Por Eduardo González

Que este jueves los regidores del PAN en el Ayuntamiento de Puebla recibieron un oficio en respuesta a la petición que hicieron hace dos semanas a la Coordinación de Comunicación Social, para obtener copia de todos los contratos con medios de comunicación que la administración municipal ha firmado en el último año.

Sin embargo en el documento, el titular del área, Rafael Quiroz Corona, les contestó que en base a la Ley de Transparencia hizo uso de una prórroga para definir la entrega de la información.

A los panistas no les cayó en gracia la postura del funcionario y, a través de un nuevo documento, señalaron que los contratos no los pidieron en calidad de ciudadanos, sino como servidores públicos, integrantes del cuerpo edilicio.

Los regidores sospechan que la nueva respuesta irá en el sentido de declarar como reservada esa información. Aunque un enviado les indicó que lo conveniente es dejar por la paz su solicitud, ya que los medios de comunicación se les irán encima por andarle buscando mangas al chaleco.

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Que el próximo lunes 23 de febrero a las 11 horas se realizará en el auditorio Manuel Aceves SJ de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el foro “Otra vez el cuarto poder. Duopolio televisivo contra el IFE”, organizado por la licenciatura en Comunicación de esa casa de estudios.

El evento será encabezado por el periodista Jenaro Villamil de la revista Proceso, el consejero electoral del IFE Alfredo Figueroa Fernández, así como las académicas Lilia Vélez Iglesias, de la UPAEP; Josefina Buxadé Castelán, de la UDLAP; y Ana Lidya Flores, de la UIA Puebla.

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Que el emplazamiento a huelga pactado este viernes a las 15 horas en la compañía periodística El Sol de Puebla sufrió una prórroga, por lo que no serán colocadas las banderas rojinegras en el inmueble de la 3 oriente 201.

Tanto la empresa, encabezada por Serafín Salazar Arellano, y el sindicato, cuyo secretario general es Arturo Manzano Nieto, se dieron de plazo hasta el martes 24 de febrero para continuar con las negociaciones contractuales, una vez que no se concretó el monto de aumento salarial.

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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Finalmente no son dos, sino cuatro los poblanos que figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres consejerías del Instituto Federal Electoral (IFE) que en agosto próximo quedarán vacantes con la salida de Andrés Albo Márquez, Lourdes López Flores y María Teresa González Luna.

Los otros dos poblanos que, por ignorancia, no incluí el viernes pasado son: Martín Cutberto Vera Martínez, tehuacanero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y asesor de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados desde hace más de una década, y Herón García Martínez, investigador de la UAP y presidente del Consejo Municipal Electoral de Puebla en las elecciones locales del 2007.

Vera Martínez será entrevistado por los diputados de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja este miércoles 28 de mayo, al igual que Alfredo Figueroa Fernández y Mauricio García León, mientras que la entrevista de Herón Martínez se efectuará el viernes 30 de mayo.

De los cuatro candidatos, el que más posibilidades tiene es el consejero local del IFE, Alfredo Figueroa, por el apoyo que le brindaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Será antes de esta semana cuando Jorge Sánchez Morales ponga a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la contratación de un nuevo inmueble, en el primer piso de la Torre Milenio, para reubicar ahí a la Dirección Administrativa, que actualmente despacha en Acatlán número 64 de la colonia La Paz.

El trato ya está hecho y Jorge Sánchez sólo quiere formalizarlo, con el aval de la mayoría de los consejeros electorales, algo que por cierto nunca hizo con el edificio de la 25 Poniente 3316 –actualmente en litigio por un adeudo de 280 mil pesos que reclama el arrendador–, ni con los inmuebles alquilados para los Consejos Distritales y Municipales.

La renta que Jorge Sánchez pagará por el primer piso de la Torre Milenio será de 53 mil pesos mensuales, que es lo mismo que hoy paga por la casona de la colonia La Paz y que, según el consejero presidente, ya no reúne las condiciones adecuadas para el desempeño de las áreas técnicas y administrativas del IEE que ahí funcionan.

Para justificar el cambio de sede de la Dirección Administrativa, el presidente del IEE mandó a sus pares y a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General un engargolado con fotografías que muestran el hacinamiento que actualmente existe en las oficinas de Acatlán 64, y dos cotizaciones, una de 74 mil pesos por un edificio del centro de la ciudad, y otra de 92 mil pesos por un edificio en la misma zona de Angelópolis.

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Aunque finalmente fue incluido en la lista del Comité Directivo Estatal del PAN, las posibilidades de que Félix Hernández Hernández sea electo consejero estatal en la convención del próximo sábado parecen pocas.

Y es que el secretario de Fortalecimiento Interno del PAN (antes Organización) no es bien percibido por algunos connotados miembros del blanquiazul, que le achacan parte de la responsabilidad de los descalabros electorales del 2007 y una presunta subordinación al senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Adicionalmente hay que comentar que Félix Hernández intentó ser propuesto como consejero por el Comité Municipal de Tlachichuca, pero con mal fario pues la convención donde sería electo tuvo que suspenderse por falta de quórum, fenómeno que también se ha presentado en las convenciones de Atlixco y San Martín Texmelucan, otrora bastiones del Partido Acción Nacional en la entidad.

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Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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