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero me anticipan que el priísta Óscar Aguilar González estaría por ganarle un juicio al diputado federal Hugo Alejo Domínguez, por el cual se tendría que repetir la elección en el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla, en la Sierra Norte de la entidad.

Aguilar González acusó a su contendiente, en las elecciones federales de julio de 2015, de haber incurrido en actos anticipados de campaña y de haber rebasado el techo de gastos de campaña, lo cual al parecer ha documentado bastante bien.

Alejo Domínguez ha sido militante del PRI, del Panal y ahora lo es del PAN. Óscar Aguilar funge hoy como coordinador de redes y asociaciones de migrantes en la campaña de Blanca Alcalá.

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Este martes se hará oficial en una ceremonia la acreditación de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) como un programa académico de excelencia.

Tal reconocimiento lo otorga la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales (ACCECISO), que es el organismo acreditador de mayor prestigio en México en la materia.

La ceremonia donde se entregará la acreditación se efectuará en punto de las 12 horas en el Aula Magna del campus central de la UPAEP, con la presencia de los directivos de la Universidad, el Decanato de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Políticas.

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Cuentan que el sábado por la noche hubo toda la intención de impedir el acceso al Salón de Plenos del Instituto Electoral del Estado (IEE) a los seguidores de Ana Teresa Aranda y también de la dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, pero que la estrategia fue desafortunada.

Y es que el salón fue llenado con empleados, asistentes, representantes y ayudantes de los partidos integrantes de la coalición Sigamos Adelante, para que cuando los acompañantes de Ana Teresa Aranda y Socorro Quezada llegaran, no pudieran sentarse en los lugares de adelante u ocupar un asiento en la parte de atrás.

Eso fue lo que estuvo a punto de provocar la noche del sábado un enfrentamiento entre empleados del Instituto y militantes del PRD encabezados por la diputada Socorro Quezada.

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Consejeros y magistrados locales pierden por goliza

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Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

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El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez?

Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar –por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días– que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres caso anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

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Las elecciones se ganan sumando; no restando

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Por Rodolfo Ruiz R.

En lugar apuntalar la campaña de su candidato a la gubernatura y de construir sobre sus cualidades y atributos una oferta atractiva para los electores, los morenovallistas se han dedicado a bloquear a sus oponentes.

Su intentona de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que consideran críticos u opositores, sólo ha servido para desgastarlos y evidenciar sus debilidades.

El fallo definitivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró infundados los agravios de los perredistas de Nueva Izquierda que impugnaron la designación del CEN del PRD a favor de Roxana Luna Porquillo es otro descalabro al morenovallismo y sus adláteres.

Y es que estos quieren ganar la contienda a la mala; es decir, no sumando votos y simpatizantes a Gali Fayad para que éste obtenga la mayoría, sino restando aliados a la priísta Blanca Alcalá Ruiz, como el Partido Encuentro Social (PES) o bloqueando a los críticos del régimen para que no aparezcan en la boleta electoral.

Lo intentaron con la perredista Roxana Luna y les falló, y ahora tratan de hacerlo con la expanista Ana Teresa Aranda para que no consiga su registro como candidata independiente, llevándose entre las patas al árbitro de la contienda: el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Lo peor de todo es que esas maniobras lejos de fortalecer la candidatura de Gali Fayad, generan una percepción de debilidad del grupo gobernante.

Si el expresidente municipal de Puebla es un buen candidato, que no carga con los negativos de Moreno Valle, por qué no explotar sus fortalezas y atributos; por qué maniatarlo con operadores que dañan su imagen o lo hacen aparecer como rehén del mandatario saliente, como Javier Lozano Alarcón, Marcelo García Almaguer o Eukid Castañón Herrera; para qué distanciarlo de Roxana Luna, Ana Teresa Aranda, Eduardo Rivera Pérez y otros actores políticos que tienen pleito con el gobernador Moreno Valle pero no con él.

Por qué no entienden que las elecciones son más un asunto de sumas que de restas.

Será que la soberbia los tiene cegados y con la brújula electoral perdida.

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Entre los panistas de Veracruz que apoyan a Miguel Ángel Yunes Linares hay confusión sobre los afectos políticos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

No entienden cómo una de sus principales operadoras en Veracruz, la ex alcaldesa de Atzalan, Alba Leonila Méndez Herrera, renunció al PAN para ir como candidata del PT a la gubernatura.

Alba Leonila fue secretaria general del ayuntamiento panista de Teziutlán, Puebla.

