La historia política de las últimas sucesiones gubernamentales de Puebla no sólo juega en contra de Enrique Doger Guerrero, sino también del actual alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Y es que desde hace al menos cuatro décadas el gobernador saliente de Puebla no ha podido dejar sucesor, es decir, heredarle el cargo a su precandidato favorito.

El último que lo intentó fue Mario Marín Torres, quien en 2010 impuso al que fuera su secretario de Gobernación y de Desarrollo Social como candidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

Alfredo Toxqui Fernández de Lara, como ayer le decía, operó para que su sucesor en Casa Puebla fuera el que había sido su tesorero y antes su senador suplente, Marco Antonio Rojas Flores, pero su intentona fracasó. En el verano de 1980, el entonces dirigente nacional del PRI, Gustavo Carvajal Moreno, convenció a su amigo José López Portillo de que la mejor opción para la gubernatura de Puebla era el diputado federal Guillermo Jiménez Morales y la balanza presidencial se inclinó hacia allá.

La historia se repitió con el mismo Jiménez Morales, quien pretendió heredar su cargo al que había sido su secretario de Finanzas y en ese momento se desempeñaba como presidente municipal de la capital, el profesor Jorge Murad Macluf, pero un amigo de correrías universitarias del presidente Miguel de la Madrid le ganó la partida.

A Mariano Piña Olaya ni siquiera se le permitió valorar la posibilidad de dejar sucesor. En febrero de 1992, el presidente Carlos Salinas le dio señales muy claras de que un compañero suyo en el gabinete delamadridista, Manuel Bartlett Díaz, sería compensado con una «presidencia chiquita», después de haber declinado la embajada de Francia que se le ofreció tras su relevo como secretario de Educación Pública del gobierno federal.

En la recta final de su sexenio y con la mira puesta en la candidatura presidencial, Manuel Bartlett pudo inclinar la balanza a favor de su secretario de Finanzas, José Luis Flores Hernández, pero en su afán democratizador del PRI convocó a una consulta directa a la base, en mayo de 1998, en la que el más popular entre la militancia local priísta ganó la contienda, dando al traste con lo que había proyectado para Puebla a través del programa de desarrollo regional Angelópolis.

A Melquiades Morales la sucesión se le complicó desde el comienzo de su mandato. Su primera carta, el empresario radiofónico Rafael Cañedo Benítez, falleció de manera intempestiva; su segunda opción, el secretario de Gobernación Carlos Alberto Julián y Nacer fue derrotado en las elecciones intermedias de 2001, y ninguna de sus dos cartas restantes salía mejor en las encuestas que ex alcalde capitalino Mario Marín Torres, quien entonces amagaba con dividir al PRI e irse como candidato del PRD.

Marín Torres desafió la conseja política de que gobernador no pone gobernador y maniobró para que su delfín, Javier López Zavala, fuera el candidato a sucederlo. El resultado es de todos sabido: el PRI perdió por primera vez la gubernatura de Puebla en 2010 a manos de un ex priísta: Rafael Moreno Valle, quien se convirtió en el primer gobernador de alternancia en la historia pos revolucionaria de Puebla.

¿Podrá el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, romper esta inercia histórica en 2016?

¿El hecho de que el próximo gobernador del estado no sea de seis años, sino de sólo un año ocho meses jugará a su favor, dando al traste con el paradigma que reza gobernador no pone gobernador?

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Un dato curioso extraído de las últimas sucesiones gubernamentales de Puebla es que los priístas que en más de una ocasión han figurado como precandidatos de su partido a la gubernatura del estado difícilmente logran su propósito.

Alfredo Toxqui Fernández de Lara, Guillermo Jiménez Morales, Mariano Piña Olaya, Manuel Bartlett Díaz y Mario Marín Torres sólo en una ocasión fueron precandidatos a la gubernatura y lograron su anhelo.

En cambio, ha habido otros aspirantes priístas que han buscado afanosamente dos, tres y hasta cuatro veces convertirse en gobernadores de Puebla sin conseguirlo, al menos como militantes del mismo partido político.

Para no ir muy lejos, hagamos un breve recuento histórico de las seis últimas sucesiones de gobernador en Puebla y de algunos personajes que fueron mencionados como precandidatos.

Comencemos por Carlos Fabre del Rivero, secretario auxiliar de Luis Echeverría en su campaña presidencial y oficial mayor de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio echeverrista. Este personaje quiso ser gobernador, pero perdió la partida en 1974 con Alfredo Toxqui Fernández de Lara, y luego en 1980 con Guillermo Jiménez Morales.

Marco Antonio Rojas, quien fue senador suplente de Toxqui y su tesorero en el gobierno del estado, y que ha sido diputado federal y presidente municipal de Puebla, aspiró a relevar al gobernador Alfredo Toxqui y luego al gobernador Mariano Piña Olaya. En la primera sucesión fue vencido por Guillermo Jiménez Morales y en la segunda por Manuel Bartlett Díaz.

El ex presidente municipal de Puebla y ex diputado federal Miguel Quirós Pérez también buscó ser gobernador de la entidad. La primera vez al concluir el sexenio de Alfredo Toxqui y la segunda al término de la gestión de Mariano Piña Olaya.

Otro precandidato que figuró hasta en cuatro procesos fue Guillermo Pacheco Pulido, sobre quien incluso se acuñó la frase: «No hay terna que valga sin Pacheco Pulido». El nombre del popular ex diputado federal, ex alcalde de Puebla y ex presidente en dos ocasiones del CDE del PRI se mencionó en las sucesiones de Alfredo Toxqui, Guillermo Jiménez, Mariano Piña y Manuel Bartlett Díaz.

Al grupo hay que agregar el nombre del extinto senador y diputado federal Ángel Aceves Saucedo, quien fue precandidato en las sucesiones de Guillermo Jiménez y Mariano Piña, y del dos veces senador Germán Sierra Sánchez, quien participó en las sucesiones de Mariano Piña, Manuel Bartlett y Melquiades Morales.

El caso de Melquiades Morales hay que tomarlo con reserva, pues aunque su nombre llegó a mencionarse entre los aspirantes a sustituir a Guillermo Jiménez y Mariano Piña, en realidad la única vez que él realmente anduvo a la caza de la gubernatura fue al término del sexenio de Manuel Bartlett.

Otro caso de excepción es el actual gobernador Rafael Moreno Valle, pues aunque en dos ocasiones fue precandidato a la gubernatura —la primera vez como priísta y la segunda como miembro del PAN— cuando logró su propósito ya no era militante del PRI.

¿Qué pasará con Enrique Doger Guerrero en 2016? ¿Vencerá este maleficio?

Y es que el ex rector de la BUAP, ex presidente municipal de Puebla, y ex diputado federal ya fue precandidato del PRI en la sucesión de Mario Marín Torres, nominación que perdió frente al entonces secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala.

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Por la oposición los únicos candidatos a la gubernatura de Puebla cuyos nombres han aparecido dos veces en las boletas electorales —o en los procesos internos de su partido— sin lograr su intención de gobernar la entidad son Ricardo Villa Escalera, que fue candidato del PAN en las sucesiones de Guillermo Jiménez y Mariano Piña, y abanderado del PRD en el relevo de Manuel Bartlett; y Ana Teresa Aranda Orozco, quien fue candidata en la sucesión de Manuel Bartlett y precandidata por el mismo PAN en la sucesión de Mario Marín.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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