A reserva de ampliarle detalles en una próxima entrega, le adelantó que la negativa del Congreso de Puebla de aprobar la reforma constitucional que regula la deuda de estados y municipios, podría derivar en una exhibida al gobierno morenovallista por las millonarias obligaciones que tiene con diversos proveedores a través de los llamados Proyectos para la Prestación de Servicios, mejor conocidos como PPS.
Se sabe que hasta el día de hoy la reforma constitucional ha sido aprobada por 14 de los 17 Congresos locales que se requieren para su promulgación, pero que esta semana podrían avalarla otros tres, con lo que entraría en vigor.
La reforma en materia de disciplina financiera para entidades y municipios, que modificó los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución, prohíbe entre otros aspectos la contratación de deuda dejando en garantía las participaciones federales.
Como ocurre con los PPS que los ayuntamientos de Acatlán, Acatzingo, Amozoc, Atlixco, Libres, San Martín Texmelucan, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez tuvieron que contratar a la empresa Infraenergía SA de CV para el suministro, provisión, instalación y conservación del equipo del alumbrado público, con cargo al 30% de sus participaciones federales de 2014 al año 2024, por un monto de 703 millones 319 mil pesos.
O con los PPS que el gobierno del estado contrató para la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, la construcción del nuevo edificio de la PGJ, el Parque Paseo Teleférico, las plataformas de Audi, la llamada Estrella de Puebla, el Museo Internacional Barroco, y el Centro Integral de Servicios de Angelópolis por un total de 15 mil 444 millones de pesos.
Se imagina el escándalo que se armará cuándo los poblanos nos enteremos, a partir de la reforma constitucional, que el saldo de las obligaciones y empréstitos del estado de Puebla duplica la deuda directa, avalada y sin aval que heredó Mario Marín Torres al concluir su sexenio.
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Breves del Poder Judicial
Por quinta ocasión al hilo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado quedó en ridículo, al sufrir un nuevo revés jurídico por el caso del destituido juez Enrique Romero Razo, de quien se ordenó su restitución, una vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito falló a su favor en el juicio de amparo.
Para ello, Romero Razo tuvo que recurrir a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta nueva resolución no sólo obliga al TSJ a restituir al juez en su cargo, sino a pagarle los salarios caídos generados durante el largo proceso judicial, los cuales ascienden a más de 2 millones de pesos.
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Entre algunos jueces y magistrados del Poder Judicial llama la atención las consideraciones de que goza el hijo del magistrado Jorge Ramón Morales, Adán Morales Ruiz, quien labora en la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia, a la que suele llegar después de lasa 10 de la mañana para retirarse en punto de las 15 horas, percibiendo un sueldo de 20 mil pesos mensuales.
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En el más absoluto sigilo se ordenó la restitución del juez Alejandro Ramírez Cante ahora como titular del Juzgado de Chignahuapan.
Su caso es interesante pues Ramírez Cante fue enviado a prisión durante más de un año acusado de delitos contra la administración de justicia.
Tras su detención, el juez promovió un amparo y litigó su propio juicio hasta que logró recuperar su libertad, echar por tierra los delitos que se le imputaron y recuperar el cargo del que fue destituido.
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Este viernes se cierran las inscripciones para el Seminario de Periodismo de Investigación convocado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y que será impartido por los periodistas del semanario Proceso Jenaro Villamil, Álvaro Delgado y Juan Pablo Proal, en tres módulos que se impartirán durante tres fines de semana.
Villamil ofrecerá el módulo Perspectivas del periodismo digital; Proal el módulo Sin estilo no hay hipnosis, y Delgado el módulo Géneros periodísticos: técnica, ética y estética.
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Puebla, Pue., a 8 de abril de 2015
Rodolfo Ruiz Rodríguez
Director General de e-consulta
P R E S E N T E:
Aprovecho este conducto para enviarte un cordial saludo, y al mismo tiempo hacer una precisión sobre el tema que hoy abordas en tu columna La Corte de los Milagros, el cual se titula “Aguas con la deuda oculta del gobierno del estado”, en el que se hace referencia a que el Congreso del Estado de Puebla se niega a aprobar las reformas en materia de Disciplina Financiera para Estados y Municipios.
El Congreso del Estado de Puebla fue el primero en aprobar las reformas a los artículos 25, 73, 79, 108, 116 y 117 de la Constitución Política de México. Los legisladores poblanos avalaron dichas disposiciones el pasado 20 de febrero, así consta en el Seguimiento a Reformas Constitucionales en el portal del Senado de la República, cuyos links pego a continuación para su consulta.
http://www.senado.gob.mx/documentos/Congresos/Financiera/Puebla_financiera_20022015.pdf (anexo 1)
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sen&mn=6&sm=37 (anexo 2)
Además, anexo un boletín que generó la Dirección de Comunicación Social a mi cargo, el cual se tituló “Puebla, primer Estado en avalar reformas de disciplina financiera”, el cual fue enviado a los medios de comunicación el mismo viernes 20 de febrero, con el objetivo de informar a la gente sobre estas importantes reformas.
Sin más por el momento, agradezco tu atención y quedo a tus órdenes para cualquier duda o comentario.
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Atentamente:
Raúl Reynoso Nuño
Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas
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