La confusión estriba en que la otrora operadora morenovallista hoy fue impulsada por el gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como candidata del PT a sucederlo, con el claro propósito de fracturar o dividir al PAN de Miguel Ángel Yunes.

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A prueba la independencia de los consejeros y magistrados de Puebla

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

 

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

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Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

 

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Entregan a Blanca Alcalá el control del PRI con todo lo que eso significa

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El nombramiento de Charbel Jorge Estefan Chidiac y Rocío García Olmedo como secretario de Organización y secretaria de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI hay que verlo como la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de entregarle a Blanca Alcalá Ruiz el control del partido.

Y es que en el transcurso de las próximas horas Ana Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui presentarán su renuncia como presidenta y secretario general del CDE, para que aquellos -que están plenamente identificados con la candidata priísta a la gubernatura- asuman sin reservas de ninguna especie la conducción del partido.

Una fuente cercana a la aún presidenta estatal del PRI confió a este reportero que el ex senador suplente Ricardo Urzúa Rivera nunca estuvo en la mente de Blanca Alcalá para dirigir el PRI, y no por desconfianza o porque tengan diferencia; en realidad, Jorge Estefan siempre fue su gallo, dijo.

La intención del CEN es darle a Blanca Alcalá plena libertad de disponer del partido y sus estructuras como mejor le convenga durante el proceso electoral, la campaña política y la jornada comicial del primer domingo de junio.

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A mí parecer se trata de una decisión inteligente y estratégica que obliga a Blanca Alcalá a tomar el control del PRI y asumir la responsabilidad de seleccionar a los cuadros que la harán ganar o perder el 5 de junio, sin la posibilidad de echarle la culpa a otros, en caso de que los resultados electorales que obtenga no sean los esperados.

El cambio llega en buen momento para la abanderada priísta, ya que tendrá todo el mes de marzo para corregir los errores que se han presentado desde su registro hasta su toma de protesta por la fallida alianza del PRI con el Panal y el PT; la desafortunada aparición de Mario Marín Torres en su campaña, y las filtraciones de sus viajes en helicóptero o del discurso que pronunciara el día fue nombrada candidata.

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Un partido político nacional que parece no tener prisa por elegir a su candidato a la minigubernatura de Puebla es Encuentro Social (PES), que a estas alturas del proceso ni siquiera cuenta con aspirantes a ese puesto de elección popular.

Su dirigente estatal, Raúl Barranco Tenorio, informó que el PES sí postulara candidato pero que el nombre del elegido se conocerá muy cerca del 14 de marzo en que vence el plazo para el registro de candidatos ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

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La aplicación diseñada por el equipo de la aspirante independiente a la gubernatura de Puebla, Ana Teresa Aranda, para recolectar las más de 126 mil firmas que necesita para obtener su registro, ya funciona al 100 por ciento.

Ana Tere ya logró resolver el problema que la App tenía con los celulares de IPhone que no enviaban las fotos de la carátula y el reverso de la credencial de elector.

Sin duda esta innovación tecnológica ayudará a la ex panista a recabar las firmas de apoyo que necesita para obtener del IEE su registro como candidata independiente.

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Ana Isabel Allende Cano será nombrada en el transcurso de las próximas horas delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), por lo que dejará la dirigencia estatal del PRI.

La recomendada del arzobispo Antonio Chedraoui de la iglesia católica ortodoxa sustituirá en el cargo a Juan Molina Arévalo.

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Tutti frutti partidista

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Diódoro Carrasco Altamirano podría estar pagando los platos rotos que le dejó su antecesor en la Secretaría General de Gobierno con los dirigentes de distintas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El domingo por la tarde Diódoro Carrasco buscó reunirse con el senador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien –horas antes en una gira con el gobernador Rafael Moreno Valle por Tehuacán– lo responsabilizó de los enfrentamientos que pudieran ocurrir al día siguiente en la sesión del Consejo Estatal del PRD en la ex hacienda de Chautla.

Barbosa declinó la invitación pero les dijo que al encuentro acudiría con su representación y la del Frente de Izquierda Progresista (FIP) Eric Cotoñeto Carmona.

El caso es que, como en la canción de Sabina, el reloj marcó las 8, las 9 y las 10 de la noche y Eric Cotoñeto nunca llegó a las oficinas de Diódoro. El titular de la SGG todavía trató de que la reunión se efectuara en las primeras horas del día siguiente, pero Cotoñeto no mostró ninguna disposición.

