Uno de los logros que más ha presumido la actual administración estatal se refiere a la mecanización del campo.

Este compromiso que fue incluso publicitado como uno de los siete que el gobernador Rafael Moreno Valle prometió en campaña, firmó ante notario público, y cumplió al llegar a la mitad de su sexenio, hoy está siendo severamente cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de Resultados de la Fiscalización 2012.

Y no porque el mandatario estatal hubiera mentido o maquillado las cifras sobre las cuatro posiciones que avanzó en el Índice de Mecanización del Campo elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, sino por la manera en que lo logró.

Según el informe de la ASF los 1,690 motocultores o mototractores comprados por su gobierno en 2012 además de adquirirse a sobreprecio a dos proveedores del mismo grupo empresarial y sin que los campesinos y agricultores beneficiados los eligieran, no son los que avaló el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA).

Además, de acuerdo con el mismo “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012”  los referidos motocultores se entregaron sin que se respetaran las Reglas de Operación que regulan el programa y, lo peor, falsificando las firmas de los beneficiarios en 168 expedientes.

Aquí lo que textualmente dice el documento de la ASF en sus páginas 69 y 70:

“Del total de recursos por 115,585.6 miles de pesos operados en el Componente Agrícola, por la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Puebla, 107,893.1 miles de pesos, es decir, el 93.3%, se destinaron para apoyar la compra de 1,690 motocultores que fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo, y se entregaron de manera gratuita a los beneficiarios aun cuando las Reglas de Operación que regulan el programa establecen como una obligación de éstos la de aportar una parte del costo de los bienes; además de que los beneficiarios no eligieron las características, la marca, ni los proveedores, lo cual era su derecho.

“Los precios a los que se adquirieron los motocultores fueron superiores a los de otros equipos con características similares. Mediante los informes de un perito en grafoscopía adscrito a la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que las firmas de la credencial para votar de 168 expedientes no provienen del mismo origen gráfico que las de algunos documentos contenidos en los expedientes de los apoyos.

“Los proveedores de los equipos presentaron como vigente en 2012, un certificado del Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), el cual había sido cancelado en 2011; además, el modelo del motocultor entregado a los beneficiarios no corresponde al que en su momento ostentaba la certificación del referido organismo”.

¿Por qué estas irregularidades nunca fueron detectadas por la Contraloría del estado o la Auditoría Superior del Estado que, se supone, revisaron y aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado?

¿A cuánto se pagaron los mototractores adquiridos por el gobierno del estado el año antepasado, para cumplir el cuarto de los siete compromisos de la propuesta de gobierno firmada por Moreno Valle aquel 31 de mayo de 2010 ante el notario público René Meza Cabrera?

Ya sabemos que los 1,690 motocultores comprados en 2012 estuvieron sobrefacturados, pero ¿qué pasa con los restantes 3,102 equipos mecanizados que fueron adquiridos en los tres primeros años del sexenio? ¿También se compraron a sólo dos proveedores del mismo grupo?

¿Estos mototractores se concursaron en una licitación pública internacional o sólo se adjudicaron en una licitación por invitación?

¿Quién fue el funcionario o los funcionarios que adquirieron estos equipos a sobreprecio? ¿Ya fueron sancionados, inhabilitados o suspendidos del servicio público?

¿La Secretaría de la Contraloría o la Auditoría Superior del Estado ya tendrán esta información o esperan el próximo Informe de la ASF para enterarse de lo que sus auditores encubrieron o no quisieron ver, ni investigar?

Conste que son preguntas.

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Ayer le decía que José Felipe Velázquez Gutiérrez tramitó ante la Secretaría de la Contraloría del estado una constancia de no inhabilitación, y que ésta le fue otorgada, a pesar del oficio enviado por la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula informando que éste fue inhabilitado por 12 años y multado con 4 millones 45 mil pesos.

Tal contradicción, supuse, tenía que estar relacionada con una disparidad en las fechas, entre el oficio de inhabilitación enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula a la Contraloría del estado, y la constancia expedida por esta dependencia estatal.

Hoy veo con sorpresa que no es así: que el oficio enviado por la Contraloría de San Andrés Cholula fue recibido y sellado por la Contraloría del estado el 14 de febrero de 2014 y que la constancia de no inhabilitación expedida por esta dependencia a favor de José Felipe Velázquez  tiene fecha del 19 de febrero de 2014.

¿A cuál de estos documentos oficiales creerle?

¿Al suscrito por el contralor saliente de San Andrés Cholula, Álvaro Fuentes Morales, o al expedido por la Contraloría del estado?

El asunto debe aclararse y rápido, pues lo más probable es que José Felipe Velázquez, pronto reaparezca en algún cargo público de relevancia, amparado en la constancia que este miércoles le extendió la Contraloría del estado.

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