Quizás por los antecedentes o malos recuerdos que para el presidente del Consejo Estatal del PRD pueden traerle algunas reuniones en la SGG o presididas por el anterior titular de la dependencia, Luis Maldonado Venegas, en las que en presencia de éste era llamado perro de carnicería.

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A propósito.

En la Secretaría General de Gobierno (SGG) están convencidísimos que el PRI de Manlio Fabio Beltrones tiene metidas las manos, los pies y todo el cuerpo en la decisión del PRD de rechazar la alianza con el PAN en Puebla.

De acuerdo con reportes internos de la dependencia, unos días antes del Consejo Estatal del PRD, platicaron en el restaurante El Cardenal del Hotel Hilton de la Ciudad de México los dirigentes nacionales del PRD, Agustín Basave Benítez, y del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el tema central del encuentro fue Puebla.

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Aunque oficialmente se niega, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC), entiéndase Dante Delgado Rannauro, parece haber llegado a un acuerdo con el gobernador Rafael Moreno Valle de cara a las próximas elecciones locales.

Por esa razón, se afirma que es muy posible que MC no postule candidato a la minigubernatura de Puebla.

Lo anterior ya se veía venir luego de la aprobación de última hora en el Congreso del estado de la Ley de Ingresos del ayuntamiento de San Pedro Cholula para el ejercicio fiscal 2016, el repentino alejamiento del alcalde José Juan Espinosa de la ex panista Ana Teresa Aranda y el desinterés que el mismo José Juan comenzó a mostrar sobre la posibilidad de ser nominado como candidato a la gubernatura en el 2016.

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Antes de la foto que la tarde de este jueves se publicó en Twitter en la que Javier López Zavala aparece sumándose a Blanca Alcalá Ruiz hubo una comida entre el ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla y el diputado federal Jorge Estefan Chidiac.

De acuerdo con testigos que los vieron en el restaurante La Encomienda de la zona de Angelópolis los dos priístas (Estefan y Zavala) hablaron largo, serio y por momentos fuerte.

Después de la comida, cuya cuenta fue liquidada por el diputado Jorge Estefan, ambos se reunieron con la senadora Blanca Alcalá, quien minutos más tarde sería oficialmente ungida como candidata de unidad a la minigubernatura de Puebla.

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Pero qué necesidad

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Lo ocurrido este lunes en el Consejo Estatal del PRD confirma varias cosas: que Luis Maldonado Venegas está lejos de ser el operador político que han querido vender; que no conoce al PRD ni a los perredistas poblanos; y que el gobernador Rafael Moreno Valle y su delfín a sucederlo, José Antonio Gali Fayad, deben buscar otros aliados si de veras quieren ganar las elecciones del primer domingo de junio.

Como aquí se lo anticipé, el Consejo Estatal del PRD concluyó como el Rosario de Amozoc. Los perredistas subordinados al gobernador Moreno Valle no sólo fracasaron en su intento de sacar la coalición PAN-PRD, sino humillados por sus antagónicos que se pronunciaron a favor de una alianza pero sólo con partidos de izquierda.

Vuelvo a preguntar: ¿Para qué le sirve al presidente municipal de Puebla un PRD en estas condiciones: fracturado, dividido, confrontado y, al parecer, con una mayoría que rechaza ir del brazo del PAN en los comicios para gobernador del estado.

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¿No sería mejor que Gali Fayad fuera como candidato del PAN y otros partidos y que en el desarrollo de la campaña política se le fueran sumando militantes influyentes o grupos perredistas con peso electoral?

¿O que los estrategas en marketing político del morenovallismo «vendieran» a Gali Fayad como una figura ciudadana, plural y sin ataduras o intereses partidistas, en lugar de convertirlo en un remix de Moreno Valle que a fuerza necesita del PRD para ganar, aunque este partido sólo le aporte dos puntos?

Las elevadas expectativas que tanto el gobernador Moreno Valle como el alcalde capitalino pusieron en la construcción de esa alianza, hoy los tienen contra la pared. Tanto han dicho que la única manera de derrotar al PRI en Puebla es con una coalición, que ahora que ésta no cuaja quieren forzarla valiéndose de las peores prácticas.

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La que podría dar un susto al morenovallismo, peor que el que se llevó con el PRD, es Ana Teresa Aranda, quien ya tiene un Plan B en caso de que la autoridad electoral le niegue su registro como candidata independiente a la gubernatura de Puebla.

Por ahora sólo le adelanto que la ex directora del Sistema Nacional DIF y ex secretaria de Desarrollo Social ya tiene acercamientos con Morena, partido que podría darle cobijo en el 2016.

Mañana le amplío los detalles.

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